TRUMP NO CONSPIRO CON RUSIA DURANTE SU CAMPAÑA..

Por Mirta Balea


El presidente Donald Trump quedó exonerado de cualquier sospecha sobre un supuesto conciliábulo con Rusia para que sus hackers influyeran a su favor en las elecciones de 2016.

Un informe encargado y dado a conocer esta semana por el fiscal general William Barr, bajo la premisa de una denuncia del expresidente Barack Obama, antes de abandonar el cargo, concluye que ni el actual inquilino de la Casa Blanca, ni sus hombres de confianza, conspiraron con los rusos.

Barr presentó su resumen del documento elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, que destaca no haber hallado indicios de asociación indebida con Rusia de los miembros de la campaña de Trump para provocar la derrota de su opositora Hillary Clinton, ni en hackeos a dependencias demócratas en ese mismo período. 

Respecto a la posible obstrucción a la justicia, derivada del despido en mayo del 2017 del entonces jefe del FBI, James Comey, quien se opuso a la línea marcada por Trump de marginar lo que se conoce como Rusiagate, las conclusiones no son tan rotundas. Siempre, según Barr, Mueller no concluye indicios de delito, pero tampoco exonera al mandatario.

A pesar de la euforia provocada por estas conclusiones en las filas republicanas - tras dos años de sospechas y de investigación-, los legisladores demócratas siguen en la brecha y demandan el acceso sin mediadores al informe. Barr ha argumentado para la no difusión de los puntos claves del documento el uso de "material sensible" sujeto a restricciones para su elaboración.

Puede que el fiscal general esté en lo cierto, pero no lo es menos que Obama aprovechó el preciso momento de su salida de la Casa Blanca para exponer públicamente otro informe inverso, hecho por los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, sobre la interferencia de Rusia en forma de ciberataques contra las filas demócratas y se amparó para desvelarlo en que debería ser de conocimiento de los estadounidenses. Incluso se vio obligado por esta razón a enmendar una orden ejecutiva del 2015. 

Algunos congresistas republicanos exigieron mas pruebas para que las sospechas no se basaran en un mero informe corporativo de como podrían haberse realizado tales ataques. La prensa observó un intento de minar aun mas las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y poner en solfa la victoria de Trump, algo que a los demócratas les llevó mucho tiempo digerir.

Obama llevaba meses anunciando estas supuestas violaciones sin presentar pruebas hasta la divulgación del informe del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional cuando apenas le quedaba una afeitada en la Casa Blanca. El vocero Josh Earnest admitió que la Administración demócrata no estaba preparada para hacer pública la manera en que se obtuvo la información y protegería las fuentes, lo que es lo mismo que decir que no puede ponerse en duda dicho por el mandatario.

Obama impulsó en el Congreso una nueva batería de sanciones a Moscú y adoptó otras medidas desde la presidencia como considerar persona no grata a 35 diplomáticos, cerrar los consulados de Washington y California y dos edificios dependientes de la delegación diplomática del Kremlin poco antes de dejar el cargo. 


El texto dado a conocer por el ex-presidente, base para iniciar la investigación de Mueller, dice que fueron dos grupos de los Servicios de Inteligencia rusos los encargados de los ciberataques. El primer grupo habría atacado al Partido Demócrata en el verano del 2015 y el segundo, en la primavera del año siguiente.

Este documento puesto en conocimiento del público norteamericano sería el resultado de una desclasificación bajo el argumento de la transparencia. Earnest, insistió en su "credibilidad" porque fue realizado "por agentes de Inteligencia, que han dedicado sus vidas a las protección y seguridad de Estados Unidos", con fondo de violines incluído. Una frase con el claro objetivo de tocar el sentimiento patriótico para su asimilación como auténtico.


El texto estaba lleno de verbos como "creemos", "consideramos", sin que se aportara una sola prueba, quizás por que se trataba de una open source, a la que se quita todo lo que sea clasificado y evade todo material sensible. Los patriotas del informe iban a por la campaña presidencial y a por Trump y quedaba claro en el documento.


