Por Mirta Balea
El juicio contra el miembro de la judicatura española Baltazar Garzón ha quedado visto para sentencia. Los magistrados, que esta semana han oido las alegaciones de la defensa y la acusación, han comenzado la víspera a consensuar los argumentos del fallo. El ex-juez de la Audiencia Nacional (AN) no podrá decir como Publio Siro que "la absolución del culpable es la condena del juez".
Desde el páramo intelectual sobre Derecho que padezco, me atrevo, sin embargo, a opinar que, durante los tres días de audiciones en el Tribunal Supremo (TS), se han entrevisto indicios de los delitos por los que está siendo juzgado: prevaricación, es decir, comportarse de forma injusta a sabiendas, y violación de las garantías constitucionales de una serie de imputados por blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la trama conocida como el caso Gurtel.
A Garzón le quedan aún otros dos juicios, uno de los cuales está previsto a iniciarse el próximo día 24 y en el que están supuestos a participar dos de los miembros de este primer tribunal, lo que hace suponer que la sentencia pueda estar antes de esa fecha. De ser así, todo indica que no seguiría juzgándolo el TS sino uno regular.
"Desaparecida, afortunadamente, en nuestro Derecho la facultad de obtener una confesión forzada del culpable mediante la tortura, la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitirían el renacimiento de ese método inquisitorial", han alegado en el auto procesal los magistrados que decidieron, ante el comportamiento del juez, anular las escuchas y separarlo de su cargo en la AN.
Aunque constituya una extrapolación del tema de este trabajo, me voy a permitir introducir una nota sobre un hecho que en esencia viene a demostrar lo mismo, que hay autoridades capaces de violar cualquier derecho individual. Dado que las armas de fuego estaban prohibidas en el siglo XV y quienes se saltaban este tabu eran castigados, el condottiere italiano Gian Paolo Vitelli solía llevar al extremo las restricciones cegando y cortando las manos a todo arcabucero que pillaba en comisión del delito, como había hecho también antes su contemporáneo Bayard, auque éste, directamente, les ejecutaba, a pesar de no estar prevista una sanción tan extrema.
El primer día de la vista oral, el pasado martes, el presidente del tribunal Joaquín Giménez evitó que el acusado vistiera la toga en el banquillo, quizás por que consideró que los cargos, que podrían poner fin a su carrera, lo habían desprendido de toda imparcialidad. Al abogado defensor Ignacio Peláez, supuestamente implicado en la trama Gurtel, y presente en la Sala por la defensa, le tocó hacer lo mismo cuando fue llamado como testigo por la parte de Garzón.
Hay varios miembros del Partido Popular, entre ellos el ex-presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, implicados en el caso Gurtel, que sigue juzgándose. Algunos medios han señalado a Peláez como el instrumento utilizado por los acusados para desacreditar al ex-juez de la AN.
Peláez ha alegado que interpuso la demanda por considerar que debe existir un límite en la tésis de que el fin justifica los medios, la famosa máxima de Tano. No obstante, hay otras dos acusaciones particulares personadas, no así la Fiscalía porque no ve delito.
Muy al contrario, el fiscal jefe, Antolin Herrero, insistió en la inocencia del procesado. Para esto destacó que no vulneró el derecho de defensa "porque no ha habido una indefensión material" y que la decisión del ex-juez de la AN estaba justificada. "Estamos ante un caso extraordinario y la medida era ajustada de alguna manera al fin buscado en la investigación", que, según Garzón, habría sido evitar la continuidad en la comisión del delito.
La otra fiscal, Pilar Fernández Valcárcel, aludió a otros casos de escuchas como el conocido Viocque, un narcotraficante que pretendía asesinar al hoy fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y el de Marta del Castillo, donde un juez autorizó a grabar en prisión al acusado por asesinato Miguel Carcaño y a su abogado.
La Fiscalía, dirigida en las dos legislaturas anteriores por Conde-Pumpido, designado por el Ejecutivo socialista, no solo no presentó cargos sino que trató incluso que la causa se archivara.
Lo curioso de este caso es que inicialmente correspondía a otro juez, pero Garzón se apropió del mismo. Ordenó la incautación de un ordenador con información comprometida, vio nombres relacionados con el PP e inmediatamente empezó las diligencias. Antes había hecho algo similar con otro colega de la judicatura cuando la liberación del funcionario de prisiones José Ortega Lara, secuestrado por ETA, lo que suponía una amplia atención de la prensa. Siguió en esta línea de robo de casos con el del ex- dictador Augusto Pinochet, a quien logró procesar con el aplauso internacional.
Las interpretaciones jurídicas pueden ser o no correctas, pero en cuanto se justifica una singular manera de enfocar ciertos capítulos de la ley, hay implícita la amenaza de que algún juez se otorgue a sí mismo el derecho de llevar a la práctica sus propias ideas en cuanto al Estado de derecho o al derecho del Estado, en especial cuando han deseado en algún momento ser políticos, como es el caso del popular juez.
