España: Garzón, inhabilitado.

Por Mirta Balea



Hace años leí el cuento La muerta de Guy de Maupassant en el que el personaje recorre un cementerio y sorprende a los muertos cambiando las escrituras de sus lápidas para borrar las mentiras escritas por sus familiares. "Aquí reposa Jacques Olivant, fallecido a la edad de cincuenta y un años. Amaba a los suyos, fue honrado y bondadoso, y murió en la paz del Señor", rezaba en una de estas piedras.




El aludido, con la punta del hueso que había sido su índice, reescribió la esquela: "Aquí reposa Jacques Olivant, fallecido a la edad de cincuenta y un años. Apresuró con sus duras palabras la muerte de su padre a quien deseaba heredar, torturó a su mujer, atormentó a sus hijos, engaño a sus vecinos, robó cuanto pudo y murió miserablemente".




Todos los muertos de aquel cementario escribían al mismo tiempo, en el umbral de su morada eterna, la cruel, terrible y santa verdad, que todo el mundo ignora o finge ignorar, acotaba Maupassant en el relato para explicar al sesgo el mensaje de su fantasía.




Un epitafio escribió también Martin Prieto dentro de una prensa que amaneció hoy con la noticia de la inhabilitación por 11 años del miembro de la judicatura española Baltazar Garzón, acusado de espiar conversaciones entre varios reos y sus abogados, vulnerando un elemento nuclear en el proceso penal del Estado de Derecho: el de la defensa.




"Garzón tiene algunas características desconcertantes e irritantes: prácticamente imposible de ubicar intelectualmente, una evidente vanidad, que o no puede o no pretende disimular y que lleva a una pose que registra la corrección de sus facciones, un cinismo que pretende hacer pasar por independencia de criterio, y un soterrado afán por el dinero", ha opinado en el periódico La Razón Prieto, amigo en otro tiempo del exjuez.




La resolución de los siete magistrados del Tribunal Supremo (TS), que juzgaron al exjuez de la Audiencia Nacional por las escuchas ilegales en la trama de corrupción Gurtel, ha sido unánime y contundente: "La búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia".




La toga ha caído ya,  con o sin recurso por parte de la defensa,  y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ejecutará el fallo el próximo día 23 al expulsar a Garzón de la Carrera. A finales de marzo saldrá a concurso la plaza de la Audiencia, ocupada en comisión de servicios por el magistrado Pablo Ruiz, desde que su titular fuera suspendido en mayo del pasado año por la apertura de otro juicio: el caso de la Memoria Histórica, celebrado esta misma semana, por asumir la competencia para investigar las desapariciones de víctimas de la dictadura franquista  y que quedó visto para sentencia .




El exjuez tendrá que pagar los honorarios de los tres abogados querellantes, dejará de cobrar el sueldo a partir de hoy, cuando el CGPJ ha recibido la notificación oficial, y durante el tiempo de inhabilitación no podrá obtener empleo alguno o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.




Podrá ejercer como asesor jurídico tanto en el ámbito nacional como internacional, así como de abogado, puede formar parte de cualquier comisión que aborde temas de Justicia y  seguir asesorando al Gobierno de Ecuador en la reforma judicial de ese país, por lo que está supuesto a cobrar muchísimo dinero.




Así que estará en condiciones de pagar la multa por el delito de prevaricación de las escuchas en concurso aparente de normas con un delito contra las garantías de la intimidad durante 14 meses a razón de una cuota diaria de seis euros, unos 2.520 en total, según la sentencia.

Joaquín Giménez, presidente del TS.

El Alto Tribunal ha tomado en cuenta para inhabilitar a Garzón y considerar válida la prevaricación que al autorizar las escuchas a los abogados con los internos de la cárcel de Soto del Real, en Madrid, "causó una drástica e injustificada reducción del derecho de defensa y demas derechos afectados" y colocó a todo el proceso penal español al "nivel de sistemas políticos característicos de tiempos ya superados, admitiendo prácticas que en la actualidad solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa al Estado".




Esta última observación de los magistrados del Supremo resulta de la mayor importancia porque uno de los argumentos del exjuez ha sido que no inició el proceso Gurtel por razones políticas, a pesar que estarían involucrados miembros del Partido Popular (PP) (ahora en el Gobierno) y algunos simpatizantes. Uno de los encartados, el expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, ha resultado absuelto la pasada semana del cargo de tráfico de influencias y los simpatizantes de Garzón han protestado la sentencia.




Las escuchas fueron suspendidas por el TS el 25 de marzo del 2010. Garzón intentó después poner frontera de por medio ante la marabunta mediática que trajo el estar procesado en otros dos casos, además  de las escuchas, y gestionó la autorización de un permiso indefinido por el CGPJ para trabajar como asesor en el Tribunal Internacional de la Haya.