Estados Unidos ha sido objeto de numerosos intentos de hackeo, algunos largos en el tiempo como los China y Corea del Norte. Cuando Obama dio a conocer su particular informe, se había conocido el robo por los chinos de un dron acuático y sus declaraciones que estaban dispuestos a devolverlo. La noticia pasó sin pena ni gloria hasta que Trump habló del incidente en su Twitter.

La devolución tendría lugar, como dicta el sentido común, después , por supuesto, que técnicos en ingeniería inversa se apoderaran de los secretos del aparato. ¿La situación habría sido la misma en que caso de robarlo Rusia o Irán? No creo. La gente suele olvidar que quienes están al mando en los Servicios de Inteligencia son cargos políticos al servicio del gobierno de turno y en el momento en que se batían alas contra Rusia no parecía conveniente hacerlo también contra China.

Sino recordemos cuando a George Busch le convino dar a conocer lo de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak para refrendar su vengativa invasión y resultó ser luego una mentira, sobre la que se dieron, eso sí, muchas explicaciones, sin que esto supusiera para el presidente un fiasco en lo que buscaba, derrocar a Saddam Hussein.

La Administración Obama ha sido la que más armas ha vendido desde la II Guerra Mundial y todo esto a pesar de ser laureado con el Premio Nobel de la Paz. Los acuerdos sobre venta de armas entre 2008 al 2015, según el Servicio de Investigaciones del Congreso, alcanzan la cifra de 265 mil 471 millones de dólares. La mayor, registrada en 2011 con el inicio del conflicto sirio: 56 mil 131 millones de dólares. Sobre Siria e Iraq, según la misma fuente, cayeron 26 mil bombas en 2016, fecha de salida de los demócratas del gobierno.

La contabilidad en ocho años de gestión de Obama resulta en un interés directo en cambiar a regímenes que no gustaban, el caso sirio, por ejemplo, con el uso de revoluciones de un solo color y vendiendo armas a los terroristas, en un juego geo-político del que se habla más bien poco.

Todos tenemos el terrorismo siempre presente, somos conscientes de esta nueva era de violencia, pero lo que debería quitar el sueño a la sociedad norteamericana son los ataques cibernéticos de los adversarios y no me estoy refiriendo al confuso documento expedido por el expresidente sobre Rusia. El nivel de sofisticación alcanzado en los últimos cinco años debería preparar a todos para el próximo decenio.

Tras el 11 de septiembre de 2001, todo el dinero se ha dedicado, según fuentes del Pentágono, a Inteligencia y Contra-Inteligencia, y a un único objetivo: el terrorismo, lo que ha hecho vulnerable al país en otros terrenos, como el tecnológico, el científico, el financiero, entre otros.

La sociedad mundial se ha desmonetizado, mucha gente no lleva efectivo y nuestro dinero está cautivo de manera numérica, no en papel, en unos pocos nódulos de encapsulado. Un ataque contra todo esto tendría consecuencias muy peligrosas, tan peligrosas como el robo de secretos científicos, tecnológicos y otros.

Si ha habido un significado internacional en el triunfo de Trump es que el proceso de globalización -tal y como estaba montado- se ha visto de cierto modo ralentizado. Los más tambaleantes son los chinos, que apostaron todo a esa cesta. Su economía atraviesa por serios problemas porque su paradoja está en ser una dictadura comunista sobre una base capitalista.

Mientras los "trumpistas" se frotaban las manos con lo declarado por Barr, el presidente del comité judicial de la Cámara tuiteó sus intenciones de llamar a declarar al fiscal general sobre "las preocupantes discrepancias" en la decisión final del Departamento de Justicia. Habría que verlo como un llamado de atención a su negativa a no tomar en consideración una eventual obstrucción de la justicia por parte del presidente.

Barr habría destacado que Rusia realizó operaciones para influir en las elecciones del 2016, mediante desinformación y uso de redes sociales, y recordó la infiltración de piratas informáticos en el correo electrónico de la candidata Hillary Clinton y su campaña, en lo que puso al descubierto su ingenuidad como figura política internacional, que se expuso innecesariamente al ciberataque. Resulta difícil creer que las acciones de esta funcionaria de alto nivel, que desestimó su necesidad de protegerse, no se hallan castigado como sería de rigor.

