El Gobierno obtuvo la aprobación del Congreso de la nueva ley de educación, llamada LOMLOE, aun sin finalizar la desescalada de la pandemia por el corona virus. Cuando la población se preguntaba cómo y cuando sería la vuelta al "cole", la ministra Isabel Celáa logró pasar la normas con grandes sesgos ideológicos.
Lo primero que se puede apreciar, es que se deja en manos de sus socios nacionalistas el porcentaje de horas de estudio del castellano. Sin que podemos explicarnos por qué, el texto acepta para más inri que el español es el idioma oficial del país.
Si una escuela o colegio autonómico no deseara impartir el castellano será libre de no hacerlo pues Celaá ha asegurado que "no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que salvaguardan las normas". Tal como suena, el Estado no tiene voz ni voto.
La exigencia de rendimiento se asocia en esta ley al autoritarismo y la búsqueda de talento se ve como un hábito del pasado. Cuando la ministra habla entonces de "no dejar a ningún alumno atrás" intenta lograr su buenísimo objetivo haciendo que ningún alumno avance. No parece que estemos ante una ley inclusiva, ni igualitaria, pero sí ante una norma que aniquila la excelencia.
La ley aprobada por nuestros representantes en el legislativo se ha pasado sin diálogo ni consenso, con un Gobierno débil de minoría parlamentaria pírrica. Resulta, a juzgar por las palabras de muchos de los oradores en la sesión de ayer, de un revanchismo por su fracasada LOE hace 15 años.
Si se ha mostrado cierta premura en presentarla es para garantizar su imposición en el próximo curso escolar y evitar de paso un desmantelamiento posterior. En ella leeremos como se prioriza lo público sobre lo concertado, se quita peso a la religión, que estoy de acuerdo que no debe ser una asignatura escolar, da más facilidades a los alumnos para conseguir un título académico y desprotege la enseñanza del castellano.
Me permito recordar aquí el artículo 27 de la Constitución de 1978 que trazó los ejes del sistema educativo español, adaptado al nuevo entorno de la vida democrática, que se iniciaba. Este renglón fue polémico desde el nacimiento de la Carta Magna para las grandes fuerzas políticas del momento, en alguna de las cuales pesaba una orientación continuista, que dejaba amplio margen a la escuela privada, predominantemente católica, y a la elección escolar.
La constelación de los partidos situados a la izquierda del arco político entonces abogó por una ruptura más radical con los antiguos esquemas de la enseñanza, en la que podía apreciarse ecos de la Constitución Republicana de 1931 y el ideario socialista de escuela única, pública y no confesional. Que la LOMLOE aplica ahora.
No debería resultar extraño que el Consejo Escolar del Estado apelara en los últimos años a la necesidad de considerar la educación como una política de Estado, un sólido anclaje para cualquier consenso básico, que han dicho algunos políticos.
Desde el año 2000, coincidiendo con la participación de España en el Programme for International Asessment (PISA), se han venido adoptando medidas legislativas más ténicas. Con la Ley de Calidad de la Educación del 2002 (que nunca llegó a aplicarse), cada vez que se ha propuesto una nueva ley de educación (con esta ocho desde 1978) se ha pedido la introducción de resultados claramente mejorables de las anteriores.
La ley elaborada por el ministerio de Educación destierra toda posibilidad de evaluar a los alumnos de igual manera y sobre los mismos contenidos en toda España. El nuevo texto es casi identico al aprobado el 15 de febrero del 2019, cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales y truncó su tramitación parlamentaria. Por esta razón, la nueva ley no se ha sometido al Consejo de Estado.
Los alumnos podrán sacarse el título de Bachillerato aunque tengan una asignatura suspendida y obtener el título de ESO con simples "actividades personalizadas extraordinarias" de las asignaturas no aprobadas. Lo que se busca es que nadie repita curso, no importa lo formado que esté.
Desaparece la educación especial con la que se atiende a niños con una determinada discapacidad. En un plazo de diez años, según estiman las autoridades, esos alumnos quedaran disgregados en colegios ordinarios. Esto supone una gran tragedia para muchas familias, no solo porque se ignoran las necesidades específicas de sus hijos, sino porque se les niega el cuidado a los que muestran un cuadro complejo de deficiencias.
En Educación, hay muchas competencias transferidas a las autonomías, solo se comparte el 65% del curriculum. A estas diferencias se añade el componente lingüístico, introducido como lo más importante, por encima del idioma patrio. No se puede hablar entonces de un sistema educativo español sino de un 17+1.
La idea machacona de colocar en primer lugar la inclusividad supone poner el foco de la educación no en el talento y el mérito, sino precisamente en su ausencia. Los recursos para elevar el nivel de mediocridad, que invade al alumnado en este país, se desvían al objetivo prioritario y único de tratar lo que llaman diversidad. Pero esta diversidad, para los cerebros pensantes de LOMLOE, es la de los alumnos conflictivos o con dificultades de aprendizaje, que no llegan a mejorar o lo hacen en pocos casos sus horizontes, pero que todo indica son merecedores de mas atención que los luchadores.
La tendencia neoliberal de la llamada economía global, en el caso del sistema educativo español, da lugar a un sistema descentralizado en que cada una de las l7 Comunidades Autónomas, mas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, administra sus sistemas educativos con competencias no solo ejecutivas, sino legislativas.
Con cada cambio de partido político en el poder, la primera medida ha sido siempre anular la ley educativa del anterior gobierno, sin pensar siquiera en que tal vez solo habría que mejorarla. Cada uno acomete su particular visión de la educación, contenida en el texto constitucional, para imponer sus principios y dogmas.
