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| El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardon |
Por Mirta Balea
El Partido Popular (PP) - que gobierna España- ha encontrado el eslabón perdido a fin de que su ley anti-aborto siga el trámite de consultas en el Congreso.
Con el 52% de la Cámara Baja a favor de seguir adelante, la norma habrá pasado el Rubicón después de las elecciones europeas el próximo 25 de mayo. Los resultados dirán al partido gobernante cómo están las apuestas y puede que, si no le son favorables, se replantee retirar la ley.
Los populares presentaron un frente unido ante los intentos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de provocar "la retirada inmediata del proyecto que autoriza el aborto tan solo en casos de violación o de peligro para la salud de la madre".
De 340 diputados en el hemiciclo, 183 (178 de estos del PP) votaron contra esta posibilidad. Los votos adicionales le vinieron del partido navarro UPN y del catalán Unió.
Una minoría de 153 diputados votó por la retirada del proyecto y seis se abstuvieron. Los que acompañaron al PSOE fueron los gallegos del BNG, los catalanes de ERC y CIU, los vascos de Amaiur y PNV y los nacionales de Unión del Pueblo y Democracia e Izquierda Unida.
La ley aprobada en 2010, basada en plazos y no en supuestos como la que sigue su curso en el Congreso, quedará derogada. Con esta se podía interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta las 14 semanas y en caso de malformación del feto, el plazo se ampliaba a 22.
El programa no solo ha provocado la ira de la izquierda y otros grupos nacionales y europeos desde su aprobación por el consejo de ministros a fines de diciembre, sino que ha despertado fuertes reticencias en el seno de la propia derecha. Dos varones del PP, al menos, han abogado en público por el voto en contra y varios diputados, también.
La disciplina de voto impuesta por las más altas instancias del PP cerró cualquier fisura interna que comprometiera la marcha de la norma. El diario El País supone que al partido gobernante "le pudo más el rechazo a la presión del PSOE que el malestar que despierta el texto".
Esto resultó corroborado por una de las diputadas díscola, Celia Villalobos, quien confesó que votó en contra de la moción socialista más por rechazo al PSOE que por el contenido de la misma.
La segunda autoridad del PSOE, Elena Valenciano, candidata a las elecciones europeas, dijo que el gobierno debía retirar la ley antes de esconderse tras los comicios del europarlamento para evitar el desgaste que le supone una iniciativa semejante.
La propia Valenciano, antes de la votación, instó a sus colegas del PP que "no voten como diputadas, lo que no votarían como mujeres".
Entre los grupos que votaron a favor de la moción de retirada de la ley, se escucharon calificaciones como "norma retrógrada", "brecha en igualdad social femenina", "paternalista", "insulto a las mujeres y al estado laico".
El proyecto de ley, que acaba de soslayar un escollo importante, ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presente a última hora en la votación.
La letra deja de manifiesto que se le niega a la mujer la posibilidad de emancipación para decidir si quiere o no ser madre y se le sustrae de su autonomía al obviar de que todo el proceso, desde la concepción, pasando por el embarazo y por último el nacimiento, se desarrolla en exclusiva en el cuerpo femenino.
Algo como lo que sufren las creyentes en el ámbito religioso, en el que son marginadas, se las considera inferiores, solo dotadas para dar vida y sin capacidad social o argumental para cambiar las cosas.
Esta es suficiente razón para preguntarse por qué un gobierno debe legislar sobre el tema del aborto en un estado no confesional, cuando la ciencia se ha pronunciado sobre las limitaciones clínicas.
La ley de Ruiz Gallardón pone de relieve que la mujer carece de derecho alguno a disponer libremente de su cuerpo y de la vida del nasciturus. Al tiempo que- en total contradicción con lo anterior- afirma que "protege la libertad de la gestante".
Las numerosas manifestaciones desarrolladas en Madrid y en una decena de ciudades españolas, como Barcelona, Cádiz y Santander, asi como las realizadas en Londres, Dublin o Lisboa, se han encargado de demostrar que el arraigo social resulta como mínimo cuestionable.
Muchos de los carteles portados por los manifestantes recordaban que obligar a una mujer a tener un hijo en un país donde el mercado laboral es precario, se han quitado numerosas e importantes ayudas sociales a la familia, hay subempleo y se sustituye a trabajadores estables por otros más baratos, parece un ejercicio de cinismo.