Media docena de colaboradores de Trump han sido imputados y condenados por delitos cometidos durante la campaña, entre los que destacan conspiración o mentir a los investigadores. Unos 25 funcionarios de la inteligencia rusa o expertos en el manejo de las redes sociales fueron también inculpados por Barr. 

Entre los condenados en este proceso de dos años, figuran el exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, y el número dos Rick Gates, los abogados vinculados al presidente o a su entorno Michael Cohen y Alex van der Zwaan, los asesores en política exterior George Papadopoulos y de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y el programador informático Richard Pinedo.

Los condenados confesaron varios delitos como evasión fiscal, estafa, violación de las leyes de financiación de campañas, mentir al FBI sobre contactos con Moscú y venta de identidades falsas a los rusos.

Otros acusados, aunque no incriminados, son Robert Stone, asesor de campaña y de negocios de Trump, quien supuestamente mintió al Congreso, Konstantin Kilimnik, antiguo asesor de Manafort, por obstrucción a la justicia, 12 funcionarios rusos del GRU por pirateo a los demócratas y 13 ciudadanos rusos vinculados a la Agencia de Investigación de Internet por conspirar contra Estados Unidos. Resultaron exonerados Donald Trump hijo, el yerno del presidente Jared Kushner y el fiscal general hasta noviembre del 2018, Jeff Sessions.

El fiscal general ha dicho que su determinación de descartar la obstrucción a la justicia del presidente tiene en cuenta consideraciones constitucionales alrededor de la acusación o imputación criminal de un presidente en ejercicio, lo que traducido apunta a que habrá que tratar el asunto en otro foro o debate. Aquí entramos en el impeachment, que viene sobrevolando la cabeza de Trump desde que despidiera de manera abrupta a Comey. Este venía encargándose de investigar si el Kremlin se había infiltrado en los comicios.

El impeachment es un juicio político a un alto cargo público con riesgo de ser destituido. La figura está recogida en el Artículo Primero de la Constitución. Para iniciarlo se requiere una mayoría de la Cámara de representantes (238 de 435). El juicio tiene lugar en el Senado, bajo la presidencia de la Corte Suprema.

El Senado tiene la última palabra con una mayoría de dos tercios para decidir si se absuelve o no al acusado. La Constitución prevé el uso de esta figura jurídica en caso de traición, soborno u otros delitos muy graves, por lo que podría no ser inmediata su aplicación sobre el actual inquilino de la Casa Blanca.

La conclusión es que a pesar de que los republicanos consideran una victoria el informe de Mueller -conocido en los términos dados a conocer por Barr-, las dudas persisten. La Cámara -de mayoría demócrata- sigue sus pesquisas.

¿Qué pasa con el BREXIT?

Theresa May

Por Mirta Balea

La Unión Europea aceptó retrasar la salida del Reino Unido, prevista para el 29 de este mes, hasta el 22 de mayo, si el Parlamento británico acepta el acuerdo pactado con Bruselas por la primera ministra Theresa May, lo que resulta muy improbable. El presidente de la Cámara, John Bercow, advirtió que no posibilitara una tercera votación si no hay "cambios sustanciales" en el texto.

La jefa de gobierno se encuentra en una situación política precaria tras dos derrotas en la Cámara en las que la oposición y figuras de su propio partido han votado en contra de las medidas negociadas por ella durante dos largos años y tras haber perdido en junio del pasado año las elecciones generales, que la obligaron a pactar con el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte para poder gobernar.

Esto sumado a las advertencias de Bercow la conminaron este viernes a enviar a los diputados una carta en la que afirma que no presentara el acuerdo de nuevo si continúa sin tener apoyos. El documento ha coincidido con la confirmación del PDU de que seguirá sin darle su voto.