La educación se trivializa por cada partido en el poder, convierte a los padres y alumnos en el objeto de su juego político, sea de la tendencia que sea, y devalúa el reconocimiento social de la escuela y de quienes trabajan en ella.
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debió sumergirse en la absoluta desolación -en la sesión del Congreso del pasado martes, aunque no estaba solo, desde su bancada lo abrazaban los aplausos. En todo caso, se le vio dudar, según qué paso iba a dar, porque cada uno suponía descender más a un campo de minas.
Hay que reconocerle que intentó discutir racionalmente con sus adversarios, pero estos repetían machaconamente: ¿Por qué cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos?, refiriéndose a las verdaderas razones. Debió pensar: eres un profesional,¿ de qué tienes miedo? Venga ya, tío.
Y así se sometió al escrutinio brutal de un Congreso, en que los hipercríticos se ubicaban en el bando con la mitad de los votos del electorado, aunque el dato resulta irrelevante para las autoridades. Así que decidió moverse con cuidado.
Los reproches tenían que ver con un tema, que viene dando coletazos desde el pasado 25 de mayo. En esa fecha, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, propuso al secretario de Estado de Seguridad el cese del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia (de este cuerpo) en Madrid, por razones muy claras: pérdida de confianza por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones en respuesta a peticiones de la jueza
Grande-Marlaska alegó que se trataba de una remodelación del cuerpo y en el Senado lo negó todo. Hace solo dos días, fuentes oficiales aafirmaron que la petición irregular obedecía solo a los efectos del conocimiento no para saber el contenido de la investigación. La aclaración parecía pertinente para evitar que los involucrados pasaran por vulnerar la separación de poderes, protegida por la Constitución.
La carta de Gámez no se habría conocido si no la hubiese publicado el diario El Confidencial. que puntualizaba las razones para el fulminante cese; la negativa a revelar las investigaciones judiciales, bajo secreto del sumario, en las que colaboró el cuerpo para aclarar las responsabilidades por la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo, cuando ya se sabía la magnitud de la pandemia. En todo el territorio, se celebraron diferentes encuentros en los que participaron 130 mil personas. Posteriormente, varias de las participantes más célebres se contagiaron.
El cese implicó también la dimisión el 26 de mayo del teniente coronel Laurentino Ceña. como director adjunto operativo de la Guardia Civil, adelantando unos días su relevo, previsto para el 2 de junio. Esa misma semana se relevó al teniente general Fernando Santafé del Mando de Operaciones.
Marlaska nombró al teniente coronel David Blanes, jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid. Pero esta no era la única opción del ministro, hubo otras diez proposiciones, rechazadas por los solicitados. Este mando era responsable del Aeropuerto de Baraja de la capital cuando el caso de Ábalos y su intervención en el viaje de una horas de la segunda del presidente Nicolas Maduro, Dalcy Rodríguez.
Este caso no ha sido dilucidado aún y recientemente, algunos empleados descontentos de la embajada venezolana en Madrid, revelaron que las maletas con oro, que portaba la señora Rodríguez, estaban en esa sede diplomática. El gobierno y Abalos negaron la existencia de tal equipaje. Según las fuentes citadas, llevaba dinero u oro para comprar voluntades en PSOE, Podemos y grupos afines para que ayudaran a introducir el comunismo en España.
Aparte de esto, lo que quedó claro en esa ocasión es que violando el acuerdo de Schengen, en el que la Unión Europea prohibía el paso de cualquier agente de Maduro por el espacio europeo, ella pisó suelo español al llegar al aeropuerto, pasar a una sala y conversar con Abalos y luego tomar de nuevo el avión turco, que la trasladaba a Venezuela.
Lo que dejó al descubierto la publicación de un documento reservado de la directora de la Guardia Civil por El Confidencial es que el ministro mintió ante los diputados, a la prensa y en la rueda de prensa al afirmar que el cese era por una remodelación y no por no cooperar con el gobierno en saber sobre la investigación en curso y por la que fue citado como imputado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.
En la tribuna parlamentaria había dicho el 27 de mayo que todo se debía "a un cambio de equipos. Un proceso natural de sustitución basado en la confianza...En los últimos tiempos se han realizado distintos cambios, que se han visto paralizados como consecuencia de la pandemia".
La jueza Carmen Rodríguez-Medel tiene abiertas diligencias contra Franco por un supuesto delito de prevaricación al no haber prohibido la susodicha manifestación del 8 de marzo y otras concentraciones y actos multitudinarios en los primeros días de marzo pese al conocimiento del Gobierno sobre la peligrosidad del Covid-19 y su grado de expansión en aquel momento.
Grande-Marlaska, como quien se sacude la pelusilla del traje, dijo ayer en el Congreso que el no cesó al coronel. Esto-dijo- fue obra del secretario de Interior a propuesta de la directora de la Guardia Civil, lo que, de acuerdo al documento disponible, es cierto. Sin embargo, uno se pregunta: ¿de quién depende este secretario?
El día anterior en el Senado, el ministro apuntó a que se había pedido una indicación sobre lo ocurrido con las investigaciones, preguntando por qué se ocultó a la cadena de mando. Como ex-juez, debía haber reconocido que rozaba peligrosamente la interferencia en una investigación, que requería la participación de los agentes.
La destitución coincidió con la decisión de la jueza de avanzar el procedimiento contra Franco. De fuentes jurídicas ha trascendido la advertencia de Rodriguez-Medel que si el cese resulta ser una intromisión en una investigación en curso, tomará medidas.
La magistrada ordenó a los agentes involucrados que le reportaran solo a ella. El atestado de 80 páginas, según su opinión, es resultado de una "magnífica investigación", a la que se agregó ayer un vídeo grabado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la televisión vasca en el que confirma el conocimiento por el gobierno de la gravedad del coronavirus, por lo que algunos países habían tomado ya "medidas superdrásticas", pero que desde luego "ella no iba a decirlo"..
