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lunes, 27 de febrero de 2012

España: los crímenes del franquismo

Por Mirta Balea

¿Para qué hemos nacido? El intento de responder esa pregunta ha cambiado durante siglos el modo de vivir de los humanos. Hay los que tienen claro su destino, como el exjuez Baltazar Garzón, a quien le parecía bien la idea de juzgar los crímenes del régimen franquista, a petición de los descendientes de las víctimas, aunque hubiesen prescrito y resultó un error, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS).

El texto le absuelve del delito de prevaricación del que estaba acusado y que habría supuesto que sus acciones se realizaron a sabiendas de que actuaba en contra de la ley. La sentencia del Alto Tribunal aflora despues de un análisis de unos hechos concretos y determinados realizados durante el ejercicio de sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional (AN).

Los jueces no han tenido en cuenta la situación general de su comportamiento como combatiente contra el narcotráfico, el terrorismo y los casos en los que ha participado en la escena internacional, como haber logrado en Londres echarle las esposas al dictador chileno Augusto Pinochet, porque la sentencia dice que el proceso penal se orienta a dilucidar la responsabilidad de personas concretas y no a establecer la verdad histórica, que corresponde a los historiadores.

Los errores y las contradicciones nos muestran siempre que solo así puede vivirse una vida humana. La ilusión se convierte en algo más fuerte que la verdad que descubrimos. Habíamos dejado atrás, desde Platón, esa existencia arcaica en la que el hombre no esta individualizado, dando paso a la personalidad y al destino propios, pero el derecho penal de autor resulta incompatible con el sistema de libertades en España como ha dejado claro el Supremo.

En cualquier caso, el Tribunal, que le ha procesado tres veces en menos de dos semanas, se ha conformado con la inhabilitación de once años a que lo sentenció por prevaricar al ordenar colocar escuchas en la cárcel para saber de las conversaciones entre abogados e imputados de una trama de corrupción conocida como el caso Gurtel. El segundo tema resultó archivado al haber prescrito el delito-que según el auto del TS fue cometido- sobre el cobro de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Sin embargo, la verdad política y la verdad judicial son dos verdades distintas.

Los juicios a Garzón, teniendo en cuenta su prestigio nacional e internacional, han sido muy mediáticos. El que más, el de los crímenes del franquismo, que lo sentó por tercera vez en el banquillo, por considerarse competente, calificarlo de delitos y olvidarse de la prescripción de los mismos, según la Ley de Amnistía de 1977, elaborada para permitir a España entrar en una nueva era, seguir adelante con heridas aun sangrantes, y establecer una democracia activa y moderna.

La Amnistía ha sido la norma que sirvió en España a la Transición, como cierre legal y político de lo que en realidad parecía haberse superado desde mucho antes. Había asuntos sin solucionar, como las fosas del franquismo, pero el Alto Tribunal ha considerado que la tipificación de delito es incorrecta puesto que no puede haber detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima y le reprocha ampararse en "construcciones formales" inexistentes en las leyes españolas.

Garzón utilizó la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el revisionismo ideológico que la acompañó. El exmandatario estuvo empeñado, desde que asumiera el cargo en el 2004, en acabar con esos consensos de la Transición que, personalmente, no tragaba. Tal actitud ¿ en qué posición dejaba al país respecto a ese proceso citado por modélico en muchas partes del mundo? ¿Se trataba de una reinterpretación de esa etapa? La reaparición de la bandera republicana en los actos a favor del exjuez de la AN resume la idea y readapta a este tiempo el arquetipo del franquismo.

Los días que precedieron y siguieron al juicio, cuya sentencia absolutoria se ha conocido hoy, han dejado traslucir una peligrosa división de la sociedad civil: los que están a favor y en contra de lo perseguido por Garzón al reabrir viejas heridas. Quienes le apoyaron públicamente frente a las puertas del TS tacharon a los jueces de franquistas, prevaricadores y otras lindezas con la consiguiente indignación del Consejo General del Poder Judicial.

Incluso estuvieron presentes en el juicio personalidades extranjeras, que, al ser entrevistadas por los medios, dejaron claro que el procesamiento a alguien con tantos méritos en la judicatura nacional y en el exterior sería contraproducente y pondría en peligro algunas de sus decisiones más controvertidas.

Hay que respetar lo sentenciado por el Alto Tribunal y el afectado tendrá que acatarlo, pero no todos tienen por qué compartir la decisión y aquí me refiero a la clase política y a otros jueces. Una cuestión no excluye la otra.

El Partido Socialista Obrero Español se había mostrado "perplejo" ante la inhabilitación por las escuchas ilegales en la cárcel, pero ahora parece haberse limitado a ver los toros desde la barrera con una perogrullada sobre celebrar la absolución porque siempre apoyó la investigación del franquismo aun cuando el TS, en la sentencia, ha descartado tal posibilidad al reafirmar que la Ley de Amnistía está en vigor y fue refrendada explícitamente por la Constitución. Resulta imposible pedir cuentas al franquismo o a las autoridades de la República.

El Partido Popular, ahora en el Gobierno, se ha limitado a señalar que respeta el fallo, como ha hecho otras veces con diversas sentencias de los tribunales españoles. Es su política y no cambiará esté quien esté al frente de la organización.

Hubo un voto contrario, el del magistrado José Manuel Maza, el único de los siete miembros de la Sala partidario de condenarle puesto que no comparte el análisis de que las acciones de Garzón obedecieron a un error a la hora de interpretar la ley. La propia falta de unanimidad, hay que reconocerlo, muestra una gran habilidad para dar carpetazo al tema.

La independencia de un juez no puede considerarse una patente de corso a la hora de interpretar una ley. Los magistrados están sometidos a la norma mediante los métodos de interpretación admisibles en Derecho sobre las garantías constitucionales. No se puede sustituir la ley -como quedó probado en las escuchas ilegales-, expresión de la soberanía nacional, por el voluntarismo, que de admitirse daría al traste con la legitimidad democrática de la potestad jurisdiccional.

Los crímenes estaban prescritos porque todos los involucrados han fallecido, incluido el dictador Francisco Franco. Por cierto que Garzón, para dar validez jurídica al asunto, había pedido su acta de defunción. Yo hacía cábalas entonces de si solitaría también la exhumación del cadáver para confirmar que estaba donde debía estar. Pedir el acta de defunción me pareció en su momento y sigue pareciéndomelo hoy una burla, más que una cuestión de forma.

El exjuez de la AN, como cualquier otro, debía conocer la Ley de Amnistía y de ser así y tener una duda sobre cómo interpretarla debía haber confrontado criterios con algunos de sus colegas. En todo caso, instar a los descendientes de las víctimas a pedir justicia, sea su obra o la de otros, no debió resultar un aliciente para pasarse por el forro la normativa aprobada como una consensuada tabula rasa.

Lo que se exige de un juez es la interpretación correcta de la ley, es decir, lo que ha estado en el espíritu del legislador al elaborarla, así que si tenemos aquí uno que lo ha hecho erróneamente ¿quien puede pensar que no vendrá otro detrás que hará lo mismo? En España, esa sentencia no sienta jurisprudencia, aunque, sin dudas, establece un precedente.

Debe haber una escala de errores que puedan cometer los jueces, pero ignorar el espíritu y la letra de una ley no puede estar en el punto cero. Por otro lado, vemos aquí que a un exjuez, con tanta experiencia como para asesorar en estos días a los gobiernos de Ecuador y Colombia en materia legal, se ha equivocado, en su propio país, a la hora de tratar aspectos esenciales de la aplicación del Derecho como si fuera un alumno de primer año de la Carrera.

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martes, 21 de febrero de 2012

Iran: el manto oscuro de la inseguridad





Por Mirta Balea

La presunción de que "el acceso de Irán al armamento nuclear podría jugar un papel beneficioso para la región (Medio Oriente) y aportar a la zona cierto equilibrio ahora inexistente" es el resultado de olvidar que en la guerra, una vez desatada, es inconcebible introducir el principio de moderación entre los contendientes, sobre todo si les animan odios ancestrales.

Quienes así piensan, consideran también que "la supremacía militar israelí, con al menos 200 bombas atómicas, según calcularon expertos independientes en los años ochenta, ha revelado que la asimetría militar no ayuda a progresar por el camino de la paz". Es decir, como si estuvieramos ante una tiroide que controla la diva que llevamos dentro.

Si alguien ha dado ejemplo en esa zona de luchas por la supervivencia como estado ha sido Israel en 1967. Rodeado por un enemigo numéricamente superior, que no ocultaba sus intenciones de destruirlo, los judíos estuvieron en el beril. Su pueblo y su gobierno entraron en un pánico cuando en mayo de ese año el egipcio Gamal Abdel Nasser envió seis divisiones al Sinai, sacó a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y cerró el estrecho de Tirana.

El miedo se vio reforzado cuando Siria y Jordania se alinearon con Egipto para sacar del Medio Oriente a los "indeseables israelíes". Lo que pretendían era masacrar la mayor cantidad de la población judia y expulsar al resto, en una reedición de la política de "solución final" de los nazis. Fue el momento en que estalló la Guerra de los Seis Días. Bajo un inmenso sentido de la libertad. los judíos lucharon y vencieron inesperadamente a los ejércitos árabes.

Decir la verdad no es lo mismo que no mentir. Ahí tenemos la leyenda que se tejió durante mucho tiempo alrededor del Chacal, ahora encarcelado en Francia. Comerció con el terror durante décadas y muchos le veían como un héroe de la resistencia contra el capitalismo, pero lo cierto es que su implicación política fue siempre la mínima, prefería la buena vida a las tiendas de campaña.

Lo que exhibe Irán en estos días, con nuevas maniobras en el estrecho de Ormuz, no es lo que preocupa a la comunidad internacional, sino la capacidad de que los misiles con los que ensaya puedan enviar a Israel ojivas nucleares. Y ojo con el nombre de los ejercicios: Sarollah o la venganza de Alá. Si alguien atacara a los persas, los armaría con pretextos miles para actuar, porque no hay régimen que disfrute más del rol de víctima y que cultive mejor la imagen del martirio.