Si Westminster rechazara por tercera vez el acuerdo, la siguiente fecha en importancia sería el 12 de abril. Para entonces tendrá que haber decidido como quiere realizar la salida o si solicitará un aplazamiento más prolongado. Tal solicitud tendrá que estar justificada y obligaría al país a participar en las elecciones a la Eurocámara entre los días 23 al 26 de mayo.

Hasta once ministros se han conjurado para forzar la dimisión de la jefa del Ejecutivo, según informa Reuters. Suenan para sustituirla, su segundo, David Lidington,  y también Michael Gove, de Medio Ambiente y Jeremy Hunt, de Exteriores.

El Parlamento quiso arrebatar hace meses el control del proceso al gobierno y hasta se gestó una crisis en su seno con los ministros enfrentados entre si y las dimisiones de dos de los duros. La primera ministra pudo pasar el rubicón comprometiéndose a resolver la inclusión de nuevas exigencias británicas en el acuerdo. Bruselas es renuente a modificar lo que ya se ha alcanzado en las arduas y largas negociaciones.

Negociar el Brexit no ha sido, ni de lejos, una tarea fácil. Los ingleses, si nos guiamos por los votos, más que los británicos, en su calentón por salir como fuera de la UE, a la culpan de todos sus males, se olvidaron de fraguar un plan alternativo. Esta es la razón de que se alcen voces en el país para proclamar ahora la necesidad de un segundo referendo. La plataforma People's Vote convocó una multitudinaria manifestación por el mismo centro de Londres este sábado y una página web ha recogido cuatro millones de firmas para volver a pronunciarse sobre la salida de la UE.

Quizá repetir el referendo sea muy complicado e incluso desaconsejable, pero algunos creen que ganar tiempo sería inteligente y deseable ante la incertidumbre del momento y la amenaza de un caos imprevisible e incontrolable. La legislatura de May llegará pronto a su fin y puede que unas nuevas elecciones hagan de plebiscito de un nuevo Brexit. 

De salir adelante el acuerdo en el Parlamento, antes del 29 de marzo, contra todo pronóstico, el 22 de mayo quedaría como fecha para una salida ordenada del país, que contaría con dos meses para aprobar toda la legislación asociada y no tendría que participar en los comicios europeos.

La UE busca evitar que los británicos sigan siendo miembros de pleno derecho después de las europarlamentarias, lo que redundaría en una mayor fiabilidad en el proceso electoral para los más de 350 millones de europeos supuestos a participar. Si tiene lugar el tercer rechazo, los 27 tendrían que reunirse otra vez, posiblemente el jueves de la próxima semana, para poner la fecha definitiva de ruptura.

Entre los asuntos más espinosos de la negociaciones entre Reino Unido y Bruselas se encuentra el backstop, la salvaguarda alcanzada en los acuerdos de paz de 1988 para mantener las fronteras entre la República de Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, territorio dentro del Reino Unido y es una de las razones para que el PUD no acepte el acuerdo. Este tendría que contemplar la permanencia de los británicos en la unión aduanera hasta alcanzar el marco de una nueva relación comercial. 

El ex-fiscal general Dominic Grieve, defensor de un nuevo referendo, presentó una moción para ampliar el tiempo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, a fin de reducir el riesgo de un Brexit sin acuerdo o duro el 22 de mayo -que es lo que se vislumbra ahora mismo-. Durante el tiempo comprendido entre la fecha límite y la salida definitiva el 31 de diciembre del 2020, el país mantendrá el acceso al mercado único y a la unión aduanera, sin participar en la toma de decisiones, pues ya no sería un Estado miembro. 

El artículo 50 del Tratado de la UE fue activado por primera vez por el Reino Unido el 29 de marzo del 2016 y ha regido el proceso de separación. La letra deja un margen de dos años al país saliente, prorrogable si hay un acuerdo mutuo. Las reglas sobre comercio y aranceles del Estado se regirìa en caso de no haberlo por las de la Organización Mundial del Comercio. 

Las normas europeas no contemplan un reingreso de los estados salientes. La única salida hasta ahora fue la de Argelia en 1962, cuando obtuvo su independencia y aún así figuró en los tratados hasta 1992 como si aún fuera un Departamento de Francia. Groenlandia se marchó en 1985 por referendo, aunque sigue perteneciendo a Dinamarca, miembro de la UE.