El ministro defendió ayer ante el Congreso su derecho a conocer los temas en los que trabaja la Guardia Civil, para estar al tanto, en un intento de justificar las acusaciones de la oposición de intromisión en el Poder Judicial. Ninguno de los diputados, que participaron en las preguntas al titular de Interior, aceptó la excusa de que solo quería conocer de manera general lo que estaba haciendo Pérez de los Cobos sin intención de conocer el "contenido" de las investigaciones.
La interpelación que más tiempo ocupó y que resultó particularmente relevante fue la de Ciudadanos, cuyo representante, Edmundo Bal Fracnés, llegó a decir al ministro que las excusas para ajustar la cúpula de Interior lo colocan prácticamente como investigado en la causa.
Grande-Marlaska, en su afán de sacudirse toda responsabilidad, llegó a decir que el cese se debía a una filtración del informe del 8-M, añadiendo que si no lo había dicho antes fue por respeto a la carrera de Pérez de los Cobos, algo muy parecido a lo que ha venido diciendo en estos días el viepresidente Pablo Iglesias. En cuanto al presidente, Pedro Sanchez, hablo ayer en sede parlamentaria de que el ministro estaría destapando al la "mal llamada policía patriótica".
La Guardia Civil es la quinta institución mejor valorada por los ciudadanos.
La Abogacía del Estado, asumiendo la función de abogado del ministro, se posicionó en contra del informe "por falta de veracidad en sus conclusiones". Muchas asociaciones de jueces y fiscales y los principales sindicatos de los guardia civiles han pedido explicaciones a Interior sobre el cese de Pérez de los Cobos y demandan conocer claramente las razones para esa falta de confianza alegada.
La Fiscalía de Madrid presentará a partir de hoy un informe sobre esta causa. Puede que -según algunas fuentes- esté sopesando si pedir el cierre de la investigación o esperar a la declaración de Franco para evaluar su postura. La Asociación de Fiscales ha considerado que lo ocurrido en este caso resulta una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil y sienta un inquietante precedente y supone un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad de que la Guardia Civil siempre ha hecho gala.
OK Diario ha revelado hoy que un funcionario adscrito a la delegación del Gobierno en Madrid, diplomado en Enfermería, confesó a la GC que había un plan del gobierno para "no alarmar" a la población por la expansión del virus para permitir la manifestación del 8 de marzo, pese a que la enfermedad estaba ya desbocada. Eso se suma a las declaraciones de dos médicas de la misma institución que aseguraron que el contagio aumentó tras esta falta de aviso a la población en los eventos anteriores y de la propia celebración del Día de la Mujer..
Con todo esto girando a su alrededor, la juez mantiene abierta la causa y realiza nuevos interrogatorios para esclarecer los hechos y puede incluso que saque una pieza aparte si el coronel no hizo más que negarse a dar información al gobierno sobre las pesquisas, lo que, según la ley, las autoridades no pueden exigirle.
España necesitará poner en marcha duras medidas para enfrentar la grave recesión provocada por el COVID-19. El socio de coalición de gobierno de Pedro Sánchez, la formación de Unidas Podemos, ha dejado ver sin rubor sus diferencias con una parte del Ejecutivo, sobre todo con el núcleo duro económico, representado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Resulta difícil que el gobierno de coalición aguante el movimiento de desestabilización, que traen consigo las continuas manifestaciones en las que la mayoría social pide su dimisión. Han conspirado para crear este ambiente, no solo la mala gestión frente a la pandemia, sino las continuas declaraciones de alarma y la política de yo lo guiso y yo me lo como en la que se ignora al Congreso en la toma de decisiones frente a una situación tan grave.
Durante la aprobación de la quinta prórroga, que Sánchez dijo será la última, aunque sigue negociando para un sexta, se constató lo tambaleante de su posición. En la primera, obtuvo el apoyo de todos, en esta, alcanzó por los pelos la mayoría simple. Y aunque repite constantemente que el acuerdo firmado este lunes con Bildu, heredera de Batasuna (brazo político de la ETA) resultaba necesario para pasar esta nueva alarma, resulta que es mentira. Ya tenía la mano tendida de Ciudadanos para lograrlo.
Creo que como el PNV no estuvo por apoyar a Sánchez en esta ocasión, ha querido enviarle un mensaje muy torpe de advertencia, pactando con Bildu, su socio en la gobernanza de Navarra. No puede decirse que sea la primera vez que va de la mano con esta formación, que organiza en País Vasco los homenajes a etarras presos o excarcelados.
Bildu seguía el guión de su socio Pablo Iglesias supeditando la abstención en la prórroga con la derogación íntegra de la ley de Reforma Laboral, aprobada en 2012 durante el gobierno de Mariano Rajoy, y por la cual una gran cantidad de trabajadores tienen derecho a cobrar hoy los ERTEs, algo así como un dinero para ir tirando en tanto la empresa se recompone y puedan volver a su puestos de trabajo, si es que lo hacen alguna vez.
Los agentes sociales, hace solo unos días habían alcanzado un pacto para prolongar los ERTEs, pero los empresarios, representados por la CEOE, han decidido levantarse de la mesa. Ni los sindicatos ni la patronal ni los ministros sabían de que tal acuerdo se estaba gestionando y esto ha puesto de relieve la irrelevancia del equipo económico del Ejecutivo.
Unos 900 mil trabajadores afectados no cobran los ERTEs, según un informe del Consejo General de Gestores Administrativos, que anunció una cifra de desempleados por encima del millón y medio en los próximos meses debido al cierre de 240 mil empresas. De estas, unas 135 mil habían aplicado el procedimiento contemplado en la Reforma Laboral, que pretenden abolir la izquierda más radical dentro del gobierno.
