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lunes, 30 de octubre de 2017

Cataluña: el tercer día


Por Mirta Balea


La intervención del gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Cataluña otorga a la ciudadanía una cierta normalidad, solo interrumpida por el goteo informativo generado por las distintas acciones de sus principales protagonistas en un drama que convulsiona al país y promete alargarse en el tiempo.

El presidente Mariano Rajoy anunció el pasado día 27 la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución como única manera de volver al estado de derecho en ese territorio. Cesó a todo el gobierno, empezando por el presidente Carles Puigdemont y su segundo, Oriol Junqueras, y a sus siete consejeros, disolvió el parlamento y convocó elecciones en el plazo legal de 54 días para el 21 de diciembre.

Ese mismo día los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas y secesionistas habían declarado la independencia unilateral de España y el Senado en Madrid dio luz verde a la aplicación del 155. A penas tres días después, estas mismas fuerzas, que han calificado de ilegítima la convocatoria, han mostrado su disposición a participar en ella.

El artículo 155 señala que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones emanadas de la Constitución y sus leyes o actuara de manera que atente contra el interés general de España, el gobierno estará autorizado a intervenir para obligarla al cumplimiento forzoso de tales obligaciones. Incumplir con la legislación vigente y atentar contra los intereses de todo el país es lo que se ha venido haciendo desde hace algunos años en Cataluña, pero muy en especial, en los últimos 18 meses.

La votación de la independencia por un grupo de parlamentarios catalanes sorprendió por su secretismo. Los que dieron este paso justificaron que era en prevención de alguna acción legal de parte de la Fiscalía. Los que han seguido el desarrollo de los acontecimientos pueden inferir quién votó qué, porque para empezar, se marcharon del hemiciclo los tres principales partidos nacionales: Partido Popular, la representación en Cataluña del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos para evitar una complicidad, aunque fuera solo tangencial.

Las propias leyes catalanas requerían del voto afirmativo de un mínimo de 90 diputados, pero la declaración salió adelante con solo 72. Los que votaron afirmativamente fueron la coalición gubernamental Junts Pel Si, que integra a dos formaciones tan disímiles, la derecha soberanista del Partido Demócrata Catalán y la izquierdista republicana  Ezquerra Republicana per Cataluña, además de la CUP, una Confederación por la Unidad Popular con tintes anti-sistema, comunista y secesionista.

Entre los síes computados, uno al menos hubo que leerlo dos veces, puesto que la palabra aparecía en un rincón de la boleta con letra pequeña y en un principio se había dado como voto en blanco. De estos votos quedaron al final dos. De esto se deduce sin mucho trabajo que Cataluña Si Que Es Pot, cuyos 8 diputados habían decidido participar en la votación diciendo no, se encontró con una ruptura de la disciplina porque  dos votaron en blanco y uno dijo sí.

Este último es sin dudas el representate de Podemos en la coalición CSQEP, Alvaro Dante Fachin, que a poco de saberse que los independentistas aceptaban de facto las reglas del juego democrático y entrarían en las elecciones, ha hecho saber públicamente que estaría dispuesto a participar como parte de Ezquerra Republicana.

El referendo realizado el primero de octubre careció de censo y de garantías, el gobierno central movilizó a la policía nacional y la guardia civil para impedir la votación, vetada ya por los tribunales competentes. El resultado fue que los independentistas se empeñaron en votar hasta en plena calle y como se ha visto en videos colgados en You Tube hasta cuatro veces la misma persona.

Incluso la votación del propio referendo el día 27 de septiembre fue de una excentricidad inadmisible en un parlamento que se respete. Los nacionalistas cambiaron a última hora el orden del día del pleno y cuando el resto de fuerzas no independentistas pretendieron protestar por la irregularidad se les impidió hablar por la presidenta de la Cámara, Carmá Forcadell, que por este y otros asuntos forma parte de una querella presentada por la Fiscalía. Sobre el referendo y la declaración unilateral de independencia se pronunciaron el secretario del parlamento y el principal asesor jurídico para advertir de la inconstitucionalidad de ambos actos.