Reino Unido ha jugado siempre en la misma liga de la UE, pero con reglas aparte. Esta excepcionalidad, en un matrimonio de 40 años, se consolidó con el Brexit y promovió dudas sobre el proyecto unificador en su conjunto. Ante las presumibles amenazas iniciales de un efecto dominó, el proceso de salida ha tenido un consenso mayor del esperado entre los miembros, lo que no ha sido el caso de Londres, cuyos parlamentarios siguen resueltos a mantener los privilegios, que acumularon durante tantas décadas como ninguna otra nación de la zona.

Las cifras del voto por la salida reflejaron que el 73% de los jóvenes lo hizo por la permanencia en la UE, al igual que las principales ciudades, entre estas, Londres, en donse registró el 60% de tal opción, y un poco más en Escocia, Irlanda del Norte y norte de Gales. Estos votos conformaron un 43% del No a la salida. Fueron las zonas rurales y los mayores de 65 años los que inclinaron la balanza para alcanzar el 58%, cifra ajustada, si cabe, pero suficiente para tomar la decisión de irse de la comunidad de Estados.

Si desgranamos el voto en valores políticos e ideológicos, el 59% de los conservadores y el 90% de los populistas- tanto de izquierda como de derecha-votaron por salir de la UE. Los europeístas, divididos entre demócratas liberales y laboristas, computaron el 75% y el 69%. En aquel momento todo hacía pensar que no habría necesidad de invocar el título 50 ni esperar dos años para la salida, pero ahora vemos que los británicos hablan de ampliar el proceso de manera, incluso, indefinida.

Tras el Si pudo comprobarse que no había plan alternativo para la salida y este se ha venido construyendo en la marcha por la primera ministra, que es, por cierto, la expresión de que el mayor fanático es un converso. Antes abogaba por una permanencia en la UE y al verse abocada a pactar la salida como jefa del Ejecutivo, a pesar de no contar con apoyos, no se cansa de repetir que un segundo referendo es inviable y hay que respetar la voluntad de los votantes.

La UE quedó establecida en 1993 mediante el Tratado de Roma, que contemplaba tres pilares pre-existentes: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Europea de Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, a las que se sumaron gestiones de política exterior y cooperación judicial y policial. Los fundadores del proyecto integrador: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos se hallaban debilitados económica y políticamente por las dos guerras mundiales y necesitados de consolidar la paz alcanzada para dar una estabilidad al comercio. 

Fue el ex-primer ministro David Cameron quien dio luz verde al referendo. El ex-presidente español Felipe González dijo con claridad meridiana que el político británico incendió su casa y quiso salvar los muebles y se ha quedado sin casa y sin muebles. Pasará a la historia como el líder que sacó a su país de la UE, apretando el botón de riesgo, a pesar de pasar por un europeísta.


La democracia participativa está bien, siempre que no se confunda con un sustituto de la democracia representativa. Cameron hizo dejación de sus responsabilidades en la solución del problema migratorio, motivo de queja ante Bruselas, y pasó a la población la patata caliente en forma de referendo en si debían o no permanecer en la UE, pensando ante todo que con esto presionaría a sus socios comunitarios y olvidando que los referendos deben ser excepcionales y tasados. 

Hay que decir que no era la primera vez que hacía una jugada similar. La primer fue con el referendo sobre independencia en Escocia, que ganó por los pelos. Puede que pensara en un resultado similar para el Brexit, pero el tiro le salió por la culata y la situación inmediata fue un desplome de la libra esterlina a niveles de 1985.

Reino Unido aportaba 12 mil millones de libras anuales a las arcas europeas y recibía mucho más de Europa. Un 47% de las exportaciones británicas van a la UE y el 58% de sus importaciones proceden de esa región. Los lazos de inversiones y comerciales, si descontamos a Estados Unidos y Canadá, se mueven en gran parte hacia la región de la que desea separarse.