La leyenda forjada a su alrededor nos muestra a alguien que arremete contra izquierda y derecha, o eso parece; a un funcionario independiente, que deseaba actuar como un Robin Hood, repartiendo justicia; que quiso formar parte del último Gobierno del socialista Felipe González e incluso ser diputado por ese bando y cuando le negaron estas posibilidades, enlodó al Ejecutivo al que pretendía pertenecer llevando a los tribunales por terrorismo de estado a dos de sus miembros en la trama de los GAL.
Hay que concederle en justicia haber realizado dos buenas obras: armar el mecanismo judicial para que ETA no fuera considerada solo una banda armada y así poder enjuiciar también a su aparato político-mediático, y el caso Pinochet.
No hay una escala objetiva para el Bien o el Mal. Las cosas están bien o están mal, sin más, pero como los humanos poseemos el libre albedrío, a diferencia de otros animales, habrá que constatar que la acción contra Pinochet, que mató durante su régimen a miles y miles de chilenos e hizo desaparecer en las aguas a cientos de personas, estuvo bien, pero que muy bien, aunque el castigo recibido se haya quedado corto respecto al crimen. Esto, desde luego, no implica que debamos ver con buenos ojos lo de las escuchas.
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| Garzón y su abogado. |
Peláez dejó claro en su intervención que Garzón, los fiscales anti-corrupción y la Policía conocían de antemano su estrategia de defensa por la información privilegiada, obtenida con las escuchas, y lo más importante, definió que los letrados se estaban coordinando para preparar las defensas y no para blanquear dinero.
El propio Garzón admitió durante el juicio que las cintas no fueron utilizadas en las diligencias sobre la trama Gurtel y que habían sido expurgadas. La televisión Intereconomía dio a conocer una grabación en la que Camps quedaría exculpado. Lo cierto es que al ex-presidente valenciano lo juzgan por haber recibido como regalo unos trajes y un par de zapatos de uno de los involucrados en la trama, lo que parece inducir a un delito de tráfico de influencias.
En el transcurso de la segunda jornada del juicio, se pudo conocer a un tal Manolo, de profesión policia y de graduación inspector, que ha resultado ser el amigo de José Tomás, el sastre que acusa a Camps en el caso Gurtel. Este hombre fue el encargado también de elaborar el informe contra el ex-presidente valenciano. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero le condecoró por su postura en 2009.
En la calle se han dado muestras de apoyo al ex-juez de la AN, en especial, algunos miembros importantes del PSOE y de Izquierda Unida y los mas altos dirigentes de las dos grandes centrales sindicales del país. Estos han calificado de injusto el procesamiento de un juez "ejemplar y democrático".
La cárcel de Soto del Real, en Madrid, ha sido el escenario de las grabaciones, como remedo del Gran Hermano, ordenadas con el único fin, como se ha visto, de desmontar las estrategias de la defensa de cada imputado. Peláez ha llamado a esto un comportamiento propio de un Estado policial.
El periodista Agustín de Grado, escribía hoy en el diario La Razón, que la "desmedida ambición le llevó a encarnar los tres poderes, que Montesquieu diseñó por separado como garantía frente al despotismo...".
El propio Garzón admitió que las garantías y el derecho de la defensa estaban en juego y, aún así, siguió adelante, convirtiendo a los abogados de los implicados en sujetos pasivos de la investigación. Pero dijo también que era la única manera de impedir el continuado blanqueo de dinero, lo que refrenda el fiscal.
En este punto, el abogado Pablo Rodríguez Mourillo, hizo la salvedad de que la única manera de preservar el derecho a la defensa de un ciudadano, por muy indeseable que pueda parecer o ser, es no escuchar. Resultaba la primera vez que se realizaban escuchas en prisión dentro de una investigación por blanqueo de dinero y el criterio se saltó a la torera el derecho a la intimidad de abogado-cliente.
En su intervención al final del juicio, a la que tiene derecho todo acusado en España, Garzón se reiteró en sus decisiones, que, según la acusación particular, debilita los límites de la protección de derechos.
El miembro de la judicatura española aseguró a la Sala que sería la última vez que comparecería ante un tribunal de Justicia de España. Para la mayoría de los oyentes, la observación sonó a que podría apelar una sentencia negativa del TS ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ha hecho muchos amigos a lo largo del tiempo dedicado a delitos internacionales y prestación de servicios en el Tribunal Internacional, en La Haya.
Garzón ha intentado entorpecer todo lo que ha podido el desarrollo normal de la Justicia. Pocos han podido ejercer hasta el máximo sus garantías procesales, ante todo por sus conocimientos de los entresijos judiciales en su calidad de jurista, lo que le ha permitido partir con buen pie a la hora de estructurar su defensa. Ha recusado con éxito a varios magistrados encargados de la causa y hace apenas unos días lo intentó de nuevo con dos de los jueces, que lo han juzgado en este primer juicio.
No existe en España la "justicia democrática" reclamada en estos días por miembros de la cultura nacional, liderados por la actriz Pilar Bardem, que han montado en la calle un aquelarre contra los que han osado llevar a Garzón al banquillo de los acusados. Lo que sí existe es que todos son iguales ante la ley y la toga no tiene que servir a causas políticas, sino a la Justicia, que ahora tiene la última palabra.
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