La Generalitat ni el parlamento autonómicos estaban legitimados por ley a proponer o siquiera tomar una decisión de este calibre solo porque lo deseara una mayoría independentista. El pasado día 26 la mayoría de la ciudadanía esperaba que el presidente Carles Puigdemont evitara la aplicación del 155 disolviendo la Cámara y convocando elecciones autonómicas anticipadas, porque se había comprometido a hacerlo tras varias conversaciones con algunos intermediarios como Miquel Isceta, del Partido Socialista Catalán, el jefe del gobierno vasco Iñigo Urkullo, y algunos destacados empresarios. Las presiones en la red de parte de los pichones del independentismo y del propio vice-presidente Oriol Junqueras parecen haber sido la causa de que prefiriera inmolar a Cataluña a hacerlo él mismo dando un paso atrás en lo pactado.

Desde la proclamación del 155 hay una calma tensa en la Comunidad Autónoma porque la gente tiene miedo de lo que pueda pasar, a pesar de que Rajoy eliminó con su decisión cualquier argumento de los independentistas de que el gobierno reprimiría a la gente, que no habría tal transitoriedad y que la intervención duraría quizás años y ni siquiera convocaría elecciones.

Algunos grupos como la CUP llamaron a la rebelión de la sociedad civil para que los funcionarios fueran a la huelga y no acataran ninguna decisión que no emanara de la Generalitat, pero esta arenga fracasó. Antes de hacer algo así, deberían haberse preguntado si tenían suficiente moral cuando ellos mismos  votaron en secreto la independencia para evitar acciones judiciales. ¿Cómo podían pedir entonces a otros que se inmolaran por la causa?

Ha sido tal la propaganda desplegada por los grupos independentistas en los últimos años, que una parte importante de Cataluña compró la idea de que la República era posible. Para que algo tenga efecto lo primero sería que respetara el marco constitucional vigente y permitiera votar a todos los españoles. De arriesgarse a hacerlo contra todas las banderas, de manera unilateral, debían contar al menos con la seguridad de controlar sus fronteras, de tener instituciones propias capaz de gestionar el día a día, de disponer de dinero propio y no el proveniente del gobierno central y de haberse garantizado previamente un reconocimiento internacional. Junqueras llegó a decir que las empresas se pelearían por venir a Cataluña y resulta que en los últimos 15 días se ha producido un éxodo de 1,800 empresas, grandes y medianas, entre ellas dos importantes bancos, que han preferido sacar sus sedes de ese territorio.

Las elecciones del próximo 21 de diciembre no resolverán el problema de Cataluña ni repararan en un futuro inmediato el daño perpetrado contra la sociedad civil, dividida a sangre y fuego por los soberanistas, que prometieron la Arcadia. Puede que haya una recuperación económica, aunque lenta, incluso que algunas de las empresas en fuga regresen y que el gobierno nacido de las urnas proporcione una estabilidad inmediata, pero lo que será muy difícil recuperar, al menos no en un futuro inmediato, es el respeto del resto de las Españas. El problema catalán carece de respuesta binaria entre los ciudadanos.


A muchos les parece difusa la definición de nación, incluso el sonsonete de que España es plurinacional, pero el caso catalán es, sin lugar a dudas, un asunto nacional, tanto si hablamos de voluntad política de independencia como si lo hacemos desde el punto de vista cultural, de gente que comparte lengua y tradición. De ahí que muchos pensemos que la ensoñación independentista, que obnubiló a tantos catalanes y sigue haciéndolo, no terminará con las elecciones de diciembre próximo.