Alemania y Francia son sus socios mas destacados en el comercio, en tanto en las inversiones lideran Suiza y Noruega. La UE aporta un 5% del PIB británico y la mitad de su intercambio comercial tiene lugar con dos pesos pesados: Francia y Alemania, nada proclives a aceptar los caprichos británicos.

El denominador común entre los líderes europeos que han proclamado la necesidad de salir de la UE es que no están dispuestos a compartir por el bien común sus riquezas y dan preferencia a sus intereses locales, como si se tratara de tribus, en un mundo cada vez más globalizado en el que las luces largas deben estar encendidas de forma permanente.


La UE esta considerado un bloque económico importante a escala mundial y lo seguirá siendo después de la salida de sus filas de la segunda economía del mundo. De cualquier manera, la bofetada dada por Reino Unido a sus socios les ha hecho hablar más de redefinir, defender y preservar el proyecto integrador para evitar que el desencanto prime sobre los valores construidos durante décadas.

Europea debe seguir siendo relevante en un mundo en el que se estrenan en la lucha por los mercados otras fuerzas económicas emergentes. 

TRUMP Y CUBA

Por Mirta Balea

Cuando Barack Obama fue sucedido por Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, reconoció que persistían las diferencias de interpretación  de la democracia y los derechos humanos con Cuba, pero confiaba que la "interacción bilateral" terminaría por solucionarlo. La ratificación de la Constitución Cubana en febrero pasado, sin variaciones en la esencia de ejercer el poder, no parece estar en la línea de la distensión buscada por el ex-mandatario demócrata. 

Lo que el presidente saliente no contó al público sobre las consecuencias de su política aperturista hacia La Habana, fue que el nuevo inquilino de la Casa Blanca se daría de bruces con el tema de los prisioneros políticos en la Isla y la compensación por bienes estadounidenses confiscados a partir de 1959, y Cuba, por su parte, le entregaría una larga lista de reclamaciones entre las que figuraría, de manera relevante, el pago de un mínimo de 833 mil millones de dólares como indemnización "por el daño humano y económico" ocasionado por el embargo de medio siglo de vigencia.

Lo que aspiraba a ser una hoja de ruta para Trump a los ojos de Obama a partir de los cambios institucionales introducidos por él en la tradicional política norteamericana hacia Cuba, se ha encontrado en el camino con el polvorín venezolano y el interés de responsabilizar al régimen por la opresión y los abusos de los derechos humanos como viene ocurriendo desde los años 60 del pasado siglo. La Administración norteamericana ha acusado a Cuba de la crisis en Venezuela, donde dice que militares de la Isla controlan a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Trump considera a Cuba parte de una troika tiránica, que se retroalimenta, de la que formarían parte también Venezuela y Nicaragua. La ratificación de la Constitución en un país que hace una década actuó de revulsivo en América Latina y el Caribe para la creación de una plataforma de naciones aliadas dentro del llamado socialismo del siglo XXI, tiene ahora otra lectura con la salida del grupo de dos colosos: Argentina y Brasil. 

Obama puso en marcha dos decisiones migratorias de peso justo antes de poner fin a su mandato y después de visitar La Habana y  haberse entrevistado cuatro veces con Raul Castro tras el reinicio de las relaciones el 14 de diciembre de 2014. Con estas directivas, el demócrata eliminó la política migratoria de "pies mojados/ pies secos" agregada por Clinton a la Ley sobre Ajuste Cubano, que venía a decir que los cubanos interceptados en el mar con intención de alcanzar las costas de Estados Unidos serían devueltos a no ser que pusieran pie en tierra, en cuyo caso obtendrían un permiso de trabajo, ayudas iniciales, y tras un año, podrían solicitar la residencia.

El pánico se hizo patente entres los cubanos deseosos de marcharse ante la sospecha de que se fuera al traste toda la Ley de Ajuste Cubano, nacida tras el éxodo masivo de balseros a mediados de los años 90 a finales del siglo XX. La emigración aumentó con la utilización de América Latina como puente. Nicaragua, aliado del régimen cubano, cerró sus fronteras aduciendo riesgos de seguridad y soberanía y transfirió a Panamá y Costa Rica la atención de los  impedidos de seguir viaje a Estados Unidos.