Iran tiene problemas internos mucho más graves que su cruzada contra el estado hebreo. El paro, según cifras oficiales, es de un 11%, pero The Financial Times, The Washington Post y otros rotativos ocupados con el tema consideran que está en un 16% y la ecónomía no remonta aunque suba el petróleo, de manera que la población se hunde cada vez más en la miseria. Del porcentaje de parados, las tres cuartas partes son jóvenes, que ven en las drogas su mejor escape y se hallan resentidos contra el gobierno de Mahmud Ahmadineyah.

La línea dura de Teherán es un valor importante que cultivan con abono los chiitas del mundo para que se desarrolle la añorada revolución islámica. Ahmadineyah apoya, y no solo de palabra, a los grupos terroristas de Hamas y Hizbolá.  Les suministra armas y dinero, como a Siria, porque no puede permitirse perderlos como aliados en el Golfo Pérsico, donde lo han desahuciado las monarquías árabes.

Iran saca músculo en estos días, pero puede que su gusto por el champán oculte que su presupuesto es para cerveza, o, al contrario, que pretenda disuadir a su enemigo ( de siempre Israel y a partir de 1979, Estados Unidos, por la revolución islámica de Jomeini) de que posee un arsenal mayor que el de ellos. Ahmadineyah se considera a sí mismo un maestro en la guerra psicológica. Cuánto de realidad hay en lo que dice, es algo que está aún por verse.

Siempre me llamó la atención su cambio de apellido y su necesidad de proclamar a los cuatro vientos su interés en seccionar la yugular judía con un énfasis equiparable al de Hamas. Fue cuando su imagen se conoció en el exterior por haber vencido en las elecciones del 2005 a un carismático y ya experto en la presidencia, Akbar Hashemi Rajsanyani. El apellido original de Ahmadineyah es judío-persa, Saborjhan o pintor de hebra, el de ahora es parsi y significa de la raza de Mahoma.

Hasta que fue elegido alcalde de Teherán en 2003, por dos años, y a pesar de haber estado en importantes episodios referidos a la revolución de Jomeini, era un personaje anodino. En cuanto ocupó el cargo, dejó ver su rasgo radical echando abajo los cambios introducidos por sus antecesores, moderados y reformistas. Adoptó un lenguaje de hombre humilde para las masas empobrecidas de la República y de islamista defensor de la ortodoxia musulmana para el resto del mundo y para sus iguales.

Así que me parece altamente peligroso que alguien considere siquiera viable que, si Iran=Ahmadineyah tiene un programa nuclear en desarrollo, que aún no está claro para qué lo quiere, pueda darse un equilibrio en Oriente Medio, una de las zonas geo-estratégicas más convulsas del planeta, o, en todo caso, se lleguen a tomar a la ligera sus pensamientos de que el holocausto judío es una invención.





Hay que recordar que esa obsesión le llevó a realizar en 2005 una conferencia mundial para negar el exterminio judío, a la que asistieron miembros del Ku-Klux-Klan, incluído su máximo jefe David Duke, líderes neo-nazis, rabinos estadounidenses, que se llaman a sí mismos antisionistas dentro de la organización Naturei Karta, y clérigos y gobernantes del mundo islámico. Más adelante, en otra conferencia, expresó con claridad meridiana que Israel debía ser borrado del mapa y "la nación musulmana no permitiría a su enemigo histórico vivir en su propio corazón", llamando tácitamente al genocidio, y, en una siguiente, asegurar que pronto se asistiría "a la desaparición y a la destrucción de Israel".

Todo esto en el primer año de su presidencia, aunque después lo ha reiterado muchas veces. La comunidad internacional ha venido reaccionado airadamente a esos vertidos tóxicos porque se hacen en un contexto particularmente hostil a Israel, cuyo gobierno ha llegado a instar a la ONU a expulsar al régimen de Teherán del cónclave de naciones civilizadas del mundo. La Asamblea General se vio obligada el 26 de enero del 2007 a adoptar, ante estas diatribas, una resolución de condena al Holocausto, con el voto en contra de Irán, como era de esperar.

Ahmadineyah ha jugado sus cartas, no solo en sacar pecho en el Golfo, sino en permitir la llegada este lunes a Teheran de un equipo de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para ampliar la información sobre el supuesto uso militar del programa nuclear iraní, denunciado en Occidente, en medio de las segundas maniobras militares en menos de dos meses para -según han dicho sus autoridades- proteger sus plantas nucleares de un ataque israelí, aunque los ejercicios estaban programados desde enero pasado.

Teherán ha puesto a prueba la resistencia de la Unión Europea (UE) amenazando a los países compradores de petróleo con cerrarles el grifo. Ahmad Galibani, vice-ministro del ramo y director de la Compañía Nacional de Petróleo, aventuró tal posibilidad. "Si continúan las acciones hostiles de ciertos países europeos pararemos las exportaciones", refiriéndose en concreto a España, Holanda, Grecia, Alemania, Italia y Portugal. El barril brent (la medida que se utiliza en Europa) ha tocado su nivel más alto en ocho meses, 121 dólares, este mismo mes.

Los ministros de Exteriores de la UE habían fijado el 1 de julio para prohibir las operaciones energéticas con el régimen iraní, de ahí la amenaza de Galibani, a modo de chantaje para propiciar una derogación de las sanciones en la confianza de que los países afectados podrían no haber encontrado suministradores alternativos, lo que es más que probable.

Hace unos días, Ahmadineyah anunció a bombo y platillo que su industria estaba en condiciones de producir barras nucleares y hasta se fotografíó con los técnicos petroquímicos. Las instalaciones nucleares en el ámbito nacional hasta 2007 eran 16. Se había informado de la existencia de 9.000 centrifugadoras, que, de funcionar al completo, estarían en condiciones de producir una determinada cantidad de uranio enriquecido al 90%.

Se ha especulado sobre una instalación bajo tierra para enriquecer uranio, a donde trasladarían unas 3.000 centrifugadoras, según fuentes israelíes, una "línea roja" que el gobierno de Tel Aviv no está dispuesto a permitir que se cruce sin reaccionar, como ha dicho el ministro de Defensa, Ehud Barak, quien viajará la próxima semana a Washington. Con que solo se enriquezca más de un 20% se puede hablar de uso militar.

Con el termómetro al rojo vivo, Estados Unidos ha enviado o enviará a una pléyade de altos cargos para pedir a Israel que no lance un ataque sorpresivo a Irán apoyándose en que no ha habido tiempo de comprobar si surten efecto las sanciones occidentales contra el régimen. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene prevista también una visita en marzo a Washington, con motivo de la reunión del lobby judío AIPAC, en la que aprovechará para entrevistarse con el presidente Barack Obama.

Israel atacó a Irak y Siria en 1981 y 2007 destruyendo un par de reactores nucleares al sentirse amenazada por ambos regímenes. Entonces, como ahora, los analistas del Pentágono no estuvieron muy afilados en calcular las acciones de Tel Aviv, que decidió, con ademán bíblico, levantar la red. Netanyahu está a favor del ataque. Es un gobierno que no subestima a sus enemigos declarados porque tiene la experiencia de dos guerras importantes contra los árabes.

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domingo, 19 de febrero de 2012

España: una reforma laboral a degüello

Los líderes sindicales de CCOO y UGT


Por Mirta Balea

La hibernación que produjo el anterior gobierno socialista en los sindicatos parece haber llegado a su fin, quizá porque los ciclos políticos son cortos y las prioridades se imponen. El Ejecutivo de Mariano Rajoy había prometido en campaña no subir los impuestos ni abaratar el despido y ha protagonizado en un tiempo record sus propios desmentidos.




Primero fue el alza del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), que nos cuelan en las nóminas cada mes, y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que ha fomentado la incertidumbre social en si podría hacerse extensivo al Impuesto del Valor Añadido (IVA) a productos y servicios. De ser ese el caso, el saco de la compra y las partidas de electricidad, alquiler, gas y otras, que llegan cada mes como un cobrador del frac temible y oscuro, llegaría a resultar imposible de mover, habida cuenta que todo sube menos los salarios.




El Real Decreto sobre la Reforma Laboral a nadie debería haber tomado por sorpresa y aún así ha sido recibido con una mezcla de indignación y decepción. En este último caso, porque Rajoy había prometido en campaña no abaratar el despido y es precisamente lo que ha hecho. No parece previsible que un trabajador entienda que si prescinden de él o le pagan menos de forma express y sin cortapisas es por su bien.




Las dos mayores centrales sindicales: Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT), y la oposición mayoritaria, representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se han revuelto contra la nueva normativa laboral, aprobada el 10 de este mes. El secretario general de la agrupación política, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que presentara un texto alternativo a lo aprobado por el Gobierno, aparte de una enmienda a la totalidad de la ley ante el Congreso,  en el debate del próximo 8 de marzo.




La contrarreforma que presentará el PSOE contemplará lo acordado a finales de enero entre la patronal y los sindicatos en materia de salarios, negociación colectiva y flexibilidad laboral, que ha resultado ignorado por el Gobierno, según de nuncia de los agentes sociales, porque aunque dio pábulo a la reunión de los bandos se ha regido por sus propias estrategias a la hora de elaborar la ley.




Lo que resulta innegable es que la reforma del mercado laboral del Ejecutivo de Rajoy invita a movimientos, como las manifestaciones convocadas para hoy y la realización de un paro general el 29 de marzo, si los sindicatos encuentran apoyo en los próximos días cuando tomen el pulso a la sociedad.




Las reformas laborales no están concebidas para crear empleo, para esto se necesitan otros mecanismos ad hoc, pero desregularizar el ámbito laboral para facilitar el despido, sin tener en cuenta derechos adquiridos a lo largo de muchos años, no harán decrecer las cifras del paro y pueden creer una revuelta social de consecuencias imprevisibles.




Los derechos del llamado Bienestar Social en Europa, desarrollados tras la II Guerra Mundial en el siglo XX, tuvieron como abanderados a Suecia y Reino Unido, gobernados por regímenes socialdemócratas.




