El Gobierno obtuvo la aprobación del Congreso de la nueva ley de educación, llamada LOMLOE, aun sin finalizar la desescalada de la pandemia por el corona virus. Cuando la población se preguntaba cómo y cuando sería la vuelta al "cole", la ministra Isabel Celáa logró pasar la normas con grandes sesgos ideológicos.
Lo primero que se puede apreciar, es que se deja en manos de sus socios nacionalistas el porcentaje de horas de estudio del castellano. Sin que podemos explicarnos por qué, el texto acepta para más inri que el español es el idioma oficial del país.
Si una escuela o colegio autonómico no deseara impartir el castellano será libre de no hacerlo pues Celaá ha asegurado que "no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que salvaguardan las normas". Tal como suena, el Estado no tiene voz ni voto.
La exigencia de rendimiento se asocia en esta ley al autoritarismo y la búsqueda de talento se ve como un hábito del pasado. Cuando la ministra habla entonces de "no dejar a ningún alumno atrás" intenta lograr su buenísimo objetivo haciendo que ningún alumno avance. No parece que estemos ante una ley inclusiva, ni igualitaria, pero sí ante una norma que aniquila la excelencia.
La ley aprobada por nuestros representantes en el legislativo se ha pasado sin diálogo ni consenso, con un Gobierno débil de minoría parlamentaria pírrica. Resulta, a juzgar por las palabras de muchos de los oradores en la sesión de ayer, de un revanchismo por su fracasada LOE hace 15 años.
Si se ha mostrado cierta premura en presentarla es para garantizar su imposición en el próximo curso escolar y evitar de paso un desmantelamiento posterior. En ella leeremos como se prioriza lo público sobre lo concertado, se quita peso a la religión, que estoy de acuerdo que no debe ser una asignatura escolar, da más facilidades a los alumnos para conseguir un título académico y desprotege la enseñanza del castellano.
Me permito recordar aquí el artículo 27 de la Constitución de 1978 que trazó los ejes del sistema educativo español, adaptado al nuevo entorno de la vida democrática, que se iniciaba. Este renglón fue polémico desde el nacimiento de la Carta Magna para las grandes fuerzas políticas del momento, en alguna de las cuales pesaba una orientación continuista, que dejaba amplio margen a la escuela privada, predominantemente católica, y a la elección escolar.
La constelación de los partidos situados a la izquierda del arco político entonces abogó por una ruptura más radical con los antiguos esquemas de la enseñanza, en la que podía apreciarse ecos de la Constitución Republicana de 1931 y el ideario socialista de escuela única, pública y no confesional. Que la LOMLOE aplica ahora.
No debería resultar extraño que el Consejo Escolar del Estado apelara en los últimos años a la necesidad de considerar la educación como una política de Estado, un sólido anclaje para cualquier consenso básico, que han dicho algunos políticos.
Desde el año 2000, coincidiendo con la participación de España en el Programme for International Asessment (PISA), se han venido adoptando medidas legislativas más ténicas. Con la Ley de Calidad de la Educación del 2002 (que nunca llegó a aplicarse), cada vez que se ha propuesto una nueva ley de educación (con esta ocho desde 1978) se ha pedido la introducción de resultados claramente mejorables de las anteriores.
La ley elaborada por el ministerio de Educación destierra toda posibilidad de evaluar a los alumnos de igual manera y sobre los mismos contenidos en toda España. El nuevo texto es casi identico al aprobado el 15 de febrero del 2019, cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales y truncó su tramitación parlamentaria. Por esta razón, la nueva ley no se ha sometido al Consejo de Estado.
Los alumnos podrán sacarse el título de Bachillerato aunque tengan una asignatura suspendida y obtener el título de ESO con simples "actividades personalizadas extraordinarias" de las asignaturas no aprobadas. Lo que se busca es que nadie repita curso, no importa lo formado que esté.
Desaparece la educación especial con la que se atiende a niños con una determinada discapacidad. En un plazo de diez años, según estiman las autoridades, esos alumnos quedaran disgregados en colegios ordinarios. Esto supone una gran tragedia para muchas familias, no solo porque se ignoran las necesidades específicas de sus hijos, sino porque se les niega el cuidado a los que muestran un cuadro complejo de deficiencias.
En Educación, hay muchas competencias transferidas a las autonomías, solo se comparte el 65% del curriculum. A estas diferencias se añade el componente lingüístico, introducido como lo más importante, por encima del idioma patrio. No se puede hablar entonces de un sistema educativo español sino de un 17+1.
La idea machacona de colocar en primer lugar la inclusividad supone poner el foco de la educación no en el talento y el mérito, sino precisamente en su ausencia. Los recursos para elevar el nivel de mediocridad, que invade al alumnado en este país, se desvían al objetivo prioritario y único de tratar lo que llaman diversidad. Pero esta diversidad, para los cerebros pensantes de LOMLOE, es la de los alumnos conflictivos o con dificultades de aprendizaje, que no llegan a mejorar o lo hacen en pocos casos sus horizontes, pero que todo indica son merecedores de mas atención que los luchadores.