La segunda decisión migratoria tenía que ver con la eliminación del programa conocido como Parole para los médicos cubanos, puesto en marcha en 2006 por el republicano George W. Bush, que permitía a estos profesionales en misión en terceros países pedir asilo en cualquier embajada norteamericana. El fallecido Fidel Castro lo denunció como "un robo de cerebros, algo de lo que podría acusarse a la mayoría de países del mundo. 

Uno de los que más condenó las decisiones de última hora de Obama fue el congresista cubano-americano Mario Diaz Balart, argumentando que eran concesiones al régimen de La Habana y una traición del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos. El presidente llevo adelante el programa a pesar de las reticencias del Congreso en cuanto a la normalización de las relaciones con Cuba. 

La política de Trump desde su toma de posesión ha consistido en reafirmar el embargo y de oposición a las convocatorias para levantarlo de la ONU u otros foros internacionales. Con sus colaboradores, ha reanudado los informes periódicos sobre el progreso de Cuba en materia de libertades políticas y económicas.


Las directivas migratorias de Obama fueron publicitadas como una forma de consolidar los supuestos avances en el "deshielo" para lo cual las convirtió en irreversibles. La Habana, como era de esperar, dijo que aceptaría la repatriación de los cubanos expulsados de Estados Unidos  como había venido haciendo lo que puso al descubierto el doble rasero de los mandamases  de Washington.

Las medidas sirvieron también para definir los intereses del expresidente demócrata en asunto tan peliagudo, como serían la expansión del comercio bilateral y el impulso a reformas económicas, sin que se mencionara la apertura cubana a un sistema democrático, requisito fundamental para todos los gobiernos anteriores. Las directivas presidenciales llegaron después de  nominar al primer embajador en La Habana tras medio siglo de  ruptura.

Trump advirtió durante su campaña que revertiría todas las concesiones a Cuba "hasta que fueran restablecidas las libertades", aunque todos sabían que se metería en un proceso farragoso, largo y complicado para él mismo. Antes había afirmado estar a buenas con el proceso de normalización de relaciones, pero no hay que rasgarse las vestiduras por esto. El presidente tiene acostumbrada a la gente a enviar mensajes contradictorios y si uno se fija en su propia trayectoria ve que ha sido su modo de actuar desde que fuera un empresario de éxito, al que atraía la política.

Formó parte de las filas demócratas hasta 1987 cuando se pasó a las republicanas durante dos años. Transitó por breve tiempo por el Partido de la Reforma y en 2001 regresó a los bazos del Partido Demócrata, que pudo retenerlo hasta que decidió renovarse con el Partido Republicano y presentarse a las elecciones del 2016. Se puede decir que es el primer presidente en la Casa Blanca sin experiencia política ni en procesos electivos y aún así ganó. 

Los cambios constantes en un individuo se consideran en psicología expresión de alguna fuente de malestar, aunque otra motivación podría ser el simple deseo de cambiar. La gente -al contrario de lo que pueda pensarse- no cambia en un sentido estricto del término, así que dar bandazos de un Partido a otro tenía el objetivo de encontrar el hueco que más beneficiara a su vida e intereses. Los rasgos de la personalidad, en cambio, no varían, y por esto hablamos de un presidente que retiene la forma de expresarse del empresario, actuando con cierto histrionismo, mostrando un lado narcisista y que en muchas ocasiones da la impresión de actuar por impulso. Como hombre de negocios, invirtió años en crearse un personaje como seña de identidad y esto es lo que subyace en su mandato.


John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, un hombre de momento de toda su confianza, llegó a decir, en 2002, que Cuba era una factoría de armas biológicas y este parece ser el encargado de trazar su política en esa dirección. Ha denunciado recientemente a Caracas por su ayuda financiera a Cuba y Nicaragua, que  han estado adquiriendo petróleo a precios preferenciales, tal y como había hecho La Habana antes con la Unión Soviética hasta que Gorbachov le cerró el grifo.