El  fascismo y el nazismo cayeron por efecto de la guerra y el comunismo lo hizo al tomar conciencia de su propio fracaso como sistema y todo esto a lo largo del pasado siglo. La democracia, como sistema de organización social, se fue afianzando y haciéndose fuerte, pero todos los sociólogos convienen que solo podrá imponerse definitivamente si demuestra ser más justo y más eficaz que cualquier otra alternativa.


A veces decimos que todos los caminos conducen a Roma sin percatarnos del alcance de la frase. Los dos únicos intentos de democracia en la antigüedad: el de Grecia y luego el de Roma, terminaron en imperios.




El fracaso en gobernar un territorio que venía aumentando desde la etapa de la Roma democrática debido a la incapacidad de los senadores de mover el trasero del hemiciclo y de tomar decisiones rápidas, había dado pábulo a los ambiciosos de turno, que coparon el poder y pretendieron quedárselo para siempre. Traducido al lenguaje de la era moderna, todo ocurrió por no tener los pies en la tierra ni escuchar los aullidos de la calle.




Una vez realizado un durísimo ajuste, en el tiempo record de un mes desde la llegada al poder a fines de noviembre último del equipo de Rajoy, el estado social ha quedado reducido a mínimos, como los salarios, ahora dependientes de una productividad decreciente en la mayoría de las empresas. La idea lanzada por el presidente francés Nicolás Sarkozy que de esta crisis saldría un mundo mejor se ha esfumado por completo.




La gente no cree en los políticos porque éstos se han ganado a pulso la desconfianza y porque los que llegan al Gobierno realizan la misma política económica que incide en la política social. Esto es así porque las condiciones socioeconómicas, que hicieron posible en su momento la creación de un Estado del Bienestar Social en Europa, han desaparecido y terminado con el mito de la socialdemocracia como eje impulsor de cambios favorables a los trabajadores, que dependen siempre y únicamente de como vaya la economía en cada país.




Los líderes sindicales de CCOO y UGT, reunidos con Rubalcaba, han pretendido recobrar la sinergia entre el otrora movimiento obrero, que ha dejado también de existir, y el partido que en teoría defendería su causa. No se dan las condiciones de grandes unidades productivas con miles de trabajadores con un puesto de por vida que proporcionaba una conciencia de clase sobre la que se levantaban esas masas, según el catedrático de sociología Ignacio Sotelo.




No sé si sería aventurado decir que los sindicatos no solo han hecho la ola todos estos años, sino que en realidad la han procesado ante la convicción de que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero era "de los nuestros" y ahora hacen lo mismo con Rubalcaba. Con la nueva reforma laboral, perderán la tutela sobre los trabajadores y en su momento, también, las subvenciones, que en las anteriores legislaturas llegaron a ser cuantiosas. Esa es la razon que los mueve.




El éxito de un país como China, una mezcla de liberalismo económico con un dirigismo político, debería encender las alarmas. Aunque, por otra parte, que la democracia se haya asentado en Brasil con el socialista Ignacio Da Silva (LULA), que se movió a favor de los vulnerables durante su mandato y permitió a muchos conglomerados salir de la pobreza, resulta reconfortante y nos devuelve la fe en el sistema.




Lo que mueve a Rubalcaba queda de manifiesto en los eternos métodos de la socialdemocracia de intentar derribar al rival, no por las vías democráticas que quitaron al PSOE de en medio, sino por los bulos que quedan siempre y hacen mucho daño y no aportan soluciones verdaderas a los problemas de la gente.




La mano del PSOE, a través de Joaquín Almunia, comisario de la Competitividad en la Unión Europea, estuvo tras el guante negro lanzado contra Rajoy de que había inflado artificalmente las cifras del déficit para presentar mejores resultados en 2012. Lo divulgó Reuters esta semana. La respuesta de Bruselas resultó tibia al tratarlo como una "especulación prematura", ante las voces de un indignado presidente español que exigía un desmentido total, que probablemente llegue después, tardíamente, cuando el bulo se haya convertido en una bola de nieve.




Todo viene porque el nuevo Ejecutivo ha dejado claro que el gabinete saliente se quedó corto en documentos sobre el verdadero problema económico de España, que está en números rojos desde hace años con los que tienen que lidiar ahora los sucesores, a cada paso presas de las sorpresas. Rubalcaba ha formado parte de ese Gobierno y pretende hacer creer ahora que tiene la fórmula mágica contra la reforma laboral, que habría tenido que aplicar Zapatero, le gustara o no, de haber continuado al frente del país.




Para Alemania, el panzer de la austeridad y la reforma laboral más liberal que se haya conocido en Europa durante décadas, son lo primero, aunque arrasen con el Estado de Bienestar. ¿Quién puede recordar hoy que en 2005 tenía el mayor índice de paro del continente? El que tienen ahora sus socios de la periferia, pero del que la canciller Angela Merkel no quiere ni hablar.




En el sur se halla también Francia, donde los candidatos se enfrentan en estos días a la campaña previa a las elecciones presidenciales y que en sus programas no presentan grandes diferencias de diagnóstico sobre como enfrentar la crisis, con márgenes de maniobra tan estrechos como el de Grecia, que está que arde, o de Portugal, que ya se quema, o de España, a la que los mercados toman la temperatura, como a Italia, casi diariamente.




Muchos quieren recuperar la cartografía política tradicional de derecha e izquierda en Europa, pero a estas alturas de la película, cualquier teoría no puede ser la Teoría. La única manera de que las cosas salgan bien es si los gobiernos, al margen de los mercados, sopesan el riesgo y la oposición, en el caso español, la del PSOE, se deja de marullerías y de esgrimir las bazas populistas, que de nada le valieron en la campaña presidencial de octubre pasado, y coge al toro por los cuernos, dedicándose a dar ideas productivas. Veremos cómo será la contrarreforma anunciada por Rubalcaba.

sábado, 18 de febrero de 2012

Vaticano: la iglesia pagará más impuestos



Por Mirta Balea

Las relaciones con el Estado vaticano suscitan en Italia temores larvados sobre pecados y excomuniones por la devoción incondicional hacia los eclesiásticos de parte de una población mayoritariamente católica y fervorosamente creyente y esto afecta hasta el tono en que puede escribirse sobre la institución y el nivel de crítica permitido en los medios. Tal condicionamiento forma parte del poder de la Iglesia romana.




El presidente del gobierno italiano Mario Monti, un creyente practicante, ha debido tomar una dura decisión al poner fin a la exención en el pago del Impuesto de Propiedades (IBI o ICI, en italiano) de la que disfrutan muchos inmuebles católicos de uso comercial como escuelas, clínicas, hoteles y residencias, no así los dedicados al culto y a obras sociales y de caridad.




La Comisión Europea (CE) considera que la exención del  ICI resulta en la práctica una ayuda estatal enmascarada y privilegiada, una distorsión de la libre competencia. Para el Vaticano supone un ahorro anual de entre 100 a 700 millones de euros, en dependencia de quien realice el cálculo. En todo caso, la cifra parece importante para las arcas municipales italianas.




El anterior primer ministro Silvio Berlusconi había derogado el gravámen hace unos años y el propio Monti, que ocupaba el cargo de comisario de la Competencia de la Unión Europea (UE), le había exigido el respeto a la normativa de Bruselas para los impuestos. El Club llevaba cinco años investigando a Italia por esta ayuda a la Iglesia y se disponía a sancionar al país, algo que se ha evitado con la medida anunciada.




La Iglesia católica cuenta en territorio italiano con 9.000 centros escolares y 5.000, sanitarios y ha aceptado la medida, según el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), porque evadir impuestos "es pecado".




La transparencia en las finanzas de la Basilica fue dada a conocer por el papa Benedicto XVI cuando lanzó su encíclica Caritas in Veritate y se firmó un acuerdo el 29 de noviembre del 2009 entre la UE y el Consejo del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco del papa, para la aplicación de la legislación comunitaria referente al blanqueo de dinero, la prevención del fraude y la falsificación de efectivo, entre otros medios de pago.




La normativa  conlleva controles por Bruselas y aún queda por ver si el Vaticano accederá a ellos o dejará a los emisarios fuera del torreón de Nicolás V. Hay muchos antecedentes sobre la provisionalidad de las decisiones del IOR.




Bagnasco ha señalado que los impuestos son competencia exclusiva del Gobierno. "La Iglesia los paga y no busca trato de favor" y recordó que de la exención se benefician tanto la católica como una galaxia de ONGs. El portavoz de la CEI, monseñor Domenico Pompili, pidió tiempo para conocer la letra pequeña y espera que se siga reconociendo el valor de las acciones sociales de esta milenaria institución, que ha tenido muchos alti-bajos a lo largo de su historia.




La enmienda de la exención de pago del ICI, que Monti presentará pronto al Parlamento, preve que los edificios con un uso mixto paguen por la fracción dedicada al lucro y, aunque la Iglesia católica será la más afectada, la medida deberá ser cumplida por otras confesiones religiosas que tengan acuerdos con el Estado, así como las ONGs y los círculos culturales.




La Iglesia de Benedicto XVI tiene que proteger un conjunto de actividades financieras y empresariales en sectores diversos que van de la sanidad al turismo o del inmobiliario al bancario. En las páginas del "Estado financiero consolidado de la Santa Sede, año 2007", que se reparte entre 194 cardenales, 4.800 obispos y conferencias episcopales de todo el mundo, se reflejan bienes por 1.400 millones de euros, los famosos mil kilos de lingotes de oro conservados desde los años 90, valorados en 19 millones de euros, entre otras propiedades y obligaciones, que harían interminable el recuento.




La Santa Sede -siempre según el mencionado informe- posee viviendas y terrenos en Inglaterra, Suiza y Francia por 424 millones de euros. Propaganda Fide (la congregación para la evangelización de los pueblos) controla propiedades por un valor aproximado de 53 millones de euros, casi todas en territorio italiano. En 2007, el activo inmobiliario de esta sección pontificia generó cerca de 56 millones de euros en concepto de cánones y arrendamientos y otros 950.000 euros en beneficios por actividades agrícolas.




