Para empezar, el gobierno socialista de Pedro Sánchez lo decretó a mediados del pasado año sin un diálogo previo con la familia, así, de golpe y porrazo, y como era de esperar la parentela se rebeló.
El ex-vicepresidente Alfonso Guerra, miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español, durante una entrevista para el programa Más de Uno de la cadena radial Onda Cero, puso el dedo en la llaga hace unos días al comentar que no se ha tenido en cuenta que la familia respondería ante una decisión así y ahora para complicarlo más se han movilizado los franquistas.
Guerra evocó la época de los mandatos del también socialista José Luis Rodríguez Zapareero (entre 2004 y 2011) cuando se alertó de la necesidad de tener la conformidad de la familia porque, aún cuando un monumento a la gloria del dictador resulta inadecuado en democracia, en "política hay que tener sabiduría de ajedrez".
El gobierno de Sánchez dio la orden de exhumar el cadáver el pasado 15 de febrero como último paso del proceso administrativo de sí o sí a la salida. Pero esto podría no llevarse a cabo si ocupara la presidencia un gobierno de otro color nacido de las elecciones presidenciales del próximo 28 de abril.
Todo el procedimiento está basado en la Ley de Memoria Histórica (LMH) aprobada en 2007 durante el mandato de Zapatero considerada por algunos sectores nacionales como asignatura pendiente de la nueva etapa democrática del país. Esto abrió el camino para que muchos municipios empezaran a desmontar las estatuas de Franco en diversos lugares de España y cambiaran el nombre de plazas y calles de figuras relacionadas con la dictadura.
La LMH promete ayudar a la exhumación de las víctimas y prohíbe la exaltación del alzamiento militar - que condujo a la guerra civil, a la victoria franquista y a la consecuente represión- en cualquier espacio o edificio público, lo que incluye al Valle de los Caídos. El Partido Popular se opuso en su momento a la norma argumentando que rompía la herencia de consenso en la que se construyó la transición democrática. El Congreso la aprobó con 324 votos a favor, 137, en contra y tres abstenciones. Todos los grupos dieron su apoyo excepto el Partido Popular y el partido soberanista catalán Esquerra Republicana.
La tumba de Franco, junto a la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange, ha presidido el Altar Mayor de la Basílica en los últimos 43 años. Los restos de este último fueron traídos del Escorial un día antes de inaugurar el monumento en el que están enterradas también 34 mil personas relacionadas con las dos Españas enfrentadas durante la Guerra Civil.
Franco decidió, poco tiempo después de finalizada la guerra civil en 1940, la construcción de un gran monumento para honrar la "memoria de los caídos por Dios y por España" y eligió personalmente el lugar en el valle de Cuelgamuros, sierra de Guadarrama, para erigir la Basílica en lo que comenzó a conocerse por Valle de los Caídos.
En esto se invirtieron unos 20 años. La mano de obra estuvo a cargo de 20 mil presos politicos en siete de estos años a los que se ofrecieron acortar las penas por participar, una idea del jesuita Pérez del Pulgar mediante el Patronato para la Reducción de Penas. Se redimía un día por cada dos de trabajo.
Se sabe que murieron entre 14 y 18 personas, algunas por caer de los andamios, aunque la mayoría por la silicosis. A pesar de que se les entregaban máscaras para el trabajo, los obreros decidían no usarlas por resultar engorroso trabajar con ellas. El coste de las obras, al cambio actual, estaría en los seis y medio millones de euros.
España ha pasado por una guerra civil, culmen de otras cuantas anteriores, y por 40 años de dictadura, de manera que hay un pasado con el que todos los españoles están obligados a convivir. Una memoria del agravio, teniendo en cuenta tales antecedentes, podría ser adecuada si unos y otros dejaran de declararse víctimas. Lo que tienen las guerras es que tanto un bando como el otro mata al contrario en combate o de manera alevosa y la tortura no escasea.
Lo más controvertido para esta memoria del agravio se encuentra en los años de dictadura, en los que se reprimió salvajemente a una importante parte de la población y Franco rigió a su anchas sin oposición.
La familia Martínez Bordiú y Franco jamás autorizará ni colaborará con el gobierno en la exhumación -según el abogado de los descendientes Felipe Utrera Molina- por considerarlo un ultraje a la memoria de su abuelo. Lo que tiene de violento la iniciativa socialista es que se anunció por decreto. Los siete nietos desearían que no se perturbe la paz sepulcral de alguien a quien querían y pretenden que todo se quede como está.
El príncipe Felipe VI, actual monarca español, firmó el decreto de exhumación, pero fue el rey Juan Carlos I, su padre y predecesor, quien dispuso la última morada de Franco en el Valle de los Caídos. La muerte del dictador dio inicio a la libertad y poco importaba dónde estuviese enterrado. Todos veían entonces el pasado como algo finiquitado y la necesidad de pasar página, por decirlo de alguna manera, lo que contribuyó al posterior proceso de reconciliación nacional, que posibilitó el establecimiento de un régimen democrático. Transcurrió de esta manera durante los primeros veinte años de pos-dictadura hasta la llegada de una nueva generación.
