UNA LEY SOBRE LIBERTAD SEXUAL EN ESPAÑA CON MUCHOS DEFECTOS.

La defensa de la igualdad como acción diferencial radica en que la libertad no es diferente a la capacidad. Considerándome una mujer liberal y liberada, creo en la igualdad de oportunidades y su abstracción de que todos somos iguales ante la ley. Y esto es lo que en verdad ha defendido siempre el movimiento feminista, que no propugna el enfrentamiento de géneros ni considera a todos lo hombres culpables.

No se puede imponer un deber de compensación a un colectivo social como los hombres, que no son responsables de perpetuar los estereotipos, que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Lo que se ignora a veces es que las propias condiciones sociales producen limitaciones en la capacidad de elegir de ciertas mujeres, cuyo estilo de vida se ve relegado por tradición al ámbito familiar.

A veces he pensado que la palabra género debería erradicarse del discurso político-jurídico. Muchas veces el significado del término se trasmuta con fines políticos, como cuando se habla de la mujer en plano de identidad para significar solo las diferencias biológicas, que es de lo que se agarran muchos para no considerarlas sus iguales.

Lo político y lo social contiene la ósmosis para alcanzar un cambio de mentalidad en la sociedad, pero este no tendrá lugar si las mujeres no están representadas en los órganos de toma de decisiones. Hablar de igualdad es considerar a las mujeres y a los hombres como individuos diferentes, aunque iguales.

Para combatir la plaga del antisexismo, resultaría imprescindible que las leyes no vayan dirigidas a un género en particular, creando una cultura política en la que el sexo es una variable fundamental y única para defender a la mujer.  

El gobierno de España aprobó el pasado día 3 _  tras tres semanas de debates internos_, el capricho legal de la ministra de Igualdad, Irene Montero, llamado con mucha rimbombancia Ley Orgánica para la Garantía de Derechos de la Libertad Sexual. Se aprobó con precipitación para usarlo como totem de fe el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer.

El anteproyecto, publicado por el diario El País, afín al PSOE, por lo que tuvo acceso al contenido, a pesar de que aún no se ha publicado en la web del gobierno, se adentraba en asuntos que no correspondía abordar, en opinión de los expertos. El Ministerio de Justicia rogó que se revisara con sosiego pues la extensión de la violencia sexual no se corresponde con los hechos conocidos y recogía supuestos más allá de la violencia de género.

Agregaban los juristas, que había confusión con los derechos contemplados en otras normas e incluía delitos inexistentes como la extorsión sexual y se homogeneizaban las conductas penalizadas. Los delitos de violencia de género y machistas recogido en la nueva ley no figuran en el Convenio de Estambul, esgrimido como base por la ministra Montero.

Este tratado internacional del Consejo de Europa reconoció en 2011 como problema social la violencia contra la mujer, considerando tales actos discriminatorios y una violación de los derechos humanos. España, lo puso en vigor en 2014. Pero la ley de Igualdad de Montero, con un carácter marcadamente populista, no es tan fácil de enarbolar como una pancarta.


La chapucera redacción de la regla enfrentó al vicepresidente Pablo Iglesias con el Ministro de Justicia, quien creía que debía dedicarse más tiempo a la redacción del texto. “En las excusas técnicas creo que hay mucho machismo frustrado”, señaló el líder de Podemos, una formación, en coalición de gobierno con el PSOE, que no soporta las discrepancias, pues se considera tan sumamente progre, que está convencida de que todo lo hace bien.

El anteproyecto de ley ha estado dirigido por el grupo de Iglesias dentro del Ejecutivo y hay que decir que las discrepancias en el seno de la coalición no han finalizado con el paso por el Consejo de Ministros. Incluso, después de ser aprobado, al coste de muchas tensiones, continúan los coletazos.

Hasta ahora, para que hubiera agresión sexual debían concurrir violencia e intimidación, caso contrario se veria como  abuso. La nueva ley omite esto y enfoca solo el consentimiento como la manifestación libre "por actos exteriores, concluyentes e inequívocos” de la voluntad de participar en el acto. Los expertos observaron una invasión de competencias educativas o en asistencia social, en manos de las Autonomías, y el intento de establecer delitos inexistentes como el sexting.