Esta medida figura en el pacto de gobierno suscrito por el PSOE de Pedro Sánchez con Unidas Podemos para crear la coalición de gobierno y garantizar su investidura. Algo que el recién confrmado jefe de la formación morada, Pablo Iglesias, le recordó a la vicepresidenta Calviño, cuando horas después puso el freno y anunció que la Reforma no sería derogada.
Esta a resultado ser la primera manifestación pública de su parte ante el malestar por la iniciativa a pesar de que el pacto no se habría firmado sin la anuencia de Sánchez. Esta mujer, de las más preparadas del actual gobierno - por no decir la única- había sido ninguneada en más de una ocasión por Iglesias, con el apoyo del presidente, en temas de carácter económico, que es para lo que está designada.
Al hacer valer su autoridad - según se dice con dimisión incluida- Calviño portaba el peso de una llamada de Bruselas, que reaccionó con rapidez, recordando a España que el dinero de los parados lo dan ellos. Frente a una política económica, que Unidas Podemos tiene intención de llevar adelante a pesar de las opiniones en contra de los expertos, el gobierno tendrá que requerir la asistencia del Banco Central Europeo, el Eurogrupo, la Comisión y los mercados financieros. Todo para pagar pensiones, sueldos de funcionarios, el desempleo, los ERTEs y las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
Para todo esto se requerirá en los próximos años unos 300 mil millones de euros extra. Una fracción en transferencia y el grueso en créditos condicionados. Desde que alcanzó su sueño de ser presidente mediante una moción de censura a Rajoy, apoyada por el PNV, Sánchez ha incrementado la deuda pública en 141 millones de euros cada día hasta el record histórico de mil 224 billones, según cifras del Banco de España.
Los países de la Unión Europea mediante el Fondo de Rescate, bajo las siglas MEDE, disponen de una línea de crédito de 240 mil millones de euros para enfrentar las secuelas del coronavirus. Cada miembro podrá pedir hasta un 2% de su PIB para gasto sanitario con mínimas condiciones. Este instrumento fue diseñado en especial, después de un acalorado debate de la Junta de Gobernadores, para ayudar a España, Italia y Francia, que se hallan entre los más afectados.
La oferta del préstamos a 10 años de unos 24 mil 900 millones tiene un coste cero. Sánchez no ha querido acogerse hasta el momento al rescate y tiene hasta el 31 de diciembre del 2022 para decidir lo que hará.
El gobierno, que no puede pagar los ERTEs y no sabemos si podrá hacerlo con el paro y las pensiones, a espaldas del Congreso otorgó a Venezuela unos 3,8 millones de euros, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Algo parecido a lo que hizo el ex-presidente, el socialista José Luis Rodriguez Zapatero en otras latitudes. Se sabe que Venezuela recibió de España en 2017 un millón 107 mil euros; en 2018, 418,164 euros; y en 2019, 2,3 millones. Lo aportado este año se ignora, pero nada de esto se habría sabido si el partido VOX no hubiese formulado una pregunta en sede parlamentaria para aclarar este asunto.
En lo que probablemente es la peor crisis de España, desde la Guerra Civil, la actividad del gobierno parece copiar los errores de la presidencia de Rodriguez Zapatero ante la crisis de 2008, como son la inacción total frente al golpe, shock económico, sobreactuación con fallidas políticas de demanda y un nuevo shock económico autoinducido, según Libre Mercado. El gobierno actuó tarde y de manera insuficiente y esto nos traerá años de recuperación, gobierne quien gobierno.
La OCDE, la agrupación de las economías avanzadas, ha pronosticado que el impacto negativo será algo inferior al 30% y el crecimiento del PIB en consecuencia dependerá de factores tales como la magnitud y duración de los cierres de empresas y negocios a nivel nacional, la caída de la demanda de bienes y servicios y la rapidez con la que las políticas fiscales y monetarias de apoyo surtan el efecto esperado.
Veintidós países de la UE han aprobado exenciones y moratorias fiscales, solo España sigue apoyándose en un plan de avales de 100 mil millones de euros, de los que solo han aprobado 20 mil millones, siguiendo las recetas del vicepresidente Iglesias y que todos los expertos coinciden en que solo tiene como fin atentar contra la propiedad privada y el libre mercado, sin resultados visibles para la economía en su conjunto.
La defensa de la igualdad como acción diferencial radica en que la libertad no es diferente a la capacidad. Considerándome una mujer liberal y liberada, creo en la igualdad de oportunidades y su abstracción de que todos somos iguales ante la ley. Y esto es lo que en verdad ha defendido siempre el movimiento feminista, que no propugna el enfrentamiento de géneros ni considera a todos lo hombres culpables.
No se puede imponer un deber de compensación a un colectivo social como los hombres, que no son responsables de perpetuar los estereotipos, que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Lo que se ignora a veces es que las propias condiciones sociales producen limitaciones en la capacidad de elegir de ciertas mujeres, cuyo estilo de vida se ve relegado por tradición al ámbito familiar.
A veces he pensado que la palabra género debería erradicarse del discurso político-jurídico. Muchas veces el significado del término se trasmuta con fines políticos, como cuando se habla de la mujer en plano de identidad para significar solo las diferencias biológicas, que es de lo que se agarran muchos para no considerarlas sus iguales.
Lo político y lo social contiene la ósmosis para alcanzar un cambio de mentalidad en la sociedad, pero este no tendrá lugar si las mujeres no están representadas en los órganos de toma de decisiones. Hablar de igualdad es considerar a las mujeres y a los hombres como individuos diferentes, aunque iguales.