Desde la llegada de Joseph Ratzinger al papado de Roma, han ido pasando a retiro una serie de personajes que vivieron los años procelosos de las finanzas vaticanas del pontificado de Juan Pablo II. Uno de ellos ha sido Angelo Sodano, quien renuncio el 22 de junio del 2006 a la secretaria de Estado, nombrándose en su lugar a Tarcisio Bertone.




Ha sido una obra depuradora y el relevo ha afectado a las cinco oficinas que tienen competencias en materia económica: la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Gobernación del Estado Ciudad del Vaticano, la prefectura de asuntos económicos, la congregación para la evangelización de los pueblos (el dicasterio que financia todas la misiones de la Iglesia romana en el mundo) y el propio IOR.




El papa Benedicto XVI está empeñado en situar a la Santa Sede en la llamada lista blanca de los estados comprometidos en prevenir y contrarrestar los reciclajes de ganancias criminales y de financiamiento del terrorismo, por lo que ha creado un nuevo organismo para vigilar estas cuestiones llamado Autoridad de Información Financiera, al frente del cual ha colocado al cardenal Attilio Nicora, presidente, también, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

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jueves, 16 de febrero de 2012

Vaticano: enfrentar a las víctimas

Por Mirta Balea


Bajo la bien cuidada piedra de la Iglesia de Roma, se abrieron grietas durante decenas de años, con la complicidad de sus prelados, como ha quedado probado en el simposio sobre pederastía organizado por el Vaticano en la Universidad Gregoriana, al que han asistido superiores generales de 30 órdenes y delegados de 110 conferencias episcopales, en el mayor mea culpa del que se tenga noticias en la institución con 20 siglos de antigüedad.




La Iglesia ha venido poniendo en marcha una serie de cambios desde el 2009, que han tenido que ver con años de corrupción y comisiones ilegales, que pasaron por las cámaras acorazadas de los cardenales. Ahora le toca a la pederastía, ese fenómeno larvado, que ha contaminado los cimientos de la Basílica, acostumbrada a desactivar auténticas bombas financieras, tapar escándalos, alejar a prelados sin escrúpulos con tan solo un escaño de diferencia con el Papa y a llevar negocios en la más absoluta discreción, protegiendo el delicado equilibrio de esta teocracia con el dinero.




Cuando Benedicto XVI emitió la encíclica Caritas in Veritate, enfrentaba un catálogo de corrupción en las finanzas de la corte papal. La relación de la Iglesia con el dinero había sido siempre contradictoria, conflictiva, incierta, con raices profundas en escándalos y decisiones del pasado. La historia se ha repetido con la pederastia por la falta de atención sobre lo ocurrido más allá de la columnata de San Pedro, confiando en que el silencio preservaría la relación de confianza de los feligreses y actuaría como control de daños.




Hay 4.000 casos registrados en la Santa Sede, pero se han reportado decenas de miles, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Todo el tiempo se  ha guardado silencio tras los muros protegidos por los uniformes azul cobalto de la guardia suiza,`pasando por alto los actos criminales de abusos sexuales seriales, estupro y toda clase de delitos, en el más perfecto atentado de un colectivo a la libertad e integridad de sus leales seguidores, en su mayoría menores desprotegidos hasta por sus propios y creyentes padres.




Hay balas que a veces llegan a realizar una trayectoria tortuosa hasta alcanzar su objetivo final y es lo que ha ocurrido con esta mecánica perversa de la que no quedan absueltas siquiera las máximas autoridades de la iglesia católica. Aun cuando no sean autoras directas de estos crímenes, gozan merecidamente de prueba y mérito para ser investigadas por haber incurrido, con toda probabilidad, en responsabilidad penal de encubrimiento y complicidad.




El Vaticano había ordenado a los obispos, en época tan temprana como 1962, cuando comenzó a hacerse patente lo que estaba ocurriendo, que ocultaran los abusos sexuales, en un documento firmado por el papa Juan XXIII, en el que se amenazaba con la excomunión a quien hablara del tema. Tras su muerte se registró un desplome de las donaciones de los feligreses y todos pensaron que sería por el aura de santidad que siempre había rodeado a este personaje al que parecía echarse en falta. Pero, quizás, no fuera así.




Los sabios de Roma y su jefe máximo, el Papa, quien solo tiene que dar cuenta a Dios de sus decisiones infalibles, requerían que, de una vez, se hiciera la luz y se sacara a las víctimas de la profundidad de la fosa sacramental. La primera en clamar justicia ante los participantes en el simposio ha sido Marie Collins, irlandesa, de 65 años, que cuando tenía 13, enferma y sola en un hospital, fue agredida sexualmente por un capellán.




"Las mismas manos que abusaban de mí, me daban la comunión", expresó con emoción, anteponiendo su calvario a cualquier consideración hacia las autoridades que han marcado su fé y habían protegido al pederasta y para mayor infamia pretendían cargarla con la culpa. Las revelaciones sobre los reiterados abusos a menores por los miembros del clero han hecho perder a la institución en Irlanda un buen número de leales y mucho dinero en indeminizaciones.




Otro tanto ha ocurrido en Estados Unidos, donde comenzó a desvelarse todo el tinglado, y que pasó luego el testigo a Europa. La archidiócesis de Filadelfia ha admitido la culpa antes de la imputación de 21 sacerdotes, que agredieron a niños en escuelas y parroquias. Los arzobispados de Boston y Chicago se han visto también en gran medida afectados por los escándalos.




En Holanda, más de 20.000 víctimas desde 1945; Irlanda, más de 25.000 entre los más desfavorecidos; en Alemania, donde nacio el actual Papa, los niños del coro de Ratisbona sufrían acoso de forma sistemática. Una realidad mundial en la que la ruptura del silencio en el simposio Hacia la curación y la renovación se presenta como un primer paso, pero, ni mucho menos, el único o el último.




El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), William Lavada, habría emitido un documento el 3 de mayo del pasado año con el fin de establecer las prioridades, derechos y garantías de las víctimas de la plaga de la pederastía, como la ha calificado el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, tanto como de los clérigos sospechosos o acusados de esos delitos.




En ese documento, siguiendo la línea marcada por el papa Benedicto XVI, se recordaba que los abusos sexuales "no son solo un delito canónico, sino un crimen perseguido por las autoridades civiles" y exhortaba a cooperar con éstas en el ámbito de las respectivas competencias. El máximo representante de Dios en la tierra se empleó a fondo en sus viajes de los últimos meses en reunirse con las víctimas de la ignominia para consolarlas y prometerles justicia. A dondequiera que iba, le perseguía el fantasma.




No hay dudas que los escándalos de pederastia han dañado la imagen de la iglesia y del sistema educativo católico, por esa razón el documento vaticano pedía una mejor formación de los futuros curas y religiosos y un intercambio de información entre los obispos sobre los candidatos al sacerdocio.




Aquí cobra especial relevancia que los responsables directos o indirectos son hombres de fe, guias espirituales para millones de personas, que han manifestado o han permitido un nivel de perversión y de impostura  que están muy lejos de poder considerarse hechos aislados. Durante decenas de años, han marcado una pauta, dejando al desnudo una red organizada al interior de la propia iglesia católica, que podría calificarse de mecánica cultural.




En el abuso sexual, lo cometa quien lo cometa y contra quienquiera que se realice, se da el factor del estatuto de superioridad del agresor y su vínculo de confianza previa con la víctima y el patrón de conducta en la selección de ésta. Se busca a la más vulnerable para someterla y obligarla a guardar silencio, un modus operandi para no ser descubierto. Y estos supuestos han estado presentes en los sacerdotes pederastas.




El Vaticano había decidido ignorar la verdad. Se requiere un valor insensato para enfrentarla, pero siempre aclara las cosas, aun cuando tanta diafanidad duela. Muchos creen que las víctimas son sensatas y perdonan, pero la mayoría clama venganza y está airada y es que a veces no eliges tu infierno, la zonas oscuras marchan sobre tí, aunque no quieras.




Las víctimas, menores al fin, han mudado las influencias en desánimo; la felicidad o la confianza en desamparo. Algunos poderes son a veces estériles y falsos, aunque los tengamos por inmutables y ciertos. Voltaire dijo que Dios hizo al hombre a su imagen, pero éste se lo ha devuelto con creces.




Monseñor Charles Scicluna, promotor de la justicia en la CDF, considera "inaceptable" que los obispos no hayan tomado medidas contra los abusadores y es difícil no estar de acuerdo con esto, pero cualquier castigo contra ellos correspondía al propio papa, según los cánones. No habrá ya segundas oportunidades. La redención, cualquier redención, pide un cambio de corazón, no de cuerpo. Hasta ahora los culpables permanecían a buen recaudo, ha llegado, sin embargo, el momento de pagar.


Es hora de releer también las novelas de Dickens, en las que los malos reciben su merecido, los niños salvan a mujeres hermosas y se respira el poder de la piedad.

Enlazar con: http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com/2011/10/aporte-gratuito-sobre-el-bien-y-el-mal.html
http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com/2011/09/benedicto-xvi-regreso-la-patria-alemana.html
http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com/2011/08/el-papa-benedicto-xvi-la-suprema-voz.html

martes, 14 de febrero de 2012

España: archivan causa contra Garzón

El juez Marchena
Por Mirta Balea

El exmiembro de la judicatura española, Baltazar Garzón, no debería tener que sentarse por tercera vez ante el Tribunal Supremo (TS), esta vez por un delito de cohecho impropio, ya que la causa ha sido archivada por el juez instructor Manuel Marchena.




La reputación del imputado, sin embargo, ha quedado maltrecha al dejarse constancia de la comisión del delito, en el auto de prescripción, aunque no exista sentencia de tribunal alguno que confirme el supuesto.




Resulta innecesario conocer de pe a pa las normas jurídicas para comprender que el magistrado ha violado los derechos procesales del querellado al dar como probados los hechos, sin vista oral siquiera, saltándose las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal brinda al acusado.




Todo comenzó cuando Garzón pasó un curso académico en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, entre marzo del 2005 y junio del 2006, a cuenta, supuestamente, de al menos cinco entidades españolas, entre ellas los dos principales bancos nacionales, el Santander y el Bilbao Viscaya.