El hembrismo punitivo, subyacente en el anteproyecto, ha convertido la igualdad social de la mujer en una dictadura de las féminas al eliminar la presunción de inocencia, porque como se encargó de puntualizar de manera nada acertada la vicepresidenta Carmen Calvo, a la mujer hay que creerla siempre. Hay que decir que muchas mujeres militantes socialistas y hasta feministas no se consideran representadas por estos contenidos, como se ha podido ver y leer en los medios de prensa españoles.

El feminismo se ha convertido así en una coartada y ha dejado de ser bandera de la igualdad ante la ley. En la nueva norma, por cierto, no se habla de conciliación familiar, una de las mayores preocupaciones de las mujeres trabajadoras. Resulta, eso sí, un caballo de troya para introducir elementos anti-sistema, al más puro estilo de trinchera de Podemos, para subvertir el estado liberal y democrático de derechos y convertirlo en uno sin contrapesos.

Montero y su equipo desean juzgar y condenar a la gente por lo que piensa y no por sus acciones. Es la razón de colocar a sus afines en los puestos de relevancia dentro del poder. A mi modo de ver, y no soy jurista, estamos ante un supremacismo de género y de momento avanzan en ese terreno. Así vemos que la ministra de Igualdad ha defendido que la norma, su norma, tiene el consenso de lo que identifica como gobierno femenino.


Montero ocupa hoy el mismo ministerio que tuvo Calvo en la pasada legislatura y que la coalición con Unidas Podemos hizo caer en sus manos como agua de mayo. Todos los expertos coinciden en su ignorancia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en que hay mucha carga política en  el texto. Una ex-diputada socialista, miembro de siempre del movimiento feminista español, ha puesto de relieve que las políticas de igualdad no pueden ser el laboratorio de aprendizaje de Podemos porque se pone en riesgo el compromiso social con la igualdad entre mujeres y hombres.

Los medios han hablado mucho en esto días del caso de las niñas arrancadas del seno familiar y puestas bajo protección pública en Baleares, donde gobiernan PSOE y Podemos, y que han sido violadas y  prostituido por la negligencia de sus cuidadores. El Partido Popular exige una comisión de investigación de estos hechos en el Congreso a la que se opone la misma alianza en Madrid. Queda claro que la preocupacion por el genero femenino tiene limitaciones como seria no poner a las autoridades en tela de juicio.

Tras la primera lectura en el Consejo de Ministros, el anteproyecto comienza el proceso de audiencias públicas, durante el cual deberán emitirse los informes preceptivos del Consejo del Poder Judicial o del Consejo de Estado antes de regresar el Ejecutivo, que lo presentará para su tramitación en el Congreso.

UNA LEY DE EDUCACIÓN MÁS PARA ESPAÑA.

La ley de educación aprobada por el Consejo de Ministros esta semana será la octava en mas de 40 años de democracia española. Las normas se sacaban adelante con prisas por los gobiernos sucesivos  para evitar su derogación antes de entrar en vigor como ocurrió en 2004.

La LOCE fue derogada por el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que implantó otra llamada LOE, aboliendo la aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular de José María Aznar. La LOMLOE, que es la actual, podría entrar en vigor el próximo curso 2020/2021. 

La Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación anterior del gobierno del PP de Mariano Rajoy, es el producto del acecho a que la sometió el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigido por Isabel Celáa. Un hecho real es que a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, una cuarta parte de los escolares españoles sigue  sin alcanzar el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las comunidades autónomas con lengua propia seguirán teniendo más competencias para decidir el grado de la enseñanza del español. Esto tiene ya consecuencias en el currículo básico escolar, donde los idiomas regionales tienen más peso que el establecido por la Constitucion como oficial para todo el territorio.

El gobierno se ha escudado en la defensa  de la enseñanza pública como pilar de la sociedad: "Solo desde un sistema público fuerte se puede garantizar la equidad y la igualdad" en opinión de la portavoz María Jesús Montero. Pero una de las chinas en el zapato es dejar sin cobertura legal a la la lengua oficial y dejar de  lado a las escuelas concertadas (privadas integradas en la enseñanza pública). En ellas estudia un 25% del alumnado y ayudan a ensanchar las posibilidades de participar del sistema a amplias capas de la población.