Para combatir la plaga del antisexismo, resultaría imprescindible que las leyes no vayan dirigidas a un género en particular, creando una cultura política en la que el sexo es una variable fundamental y única para defender a la mujer.
El gobierno de España aprobó el pasado día 3 _ tras tres semanas de debates internos_, el capricho legal de la ministra de Igualdad, Irene Montero, llamado con mucha rimbombancia Ley Orgánica para la Garantía de Derechos de la Libertad Sexual. Se aprobó con precipitación para usarlo como totem de fe el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer.
El anteproyecto, publicado por el diario El País, afín al PSOE, por lo que tuvo acceso al contenido, a pesar de que aún no se ha publicado en la web del gobierno, se adentraba en asuntos que no correspondía abordar, en opinión de los expertos. El Ministerio de Justicia rogó que se revisara con sosiego pues la extensión de la violencia sexual no se corresponde con los hechos conocidos y recogía supuestos más allá de la violencia de género.
Agregaban los juristas, que había confusión con los derechos contemplados en otras normas e incluía delitos inexistentes como la extorsión sexual y se homogeneizaban las conductas penalizadas. Los delitos de violencia de género y machistas recogido en la nueva ley no figuran en el Convenio de Estambul, esgrimido como base por la ministra Montero.
Este tratado internacional del Consejo de Europa reconoció en 2011 como problema social la violencia contra la mujer, considerando tales actos discriminatorios y una violación de los derechos humanos. España, lo puso en vigor en 2014. Pero la ley de Igualdad de Montero, con un carácter marcadamente populista, no es tan fácil de enarbolar como una pancarta.
La chapucera redacción de la regla enfrentó al vicepresidente Pablo Iglesias con el Ministro de Justicia, quien creía que debía dedicarse más tiempo a la redacción del texto. “En las excusas técnicas creo que hay mucho machismo frustrado”, señaló el líder de Podemos, una formación, en coalición de gobierno con el PSOE, que no soporta las discrepancias, pues se considera tan sumamente progre, que está convencida de que todo lo hace bien.
El anteproyecto de ley ha estado dirigido por el grupo de Iglesias dentro del Ejecutivo y hay que decir que las discrepancias en el seno de la coalición no han finalizado con el paso por el Consejo de Ministros. Incluso, después de ser aprobado, al coste de muchas tensiones, continúan los coletazos.
Hasta ahora, para que hubiera agresión sexual debían concurrir violencia e intimidación, caso contrario se veria como abuso. La nueva ley omite esto y enfoca solo el consentimiento como la manifestación libre "por actos exteriores, concluyentes e inequívocos” de la voluntad de participar en el acto. Los expertos observaron una invasión de competencias educativas o en asistencia social, en manos de las Autonomías, y el intento de establecer delitos inexistentes como el sexting.
El hembrismo punitivo, subyacente en el anteproyecto, ha convertido la igualdad social de la mujer en una dictadura de las féminas al eliminar la presunción de inocencia, porque como se encargó de puntualizar de manera nada acertada la vicepresidenta Carmen Calvo, a la mujer hay que creerla siempre. Hay que decir que muchas mujeres militantes socialistas y hasta feministas no se consideran representadas por estos contenidos, como se ha podido ver y leer en los medios de prensa españoles.
El feminismo se ha convertido así en una coartada y ha dejado de ser bandera de la igualdad ante la ley. En la nueva norma, por cierto, no se habla de conciliación familiar, una de las mayores preocupaciones de las mujeres trabajadoras. Resulta, eso sí, un caballo de troya para introducir elementos anti-sistema, al más puro estilo de trinchera de Podemos, para subvertir el estado liberal y democrático de derechos y convertirlo en uno sin contrapesos.
Montero y su equipo desean juzgar y condenar a la gente por lo que piensa y no por sus acciones. Es la razón de colocar a sus afines en los puestos de relevancia dentro del poder. A mi modo de ver, y no soy jurista, estamos ante un supremacismo de género y de momento avanzan en ese terreno. Así vemos que la ministra de Igualdad ha defendido que la norma, su norma, tiene el consenso de lo que identifica como gobierno femenino.
Montero ocupa hoy el mismo ministerio que tuvo Calvo en la pasada legislatura y que la coalición con Unidas Podemos hizo caer en sus manos como agua de mayo. Todos los expertos coinciden en su ignorancia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en que hay mucha carga política en el texto. Una ex-diputada socialista, miembro de siempre del movimiento feminista español, ha puesto de relieve que las políticas de igualdad no pueden ser el laboratorio de aprendizaje de Podemos porque se pone en riesgo el compromiso social con la igualdad entre mujeres y hombres.
Los medios han hablado mucho en esto días del caso de las niñas arrancadas del seno familiar y puestas bajo protección pública en Baleares, donde gobiernan PSOE y Podemos, y que han sido violadas y prostituido por la negligencia de sus cuidadores. El Partido Popular exige una comisión de investigación de estos hechos en el Congreso a la que se opone la misma alianza en Madrid. Queda claro que la preocupacion por el genero femenino tiene limitaciones como seria no poner a las autoridades en tela de juicio.
Tras la primera lectura en el Consejo de Ministros, el anteproyecto comienza el proceso de audiencias públicas, durante el cual deberán emitirse los informes preceptivos del Consejo del Poder Judicial o del Consejo de Estado antes de regresar el Ejecutivo, que lo presentará para su tramitación en el Congreso.
La ley de educación aprobada por el Consejo de Ministros esta semana será la octava en mas de 40 años de democracia española. Las normas se sacaban adelante con prisas por los gobiernos sucesivos para evitar su derogación antes de entrar en vigor como ocurrió en 2004.