Emilio Botin, presidente del Santander, junto a algunos directivos, fue objeto en noviembre del 2006 de una querella por su actuación en la sociedad SCI Gestión, en donde, a juicio de la acusación, había tenido lugar una gigantesca malversación de fondos públicos. Garzón, en lugar de abstenerse como dice Marchena que debió hacer, admitió a trámite el expediente y después lo archivó al no encontrar delito, decisión avalada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional (AN).




Los abogados de la acusación popular contra el exjuez de la AN habían pedido su condena, en la causa conocida en España como de los cobros, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho propio y extorsión. Marchena desestimó el 24 de enero pasado los de prevaricación y extorsión, después de dos años de pesquisas, pero se empeñó en probar el cohecho, considerándolo impropio o pasivo, que es la resultante de recibir regalos o fondos por razón del cargo que se ocupa.




En el transcurso del proceso, se han observado ciertas incongruencias de parte del juez instructor al denegar la comparecencia de testigos, cuyos datos venía utilizando para inculpar a Garzón y que, según se conoció, de haber sido convocados habrían afirmado que ninguna de las cantidades aportadas por los patrocinadores iban a servir para pagar su sueldo como senior fellow o profesor en la cátedra de Civilización y Cultura Hispánicas del King Juan Carlos I Spain Center.




Lo devengado por Garzón ascendió a 160.133 dólares brutos entre marzo del 2005 a junio de 2006. El abogado defensor Enrique Molina expuso que el exjuez no obtuvo ni administró ni percibió suma alguna, ni en efectivo ni en especie, por su intervención en los eventos, proyectos complejos, publicaciones y docencia, al margen de los honorarios fijos y mensuales pactados con la Universidad de NY, como al parecer acreditaban las certificaciones y el extracto de su cuenta en el Citibank.




Para Marchena ha quedado probado, no obstante, el delito, porque a su juicio el imputado debió abstenerse de intervenir en la querella contra Botín y, en cambio, decidió ocultar al fiscal y a las partes involucradas las posibles sombras que caerían sobre su imparcialidad. Con esto, según el auto de prescripción, demostró que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya en el "ejercicio íntegro" de su función jurisdiccional.




Garzón, durante el juicio de las escuchas
Una dura descalificación por parte del magistrado habilitado para llevar la causa de los cobros, quien asegura que Garzón contactó con responsables de distintas empresas españolas para reclamar ayuda económica en los cursos en los que aparecía como director.




Todas éstas tenían en común haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular Garzón o en otro de la AN y por esa vía -argumenta Marchena- reclamó 2.59 millones de dólares, de los que solo obtuvo 1.237.000 dólares para la universidad en la que impartía el curso.




Que se archive una causa tan grave por el supuesto de haber prescrito, sin la comprobación ante un tribunal de los elementos indiciarios de que Garzón se dejara comprar y que, en cambio, el auto de prescripción así lo afirme, no parece el mejor favor a la justicia y, desde luego, no contribuirá a mejorar la imagen del exjuez de la AN, condenado y expulsado de la judicatura la pasada semana por las escuchas ilegales en el caso de corrupción conocido como Gurtel.




Lo que sí hacen tales aseveraciones de parte del juez instructor del caso es dejar al acusado en la más absoluta indefensión, porque sin haberse probado más allá de toda duda el soborno, la compra o como se lo quiera llamar, se le hace reo del delito por el solo juicio de Marchena.




La presunción de inocencia resulta tan importante en un Estado de Derecho que adquiere una dimensión extraprocesal. Esto quiere decir que cualquier acusado tiene el derecho de recibir la consideración y el trato de no autor en hechos delictivos hasta que no recibe una condena. Por lo tanto, la investigación criminal de un ciudadano, lo convierte en imputado, y nada más.




En todo caso, según miembros de la judicatura, decidir que ha prescrito el delito de cohecho impropio corresponde únicamente a la Sala Segunda del TS, en la que debería haber sido juzgado Garzón, y no al juez instructor. Los expertos convienen en que la jurisprudencia avala esta decisión solo en caso de duda a la hora de calificar el delito.




Lo que se ha visto hoy en los noticieros de la televisión y en los medios escritos apunta a que no hay unanimidad en los magistrados a la hora de valorar el paso dado por Marchena. La mayoría son favorables a la apertura de un juicio para que el juez del caso presente todos los elementos probatorios favorables o perjudiciales del reo y que este, su abogado defensor y los letrados de la acusación popular hagan otro tanto.




De momento, el auto de Marchena ha provocado que los abogados de la acusación eleven, probablemente hoy, un recurso de reforma contra la resolución por "extralimitación en las funciones". Podrían interponer también un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TS.




Puede que el recurso de reforma se quede en agua de borrajas puesto que sería al propio magistrado del cuestionado auto a quien correspondería solucionar el conflicto y resulta más que dudoso que desista de sus argumentos en los próximos días.




La figura del recurso de reforma es la pescadilla que se muerde la cola. Esta es la razón de que su eliminación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal figure en la propuesta reforma del sistema judicial del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por su escaso valor jurídico.




Marchena, como resulta obvio, sabía de antemano que su recurso sería refutado por la acusación (que no se conforma más que con la sangre del juez) y que las opiniones vertidas en el texto legal permanecen. El recurso de apelación, sin embargo, es harina de otro costal. Aquí entran tres magistrados designados para la solución de los que puedan presentarse ante el TS entre el 1 de febrero al 31 de mayo del 2012.




Una acotación vendría bien en este final. Ni la defensa ni la Fiscalía, que no ha encontrado delito en ninguno de los tres juicios en los que figura Garzón como acusado, han dejado entrever que apelarán. Solo los abogados de la acusación popular.

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lunes, 13 de febrero de 2012

Grecia: la furia de la calle

Un cóctel molotov de un manifestante

Por Mirta Balea

Los griegos han decidido dejar claro, de una vez y por todas, que no están dispuestos a sufrir nuevos recortes del Gobierno para complacer a Europa y a los organismos financieros internacionales, ni les importa si el Club de los 27 los desahucia y deben volver a su moneda, el dracma.


Todos miraban a Grecia este domingo cuando 100.000 personas o, tal vez 25.000, según la policía, salían a la calle en protesta por el plan de la troika, integrada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo de Europa, para autorizar un segundo plan de rescate de 130.000 millones de euros, destinado en su mayor parte al pago del próximo vencimiento de la deuda el 23 de marzo.


Gases lacrimógenos, cócteles molotov, bombas de humo, incendios de edificios, coches y cajeros automáticos, era el panorama que los europeos veían a través de sus televisores como si se tratara de una guerra civil. La acometida era brutal de parte a parte. Los manifestantes se defendían con piedras y palos y la policía arremetía contra ellos con sus porras para evitar que la protesta desbordara, como así ocurrió, la plaza Syntagma, en el centro de Atenas, a pocos pasos del Parlamento, donde se debatía y aprobaba esta medianoche el plan de la troika.


Europa le había dejado claro al Gobierno del primer ministro Lucas Papademos que no cree en promesas y exigía una garantía por escrito de que los recortes se aplicarían o tendría que convocar un referendo para la salida del euro, que no es un tema tabú en la UE como hasta hace pocos meses, cuando nadie se atrevía a barajar tal posibilidad.


La reunión más tensa de los ministros de Economía y Finanzas (Eurogrupo) tuvo lugar un día antes de la cita parlamentaria de Atenas para exigir la puesta en marcha a velocidad crucero de las medidas de austeridad necesarias para liberar la ayuda internacional. Un segundo rescate para una deuda de 360.000 millones de euros y que tendrá otros dos vencimientos del orden de los 16 mil millones de euros en mayo y agosto.


El ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, utilizó su tono más dramático para conminar a sus correligionarios a aprobar el plan de la troika al poner de relieve que sin la ayuda internacional el país irá a la quiebra. Y si bien en Bruselas se mantiene la cautela respecto a la salida griega del euro, el Eurogrupo había dado a Grecia el ultimatum de que no habrá más crédito a cambio solo de promesas, porque por mucho que los analistas digan que las medidas traerán más depresión y profundizarán en el descontento social, Atenas tiene que cumplir con la línea oficial.


Una quita de la deuda griega de un 50% se había estado negociando desde el pasado 24 de enero por los acreedores, que van desde bancos hasta aseguradoras, con el Gobierno de Papademos, para evitar el impago y la consecuente activación de los seguros para cubrir las pérdidas de los inversores. Un evento de esta naturaleza, como ya ha ocurrido antes con el Lehman Brothers, desataría una serie de acciones que superarían las fronteras europeas.


La UE se encuentra condicionada por su dependencia de inversores foráneos y fondos especulativos, que revolotean por el mundo en busca de alta rentabilidad bajo la opacidad de las finanzas globales. A principios del 2002, Grecia consiguió un acuerdo con Goldman Sachs en que la deuda soberana griega en dólares y yenes era canjeada  por euros y, tras dejar pasar un tiempo, volvía a cambiarse por la divisa original. El monto de la deuda trasmutaba hasta convertirse en un montante mucho mayor por la seducción de las tasas de interés relativamente bajas y que al final el Gobierno no podría pagar.


Esta es la imagen fiscal que empezó a pasarle factura a Atenas con el estallido de la crisis financiera y la cercanía del vencimiento de los bonos emitidos por el estado. Pero como quería entrar en el euro y vivía por encima de sus posibilidades, la mejor idea que tuvo su Gobierno fue falsear las cuentas para entrar en los parámetros de la moneda única hasta que un chivatazo lo pilló con los calzones bajados, ante el asombro del BCE, cuyos técnicos habían estado de vacaciones todo ese tiempo y ni habían previsto tal coyuntura.



La policia se empleó a fondo con los manifestantes


Desde 2008, los recortes han sido la tónica dominante, agravándose la situación en los últimos dos años por un déficit del 160% del Producto Interno Bruto (PIB). Las medidas de austeridad aprobadas en marzo pasado por el parlamento habían incluido un aumento de un 19-21% del impuesto sobre el valor añadido, un incremento de los tributos de combustible, tabaco y alcohol y fuertes recortes salariales en el sector público.