A pesar de que ha esgrimido indefensión en su causa y presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) para agotar todas las vías legales, durante el juicio admitió que las garantías y el derecho de la defensa estaban en juego y, aún así, siguió adelante, convirtiendo en sujetos pasivos de la investigación a los abogados de los implicados en la trama Gurtel. Para él, resultaba la "única manera de impedir el continuado blanqueo de dinero", una tésis refrendada por el fiscal Antolín Herrero, quien actuó como parte de la defensa del juez.




El TS ha creído que esta complicidad de los abogados con sus clientes en un hecho delictivo tampoco ha quedado probada por el exjuez. De esta manera, ha argumentado que la decisión de Garzón de autorizar las escuchas no es, como ha dicho, una simple interpretación errónea de la ley, sino "un acto arbitrario".




Ha sido grave, pero esclarecedor, el aquelarre montado a los magistrados en la calle, frente a las puertas del Alto Tribunal, por decenas de simpatizantes, que han puesto a los pies de Garzón su prestigio como políticos, miembros del arco cultural nacional y sindicalistas. Poco ha faltado para que lo canonicen popularmente como mártir de una pica de inquisidores ideológicos. Como prueba, la primera página del diario Público, representante de la izquierda más radical, con su título de Ajusticiado.




Ojo con el juez que afirma que la ley es lo que él pronuncia, manda y firma. El fin no justifica los medios y un hombre en cuyas manos está el destino de otros, que viste una toga como representante del Tribunal de los hombres, tiene que saber lo que debe y puede hacer. La teoría maquiavélica, en la que solo creen ingenuos y mediocres, de que la razón de Estado tiene preferencia y supera a la propia ley, tiene escasa vigencia en una democracia moderna.




Quienes pasaron en estos días junto a la turba acantonada frente al TS, donde se ha realizado también el juicio por la Memoria Histórica, debieron abstenerse por miedo a balbucear que a Garzón lo están procesando en los juicios juristas y no torturadores. El furor de los defensores es tal que, a pesar de ser unos pocos, han dejado a nivel de la suela del zapato a los encargados de juzgar a su protegido, llamándolos fascistas, corruptos y acusándolos de estar involucrados en una conspiración. El GCPJ ha tachado estos ataques de inaceptables.

Simpatizantes de Garzón ante el TS

El máximo organismo de la Justicia española ha dejado claro que el exmiembro de la judicatura ha sido juzgado por el TS, en el ejercicio legítimo de sus competencias, con absoluta independencia e imparcialidad, en un proceso judicial transparente y lleno de garantías y ha dictado una resolución unánime.




Esto último molesta mucho a los simpatizantes de Garzón porque entre los magistrados se hallan algunos considerados progresistas como el propio presidente Joaquín Giménez,  Andrés Martínez Arrieta y Luciano Varela, con quien trabajó y al que la defensa del exjuez intentó apartar del caso.




El exmagistrado, que acaba de ser sentenciado por sus iguales, aterrizó en la Audiencia Nacional en 1988 y su primer paso al estrellato fue el enjuiciamiento de miembros del gobierno del socialista Felipe González, acusados de terrorismo de Estado en el sumario llamado GAL. Dos años después, en la operación Nécora contra el tráfico de drogas en España, que tuvo una cobertura mediática de amplitud exagerada, solo logró procesar al capo Oubiña.




Nada de discreción en la Audiencia durante su reinado. Ordenó en 1992 la detención del traficante de armas sirio Monzer al Kassar, aunque resultó absuelto. Para Martin Prieto, el amigo, Garzón pretendía emular al asesinado juez italiano Falcone, labrándose un crédito persiguiendo dos lacras como el narcotráfico y ETA. Así se vendió a Felipe González como un juez anticorrupción.




Fue la etapa de su excedencia para concurrir como número dos del PSOE en las elecciones generales, con su vista puesta en el ministerio de Justicia, que González nunca le dio. Dimitió cuando vio sus esperanzas cercenadas y regresó a la Audiencia Nacional, si cabe, con más brío, porque intensificó sus actuaciones contra la banda terrorista ETA. A él se debió la ilegalización del brazo político Batasuna en 2002 y que la judicatura avalara que el entorno de los pistoleros formaba parte de su aparato político y era igualmente procesable.




Ordenó la detención en 1998 del exdictador chileno Augusto Pinochet. La notoriedad crecía y el juez entraba por la puerta principal de la AN y no por el garaje como obligaba la seguridad. En la entrada se agolpaban los medios. Con este caso se hizo un hueco como defensor de los Derechos Humanos, especialmente en Sudamérica, con el único aporte de su imagen.




El abogado de Garzón ha anunciado que recurrirán ante el TC, alegando que se han vulnerado sus derechos, en especial la tutela judicial efectiva. Esta instancia admite a trámite aquellos casos que  pueden aportar algo a la interpretacion de los derechos fundamentales.




De rechazar el recurso, quedaría la posibilidad de ir ante el Tribunal de Estrasburgo por vulneración de algun derecho recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La pega es que, según el protocolo, no resulta viable si el interesado  ha sido juzgado y declarado culpabe por el más alto tribunal.

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