Por Mirta Balea
El presidente ruso Vladimir Putin ha puesto en alerta máxima -como si fuera a estallar la III Guerra Mundial- a las tropas de tierra y aire en los distritos del Oeste y Centro del país.
La comunidad internacional, sentada en su cómodo puesto de observación, se ha movido inquieta por la coincidencia de esas maniobras con el asentamiento en Kiev de un gobierno de transición al que Moscú insiste en desconocer.
A pesar de la explicación oficial de que se trata de la continuación de "verificaciones y controles sobre la preparación del Ejército", Occidente lo ve como un gesto de sacar músculo tras la pérdida de su estrecha alianza con el depuesto gobierno de Victor Yanukovic.
Los ejércitos rusos fronterizos con Ucrania son dos, con sede en San Petersburgo, y han sido movilizados unos 150,000 efectivos para ejercicios que deberían terminar mañana.
La demostración de fuerza parece innegable por parte de una poderosa nación que desde la huída de Yanukovic proclama la ilegitimidad del gobierno de unidad nacional y ha considerado el cambio en Kiev como una suerte de golpe de Estado de un grupo de "usurpadores".
Yanukovic, ante la negativa de Moscú a admitir el cambio, ha sacado pecho para decir que sigue siendo el presidente "legítimo" y rechaza a los usurpadores del Parlamento, a pesar de que siguen actuando los mismos diputados.
Rusia tiene en la península de Crimea su flota del Mar Negro. La base en Sebastopol se mantiene por un contrato arrendatario que Yanukovic extendió hasta el 2042 hace tres años.
El gobierno de Putin ha dejado claro que ve los cambios de los últimos días como "una amenaza real" para la vida y salud de los rusos en Ucrania.
El ministro de Defensa ha puesto su granito de arena en este afanoso patrioterismo para señalar que el ejército garantizará "la seguridad de sus instalaciones y arsenales", horas antes de iniciarse las maniobras, en teoría una continuación de las del pasado año.
La mitad al menos de los dos millones de habitantes de Crimea tiene nacionalidad rusa como parte de una política continuada de Moscú para mantener la otrora esfera de influencia de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Otras ex-repúblicas soviéticas están en el mismo caso.
La decisión reciente del Parlamento en Kiev de rebajar el estatuto del idioma ruso en el país, ha provocado el rechazo de grupos anexionistas, no solo en Crimea, sino en otras regiones del este y sur del país
En Semferopol, capital de la región, se han registrado esta misma semana enfrentamientos entre los partidarios del gobierno interino y favorables a la estabilidad nacional, y los llamados independentistas de la península, interesados en una anexión a Rusia.
Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sí que se han tomado muy en serio las maniobras rusas y al término de una reunión en Bruselas reiteraron que "continuarán apoyando la independencia y soberanía de Ucrania y su integridad territorial, desarrollo democrático y principio de inviolabilidad de sus fronteras".
Estos postulados para los "otanistas" son claves para el mantenimiento de la estabilidad y seguridad en el este y centro de Europa y en todo el continente.
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado John Kerry, fue más allá y advirtió directamente a Moscú que mantenga su palabra de no inmiscuirse en Ucrania.
La integridad de Ucrania debería estar garantizada por los acuerdos de Helsinki y por tratados firmados a mediados de los 90 del pasado siglo por Rusia, Ucrania y Estados Unidos a propósito de la caida del comunismo en Europa del Este.
Existe, sin embargo, una inminente amenaza de separatismo instigada desde Moscú, que sangra por la herida de haber perdido su control sobre Ucrania y anhela que la situación revierta, a poder ser con un golpe de Estado de los grupos prorrusos.
La tensión separatista en Crimea ralentiza al gobierno interino de Kiev en sus esfuerzos de unidad nacional.
El Parlamento no solo determinó bajar la calificación del idioma ruso en el país, sino que disolvió a las Aguilas Doradas (Berkut), unas fuerzas especiales del régimen de Yanukovic, responsables de los 82 muertos y cientos de heridos dejados por las revueltas populares.
La prensa dio a conocer hace unos días la imagen de un grupo de las Berkut en Lvov que pidió públicamente perdón por sus desmanes con toda probabilidad para salvar sus propias vidas. La cuestión es que los valores no sea crean por mucho que te arrodilles y clames por la tolerancia de aquellos a los que dañaste.
El Parlamento pareció romper ahora, en momentos tan decisivos, con el pasado comunista del país al retirar la estrella dorada, que se mantenía en el mástil del edificio de la cámara desde la época en que Ucrania formaba parte de la URSS. Fueron destruidas, asimismo, en todo el país más de 70 estatuas de Lenin.
Si alguien cree que Rusia no estaría dispuesta a intervenir militarmente en Ucrania, cuando Putin se revuelve en su cubil por haber visto fluir como el agua entre sus dedos la alianza alcanzada con Yanukovic, no tiene más que repasar la historia más reciente.
Durante la guerra de Georgia en 2008, los rusos invadieron Abjasia y Osetia del Sur con la excusa de "proteger a sus nacionales residentes en esos territorios", antes parte de la URSS.
Ucrania corre en estos momentos el peligro emanado de su división en dos sistemas diferentes, que han convivido con dificultades desde que se proclamara República en 1991 tras la desaparición de la URSS: el nacionalismo ucraniano, de corte europeísta, y el paneslavo prosoviético, que no ve con buenos ojos el acercamiento a Bruselas en detrimento de Moscú.
Este último - no hay que olvidarlo - tiene un pedigrí de largo y comprometido romance con el nacionalsocialismo alemán durante la II Guerra Mundial y de ayuda en los progroms contra los judíos.
Putin es un viejo zorro en política y puede que en esta ocasión se abstenga de dar en Ucrania un paso como el de 2008 en Georgia esgrimiendo la misma excusa de entonces. Es probable que sopese el peligro que traería a los intereses rusos en el Mar Negro y lo costoso que resultaría, además de que a la OTAN le resultaría imposible ignorar este tipo de acciones.
Con 82 muertos sobre sus hombros, Yanukovic está en capilla ardiente de enfrentar algún tipo de justicia internacional, como la creada en 1998 con el Tribunal Internacional Penal (TPI), en La Haya, para juzgar crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad durante los conflictos de la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Si Rusia le da asilo al derrocado presidente -que es lo que todos esperan-, resultará difícil que el TPI pueda juzgarlo. Nadie conoce su paradero desde que volara la semana pasada a Crimea, pero tampoco se descarta que podría estar en territorio ruso.
El Parlamento en Kiev había aprobado el pasado día 25 una petición para que el huido presidente y sus más estrechos colaboradores fueran juzgados por el TPI. Con la caída del anterior gobierno, sus compatriotas y el mundo han sabido de la riqueza que ha amasado en todos estos años Yanukovic, junto a sus amigos, y sus vínculos con la oligarquía nacional, a la que colmó de prebendas.
Lo mejor sería, sin embargo, que lo juzgaran los propios ucranianos en sus tribunales. La ley debe imponerse también en el caso de los uniformados que participaron en la represión violenta de las manifestaciones, cuando su deber era cuidar a la población en vez de masacrarla.
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