No podemos olvidar, sin embargo, que vivimos en un mundo en el que las ideas sobre la aparición del ser humano basculan entre creacionistas y defensores de un diseño inteligente de origen divino y en el que el mapa del conocimiento tiene todavía mucha tela por donde cortar.
Un antiabortista rechazará el diagnóstico de malformación del feto como supuesto para el aborto, al igual que lo hace la Iglesia católica, o que una mujer violada debe, para proteger la vida, parir al fruto de su desgracia.
Los periódicos tienen sus opiniones también, pero antes de leerlas sería bueno saber la corriente ideológica a la que responden para valorar con justicia lo que dicen. Aquí les dejo un link con el periódico español La Razón en defensa de la ley.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5472530/sociedad/el-pp-supera-la-votacion-secreta-y-cierra-filas-con-la-reforma-del-aborto#.Uvuw52J5NbE
La ley que se pretende derogar no está hecha sobre supuestos como la lanzada por Ruiz Gallardón, sino sobre plazos, según las recomendaciones aceptadas por la Medicina moderna, tal y como ocurre en Suiza, por poner un ejemplo.
Los suizos aprobaron en 2002 una ley por la que una mujer puede decidir sobre interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas a cargo del seguro médico obligatorio.
La Iglesia católica suiza nunca se ha ocupado de lo que legislan los civiles, tanto si es una norma sobre el aborto o el permiso al matrimonio entre homosexuales, porque esto no les incumbe. Lo que en realidad sí entra en su campo es persuadir a la gente a no abortar mediante los púlpitos en los templos o en conversaciones personales con sus feligreses o con aquel que desee escuchar otro punto de vista.
En España, se dispone de un sistema político que presenta un conflicto: la función pública resulta la oportunidad de sacar ventajas ideológicas y económicas y por eso la mayoría de leyes no se forjan bajo el sistema del consenso.
Los gobiernos se eligen en democracia para tomar decisiones que nos afectan a todos. En cambio, ha habido en la repercusión nacional de la ley una mediatización tal que hace pensar en que las agendas privadas imponen sus criterios por encima de cualquier otra consideración.
El gobierno dijo que había "presión social para cambiarla" y mintió, porque tal presión venía de la Conferencia Episcopal, a la que tampoco, por cierto, le gusta la propuesta de Ruiz Gallardón.
La Iglesia no admite siquiera la mera presunción de abortar, así que lo que quiere y por lo que aboga es por la prohibición tácita, sin plazos o supuestos.
La revista científica Lancit publicó el pasado año un estudio en el que dejaba constancia de las perniciosas consecuencias de una ley restrictiva. Observaba ademas que esto se vería agravado si no se disponía de una política sexual, de la que carecen España y otros países y a lo que se opone también la Iglesia católica.
La mujer debería poder actuar en conciencia y enfrentar sus propios dilemas como embarazada dentro de sus propias creencias y no las de otros. Y el estado no debería tener cátedra en la decisión de abortar porque es ella la que afrontará las consecuencias cualesquiera que sean, tanto si aborta como si da a luz.
La ley debe proteger ante todo a la mujer, un ser social y jurídico, y no una quimera biológica. A nadie se le ocurre pensar que un feto es más que algo en las fronteras inciertas del viente femenino.
Solo la madre, admiten los psicólogos, puede conectar con el feto, son las más concernidas, y, en cambio, toda vez que se plantea una ley sobre el aborto, su visión y sus opciones son ignoradas.
La norma impulsada por el ministro español de Justicia es una postura moral, abanderada solo por un sesgo social opuesto siempre a un consenso sobre el tema.
En una sociedad, no todas las personas comparten las mismas opiniones o intereses, no todos profesan la misma religión, algunas personas ni siquiera son creyentes, y no por eso dejan de tener derechos o sus opciones carecen de valor o se las puede presentar como asesinos de bebés (hablando del nonato), algo que repitieron muchos católicos en encuestas periodísticas al juzgar a quienes se oponían a la ley.
El relato sobre la vida que hace el gobierno español no se sostiene. El aborto no es algo que pueda limitarse al discurso sobre el derecho del feto a la vida, porque esta es una batalla que trata también de la libertad reproductiva y de las condiciones futuras del mismo en cuanto a alcanzar condiciones de vida dignas.
No hay en España, ni ha habido, un imperativo social para cambiar la ley del 2010. Es solo la complacencia de un gobierno para con la Iglesia católica, opuesta radicalmente a la anterior, que permitía contemplar las condiciones de prosperidad del nonato y sus posibilidades y viabilidad.