La tendencia neoliberal de la llamada economía global, en el caso del sistema educativo español, da lugar a un sistema descentralizado en que cada una de las l7 Comunidades Autónomas, mas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, administra sus sistemas educativos con competencias no solo ejecutivas, sino legislativas.
Con cada cambio de partido político en el poder, la primera medida ha sido siempre anular la ley educativa del anterior gobierno, sin pensar siquiera en que tal vez solo habría que mejorarla. Cada uno acomete su particular visión de la educación, contenida en el texto constitucional, para imponer sus principios y dogmas.
La educación se trivializa por cada partido en el poder, convierte a los padres y alumnos en el objeto de su juego político, sea de la tendencia que sea, y devalúa el reconocimiento social de la escuela y de quienes trabajan en ella.
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debió sumergirse en la absoluta desolación -en la sesión del Congreso del pasado martes, aunque no estaba solo, desde su bancada lo abrazaban los aplausos. En todo caso, se le vio dudar, según qué paso iba a dar, porque cada uno suponía descender más a un campo de minas.
Hay que reconocerle que intentó discutir racionalmente con sus adversarios, pero estos repetían machaconamente: ¿Por qué cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos?, refiriéndose a las verdaderas razones. Debió pensar: eres un profesional,¿ de qué tienes miedo? Venga ya, tío.
Y así se sometió al escrutinio brutal de un Congreso, en que los hipercríticos se ubicaban en el bando con la mitad de los votos del electorado, aunque el dato resulta irrelevante para las autoridades. Así que decidió moverse con cuidado.
Los reproches tenían que ver con un tema, que viene dando coletazos desde el pasado 25 de mayo. En esa fecha, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, propuso al secretario de Estado de Seguridad el cese del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia (de este cuerpo) en Madrid, por razones muy claras: pérdida de confianza por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones en respuesta a peticiones de la jueza
Grande-Marlaska alegó que se trataba de una remodelación del cuerpo y en el Senado lo negó todo. Hace solo dos días, fuentes oficiales aafirmaron que la petición irregular obedecía solo a los efectos del conocimiento no para saber el contenido de la investigación. La aclaración parecía pertinente para evitar que los involucrados pasaran por vulnerar la separación de poderes, protegida por la Constitución.
La carta de Gámez no se habría conocido si no la hubiese publicado el diario El Confidencial. que puntualizaba las razones para el fulminante cese; la negativa a revelar las investigaciones judiciales, bajo secreto del sumario, en las que colaboró el cuerpo para aclarar las responsabilidades por la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo, cuando ya se sabía la magnitud de la pandemia. En todo el territorio, se celebraron diferentes encuentros en los que participaron 130 mil personas. Posteriormente, varias de las participantes más célebres se contagiaron.
El cese implicó también la dimisión el 26 de mayo del teniente coronel Laurentino Ceña. como director adjunto operativo de la Guardia Civil, adelantando unos días su relevo, previsto para el 2 de junio. Esa misma semana se relevó al teniente general Fernando Santafé del Mando de Operaciones.
Marlaska nombró al teniente coronel David Blanes, jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid. Pero esta no era la única opción del ministro, hubo otras diez proposiciones, rechazadas por los solicitados. Este mando era responsable del Aeropuerto de Baraja de la capital cuando el caso de Ábalos y su intervención en el viaje de una horas de la segunda del presidente Nicolas Maduro, Dalcy Rodríguez.
Este caso no ha sido dilucidado aún y recientemente, algunos empleados descontentos de la embajada venezolana en Madrid, revelaron que las maletas con oro, que portaba la señora Rodríguez, estaban en esa sede diplomática. El gobierno y Abalos negaron la existencia de tal equipaje. Según las fuentes citadas, llevaba dinero u oro para comprar voluntades en PSOE, Podemos y grupos afines para que ayudaran a introducir el comunismo en España.
Aparte de esto, lo que quedó claro en esa ocasión es que violando el acuerdo de Schengen, en el que la Unión Europea prohibía el paso de cualquier agente de Maduro por el espacio europeo, ella pisó suelo español al llegar al aeropuerto, pasar a una sala y conversar con Abalos y luego tomar de nuevo el avión turco, que la trasladaba a Venezuela.
Lo que dejó al descubierto la publicación de un documento reservado de la directora de la Guardia Civil por El Confidencial es que el ministro mintió ante los diputados, a la prensa y en la rueda de prensa al afirmar que el cese era por una remodelación y no por no cooperar con el gobierno en saber sobre la investigación en curso y por la que fue citado como imputado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.