Esta identidad de grupo apartada del resto de España es lo que viene condicionando una deformación de la realidad para quienes se han creído las mentiras de los secesionistas, que incluso han sembrado en una buena parte de la sociedad catalana el victimismo de que se les explota en favor de otras autonomías, algo que no encuentra encaje en las cifras comparativas. Esto y que el Partido Popular, de derechas, español hasta la médula y en el gobierno haya olvidado durante tanto tiempo el discurso de la pluralidad y se haya negado sistemáticamente a revisar el modelo de estado. Ha permitido así que la alternativa para muchos catalanes sea separarse o que todo siga igual.

Hace apenas unos años, las encuestas definían claramente que un porcentaje menor de la población era independentista, pero ha tenido lugar un desmoralización de la población ante la negativa del gobierno central de desatender sus necesidades específicas. Así que entre los que votaron independencia -ese grupo nada fiable en el que se apoyó el gobierno catalán para declararla unilateralmente esgrimiendo como batuta un mandato popular inexistente,- podrían hallarse tanto los movidos por sentimientos patrióticos y de pertenencia y aquellos que lo único que buscaban era tener la libertad de votar como revulsivo de la actual situación.

Se ha venido jugando con la legalidad, diciendo mentiras a sabiendas de que eran mentiras, sin establecer una diferencia entre querer la independencia y el derecho a decidir. Resulta como mínimo pueril creer que de quien te quieres separar de forma ilegal, respondiendo solo a tus emociones y necesidades, va a permitirte hacerlo sin oponer resistencia. Con todo esto en contra y previo a a la aplicación del 155 el diálogo resultaba inviable.



El hecho de que los actores sociales defiendan modelos de estado diferentes para Cataluña es un añadido en el logro de la conciliación de un modelo de país en el marco de la independencia. Tenemos a Ezquerra Republicana, dispuesta a pactar siempre para mantenerse en el candelero, pero que defiende el modelo de República  por encima de todo, o la CUP, que lo que quiere es hacer una revolución social, con sus jóvenes anticapitalistas y comunistas, que comparan al gobierno español con el falangismo anterior a 1978, o el Partido Democrático de Cataluña, que no persigue estos objetivos ni mucho menos. A propósito de las comparaciones de la CUP entre la actual España y la franquista, muchos de los que lucharon entonces contra la dictadura han salido en las televisiones para hacerles saber la diferencia de lo que tienen hoy a lo que había antes de la proclamación de la Constitución. 

Los soberanistas tienen ante sí la ardua tarea de unificar a las fuerzas independentistas en una lista unitaria con la mirada puesta en las elecciones próximas, porque los partidos constitucionalistas, ya lo han dicho, van a salir a ganarlas y están dispuestos a crear alianzas para poder desbancarlos del poder. La últimas elecciones autonómicas mostraron que no cuentan siquiera con la mitad del total de votos.

Los independentistas deberían haber comprendido a estas alturas que no cuentan con apoyo internacional y mucho menos con el de la Unión Europea, donde el presidente del Consejo, Jean Claude Junker, se ha encargado de dejar claro que no quieren una Cataluña independiente porque detrás vendrán otros. Y es que lo que llaman el próces resulta una espada de Damocles sobre la unidad europea.

Puigdemont había trasladado el pulso parlamentario a la calle desde el pasado 27 de septiembre, convocando de manera transversal manifestaciones, algunas violentas, en las que se impedía hablar a los no nacionalistas dentro de una sociedad plural como es la catalana. Ahora se ha ido a Bruselas, con cinco de sus consejeros, para desde allí guiar el gobierno y forzar a Europa a intervenir a su favor. Estos seis catalanes evadirán enfrentarse a la justicia española por la ilegalidades cometidas.

Desde hace más de una semana, los transgresores favorables a mantenerse en España han salido también a la calle a defender la unidad, casi un millón el pasado sábado, como resultaba evidente a vuelo de pájaro. No es necesario contarlos uno a uno para calcularlo. Si los secesionistas han querido dar la impresión de que hay una única opción posible, esta gente, con banderas catalanas y españolas, en Barcelona, recorriendo las calles, agrupadas frente al Palacio de Gobierno, puede que sea la gota que colme el vaso.