El gobierno ha desconocido a sabiendas a la enorme masa femenina opuesta a la ley, lo que habría salido a la luz con un simple referendo. Ahora habrá que esperar al verano donde podríamos encontrarnos con un hágase la luz o su contrario.
Los populares presentaron un frente unido ante los intentos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de provocar "la retirada inmediata del proyecto que autoriza el aborto tan solo en casos de violación o de peligro para la salud de la madre".
De 340 diputados en el hemiciclo, 183 (178 de estos del PP) votaron contra esta posibilidad. Los votos adicionales le vinieron del partido navarro UPN y del catalán Unió.
Una minoría de 153 diputados votó por la retirada del proyecto y seis se abstuvieron. Los que acompañaron al PSOE fueron los gallegos del BNG, los catalanes de ERC y CIU, los vascos de Amaiur y PNV y los nacionales de Unión del Pueblo y Democracia e Izquierda Unida.
La ley aprobada en 2010, basada en plazos y no en supuestos como la que sigue su curso en el Congreso, quedará derogada. Con esta se podía interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta las 14 semanas y en caso de malformación del feto, el plazo se ampliaba a 22.
El programa no solo ha provocado la ira de la izquierda y otros grupos nacionales y europeos desde su aprobación por el consejo de ministros a fines de diciembre, sino que ha despertado fuertes reticencias en el seno de la propia derecha. Dos varones del PP, al menos, han abogado en público por el voto en contra y varios diputados, también.
La disciplina de voto impuesta por las más altas instancias del PP cerró cualquier fisura interna que comprometiera la marcha de la norma. El diario El País supone que al partido gobernante "le pudo más el rechazo a la presión del PSOE que el malestar que despierta el texto".
Esto resultó corroborado por una de las diputadas díscola, Celia Villalobos, quien confesó que votó en contra de la moción socialista más por rechazo al PSOE que por el contenido de la misma.
La segunda autoridad del PSOE, Elena Valenciano, candidata a las elecciones europeas, dijo que el gobierno debía retirar la ley antes de esconderse tras los comicios del europarlamento para evitar el desgaste que le supone una iniciativa semejante.
La propia Valenciano, antes de la votación, instó a sus colegas del PP que "no voten como diputadas, lo que no votarían como mujeres".
Entre los grupos que votaron a favor de la moción de retirada de la ley, se escucharon calificaciones como "norma retrógrada", "brecha en igualdad social femenina", "paternalista", "insulto a las mujeres y al estado laico".
El proyecto de ley, que acaba de soslayar un escollo importante, ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presente a última hora en la votación.
La letra deja de manifiesto que se le niega a la mujer la posibilidad de emancipación para decidir si quiere o no ser madre y se le sustrae de su autonomía al obviar de que todo el proceso, desde la concepción, pasando por el embarazo y por último el nacimiento, se desarrolla en exclusiva en el cuerpo femenino.
Algo como lo que sufren las creyentes en el ámbito religioso, en el que son marginadas, se las considera inferiores, solo dotadas para dar vida y sin capacidad social o argumental para cambiar las cosas.
Esta es suficiente razón para preguntarse por qué un gobierno debe legislar sobre el tema del aborto en un estado no confesional, cuando la ciencia se ha pronunciado sobre las limitaciones clínicas.
La ley de Ruiz Gallardón pone de relieve que la mujer carece de derecho alguno a disponer libremente de su cuerpo y de la vida del nasciturus. Al tiempo que- en total contradicción con lo anterior- afirma que "protege la libertad de la gestante".
Las numerosas manifestaciones desarrolladas en Madrid y en una decena de ciudades españolas, como Barcelona, Cádiz y Santander, asi como las realizadas en Londres, Dublin o Lisboa, se han encargado de demostrar que el arraigo social resulta como mínimo cuestionable.
Muchos de los carteles portados por los manifestantes recordaban que obligar a una mujer a tener un hijo en un país donde el mercado laboral es precario, se han quitado numerosas e importantes ayudas sociales a la familia, hay subempleo y se sustituye a trabajadores estables por otros más baratos, parece un ejercicio de cinismo.
No podemos olvidar, sin embargo, que vivimos en un mundo en el que las ideas sobre la aparición del ser humano basculan entre creacionistas y defensores de un diseño inteligente de origen divino y en el que el mapa del conocimiento tiene todavía mucha tela por donde cortar.
Un antiabortista rechazará el diagnóstico de malformación del feto como supuesto para el aborto, al igual que lo hace la Iglesia católica, o que una mujer violada debe, para proteger la vida, parir al fruto de su desgracia.