Nos encontramos así con que el objetivo de este gobierno, sobre todo en lo que se refiere a Formación Profesional, de intentar controlar el fracaso escolar para que todos los estudiantes titulen, tengan las notas que tengan. La repetición del curso pasa a ser una "medida excepcional".

Otro objetivo, que se espera cumpla la LOMLOE, es acabar con el paro juvenil, de ahí que entre otros aspectos se pretenda recuperar parte del poder cedido a las Comunidades Autónomas sobre enseñanza con el establecimiento, como pretendía ya la LOE, que el gobierno central decida sobre el 55% de los contenidos curriculares en regiones con lengua co-oficial y el 65% en el resto, pero de momento esto no podrá ejecutarse.

Lo que ha supuesto para muchos padres un respiro es que la asignatura de religión no será obligatoria sino voluntaria y lo más importante: no contará para la nota media. Y aunque muchas asociaciones cristianas se rasguen las vestiduras, así es como debe ser. La religión es un tema de fe y no de la enseñanza básica, en la que todos los españoles participan con sus impuestos, así que debe relegarse al ámbito de las iglesias.

Celáa provocó un choque brutal con los padres al decirles descarnadamente hace unos dias  que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de estos a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza", que era tanto como decirles que nada tienen que decir sobre la educación de sus hijos. Y esto es verdad,  de cierto modo, ya que el Estado tiene la hegemonía sobre sus ciudadanos -no así el gobierno- y conserva la patria potestad, que cede a los padres.

Todo este rifirrafe vino a tenor de una iniciativa de Vox, que se ha venido aplicando en Murcia, respecto a las actividades extracurriculares, en cuanto a dar o no permiso para que sus hijos asistan. Y pienso que en esto si tienen algo que decir los padres, porque si un profesor da una conferencia sobre relaciones sexuales, esto no puede de ninguna manera ser obligatorio porque no forma parte de la enseñanza básica.

Los dos principales sindicatos  y las asociaciones de profesionales españoles advierten de que algunos de los contenidos de la ley supondrán bajar la calidad y la exigencia, que resulta parcial, precipitada y sin consenso, muy a pesar de que la ministra Celáa hable de excelencia, dando la vuelta al significado de la palabra, que no es otro que procurar la mejora del alumno, no que se achante sabiendo que pasará de curso sí o sí.

Esta es una ley que nace con un mayor consenso que la LOMCE, pero siendo, como es, una cuestión de estado, deberían haber participado en su elaboración la mayoría de partidos representados en el Congreso para evitar que el día de mañana un cambio de gobierno nos sitúe de nuevo en la encrucijada de cambiar la norma porque al partido de turno no le guste.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho con claridad que parece imposible creer que PSOE y Podemos se apoyen en los nacionalistas excluyentes de ERC y PNV para decidir sobre la educación de todos los españoles y aboga por la creación de una subcomisión para recuperar el pacto de estado por la educación, a punto de salir adelante, cuando topó con la oposición socialista.

Los españoles siguen confiando en unos líderes que no siempre tienen en mente en sus acciones el interés de todos. Si nos tomamos a pie juntillas los sondeos de opinión, el paro, la escasez de prestaciones a los más vulnerables y las malas relaciones con Cataluña son los temas que realmente preocupan a todos. Carece de importancia si el Parlament catalán votó a favor de la separación de España, no es ni de lejos un estado dentro de otro.

La forma en que ha llegado al poder el actual Ejecutivo, asociándose con la extrema izquierda de Podemos, traza una línea de continuidad con la izquierda europea más rancia y levanta las sospechas de un futuro perturbador. Todos esperan un sablazo  fiscal, que no afectará a los ricos, sino a los autónomos y a las clases populares, iniciativa de Podemos, aun cuando desde el gobierno se habla de defender a los que menos tieneln.

Tenemos un claro ejemplo de estas diferencias, que van en la dirección de mantener a Pedro Sanchez en la presidencia con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas catalanes y del País Vasco. La manifestación protagonizada hace dos días frente al Congreso de Policías y Guardia Civiles con la exigencia de una equiparación salarial con quienes realizan la misma función en Cataluña y País Vasco, teniendo en cuenta que en todos los casos la caja del   es la misma: el Ministerio del Interior, es un claro ejemplo de lo anterior.