En la tribuna parlamentaria había dicho el 27 de mayo que todo se debía "a un cambio de equipos. Un proceso natural de sustitución basado en la confianza...En los últimos tiempos se han realizado distintos cambios, que se han visto paralizados como consecuencia de la pandemia".
La jueza Carmen Rodríguez-Medel tiene abiertas diligencias contra Franco por un supuesto delito de prevaricación al no haber prohibido la susodicha manifestación del 8 de marzo y otras concentraciones y actos multitudinarios en los primeros días de marzo pese al conocimiento del Gobierno sobre la peligrosidad del Covid-19 y su grado de expansión en aquel momento.
Grande-Marlaska, como quien se sacude la pelusilla del traje, dijo ayer en el Congreso que el no cesó al coronel. Esto-dijo- fue obra del secretario de Interior a propuesta de la directora de la Guardia Civil, lo que, de acuerdo al documento disponible, es cierto. Sin embargo, uno se pregunta: ¿de quién depende este secretario?
El día anterior en el Senado, el ministro apuntó a que se había pedido una indicación sobre lo ocurrido con las investigaciones, preguntando por qué se ocultó a la cadena de mando. Como ex-juez, debía haber reconocido que rozaba peligrosamente la interferencia en una investigación, que requería la participación de los agentes.
La destitución coincidió con la decisión de la jueza de avanzar el procedimiento contra Franco. De fuentes jurídicas ha trascendido la advertencia de Rodriguez-Medel que si el cese resulta ser una intromisión en una investigación en curso, tomará medidas.
La magistrada ordenó a los agentes involucrados que le reportaran solo a ella. El atestado de 80 páginas, según su opinión, es resultado de una "magnífica investigación", a la que se agregó ayer un vídeo grabado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la televisión vasca en el que confirma el conocimiento por el gobierno de la gravedad del coronavirus, por lo que algunos países habían tomado ya "medidas superdrásticas", pero que desde luego "ella no iba a decirlo"..
El ministro defendió ayer ante el Congreso su derecho a conocer los temas en los que trabaja la Guardia Civil, para estar al tanto, en un intento de justificar las acusaciones de la oposición de intromisión en el Poder Judicial. Ninguno de los diputados, que participaron en las preguntas al titular de Interior, aceptó la excusa de que solo quería conocer de manera general lo que estaba haciendo Pérez de los Cobos sin intención de conocer el "contenido" de las investigaciones.
La interpelación que más tiempo ocupó y que resultó particularmente relevante fue la de Ciudadanos, cuyo representante, Edmundo Bal Fracnés, llegó a decir al ministro que las excusas para ajustar la cúpula de Interior lo colocan prácticamente como investigado en la causa.
Grande-Marlaska, en su afán de sacudirse toda responsabilidad, llegó a decir que el cese se debía a una filtración del informe del 8-M, añadiendo que si no lo había dicho antes fue por respeto a la carrera de Pérez de los Cobos, algo muy parecido a lo que ha venido diciendo en estos días el viepresidente Pablo Iglesias. En cuanto al presidente, Pedro Sanchez, hablo ayer en sede parlamentaria de que el ministro estaría destapando al la "mal llamada policía patriótica".
La Guardia Civil es la quinta institución mejor valorada por los ciudadanos.
La Abogacía del Estado, asumiendo la función de abogado del ministro, se posicionó en contra del informe "por falta de veracidad en sus conclusiones". Muchas asociaciones de jueces y fiscales y los principales sindicatos de los guardia civiles han pedido explicaciones a Interior sobre el cese de Pérez de los Cobos y demandan conocer claramente las razones para esa falta de confianza alegada.
La Fiscalía de Madrid presentará a partir de hoy un informe sobre esta causa. Puede que -según algunas fuentes- esté sopesando si pedir el cierre de la investigación o esperar a la declaración de Franco para evaluar su postura. La Asociación de Fiscales ha considerado que lo ocurrido en este caso resulta una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil y sienta un inquietante precedente y supone un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad de que la Guardia Civil siempre ha hecho gala.
OK Diario ha revelado hoy que un funcionario adscrito a la delegación del Gobierno en Madrid, diplomado en Enfermería, confesó a la GC que había un plan del gobierno para "no alarmar" a la población por la expansión del virus para permitir la manifestación del 8 de marzo, pese a que la enfermedad estaba ya desbocada. Eso se suma a las declaraciones de dos médicas de la misma institución que aseguraron que el contagio aumentó tras esta falta de aviso a la población en los eventos anteriores y de la propia celebración del Día de la Mujer..
Con todo esto girando a su alrededor, la juez mantiene abierta la causa y realiza nuevos interrogatorios para esclarecer los hechos y puede incluso que saque una pieza aparte si el coronel no hizo más que negarse a dar información al gobierno sobre las pesquisas, lo que, según la ley, las autoridades no pueden exigirle.