La diplomacia petrolera se fue al garate con el hundimiento de los precios en 2014, lo que ha reducido sensiblemente la compra de Cuba. En la actualidad, recibe 50 mil barriles al dia, pero hasta hace muy poco la cantidad era de 115 mil, con los que cubría una gran parte de su consumo. A cambio,  enviaba al régimen venezolano médicos y expertos en áreas claves como Seguridad e Inteligencia. Cuando Trump decidió apoyar explícitamente a Juan Guaidó  se colocó en la línea de derrocar a  Nicolás Maduro.

Empezó por cortar todo acceso al dinero por la venta de petróleo en suelo norteamericano de la estatal PDVSA, que obtiene el 90% de sus ganancias de ese mercado. Impedir el acceso a los fondos venezolanos ha provocado que el país no pueda importar bienes ni revertir una producción petrolera en declive. Ha complicado también los pagos de la deuda pública. Los números hablan: la PDVSA producía casi tres millones de barriles diarios en 2014 y en enero de este año, apenas extrajo 1,1 millón de barriles, en una nación con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.


Trump decidió dar con el zapato en la mesa hace unos días reduciendo el tiempo de validez, de cinco años a tres meses, de la visa B2 para turismo y visitas a familiares. Cuba reaccionó diciendo que esto constituye un obstáculo adicional para que los cubanos visiten a sus allegados y se suma al cierre de los servicios consulares en La Habana y a la interrupción del otorgamiento de visados, obligando a los isleños a viajar a terceros países.

Washington suspendió la concesión de visados cuando evacuó al 60% del personal de su embajada por unos presuntos "ataques sónicos" a sus diplomáticos. Digo presuntos porque la mayoría de periodistas se pregunta qué ganaría La Habana -si tuviera medios para hacerlo- con tales provocaciones en un momento en que se tambalea el aperturismo de Obama, por no decir que ha ido desapareciendo. Todo indica que los médicos diagnosticaron pérdida de audición y edema cerebral a partir de fuertes dolores de cabeza y otros deterioros cognitivos en las víctimas. El Departamento de Estado acusó al gobierno cubano de no garantizar debidamente la seguridad de la delegación.

Todas las decisiones de Trump van dirigidas siempre a su masa de votantes, muchos de los cuales se muestran contrarios a continuar la política de normalizar relaciones con Cuba.  El 9 de septiembre del 2017, extendió por otro año el embargo como represalia a que los cubanos urgieran a Asamblea General de la ONU a instar a Estados Unidos a levantarlo. La extensión estará vigente hasta el 14 de septiembre de este año, según memorando firmado por el presidente, amparado en la Ley regulatoria de Comercio con el Enemigo (The Trading With The Enemy Act).

El presidente acortó a 45 días los seis meses previstos hasta ahora para que los nacionales afectados por las expropiaciones en 1960 de Fidel Castro pudieran reclamar sus antiguas propiedades. La suspensión en enero de este año atañe a la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática, aprobada por Bill Clinton en 1996 en cuanto a los títulos III y IV de la norma conocida también popularmente como Ley Helms-Burton.

Desde Clinton, todos los gobiernos han dejado sin efecto esta parte de la norma. Las agencias de noticias han señalado en más de una ocasión que podrían llegar a los 200 mil pleitos. La suspensión entrará en vigor el próximo día 19  y concluirá el 17 de abril, según informó el Departamento de Estado. Las firmas extranjeras quedarían exentas, pero no aquellas de la lista "negra" por estar asociadas al régimen, la mayoría dependientes de estamentos de las Fuerzas Armadas y del ministerio del Interior, junto además de hoteles en La Habana, Santiago de Cuba y Varadero. 

Este tipo de política pretende canalizar las actividades económicas fuera del ámbito militar, incluyendo las transacciones relacionadas con viajes, con el objetivo de presionar al régimen a permitir la expansión del sector privado en Cuba. Los gobiernos norteamericanos han considerado el control militar sobre todos los sectores rentables de la nación caribeña el principal obstáculo para su prosperidad y libertad económica.