La LOCE fue derogada por el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que implantó otra llamada LOE, aboliendo la aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular de José María Aznar. La LOMLOE, que es la actual, podría entrar en vigor el próximo curso 2020/2021.
La Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación anterior del gobierno del PP de Mariano Rajoy, es el producto del acecho a que la sometió el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigido por Isabel Celáa. Un hecho real es que a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, una cuarta parte de los escolares españoles sigue sin alcanzar el título de Educación Secundaria Obligatoria.
Las comunidades autónomas con lengua propia seguirán teniendo más competencias para decidir el grado de la enseñanza del español. Esto tiene ya consecuencias en el currículo básico escolar, donde los idiomas regionales tienen más peso que el establecido por la Constitucion como oficial para todo el territorio.
El gobierno se ha escudado en la defensa de la enseñanza pública como pilar de la sociedad: "Solo desde un sistema público fuerte se puede garantizar la equidad y la igualdad" en opinión de la portavoz María Jesús Montero. Pero una de las chinas en el zapato es dejar sin cobertura legal a la la lengua oficial y dejar de lado a las escuelas concertadas (privadas integradas en la enseñanza pública). En ellas estudia un 25% del alumnado y ayudan a ensanchar las posibilidades de participar del sistema a amplias capas de la población.
Nos encontramos así con que el objetivo de este gobierno, sobre todo en lo que se refiere a Formación Profesional, de intentar controlar el fracaso escolar para que todos los estudiantes titulen, tengan las notas que tengan. La repetición del curso pasa a ser una "medida excepcional".
Otro objetivo, que se espera cumpla la LOMLOE, es acabar con el paro juvenil, de ahí que entre otros aspectos se pretenda recuperar parte del poder cedido a las Comunidades Autónomas sobre enseñanza con el establecimiento, como pretendía ya la LOE, que el gobierno central decida sobre el 55% de los contenidos curriculares en regiones con lengua co-oficial y el 65% en el resto, pero de momento esto no podrá ejecutarse.
Lo que ha supuesto para muchos padres un respiro es que la asignatura de religión no será obligatoria sino voluntaria y lo más importante: no contará para la nota media. Y aunque muchas asociaciones cristianas se rasguen las vestiduras, así es como debe ser. La religión es un tema de fe y no de la enseñanza básica, en la que todos los españoles participan con sus impuestos, así que debe relegarse al ámbito de las iglesias.
Celáa provocó un choque brutal con los padres al decirles descarnadamente hace unos dias que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de estos a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza", que era tanto como decirles que nada tienen que decir sobre la educación de sus hijos. Y esto es verdad, de cierto modo, ya que el Estado tiene la hegemonía sobre sus ciudadanos -no así el gobierno- y conserva la patria potestad, que cede a los padres.
Todo este rifirrafe vino a tenor de una iniciativa de Vox, que se ha venido aplicando en Murcia, respecto a las actividades extracurriculares, en cuanto a dar o no permiso para que sus hijos asistan. Y pienso que en esto si tienen algo que decir los padres, porque si un profesor da una conferencia sobre relaciones sexuales, esto no puede de ninguna manera ser obligatorio porque no forma parte de la enseñanza básica.
Los dos principales sindicatos y las asociaciones de profesionales españoles advierten de que algunos de los contenidos de la ley supondrán bajar la calidad y la exigencia, que resulta parcial, precipitada y sin consenso, muy a pesar de que la ministra Celáa hable de excelencia, dando la vuelta al significado de la palabra, que no es otro que procurar la mejora del alumno, no que se achante sabiendo que pasará de curso sí o sí.
Esta es una ley que nace con un mayor consenso que la LOMCE, pero siendo, como es, una cuestión de estado, deberían haber participado en su elaboración la mayoría de partidos representados en el Congreso para evitar que el día de mañana un cambio de gobierno nos sitúe de nuevo en la encrucijada de cambiar la norma porque al partido de turno no le guste.
Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho con claridad que parece imposible creer que PSOE y Podemos se apoyen en los nacionalistas excluyentes de ERC y PNV para decidir sobre la educación de todos los españoles y aboga por la creación de una subcomisión para recuperar el pacto de estado por la educación, a punto de salir adelante, cuando topó con la oposición socialista.
Los españoles siguen confiando en unos líderes que no siempre tienen en mente en sus acciones el interés de todos. Si nos tomamos a pie juntillas los sondeos de opinión, el paro, la escasez de prestaciones a los más vulnerables y las malas relaciones con Cataluña son los temas que realmente preocupan a todos. Carece de importancia si el Parlament catalán votó a favor de la separación de España, no es ni de lejos un estado dentro de otro.
La forma en que ha llegado al poder el actual Ejecutivo, asociándose con la extrema izquierda de Podemos, traza una línea de continuidad con la izquierda europea más rancia y levanta las sospechas de un futuro perturbador. Todos esperan un sablazo fiscal, que no afectará a los ricos, sino a los autónomos y a las clases populares, iniciativa de Podemos, aun cuando desde el gobierno se habla de defender a los que menos tieneln.
Tenemos un claro ejemplo de estas diferencias, que van en la dirección de mantener a Pedro Sanchez en la presidencia con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas catalanes y del País Vasco. La manifestación protagonizada hace dos días frente al Congreso de Policías y Guardia Civiles con la exigencia de una equiparación salarial con quienes realizan la misma función en Cataluña y País Vasco, teniendo en cuenta que en todos los casos la caja del es la misma: el Ministerio del Interior, es un claro ejemplo de lo anterior.
España tiene los peores resultados en el conjunto de países de la OCD, según indicadores de PISA, a pesar de ser uno de los que más invierte en Educación. Pero si el sistema no funciona de nada vale el dinero. De no lograrse una forma de control único del Estado o que se prescinda del adoctrinamiento político en las escuelas, como es el plan de Podemos, y sigan existiendo los 17 sistemas inconexos educativos en este país, no se avanzará en este tema y continuaremos a la cola de las naciones desarrolladas de Europa.