Los periódicos tienen sus opiniones también, pero antes de leerlas sería bueno saber la corriente ideológica a la que responden para valorar con justicia lo que dicen. Aquí les dejo un link con el periódico español La Razón en defensa de la ley.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5472530/sociedad/el-pp-supera-la-votacion-secreta-y-cierra-filas-con-la-reforma-del-aborto#.Uvuw52J5NbE
La ley que se pretende derogar no está hecha sobre supuestos como la lanzada por Ruiz Gallardón, sino sobre plazos, según las recomendaciones aceptadas por la Medicina moderna, tal y como ocurre en Suiza, por poner un ejemplo.
Los suizos aprobaron en 2002 una ley por la que una mujer puede decidir sobre interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas a cargo del seguro médico obligatorio.
La Iglesia católica suiza nunca se ha ocupado de lo que legislan los civiles, tanto si es una norma sobre el aborto o el permiso al matrimonio entre homosexuales, porque esto no les incumbe. Lo que en realidad sí entra en su campo es persuadir a la gente a no abortar mediante los púlpitos en los templos o en conversaciones personales con sus feligreses o con aquel que desee escuchar otro punto de vista.
En España, se dispone de un sistema político que presenta un conflicto: la función pública resulta la oportunidad de sacar ventajas ideológicas y económicas y por eso la mayoría de leyes no se forjan bajo el sistema del consenso.
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| Manifestación contra la ley del PP en la plaza de Neptuno, en Maddid. |
Los gobiernos se eligen en democracia para tomar decisiones que nos afectan a todos. En cambio, ha habido en la repercusión nacional de la ley una mediatización tal que hace pensar en que las agendas privadas imponen sus criterios por encima de cualquier otra consideración.
El gobierno dijo que había "presión social para cambiarla" y mintió, porque tal presión venía de la Conferencia Episcopal, a la que tampoco, por cierto, le gusta la propuesta de Ruiz Gallardón.
La Iglesia no admite siquiera la mera presunción de abortar, así que lo que quiere y por lo que aboga es por la prohibición tácita, sin plazos o supuestos.
La revista científica Lancit publicó el pasado año un estudio en el que dejaba constancia de las perniciosas consecuencias de una ley restrictiva. Observaba ademas que esto se vería agravado si no se disponía de una política sexual, de la que carecen España y otros países y a lo que se opone también la Iglesia católica.
La mujer debería poder actuar en conciencia y enfrentar sus propios dilemas como embarazada dentro de sus propias creencias y no las de otros. Y el estado no debería tener cátedra en la decisión de abortar porque es ella la que afrontará las consecuencias cualesquiera que sean, tanto si aborta como si da a luz.
La ley debe proteger ante todo a la mujer, un ser social y jurídico, y no una quimera biológica. A nadie se le ocurre pensar que un feto es más que algo en las fronteras inciertas del viente femenino.
Solo la madre, admiten los psicólogos, puede conectar con el feto, son las más concernidas, y, en cambio, toda vez que se plantea una ley sobre el aborto, su visión y sus opciones son ignoradas.
La norma impulsada por el ministro español de Justicia es una postura moral, abanderada solo por un sesgo social opuesto siempre a un consenso sobre el tema.
En una sociedad, no todas las personas comparten las mismas opiniones o intereses, no todos profesan la misma religión, algunas personas ni siquiera son creyentes, y no por eso dejan de tener derechos o sus opciones carecen de valor o se las puede presentar como asesinos de bebés (hablando del nonato), algo que repitieron muchos católicos en encuestas periodísticas al juzgar a quienes se oponían a la ley.
El relato sobre la vida que hace el gobierno español no se sostiene. El aborto no es algo que pueda limitarse al discurso sobre el derecho del feto a la vida, porque esta es una batalla que trata también de la libertad reproductiva y de las condiciones futuras del mismo en cuanto a alcanzar condiciones de vida dignas.
No hay en España, ni ha habido, un imperativo social para cambiar la ley del 2010. Es solo la complacencia de un gobierno para con la Iglesia católica, opuesta radicalmente a la anterior, que permitía contemplar las condiciones de prosperidad del nonato y sus posibilidades y viabilidad.
El gobierno ha desconocido a sabiendas a la enorme masa femenina opuesta a la ley, lo que habría salido a la luz con un simple referendo. Ahora habrá que esperar al verano donde podríamos encontrarnos con un hágase la luz o su contrario.
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