Los diputados se enfrascaron también el domingo en otra batalla campal como la que transcurría fuera de los muros de la Cámara. Obligados a entenderse, la aprobación obtuvo una cómoda mayoría de 200, a favor, y 74, en contra. Este último número correspondió a los partidos de izquierda, como habían anunciado, al sostener que es preferible ser pobres e independientes que someterse a las exigencias de Bruselas. Al menos 11 diputados de la coalición rompieron la disciplina de voto de sus partidos para promover esta teoría.


Con la ayuda de los 130.000 millones de euros, la banca renunciará a cobrar la mitad de los 206.000 millones que posee en deuda griega. La entrada del dinero supondrá una reducción de los intereses (unos 3.500 millones anuales) y alargará a 40 años los plazos para devolverlo. La cifra tendrá que bajar del actual nivel del PIB a 120% hacia el 2020.


El ministro español de Economía, Luis de Guindos, opinó que un impago desordenado del país heleno contagiaría a Portugal, Italia e incluso España.


La vuelta de Grecia a su antigüa moneda, el dracma, supondría un "drama" para los europeos o eso es lo que se dice, aunque no hay dos versiones iguales. Muchos son los antecedentes de países que han suspendido pagos, como recordaba hoy en una nota el diario El País. Con todo sobrevendría, sin dudas, una quiebra de la banca nacional y reinaría el desorden con el consecuente riesgo de depresión. Recordemos que esto le ocurrió a Argentina.


El regreso a la antigüa moneda vendrá acompañado de su devaluación inmediata, lo que, de cierto modo, beneficiaria al sector turístico y a las exportaciones, pero daría entrada a la inflación y a controles de capital para evitar una huida masiva de dinero. Los desórdenes sociales de estos meses no serían comparables a los que se derivarían de las estanterías vacías en los supermercados y la incapacidad del Estado de pagar las pensiones y los sueldos a los funcionarios públicos.


Papademos había instado a los diputados a decidir si Grecia desea permanecer dentro de la UE y de la eurozona o aceptaría la puerta de salida abierta por Bruselas. Antes de que los mercados iniciaran su actividad este lunes, la suerte estaba echada, con el telón de fondo de los más graves disturbios de los últimos dos años a pocos metros del recinto parlamentario.


La protesta dejó un centenar de heridos y unos 50 detenidos. La sociedad griega ha estado paralizada durante tres días desde que el jueves conociera que el Gobierno reducirá en un 22% el salario mínimo y aumentará la cifra en un 30% para los que tengan su primer empleo.


Con el plan aprobado quedarán eliminados además 15.000 puestos de trabajo (150.000 para finales del 2015). El único momento de virilidad fue el rechazo a la reducción de las pensiones públicas, pero en todo caso el Ejecutivo tendrá que sacar de algún sitio un ahorro adicional de 325 millones de euros so pena de que a la UE le parezcan insuficientes los recortes.


Los disidentes de la izquierda en el voto, cuyos partidos forman parte del gobierno interino, consideraron que era un acuerdo impuesto, que deja al margen a la población. Después de tales posturas y las divisiones que se han venido observando, parece imponerse una remodelación política de la coalición. Resultaría peregrino suponer que llegará intacta a las legislativas de abril próximo con lo que está cayendo.

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domingo, 12 de febrero de 2012

España: con el cinturón prieto




Por Mirta Balea

España es un buen ejemplo de que tan difícil de manejar resulta la prosperidad como la austeridad. Con el cinturón prieto y la crisis respirándole en la nuca, los ciudadanos emprenden un camino plagado de recortes, utilizando el sentido que te permite andar sin pensar que tienes que dar un paso y luego otro, acompasadamente, en lo que los japoneses llaman muga.


Tras el 38 Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el anterior fin de semana en Sevilla, los ciudadanos esperan que se hagan realidad las palabras de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que constituirán una oposición responsable al gobierno del Partido Popular (PP). Hacen buena falta grandes dosis de sensatez para llevar adelante ese compromiso.


De momento parece cumplirse lo sentenciado por la población apta para votar al otorgar al PP la cantidad suficiente de votos para gobernar con mayoría absoluta en la esperanza de facilitarle los pasos para sacar al país de la ruina. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes refleja  que la sociedad ha dado un notable al Gobierno porque contaba con que se adoptarían duras medidas como las signadas por el Ejecutivo el 30 de diciembre último, a solo un mes de haber ganado lo comicios.


El sondeo del CIS se realizó en los primeros quince días de enero, cuando se sabía que entre las medidas se hallaban el aumento del Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF), con que se machaca la nómina cada mes, y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aunque el presidente Mariano Rajoy había dicho en la precampaña que no incrementaría los gravámenes.


Los sindicatos han convocado una huelga para el próximo 29 de febrero porque sienten que el gobierno de los populares ha decidido legislar una reforma laboral, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, con elementos adicionales no concertados por estas agrupaciones con la patronal cuando alcanzaron un acuerdo a principios de este mes en tres aspectos fundamentales: moderación salarial, estructura de la negociación colectiva y flexibilidad interna.


El acuerdo de los agentes sociales tenía una clara finalidad defensiva a la vista de las amenazas de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, de que el Gobierno actuaría por su cuenta si no se alcanzaba un consenso. Desde el punto de vista empresarial y de los sindicatos, de lo que se trataba era evitar precisamente la intervención del legislador. Ningún pacto bilateral puede, no obstante, evadir la acción oficial, que siempre maneja sus propias estrategias.


Las reformas laborales no crean empleo por sí solas, pues tienen que ir acompañadas de otras medidas estructurales económicas y financieras, que solo el Gobierno puede manejar en su conjunto. Como prueba tenemos a 5.821 empresas  en suspensión de pagos en 2011, un incremento de un 16.7% respecto al año anterior, y la confirmación del lastre que suponen para la economía nacional los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria, que en años de bonanza resultaban el motor impulsor.




El Gobierno aprobó una reforma laboral "completa", en opinión de Báñez, suponemos que teniendo en cuenta las garantías de la Unión Europea (UE) de que parte de los fondos estructurales del club iran a atajar el desempleo juvenil en España, de los más altos del continente, y que alcanza a un 45% de este grupo social en edad laboral. Uno de los nuevos elementos incluidos son los llamados minijobs, al estilo alemán, trabajos por horas que pueden compatibilizarse con los estudios por 400 euros de sueldo mensual.


Este asunto del paro, que alcanza a casi un 24 por ciento de la fuerza económicamente activa, remedo de lo que ocurriera en la etapa final del gobierno del socialista Felipe González en 1996, nos lleva a otra decisión oficial de parte del ministerio de Economía de reducir el coste social de los desahucios. Encontrar soluciones a la tragedia de los embargos, se halla entre las prioridades del Ejecutivo desde la precampaña electoral.


El ministro  Luis de Guindos se comprometió el pasado 7 de febrero en el Congreso a "hablar con el sector bancario para intentar, con todas las seguridades jurídicas, minimizar este coste que está siendo importante para la sociedad". Con este fin, creará una comisión de expertos de la que formaran parte las patronales bancarias de la AEB, de las cajas de ahorro CECA y de las cooperativas de crédito UNACC.


Los desahucios aparecen como la cara más amarga de la crisis por su masividad. Miembros del 15-M, el grupo de protesta español acantonado en la céntrica Plaza del Sol, han intentado impedir en varias ocasiones o al menos retrasar la ejecución de algunos y esto ha traido el resurgimiento del movimiento OKUPA en diversas ciudades españolas. Se trata de grupos de personas que se instalan, a coste cero, en inmuebles en ruinas o sin alquilar.



Los lídres sindicales


Nadie tiene dudas de que resulta un paso importante normar algún mecanismo de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable porque los españoles no se caracterizan por este tipo de impagos.  A pesar de la escalada del desempleo hasta más de cinco millones de personas, la morosidad hipotecaria ha sido solo de un 2.63%. Como dato relevante para la preocupación en la protección de uno de los aspectos de vulnerabilidad social ante la crisis, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dan cuenta que la Banca llevó a cabo 15.894 desahucios en el tercer trimestre del 2011.


La actual crisis económica puede derivar en social y política -si vemos el ejemplo de efervescencia  ante las reformas en Grecia, uno de los países intervenidos por la UE- y la propia convocatoria de huelga de las dos principales centrales sindicales españolas: UGT y CCOO.


Y es que el principal problema económico de España es el paro, sin dudas, ni la Banca ni el déficit público. Por esto el Gobierno pretende gestionar una ley para simplificar la burocracia ligada a la apertura de los pequeños comercios, con lo cual considera que se fomentaría la inversión y se crearía tejido productivo.  Este plan dispondrá también de una nueva línea de dinero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para estas compañías.


Los ayuntamientos se beneficiarán también de la nueva política del ICO para pagar sus facturas atrasadas con la condición de que cumplan los planes de ajuste en el objetivo de superar el déficit. Como la mayoría de estas instituciones está en manos del PP desde las elecciones municipales de marzo del 2011, no parece arbitrario considerar que resultará la línea a seguir en los próximos tres años.


El presidente Rajoy describió un escenario de recesión, con más paro en 2012 -algo que ya se sabía por los informes públicos del Fondo Monetario Internacional (FMI)-y con fusiones de Cajas que hasta ahora no han funcionado. El diario británico Financial Times  ha considerado que "si Europa llega alguna vez a sanear su sistema financiero, podría ser gracias a que España ha mostrado el camino".



En un primer tanteo con la oposición socialista, el Gobierno ha dicho que ha recibido con "gran preocupación" la decisión de Rubalcaba de rechazar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La reforma constitucional que desarrolla esta norma resultó aprobada in extremis en septiembre del pasado año por el Ejecutivo  socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del PP,  para que la UE supiera que el país va en serio en su compromiso con el déficit cero y con la regla fiscal.


Rajoy podría haber convertido su discurso ante el Parlamento el pasado martes en una historia chocarrera o, peor aún, sensiblera, en busca del apoyo fácil o la corrección política, en su lugar, ha realizado una pirueta inesperada, dosificando audacias formales, aunque algo romas, y el resultado ha sido un discurso bastante sincero, para perdonarle lo improbable de sus conclusiones.