España tiene los peores resultados en el conjunto de países de la OCD, según indicadores de PISA, a pesar de ser uno de los que más invierte en Educación. Pero si el sistema no funciona de nada vale el dinero. De no lograrse una forma de control único del Estado o que se prescinda del adoctrinamiento político en las escuelas, como es el plan de Podemos, y sigan existiendo los 17 sistemas inconexos educativos en este país, no se avanzará en este tema y continuaremos a la cola de las naciones desarrolladas de Europa.

La sociedad española atraviesa un momento importante de su historia plagada de hitos trascendentes, entre otras razones, porque es la primera vez que se tiene un gobierno de coalición con participación de los comunistas. Los extremos, que durante años se han contenido, surgen rodeados de rencores y pases de cuenta extemporales, y los recientes pasos del Ejecutivo así lo demuestran. 

¿Una nueva crisis de refugiados en Europa?

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha volcado sobre Europa a todos los refugiados de guerra, muchos de los cuales tienen que ver con su manera de inmiscuirse en la guerra en Siria.

Turquía acoge a tres millones 700 mil refugiados sirios y otros varios centenares de nacionales como iraquíes, afganos e iraníes. La contrapartida económica de tres mil millones de euros por la firma del acuerdo sobre migración firmado en 2016 con Bruselas, se ha terminado.

Esta es la última amenaza de un aspirante a dirigir un renovado imperio otomano de carácter musulmán, surgido de las cenizas de lo que fuera la Turquía laica de Mustafá Kemal Ataturk.

A Turquía no se le puede tocar porque es un aliado importante dentro de la OTAN,  a pesar de que Ankara decidió hace tiempo tener su propia geopolítica. La apertura de puertas a los refugiados para que pasen a territorio de la Unión Europea es parte de este proyecto. Son personas que nada tienen que perder o que ganar y si alguno evita su paso, son los griegos, no Bruselas, a pesar de las críticas levantadas con vídeos en los que se muestra una represión desmedida contra esa oleada.

Lo primero que hay que decir es que ya tienen su grado de refugiados, obtenido al llegar a los campos turcos. Frente a este reto, los europeos se preguntan si la UE tiene de verdad políticas exteriores y de seguridad funcionales.

El primer ministro Kyryakos Mitsotakis ha señalado que no estamos ante un problema de refugiados sino de un ataque de Turquía para utilizar a estas personas en la promoción de su agenda geopolítica y desviar la atención de la terrible situación en Siria. La presidenta de la Comision Europea U. von del Leyen, en una alocución directa a Erdogan, dijo que fracasarán aquellos que pretendan acabar con la unidad de Europa. No cederemos y la unión prevalecerá, ha sentenciado.

La anterior crisis en 2016 la facilitaron Alemania y Francia porque les venía con el fin de no adoptar a más refugiados y hemos visto el desastre que ha supuesto colocar los campos de refugiados en Turquía, bajo el control de ese gobierno. La UE se desentendió del problema y no se preocupó por institucionalizar estos campamentos y de crear una fuerza para mantener bajo control los límites establecidos.

Así que por mucho que Leyen hable de unidad y hasta pueda parecer que su postura es gallarda frente a Erdogan, Europa carece de la capacidad para resolver con eficiencia un problema de esta naturaleza, de por sí complejo y viral, por la ausencia de una política exterior común y no disponer de medios propios para contener esta epidemia. Los europeos con sus votos y en manifestaciones han dejado claro su cansancio por la defensa de algunos derechos humanos en detrimento de otros.

En el trasfondo, está que Europa le negó a Erdogan los seis mil millones que pedía para atender el problema en su territorio, reduciendo el dinero a la mitad e con un incumplimiento flagrante de su promesa de ayuda. Puede que esta resistencia estuviera dictada por la convicción de que Ankara utilizaría la ayuda para fortalecer su guerra en Siria. La moraleja que deja la historia es que si se negocia con personajes cuyo interés no es la democracia, ocurren estas cosas.

Hablamos en esta crisis migratoria de un asalto masivo, perfectamente organizado y financiado, ilegal, que los grupos buenistas y progres han recogido para sí reclamando ayuda humanitaria.