La sociedad española atraviesa un momento importante de su historia plagada de hitos trascendentes, entre otras razones, porque es la primera vez que se tiene un gobierno de coalición con participación de los comunistas. Los extremos, que durante años se han contenido, surgen rodeados de rencores y pases de cuenta extemporales, y los recientes pasos del Ejecutivo así lo demuestran.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha volcado sobre Europa a todos los refugiados de guerra, muchos de los cuales tienen que ver con su manera de inmiscuirse en la guerra en Siria.
Turquía acoge a tres millones 700 mil refugiados sirios y otros varios centenares de nacionales como iraquíes, afganos e iraníes. La contrapartida económica de tres mil millones de euros por la firma del acuerdo sobre migración firmado en 2016 con Bruselas, se ha terminado.
Esta es la última amenaza de un aspirante a dirigir un renovado imperio otomano de carácter musulmán, surgido de las cenizas de lo que fuera la Turquía laica de Mustafá Kemal Ataturk.
A Turquía no se le puede tocar porque es un aliado importante dentro de la OTAN, a pesar de que Ankara decidió hace tiempo tener su propia geopolítica. La apertura de puertas a los refugiados para que pasen a territorio de la Unión Europea es parte de este proyecto. Son personas que nada tienen que perder o que ganar y si alguno evita su paso, son los griegos, no Bruselas, a pesar de las críticas levantadas con vídeos en los que se muestra una represión desmedida contra esa oleada.
Lo primero que hay que decir es que ya tienen su grado de refugiados, obtenido al llegar a los campos turcos. Frente a este reto, los europeos se preguntan si la UE tiene de verdad políticas exteriores y de seguridad funcionales.
El primer ministro Kyryakos Mitsotakis ha señalado que no estamos ante un problema de refugiados sino de un ataque de Turquía para utilizar a estas personas en la promoción de su agenda geopolítica y desviar la atención de la terrible situación en Siria. La presidenta de la Comision Europea U. von del Leyen, en una alocución directa a Erdogan, dijo que fracasarán aquellos que pretendan acabar con la unidad de Europa. No cederemos y la unión prevalecerá, ha sentenciado.
La anterior crisis en 2016 la facilitaron Alemania y Francia porque les venía con el fin de no adoptar a más refugiados y hemos visto el desastre que ha supuesto colocar los campos de refugiados en Turquía, bajo el control de ese gobierno. La UE se desentendió del problema y no se preocupó por institucionalizar estos campamentos y de crear una fuerza para mantener bajo control los límites establecidos.
Así que por mucho que Leyen hable de unidad y hasta pueda parecer que su postura es gallarda frente a Erdogan, Europa carece de la capacidad para resolver con eficiencia un problema de esta naturaleza, de por sí complejo y viral, por la ausencia de una política exterior común y no disponer de medios propios para contener esta epidemia. Los europeos con sus votos y en manifestaciones han dejado claro su cansancio por la defensa de algunos derechos humanos en detrimento de otros.
En el trasfondo, está que Europa le negó a Erdogan los seis mil millones que pedía para atender el problema en su territorio, reduciendo el dinero a la mitad e con un incumplimiento flagrante de su promesa de ayuda. Puede que esta resistencia estuviera dictada por la convicción de que Ankara utilizaría la ayuda para fortalecer su guerra en Siria. La moraleja que deja la historia es que si se negocia con personajes cuyo interés no es la democracia, ocurren estas cosas.
Hablamos en esta crisis migratoria de un asalto masivo, perfectamente organizado y financiado, ilegal, que los grupos buenistas y progres han recogido para sí reclamando ayuda humanitaria.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos monitoreó activamente durante décadas las comunicaciones diplomáticas y militares de numerosas naciones latinoamericanas a través de máquinas de encriptación suministradas por una compañía suiza, propiedad en secreto de la CIA y de la agencia de inteligencia alemana BND, según informes del canal ZDF y el Washington Post. La empresa era suiza con el nombre de Crypto AG.
Los registros desclasificados publicados por el Archivo de la Agencia Seguridad Nacional (NSA), muestran entre los países vigilados en secreto, a los regímenes militares integrados a la Operación Cóndor, todos del Cono Sur de América. Figuran como comprometidos principales: Chile, Argentina y Uruguay, los que realizaban actos regionales e internacionales de represión y terrorismo contra las principales figuras de la oposición de todo el mundo para su liquidación a mediados y finales de la década de 1970.
El uso de los dispositivos de Crypto AG proporcionó a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional la capacidad de decodificar miles de mensajes, incluyendo potencialmente una serie de episodios históricos dramáticos, entre ellos: el golpe militar de 1973 en Chile; el golpe militar de 1976 en Argentina; el asesinato del coche bomba de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington DC en septiembre de 1976; el bombardeo terrorista de un avión de Cubana frente a la costa de Barbados en octubre de 1976; la revolución sandinista y la guerra contraria en Nicaragua y la guerra de las Malvinas de 1982 entre Argentina y Gran Bretaña, entre muchos otros.
La compañía Crypto AG, fundada en la década de 1930 por el inventor sueco, Boris Hagelin, ya tenía un "entendimiento de caballeros" desde 1950 con la NSA, según datos revelados por el Washington Post. Con la compra en secreto de la agencia por la CIA / BND, Estados Unidos y Alemania "manipularon los dispositivos de la compañía para que pudieran descifrar fácilmente los códigos usados por los países para enviar mensajes cifrados", generando una gran cantidad de intercepciones de Inteligencia de países de todo el mundo, entre ellos Irán, Egipto, Pakistán, Arabia Saudita e Italia. En 1995, la CIA compró en secreto la participación del BND por $ 17 millones, se hizo con la propiedad absoluta de la Crypto AG, hasta que ha solo dos años en que liquidó sus activos restantes.