Se dice que los cinco primeros minutos de película bastan para saber si detrás hay un cineasta a la altura o un impostor. El equipo economico de Rajoy preveía dos trimestres muy duros en 2012, antes de tomar posesión el nuevo Gobierno, pero aquellos cálculos han debido rendirse a la evidencia que la mayoría de las fusiones bancarias aprobadas son inviables y el déficit estará por encima de un 8 por ciento, a pesar de que Zapatero se comprometió a reducirlo en tres puntos y esto quedó en uno.


Rajoy resumió la situación: economía en recesión, record de desempleo, incumplimiento de los objetivos de déficit público, caída del crédito, altos niveles de endeudamiento y deterioro del entorno internacional. En cuanto a esto último, se había comprometido con los empresarios, en una reunión días antes, a promover la marca España en el exterior. El ministro Guindos, con esto en mente, realizará una gira por Europa, Asia y América para abrir puertas a la inversión.


El presidente concluyó que los pasos realizados o por realizar daran frutos si " desterramos las improvisaciones, evitamos los bandazos y somos tenaces en la aplicación de las medidas, sin desmayar, hasta lograr lo que deseamos" y aprovechó para llamar a la unidad por la recuperación y el empleo.


Un final para un tending topic, pero que no tiene en cuenta el oxímoron institucional, a los anti-sistemas sistémicos y el underground guevariano reaparecido desde el momento en que Grecia se declaró en quiebra. Rajoy podría convertirse en el gato "sobre el tejado de zinc caliente" si no elabora un plan que contrarreste a quienes luchan lícitamente por no desaparecer como opción política, pero con maneras a modo de las barricadas descritas por la historia de la Revolución Francesa, que todos sabemos el final que tuvo.

Enlazar con http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com/2012/01/espana-primer-peaje-del-2012.html

viernes, 10 de febrero de 2012

España: Garzón, inhabilitado.





Por Mirta Balea



Hace años leí el cuento La muerta de Guy de Maupassant en el que el personaje recorre un cementerio y sorprende a los muertos cambiando las escrituras de sus lápidas para borrar las mentiras escritas por sus familiares. "Aquí reposa Jacques Olivant, fallecido a la edad de cincuenta y un años. Amaba a los suyos, fue honrado y bondadoso, y murió en la paz del Señor", rezaba en una de estas piedras.




El aludido, con la punta del hueso que había sido su índice, reescribió la esquela: "Aquí reposa Jacques Olivant, fallecido a la edad de cincuenta y un años. Apresuró con sus duras palabras la muerte de su padre a quien deseaba heredar, torturó a su mujer, atormentó a sus hijos, engaño a sus vecinos, robó cuanto pudo y murió miserablemente".




Todos los muertos de aquel cementario escribían al mismo tiempo, en el umbral de su morada eterna, la cruel, terrible y santa verdad, que todo el mundo ignora o finge ignorar, acotaba Maupassant en el relato para explicar al sesgo el mensaje de su fantasía.




Un epitafio escribió también Martin Prieto dentro de una prensa que amaneció hoy con la noticia de la inhabilitación por 11 años del miembro de la judicatura española Baltazar Garzón, acusado de espiar conversaciones entre varios reos y sus abogados, vulnerando un elemento nuclear en el proceso penal del Estado de Derecho: el de la defensa.




"Garzón tiene algunas características desconcertantes e irritantes: prácticamente imposible de ubicar intelectualmente, una evidente vanidad, que o no puede o no pretende disimular y que lleva a una pose que registra la corrección de sus facciones, un cinismo que pretende hacer pasar por independencia de criterio, y un soterrado afán por el dinero", ha opinado en el periódico La Razón Prieto, amigo en otro tiempo del exjuez.




La resolución de los siete magistrados del Tribunal Supremo (TS), que juzgaron al exjuez de la Audiencia Nacional por las escuchas ilegales en la trama de corrupción Gurtel, ha sido unánime y contundente: "La búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia".




La toga ha caído ya,  con o sin recurso por parte de la defensa,  y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ejecutará el fallo el próximo día 23 al expulsar a Garzón de la Carrera. A finales de marzo saldrá a concurso la plaza de la Audiencia, ocupada en comisión de servicios por el magistrado Pablo Ruiz, desde que su titular fuera suspendido en mayo del pasado año por la apertura de otro juicio: el caso de la Memoria Histórica, celebrado esta misma semana, por asumir la competencia para investigar las desapariciones de víctimas de la dictadura franquista  y que quedó visto para sentencia .




El exjuez tendrá que pagar los honorarios de los tres abogados querellantes, dejará de cobrar el sueldo a partir de hoy, cuando el CGPJ ha recibido la notificación oficial, y durante el tiempo de inhabilitación no podrá obtener empleo alguno o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.




Podrá ejercer como asesor jurídico tanto en el ámbito nacional como internacional, así como de abogado, puede formar parte de cualquier comisión que aborde temas de Justicia y  seguir asesorando al Gobierno de Ecuador en la reforma judicial de ese país, por lo que está supuesto a cobrar muchísimo dinero.




Así que estará en condiciones de pagar la multa por el delito de prevaricación de las escuchas en concurso aparente de normas con un delito contra las garantías de la intimidad durante 14 meses a razón de una cuota diaria de seis euros, unos 2.520 en total, según la sentencia.




Joaquín Giménez, presidente del TS.

El Alto Tribunal ha tomado en cuenta para inhabilitar a Garzón y considerar válida la prevaricación que al autorizar las escuchas a los abogados con los internos de la cárcel de Soto del Real, en Madrid, "causó una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demas derechos afectados" y colocó a todo el proceso penal español al "nivel de sistemas políticos característicos de tiempos ya superados, admitiendo prácticas que en la actualidad solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado".




Esta última observación de los magistrados del Supremo resulta de la mayor importancia porque uno de los argumentos del exjuez ha sido que no inició el proceso Gurtel por razones políticas, a pesar que estarían involucrados miembros del Partido Popular (PP) (ahora en el Gobierno) y algunos simpatizantes. Uno de los encartados, el expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, ha resultado absuelto la pasada semana del cargo de tráfico de influencias y los simpatizantes de Garzón han protestado la sentencia.




Las escuchas fueron suspendidas por el TS el 25 de marzo del 2010. Garzón intentó después poner frontera de por medio ante la marabunta mediática que trajo el estar procesado en otros dos casos, además  de las escuchas, y gestionó la autorización de un permiso indefinido por el CGPJ para trabajar como asesor en el Tribunal Internacional de la Haya.




A pesar de que ha esgrimido indefensión en su causa y presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para agotar todas las vías legales, durante el juicio admitió que las garantías y el derecho de la defensa estaban en juego y, aún así, siguió adelante, convirtiendo en sujetos pasivos de la investigación a los abogados de los implicados en la trama Gurtel. Para él, resultaba la "única manera de impedir el continuado blanqueo de dinero", una tésis refrendada por el fiscal Antolín Herrero, quien actuó como parte de la defensa del juez.




El TS ha creído que esta complicidad de los abogados con sus clientes en un hecho delictivo tampoco ha quedado probada por el exjuez. De esta manera, ha argumentado que la decisión de Garzón de autorizar las escuchas no es, como ha dicho, una simple interpretación errónea de la ley, sino "un acto arbitrario".




Ha sido grave, pero esclarecedor, el aquelarre montado a los magistrados en la calle, frente a las puertas del Alto Tribunal, por decenas de simpatizantes, que han puesto a los pies de Garzón su prestigio como políticos, miembros del arco cultural nacional y sindicalistas. Poco ha faltado para que lo canonicen popularmente como mártir de una pica de inquisidores ideológicos. Como prueba, la primera página del diario Público, representante de la izquierda más radical, con su título de Ajusticiado.




Ojo con el juez que afirma que la ley es lo que él pronuncia, manda y firma. El fin no justifica los medios y un hombre en cuyas manos está el destino de otros, que viste una toga como representante del Tribunal de los hombres, tiene que saber lo que debe y puede hacer. La teoría maquiavélica, en la que solo creen ingenuos y mediocres, de que la razón de Estado tiene preferencia y supera a la propia ley, tiene escasa vigencia en una democracia moderna.




Quienes pasaron en estos días junto a la turba acantonada frente al TS, donde se ha realizado también el juicio por la Memoria Histórica, debieron abstenerse por miedo a balbucear que a Garzón lo están procesando en los juicios juristas y no torturadores. El furor de los defensores es tal que, a pesar de ser unos pocos, han dejado a nivel de la suela del zapato a los encargados de juzgar a su protegido, llamándolos fascistas, corruptos y acusándolos de estar involucrados en una conspiración. El GCPJ ha tachado estos ataques de inaceptables.




Simpatizantes de Garzón ante el TS

El máximo organismo de la Justicia española ha dejado claro que el exmiembro de la judicatura ha sido juzgado por el TS, en el ejercicio legítimo de sus competencias, con absoluta independencia e imparcialidad, en un proceso judicial transparente y lleno de garantías y ha dictado una resolución unánime.




Esto último molesta mucho a los simpatizantes de Garzón porque entre los magistrados se hallan algunos considerados progresistas como el propio presidente Joaquín Giménez,  Andrés Martínez Arrieta y Luciano Varela, con quien trabajó y al que la defensa del exjuez intentó apartar del caso.




El exmagistrado, que acaba de ser sentenciado por sus iguales, aterrizó en la Audiencia Nacional en 1988 y su primer paso al estrellato fue el enjuiciamiento de miembros del gobierno del socialista Felipe González, acusados de terrorismo de Estado en el sumario llamado GAL. Dos años después, en la operación Nécora contra el tráfico de drogas en España, que tuvo una cobertura mediática de amplitud exagerada, solo logró procesar al capo Oubiña.




Nada de discreción en la Audiencia durante su reinado. Ordenó en 1992 la detención del traficante de armas sirio Monzer al Kassar, aunque resultó absuelto. Para Martin Prieto, el amigo, Garzón pretendía emular al asesinado juez italiano Falcone, labrándose un crédito persiguiendo dos lacras como el narcotráfico y ETA. Así se vendió a Felipe González como un juez anticorrupción.




