Por Mary Simón
El acoso, la represión y el asesinato a periodistas parece acuñarse como un distintivo que paradójicamente vincula a regímenes totalitarios con agrupaciones del crimen organizado en numerosos países democráticos, unos bajo situaciones de guerra, otros envueltos en violentos conflictos internos. El objetivo: enmudecer a la prensa. Matar la verdad.
Este fenómeno se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos 10 años. O, al menos se ha hecho mucho más visible desde que se expandiera el acceso a recursos tan importantes como las redes de Internet, que facilitan la difusión, la denuncia, las imágenes del día a día del trasfondo de sociedades en las que silenciar a la prensa constituye, sin lugar a equívocos, una tarea priorizada.
En total, oficialmente se ha reconocido que 78 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de la profesión desde que comenzó este año de 2011, según los últimos datos ofrecidos por la Campaña Emblema de Prensa (PEC por sus siglas en inglés), que desde hace siete años estableció un sistema de monitoreo que le permite un conteo actualizado de los casos de agresiones extremas –entiéndase asesinatos- a trabajadores de los medios.
La PEC presentó el día 28 de septiembre una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual se sostiene que aparte de aquellos países que están aún en situaciones de guerra, como serían Afganistán e Iraq, hay otros lugares o regiones donde el panorama resulta inquietante.
De hecho, no sólo la PEC, sino otras ONG del sector –como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)- consideran que la situación en América Latina es una de las que genera mayor preocupación.
Esta apreciación se basa en el hecho de que de enero a septiembre han sido asesinados en la región latinoamericana 30 periodistas en pleno ejercicio de la misión informativa.
Las frecuentes medidas de censura, represión y asedio a los medios, cuyos profesionales son cada día más un objetivo a eliminar por parte de gobiernos dictatoriales, grupos de narcotraficantes y corruptos, son cada vez más frecuentes –pero no exclusivas- en países democráticos.
En cuanto a regímenes totalitarios –como sería el caso de Cuba, en América Latina- muchas veces resulta difícil acceder a cifras. Sin embargo, no hay mejor testimonio que las imágenes de la continua represión a los medios independientes, aquellos que buscan reportar libremente las graves violaciones a los derechos humanos.
Un caso muy preocupante –según la PEC- es el de México, donde 12 comunicadores sociales han perdido la vida en lo que va de año, y de ellos nueve en los últimos meses. Pero no es la primera vez que la PEC ubica al país azteca entre los de mayor peligrosidad en el mundo para el ejercicio del periodismo.
La Campaña ha reiterado que en Latinoamérica la protección de los periodistas, lejos de mejorar empeora, y subraya el hecho de que además de México, hay otros países en los que se han llevado a cabo asesinatos de periodistas: cuatro en Honduras, cuatro en Brasil, otros cuatro en Perú, uno en Colombia y uno en República Dominicana.
En el segmento del CDH destinado a las ONG, que en definitiva constituyen la voz de la sociedad civil, el representante de la PEC, Gianfranco Fattorini, también expresó preocupación ante la evolución de la situación en varios países en conflicto o post-conflicto, entre los que mencionó a Pakistán, -al que consideran el segundo país de mayor peligrosidad para los periodistas-.
Siguiendo el balance hecho sobre estos nueve meses de 2011, a Pakistán le acompañan en orden decreciente, Iraq, (siete periodistas han muertos), Libia (cinco), Afganistán (dos) y Somalia (2).
En todos estos países, la mayoría de las víctimas fueron el objetivo de asesinatos selectivos y sus autores disfrutan de la impunidad con que se está viviendo, ya que por lo general no son llevados ante tribunales.
Los grupos del crimen organizado ejercen fuertes presiones sobre los medios de prensa mexicana, mientras que amplían el control que mantienen sobre casi todos los sectores sociales en una buena parte del país. La autocensura a los medios ha sido impuesta en las áreas controladas por el narcotráfico ha traído como consecuencia una ola de violencias y de intimidaciones, según denuncias del Comité para la protección de los periodistas (CPJ).
El “modus operandi” de estos delincuentes se caracteriza por ataques contra periodistas, convertidos en objetivos directos. Pero también llevan a cabo secuestros, desapariciones forzadas, y la quizás no tan “novedosa” técnica de cambio de vida mediante el exilio forzado.
Si bien las autoridades han adoptado diversas medidas, y el actual presidente, Felipe Calderón Hinojosa, ha prometido impulsar la adopción de una legislación que castigue a nivel nacional las agresiones contra la libertad de expresión y garantice la protección a periodistas en situación de riesgos, el CPJ insiste en que los medios siguen siendo víctimas de una violencia incontrolada.
Ya en julio, se habían reforzado algunos mecanismos de la fiscalía federal para la atención específica de delitos contra periodistas (ver www.cpj.org/es/2011/México).
La situación ha degenerado de tal forma que ya en septiembre pasado, en un informe especial de esa ONG, bajo el título “Silencio o muerte en la prensa mexicana”, se planteaba que desde que Calderón asumió la presidencia en 2006 más de 30 periodistas habían “caído o desaparecido”. Lo difícil de asumir que esta cifra compita con las de los que han fallecido en países en guerra –como Iraq- o en situaciones extremas –como Somalia-.
Esos 30 profesionales del sector están incluidos en las casi 30 mil muertes provocadas por crímenes vinculados al narcotráfico, reportados en los últimos cinco años. En ese sentido, cabe destacar que a principios de año se reportó la desaparición de tres periodistas, David Silva, Miguel Ángel Domínguez y Pedro Argüello, envueltos en la guerra entre el cartel del Golfo y el conocido como los Zetas, en la ciudad de Reynosa. De los tres, siguen desaparecidos Domínguez y Argüello.
Algunos periodistas han tenido que pedir asilo en Estados Unidos y Canadá tras recibir fuertes amenazas de muerte, como es el caso de Jorge Luis Aguirre, quien en Ciudad Juárez era director del digital La Polaka, y el de Luis Horacio Najera, que fue corresponsal del Grupo Reforma en esa misma ciudad.
Sin embargo, pese al panorama sombrío de la prensa mexicana, el país azteca no es el único en enfrentar graves violaciones al derecho a la información y a la vida de los que ejercen la profesión.
En 2010, y también en lo que va de año, tanto la PEC como otras prestigiosas ONG del sector de los medios –como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)- han hecho hincapié en lo intolerable de las situaciones que se registran a diario en el conjunto de la región Latinoamericana.
En ese sentido, podríamos también hacer un aparte para describir lo que sucede en Cuba, Ecuador y Venezuela, aunque espacios faltarían para echar una ojeada a la situación en países centroamericanos, en particular Honduras, y un poco más al sur, en la propia Argentina democrática.
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