La operación de recopilación de Inteligencia clandestina se denominó inicialmente Tesauro y luego se cambió a Rubicón. El nombre en clave de Crypto AG era Minerva, que en su apogeo vendió miles de sofisticadas máquinas de cifrado a más de 100 países. En América Latina, los clientes incluyeron a México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y Nicaragua. Dado que las naciones de la Operación Cóndor construyeron su red de comunicaciones secretas en torno a las máquinas Crypto AG. La comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos podría haber monitoreado los planes y las misiones de esa misión terroristas de los gobiernos del Cono Sur, incluidas las tramas de asesinatos múltiples en la región, en Europa y los Estados Unidos.
Las comunicaciones en bruto y los informes de Inteligencia generados a partir de ellos, a los que el Post y el ZDF no tenían acceso, representan un tesoro de archivos aún secretos que podrían iluminar significativamente la oscura historia de la región, así como cuándo los Estados Undidos supo sobre las operaciones de los regímenes militares y como utilizaron los funcionarios estadounidenses ese conocimiento. "Las revelaciones en los documentos pueden proporcionar razones para revisar si Estados Unidos estaba en condiciones de intervenir, o, al menos, exponer atrocidades internacionales", señala el Washington Post.
La Operación Cóndor representó un acuerdo formal entre las dictaduras militares del Cono Sur para coordinar las operaciones represivas, incluido el asesinato, contra opositores militantes y civiles de sus regímenes. En la reunión inaugural, organizada por el régimen de Augusto Pinochet en Santiago, Chile, en noviembre de 1975, oficiales militares de cinco dictaduras militares firmaron un acuerdo que establecía el establecimiento del sistema de criptología, con el conocimiento de que podría ser "vulnerable" y sería reemplazado en el futuro con máquinas criptográficas seleccionadas de común acuerdo. Después de la segunda reunión de Condor en junio de 1976, la CIA informó: "Brasil acordó proporcionar equipo para" Condortel ", la red de comunicaciones del grupo".
El equipo para estos fines provino de Crypto AG. En un cable de Inteligencia redactado a principios de 1977 sobre el "Sistema de comunicaciones empleado por la Organización Cóndor", los agentes de la CIA informaron que el ejército brasileño había suministrado a la red máquinas de cifrado manual de origen suizo conocido como CX52, similares en apariencia a una "vieja caja registradora con números, manijas deslizantes y un dial operado manualmente en el lado que se gira después de cada entrada".
A fines de 1977, la red Condortel se actualizó con dispositivos de cifrado nuevos. Un informe secreto y recientemente desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) da a conocer el suministro ese año por parte de Argentina del equipo Hagelin Crypto H-4605 a Condortel para mejorar la seguridad de sus redes de teletipo. Cuando Ecuador se unió a la red Condor en 1978, la CIA supo de su entrada en el sistema de CONDORTEL porque un oficial argentino estaría supervisando la instalación del sistema en el Ministerio de Defensa Nacional.
Las operaciones de espionaje a través de Crypto AG posiblemente proporcionaron a la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos un conocimiento mucho más detallado de las operaciones de Cóndor de lo que se reconoció anteriormente. Los registros de inteligencia norteamericanos, generados por estas operaciones de espionaje, podrían ser "un cambio histórico en el juego", según Carlos Osorio, quien dirige el Proyecto de Documentación del Cono Sur en el Archivo de la NSA. "Si se desclasifica", señaló, "este vasto tesoro de intercepciones de comunicaciones podría avanzar significativamente la historia de la Operación Cóndor, así como la historia contemporánea de toda la región".
Parte de la historia clandestina de los lazos de Inteligencia de Estados Unidos con Crypto AG se habrían filtrado de manera fragmentaria en los últimos 40 años. El ex agente de la CIA Philip Agee publicó em 1975 su libro Inside the Company, un diario con la historia desclasificada del programa de criptología de la NSA durante la Guerra Fría, en que afirmó que las máquinas Hagelin construidas en Suiza tenían vulnerabilidades, explotada por esta Agencia para obtener Texto sin formato."
El libro de James Bamford sobre la NSA, Puzzle Palace, de 1982, identificó también referencias al "proyecto Boris" en cartas del enlace de la NSA de Hagelin, William Friedman, a quien el Washinton Post describe como el padre de la criptología estadounidense. La NSA se movió para volver a clasificar los documentos en 1983; censurados y finalmente liberados con miles de otros registros históricos en 2015. Entre esos documentos estaban los informes de Friedman sobre sus viajes secretos a Suiza para reunirse con Hagelin en nombre de la NSA, y el "entendimiento de caballeros" alcanzado a principios 1950.
A principios de la década de 1990, el "secreto de Minerva" fue casi expuesto después de que Irán arrestara a un vendedor de Crypto AG llamado Hans Buehler, alegando que era un espía. Este hombre nada sabía de la propiedad secreta de la CIA / BND y fue detenido e interrogado durante nueve meses y liberado después de que la compañía pagó un rescate de un millón de dólares. Tras su vuelta a Suiza, Buehler demandó a la compañía y comenzó a hablar con la prensa, junto con otro ex ingeniero de Crypto AG, que sospechaba del control de la compañía por las agencias de Inteligencia occidentales. La cobertura de los medios y los registros judiciales generaron una atención significativa a los lazos no verificados entre los servicios de inteligencia alemanes y estadounidenses y Crypto AG.