Fue la etapa de su excedencia para concurrir como número dos del PSOE en las elecciones generales, con su vista puesta en el ministerio de Justicia, que González nunca le dio. Dimitió cuando vio sus esperanzas cercenadas y regresó a la Audiencia Nacional, si cabe, con más brío, porque intensificó sus actuaciones contra la banda terrorista ETA. A él se debió la ilegalización del brazo político Batasuna en 2002 y que la judicatura avalara que el entorno de los pistoleros formaba parte de su aparato político y era igualmente procesable.




Ordenó la detención en 1998 del exdictador chileno Augusto Pinochet. La notoriedad crecía y el juez entraba por la puerta principal de la AN y no por el garaje como obligaba la seguridad. En la entrada se agolpaban los medios. Con este caso se hizo un hueco como defensor de los Derechos Humanos, especialmente en Sudamérica, con el único aporte de su imagen.




El abogado de Garzón ha anunciado que recurrirán ante el TC, alegando que se han vulnerado sus derechos, en especial la tutela judicial efectiva. Esta instancia admite a trámite aquellos casos que  pueden aportar algo a la interpretacion de los derechos fundamentales.




De rechazar el recurso, quedaría la posibilidad de ir ante el Tribunal de Estrasburgo por vulneración de algun derecho recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La pega es que, según el protocolo, no resulta viable si el interesado  ha sido juzgado y declarado culpabe por el más alto tribunal.

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domingo, 5 de febrero de 2012

Siria: la tortuosa vía de la política



Por Mirta Balea

Rusia y China han votado en contra de una resolución descafeinada del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de detener la brutal violencia en Siria y en la que ni siquiera se pedía la salida de Bashir el-Assad o la intervención militar internacional al estilo libio.




Esta técnica de neutralización practicada por los gobiernos de Moscú y Pekin desde octubre pasado con un texto similar, intenta minimizar la conducta del régimen sirio o justificar lo injustificable, después de 11 meses de bombardeos indiscriminados contra la población y la muerte de 7.100 personas y la desaparición de unos 15.000 opositores, según el centro de Documentación de la Violación de Derechos Humanos de la ONU.




El proyecto de resolución propuesto por Marruecos, en respaldo a un informe de los observadores de la Liga Arabe en Damasco, contó con mayoría de votos este sábado, pero desaparecerá aún así en el éter por el veto de dos de los miembros permanentes. El texto habría ocupado su lugar, como otros tantos del organismo internacional, más por las omisiones que por las exigencias. A última hora se realizaron arreglos para adaptarlo a los votantes más conspicuos a ponerle peros.




El texto buscaba con los cambios congraciarse con Rusia y China, que calificaban de "inadmisible" la marcha de El- Assad", como pidió la Liga, y abogaban por el "diálogo nacional" y no por la "imposición de la ONU". Así que no se incluyeron más sanciones ni intervención militar, esto último explícito a petición de Moscú, ni llamaba a los países del mundo a limitar sus envíos de armas a Siria como han hecho Estados Unidos, la Unión Europea y el mismo organismo árabe.




La restricción sobre la ayuda militar a El-Assad habría encajado muy bien en un documento por el que se pretendía frenar la violencia. Pero Rusia mantiene con el régimen contratos por valor de 1.500 millones de dólares y Amnistía Internacional denunció, la pasada semana, que las armas rusas seguían fluyendo aún cuando la Liga Arabe realizaba su inspección sobre la situación del conflicto, en apoyo de los esfuerzos de la ONU.




El veto ha provocado la ira de varios diplomáticos occidentales en la ONU. El embajador francés Gerard Araud expresó que era "un día triste para el Consejo de Seguridad, un día triste para los sirios y un día triste para los amigos de la democracia" y añadió que Rusia y China se han convertido en cómplices de una política represiva.




Claro que represión la que realizan los gobiernos de Moscú y Pekin en sus respectivos países y que no es objeto de resolución internacional alguna. El embajador aleman Peter Wittig, quizás con la mente puesta en esta contradicción, apuntó que el Consejo de Seguridad ha fallado en estar a la altura de su responsabilidad. El presidente norteamericano Barack Obama fue aún más allá y opinó que quien masacra a su pueblo no debería gobernar.




Cuando la Liga Arabe alertó el pasado jueves del recrudecimiento del conflicto, el embajador ruso en la ONU, Vitaly Churkin, trazó las líneas rojas aceptables para su gobierno en caso de acordarse una resolución, lo que arrojó esperanzas de que pudiera aprobarse el borrador presentado por Marruecos. Al final, ha resultado una escaramuza diplomática para inyectar oxígeno en un régimen que, le guste o no a Moscú, tiene sus días contados.




Hace menos de una semana, en plena elaboración de la resolución vetada por los dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tenían lugar enfrentamientos entre las fuerzas regulares y los rebeldes del Ejército Libre de Siria, brazo armado del opositor Consejo Nacional Sirio (CNS), que da órdenes desde Turquía.




Los combates se realizaban cuerpo a cuerpo, al estilo de la guerra de guerrillas, para impedir que los rebeldes se hicieran con Damasco y el aeropuerto. Los regulares lograron desalojarlos hacia los suburbios y les han impedido enterrar a sus muertos, con lo que se corre el peligro de epidemia. Los residentes se han visto obligados a huir de sus casas ante la brutalidad de la represión desatada en la capital, especialmente dirigida ahora a hacer pagar a los colaboradores.


Los rebeldes no pueden enterrar a sus muertos
El régimen sirio llama a esta irrupción en los domicilios de manera indiscriminada "la caza del terrorista" para afianzar las proclamaciones de El-Assad de que los insurgentes forman parte de alguna facción de Al Qaeda, esa multinacional del crimen que tanto asusta a Occidente.




En la escena internacional, desde finales de la II Guerra Mundial, ha habido un cambio en las reglas de juego en lo que atañe a las contiendas militares. La insurgencia ha resultado siempre una amenaza, de la que se hablaba poco y se estudiaba menos en las academias militares hasta el descalabro norteamericano en Vietnam en 1975.




Los rebeldes están dispuestos en todo momento a seguir luchando sin importarles los obstáculos; creen en su causa, sea justa o no, y luchan seguros de que les confiere el poder necesario para vencer, desestimando el poder militar y el armamento a que deban enfrentarse. Esto es lo que les permite resistir, contra todo pronóstico,  y colocar al mundo ante una idea tan ingenua, que ha estado presente en la mayoría de conflictos de baja intensidad a lo largo del siglo XX hasta nuestro días y ha dado lugar a muchas victorias de los populares en armas.




El presidente sirio, como hizo el libio Muamar el Gadafi con sus treguas en los momentos más álgidos de la guerra en Libia, ignora sus propias amnistías y sigue deteniendo a opositores para matarlos directamente. El Centro de Comunicación de la Revolución Siria informó de la muerte de 255 civiles el pasado jueves, algo que corroboró el general sudanés Mohamed al Dabi, jefe de los observadores árabes, cuando afirmó que los índices de violencia se dispararon significativamente en los días en que ellos ejercían su misión.




Los enfrentamientos armados tienen particular virulencia en Damasco, Hama, Idleb y Homs. Esta última ciudad registra el mayor número de víctimas en el país. El secretario general de la Media Luna Roja en Siria, Abdul Razq Yibiro, perdió la vida en uno de los tiroteos en las afueras de la capital.




En cuanto a la correlación de fuerzas interna, no todo el pueblo sirio se ha alzado en armas. Muchos temen lo que podría sobrevenir de ganar los rebeldes, altamente influidos por los islamistas, como la experiencia apunta en Egipto, Túnez y Libia. El CNS, que pasa por ser la principal fuerza aglutinadora de opositores y que tiene bajo su mando a un ejército de casi 20.000 desertores, recibe una importante influencia de los Hermanos Musulmanes sirios, de los que se sabe poco.




La otra corporación opositora, el Comité Nacional para el Cambio Democrático, de corte nacionalista, se ha hecho fuerte en el interior, pero a nadie escapa que quien conquiste Damasco y Aleppo controlará el país y en esto ha fijado su meta el Ejercito Libre Sirio del CNS.




Rusia e Irán figuran a "sotto voce" entre los principales proveedores del régimen, al margen de que este suscite también el apoyo de India, Pakistan y hasta de Sudáfrica, aunque quizás no con tanto compromiso como son los casos de Moscú, Teherán y Pekin. Los rusos tienen en Siria la única base militar fuera de su propio territorio y buscan una salida al mar por esa vía.




Los rebeldes cuentan por su parte con el respaldo de Catar y Arabia Saudita, cuyos fondos van a parar a los islamistas del CNS. Varios diarios británicos y norteamericanos apuntan de que podrían estar siendo entrenados por especialistas de los cuerpos de Inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido, como se hiciera antes  con los insurgentes librios.




La existencia de grupos salafistas entre los opositores ha servido a El-Assad para asustar a su propia población y logrado manifestaciones de apoyo real al régimen, que es en lo que se han basado Rusia y China para impedir la viabilidad de al menos dos resoluciones de la ONU para prestar tiempo al presidente sirio en su estrategia de manejar los hilos de cualquier solución negociada.




Los iraníes no se han quedado de brazos cruzados ante la situación de conflicto en Siria, siendo como son sus mayores aliados en la zona, y han pretendido abrir un diálogo con la oposición, en especial con los Hermanos Musulmanes, para que acepten las reformas propugnadas por el régimen, entre estas, la convocatoria de elecciones.  El pez, sin embargo, no ha mordido el anzuelo.




El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, había llamado a detener los asesinatos "con un texto consensuado" entre los miembros del Consejo de Seguridad , cuando existían esperanzas de aprobar la resolución, porque "la guerra en Siria es un riesgo para la paz mundial".




Convertida en una gran prisión y sin la legitimización de la oposición en armas, que se habría conseguido con el texto vetado, hay margen para pensar que El-Assad, como Gadafi, está dispuesto a matar más que a morir por mantenerse en su puesto y él, como en un momento dado el líder libio, cuenta todavía con apoyos importantes.




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