Una comisión de expertos analizó en 2011, en la segunda legislatura de Zapatero, el destino del Valle de los Caidos, monumento edificado por el dictador para dar cobijo a los combatientes muertos por "Dios y por España". Una vez concluidas las obras ordenó transferir también a ese sitio las tumbas de los del bando Republicano sin consultar con las familias. Este lugar es la última morada de los huesos de más de 32 mil muertos de la guerra civil, registrados como desconocidos. Debido al mal estado de los restos y de los columbarios no se les ha podido identificar. En su momento se trasladaron tumbas únicas, pero en su mayoría se trataba de cajas con huesos de varias personas.
La Comisión hizo varias recomendaciones al gobierno como sería la de reconvertir el Valle de los Caídos en un sitio para la "memoria reconciliada" dada la falta de alternativas. Para algunos resultaba el indicativo de que había algo que solucionar y que generó un conflicto inexistente hasta el momento en que no era un reclamo popular el cuestionamiento del proceso de reconciliación y ni siquiera habían empezado a funcionar las organizaciones derivadas de la LMH.
La reconciliación, como se desprende de algunos libros de historia sobre la guerra civil española, era una realidad presente unos años antes de morir Franco. Esto hace que muchos piensen que la norma de Zapatero ha creado y alimentado de manera calculada la confrontación en el seno de la sociedad civil.
La Comisión barajó varias hipótesis de trabajo: dejar el asunto como estaba, destruir el monumento o darle una nueva connotación por lo que sus recomendaciones giraron en torno a la necesidad de reconvertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de las victimas de las dos Españas, trasladar la tumba de Primo de Rivera para que no estuviera en lugar destacado y exhumar la momia de Franco. Aun entonces, algunos miembros de la Comisión creían que estas acciones servirían para separar, dividir y tensionar más a la sociedad española.
La LMH no contempla el tema del enterramiento, pero en el caso que nos ocupa queda sobrentendido que por razones de orden público no deben enaltecerse los valores del franquismo en España o a sus figuras, lo que impone sacar su momia del sitio visitado cada año por cientos de miles de personas, entre ellas turistas, pero también franquistas, nazis y ultraderechistas.
Ante la premura del gobierno de Sánchez por el traslado, la familia Martínez Bordiú y Franco dijo tener a su disposición una sepultura en propiedad en la cripta de la Catedral de Santa María de la Almudena, en el mismo centro de Madrid, y aportaron el título funerario de inhumación perpetua, dejando claro, además, que carecían de otra sepultura. Parecería normal que el dictador hubiera sido enterrado junto a su viuda Carmen Polo en los jardines del Palacio del Pardo, residencia de los reyes, pero esta fue erigida con fondos sociales y es un bien público del que los descendientes no pueden disponer.
Los herederos del dictador dejaron claro que de darse la posibilidad de re-ubicación debía llevarse a cabo con la fanfarria inherente a los honores de un jefe de Estado, con lo que estaría de acuerdo una buena parte de la sociedad española dado que Franco lo fue durante 40 años y así figura en la historia de este país. El gobierno modificó entonces la LMH para impedir que fuese enterrado en la Almudena y la vicepresidente Carmen Calvo viajó a buscar la anuencia del Vaticano.
Cuando el gobierno pasó a la última fase de los trámites legales para el traslado de la momia a otro lugar, dejó que claro que no requiere del permiso de la Iglesia para nada de esto, lo que de hecho contradice el viaje a Roma de Calvo, quien solo logró arrancar a la Sana Sede la aceptación de la exhumación del Valle de los Caídos conforme a Derecho.
La Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Madrid y el Vaticano nada tienen contra la exhumación al día de hoy y lo han dejado claro, pero han exhortado también al gobierno a alcanzar un acuerdo con la familia que satisfaga a todos sin herir sensibilidades. Solo el prior de la Basílica, Santiago Catera, ha puesto peros a la salida de la momia del lugar donde ha sido custodiada todo este tiempo.
Arguye que el arzobispado de Madrid carece de competencia para influir en su decisión porque el monasterio - aunque parte de la diócesis de la capital española- pertenece a la abadía benedictina francesa de San Pedro de Solesmes, cuyos religiosos dependen de la congregación, no de los obispos, y mira tú por donde consideran todo este asunto algo interno de los españoles.
Catera goza de un pedigrí ideológico que pesa mucho en su interés por negarse a la exhumación e incumplir la ley. Antes de dedicarse a la vida eclesiástica, este buen católico figuró en las listas de las falanges en las elecciones al parlamento y municipales de 1994 y hasta donde se sabe nunca ha abjurado de sus ideales. La orden benedictina, que llegó al Valle de los Caídos en 1960, y a la que él representa, puede que entienda que su función es custodiar al dictador.
El Real Decreto para exhumar el cadáver de Franco salió adelante en el Congreso con 176 votos a favor, 165 abstenciones y dos en contra. El único intento de acercamiento a la familia por parte del gobierno ha sido comunicarles que será exhumado se opongan o no porque está en un monumento del Patrimonio Nacional. Esto, sin dudas, pone en evidencia una cierta arrogancia por parte del Ejecutivo presidido por Sánchez en un asunto que hiere sensibilidades y en el que quizás podrían haber actuado de otra manera.
La iniciativa no ha encontrado solo la oposición familiar - que apelará al Supremo y este podría paralizar de forma cautelar el proceso- sino que ha generado durante ocho meses una nueva división entre la clase política y la opinión pública. El protocolo de exhumación muestra muchas carencias, la principal, pasar por alto encontrar un consenso con la familia y dar alternativas para su re-inhumación, lo que hace a muchos suponer que en la intención del Ejecutivo solo está del interés por deshacerse de la momia, al margen de otras consideraciones.
