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jueves, 7 de junio de 2018

EL MILAGRO SANCHEZ


Por Mirta Balea


Se ha dado el caso en España que el poder legislativo sacó por primera vez al presidente para colocar a alguien no elegido en las urnas. La moción de confianza presentada ante el Congreso por el socialista Pedro Sánchez y que le catapultó al sillón del palacio de La Moncloa derrocó sin miramientos al representante del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Esto ha desencadenado una segunda crisis política en el sur de Europa y un desconcierto en los mercados financieros, afectados por la salida del gobierno italiano y sus intentos fallidos de formar otro fiable tres meses después de las elecciones nacionales.

La moción tiene como antecedente el escándalo de sobornos por contrato de la llamada trama Gurtel, que lleva un proceso de años y cuya sentencia se conoció recientemente. El PP resultó condenado en el proceso por corrupción y perdió el gobierno. Esta formación, duramente criticada, podría perder fuelle en las próximas elecciones locales y regionales frente a otra conservadora de derechas: Ciudadanos.

A diferencia de lo ocurrido en Italia, donde el problema fue el euro, en España ha sido la corrupción, que ha estimulado las peticiones para el derrocamiento del gobierno. El presidente Rajoy no ha estado entre los acusados, pero ha debido testificar en casos contra miembros de su partido y enfrenta la humillación de que el Tribunal duda de la veracidad de su testimonio y ha condenado a la formación de centro derecha a pagar una abultada multa por complicidad.

El PP y su gobierno no tendrán tiempo de cerrar carpetas ni destruir ordenadores porque Sánchez está dando pasos acelerados para ocupar su espacio en La Moncloa y se ha apresurado a presentar ante el rey a su gabinete, que ayer juró lealtad. Rajoy ha condenado a su partido a morir en la hoguera al no renunciar ante la inminencia de la moción de censura. Dimitir habría posibilitado a su Ejecutivo a mantenerse de manera provisional en funciones, cerrar el paso a los añejos deseos de Sánchez de ser presidente a cualquier precio y controlar desde el gobierno la convocatoria de nuevas elecciones.

Los alfas del PP tampoco le han obligado a hacerlo, pero ahora Rajoy deberá intentar controlar las pasiones desatadas dentro para que abandone la presidencia y deje paso a otra figura. El PNV (nacionalistas vascos )contribuyó con su voto, muy importante, junto a los independentistas catalanes y Podemos y a los proetarras de Bildu, a colocar a Sánchez en la presidencia. Una semana antes, el PNV habría dado un voto de confianza al PP al apoyar los presupuestos generales del estado, lo que salvó al gobierno de una convocatoria anticipada de elecciones, pero después "por el bien del pueblo vasco" lo arrojó al pie de los leones.

José Luis Avalos, ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE ha dicho que las políticas sociales ocuparan un importante espacio en la agenda de Sánchez, pero esta no será una tarea fácil con 84 diputados de 350, el cuestionado apoyo del independentismo catalán, sin la presidencia del Congreso, en manos del PP, en minoría en las mesas de las dos Cámaras y con mayoría absoluta de los populares en el Senado. Al no aceptar las demandas de Podemos de formar parte del Ejecutivo, encontrará en el grupo morado un feroz opositor, dolido en su pretensión de tener alguna cuota de poder aunque sea tangencial.


Sánchez no estaba seguro de que este fuera el momento político adecuado para la moción contra Rajoy. Lo había repetido varias veces en el Congreso y de ahí que en su momento propusiera al presidente la renuncia. Al final, le pudieron sus propias ansias y las de sus más allegados por gobernar antes que optar por el agotamiento de la legislatura. Las fuerzas que apoyaron a Sánchez, más que mostrar su confianza en el nuevo presidente como garante de una estabilidad nacional, lo hicieron porque todos eran uno para sacar al PP de la Moncloa en una oportunidad de oro que podría no repetirse.

Sánchez dispone ahora de seis meses a dos años para convocar las elecciones generales, pero la celeridad en nombrar a su gabinete y mudarse a la Moncloa son indicativos de que no tiene prisas por hacerlo y que poco o nada le importa la repercusión en sus filas de la elección próxima de los líderes regionales.

En 2016, fue destituido como secretario general del PSOE por lo que entregó su acta de diputado para no verse obligado a votar a Rajoy como presidente del gobierno y decidió liarse la manta a la cabeza, desaparecer de la escena política para salir por carretera a mezclarse con los militantes y viajó a Washington para apoyar a Hillary Clinton frente a Donald Trump.

Como máximo representante de los socialistas, cargó con la culpa de los peores resultados de la historia de su partido en las elecciones de diciembre del 2015 con 90 diputados de 350 e incluso hizo el ridículo buscando alianzas para gobernar, llegó hasta firmar un pacto con una formación de centro derechas como Ciudadanos, así de desesperado estaba, pero fracasó. Al no llegarse a un consenso legislativo, se convocaron nuevas elecciones en junio del 2016 de las que salió aún más esquilmado, con solo 84 diputados, fue cuando renuncio al acta y salió a recorrer pueblos y ciudades de España.

Los viejos pericos del partido le echaron de la secretaría general, pero un giro del destino lo llevó de nuevo al cargo de la manera más deseable, por el voto de la militancia, deseosa de darle una nueva oportunidad y olvidarse de todos estos fracasos, como si en vez de estar optando por lo mismo, estuvieran ante el hombre nuevo. Un caso como el del PP con Rajoy al que nadie le estornudaba a pesar de negarse a ofrecer disculpas a los españoles por la corrupción destapada en su partido o simplemente dimitir ante la moción de censura.

El artículo 155 de la Constitución, aplicado en Cataluña por Rajoy, ha dejado de tener vigencia cuando el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió cesar en sus intentos de incluir en el gabinete a personajes políticos en prisión o sujetos a procesos por incumplir la ley sin que ni una vez se haya renunciado a la vía independentista. El objetivo es entablar un diálogo cuanto antes con el nuevo gobierno, que no le exigirá, como habría hecho el PP, su renuncia a separarse de España.