Por Mirta Balea
Las relaciones con el Estado vaticano suscitan en Italia temores larvados sobre pecados y excomuniones por la devoción incondicional hacia los eclesiásticos de parte de una población mayoritariamente católica y fervorosamente creyente y esto afecta hasta el tono en que puede escribirse sobre la institución y el nivel de crítica permitido en los medios. Tal condicionamiento forma parte del poder de la Iglesia romana.
El presidente del gobierno italiano Mario Monti, un creyente practicante, ha debido tomar una dura decisión al poner fin a la exención en el pago del Impuesto de Propiedades (IBI o ICI, en italiano) de la que disfrutan muchos inmuebles católicos de uso comercial como escuelas, clínicas, hoteles y residencias, no así los dedicados al culto y a obras sociales y de caridad.
La Comisión Europea (CE) considera que la exención del ICI resulta en la práctica una ayuda estatal enmascarada y privilegiada, una distorsión de la libre competencia. Para el Vaticano supone un ahorro anual de entre 100 a 700 millones de euros, en dependencia de quien realice el cálculo. En todo caso, la cifra parece importante para las arcas municipales italianas.
El anterior primer ministro Silvio Berlusconi había derogado el gravámen hace unos años y el propio Monti, que ocupaba el cargo de comisario de la Competencia de la Unión Europea (UE), le había exigido el respeto a la normativa de Bruselas para los impuestos. El Club llevaba cinco años investigando a Italia por esta ayuda a la Iglesia y se disponía a sancionar al país, algo que se ha evitado con la medida anunciada.
La Iglesia católica cuenta en territorio italiano con 9.000 centros escolares y 5.000, sanitarios y ha aceptado la medida, según el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), porque evadir impuestos "es pecado".
La transparencia en las finanzas de la Basilica fue dada a conocer por el papa Benedicto XVI cuando lanzó su encíclica Caritas in Veritate y se firmó un acuerdo el 29 de noviembre del 2009 entre la UE y el Consejo del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco del papa, para la aplicación de la legislación comunitaria referente al blanqueo de dinero, la prevención del fraude y la falsificación de efectivo, entre otros medios de pago.
La normativa conlleva controles por Bruselas y aún queda por ver si el Vaticano accederá a ellos o dejará a los emisarios fuera del torreón de Nicolás V. Hay muchos antecedentes sobre la provisionalidad de las decisiones del IOR.
Bagnasco ha señalado que los impuestos son competencia exclusiva del Gobierno. "La Iglesia los paga y no busca trato de favor" y recordó que de la exención se benefician tanto la católica como una galaxia de ONGs. El portavoz de la CEI, monseñor Domenico Pompili, pidió tiempo para conocer la letra pequeña y espera que se siga reconociendo el valor de las acciones sociales de esta milenaria institución, que ha tenido muchos alti-bajos a lo largo de su historia.
La enmienda de la exención de pago del ICI, que Monti presentará pronto al Parlamento, preve que los edificios con un uso mixto paguen por la fracción dedicada al lucro y, aunque la Iglesia católica será la más afectada, la medida deberá ser cumplida por otras confesiones religiosas que tengan acuerdos con el Estado, así como las ONGs y los círculos culturales.
La Iglesia de Benedicto XVI tiene que proteger un conjunto de actividades financieras y empresariales en sectores diversos que van de la sanidad al turismo o del inmobiliario al bancario. En las páginas del "Estado financiero consolidado de la Santa Sede, año 2007", que se reparte entre 194 cardenales, 4.800 obispos y conferencias episcopales de todo el mundo, se reflejan bienes por 1.400 millones de euros, los famosos mil kilos de lingotes de oro conservados desde los años 90, valorados en 19 millones de euros, entre otras propiedades y obligaciones, que harían interminable el recuento.
La Santa Sede -siempre según el mencionado informe- posee viviendas y terrenos en Inglaterra, Suiza y Francia por 424 millones de euros. Propaganda Fide (la congregación para la evangelización de los pueblos) controla propiedades por un valor aproximado de 53 millones de euros, casi todas en territorio italiano. En 2007, el activo inmobiliario de esta sección pontificia generó cerca de 56 millones de euros en concepto de cánones y arrendamientos y otros 950.000 euros en beneficios por actividades agrícolas.
Desde la llegada de Joseph Ratzinger al papado de Roma, han ido pasando a retiro una serie de personajes que vivieron los años procelosos de las finanzas vaticanas del pontificado de Juan Pablo II. Uno de ellos ha sido Angelo Sodano, quien renuncio el 22 de junio del 2006 a la secretaria de Estado, nombrándose en su lugar a Tarcisio Bertone.
Ha sido una obra depuradora y el relevo ha afectado a las cinco oficinas que tienen competencias en materia económica: la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la Gobernación del Estado Ciudad del Vaticano, la prefectura de asuntos económicos, la congregación para la evangelización de los pueblos (el dicasterio que financia todas la misiones de la Iglesia romana en el mundo) y el propio IOR.
El papa Benedicto XVI está empeñado en situar a la Santa Sede en la llamada lista blanca de los estados comprometidos en prevenir y contrarrestar los reciclajes de ganancias criminales y de financiamiento del terrorismo, por lo que ha creado un nuevo organismo para vigilar estas cuestiones llamado Autoridad de Información Financiera, al frente del cual ha colocado al cardenal Attilio Nicora, presidente, también, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
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