Por Mirta Balea
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la NSA han realizado en la última década ingentes esfuerzos por hackear las redes extranjeras para robar información y en esto han gastado más de 500 billones de dólares. La versión oficial es que el cometido de prevenir ataques terroristas ha sido un éxito.
¿Quién lleva la cuenta de los éxitos o fracasos de este sistema colosal que dispone de más recursos que sus propios adversarios y que en opinión de muchos politólogos excede incluso a los gastos generados durante todo el período de la Guerra Fría en el pasado siglo?
Los datos del gasto de Inteligencia durante la Guerra Fría son casi inexistentes. Algunos expertos, extrapolando informaciones, han calculado que desde finales de 1980 alcanzaría unos 71 billones de dólares de nuestra época.
Nadie podría discutir que hay un límite para la información pública sobre temas de seguridad nacional. El director de la NSA, James R. Clapper, argumenta que la falta de transparencia se debe a que "el mundo es hoy más inestable" que hace un siglo. Y nadie lo discute. Pero si la labor de Inteligencia afecta a los ciudadanos, como se ha comprobado más de una vez, deberían disponer de un mínimo de conocimiento de en qué se emplea su dinero y de qué peligros les han salvado.
Nadie cree que, habida cuenta de la información disponible en la Red y en el FBI, no se habría podido evitar el estallido de dos bombas en un maratón de Boston hace apenas unos meses en un atentado perpetrado por dos hermanos musulmanes venidos del Cáucaso y criados en Estados Unidos.
Las revelaciones de Snowden, que dispone de materiales altamente clasificados de la NSA, y sigue soplando, no han podido bloquearse por el gobierno estadounidense, lo que habla mal de la capacidad de las salvaguardas establecidas para monitorear o detener el flujo de información al exterior como demanda el anonimato previsible del espionaje.
Esto nos remite directamente al caso de David Miranda, amante del periodista Glenn Greenwald, de The Guardian, que junto al The Washington Post, han sido los agentes trasmisores del canon de Snowden.
Miranda fue detenido durante nueve horas, el máximo permitido por una ley antiterrorista británica, en el aeropuerto de Heathrow, cuando se disponía a tomar un vuelo de regreso a Brasil, tras entrevistarse en Alemania con la documentalista Laura Poitra, interesada en lanzar un material sobre Snowden y la NSA. Al amante de Greenwald se le incautó todo el material que llevaba.
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| Greenwald y Miranda |
Hace una semana, un juez sentenció al ciudadano Bradley Manning, ex-miembro de las fuerzas armadas, a 35 años de prisión por dar a conocer 700,000 archivos gubernamentales a través de la red WikiLeaks. El material incluía un video durante el ataque de un helicóptero norteamericano en Bagdad en 2007 en el que murieron civiles, incluidos dos periodistas.
Había también 250 mil cables y correspondencia variada sobre los detenidos sin juicio en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, y cientos de miles de informes de guerra sobre Iraq y Afganistán que ponían en tela de juicio la veracidad de los informes oficiales y el número de vidas perdidas en ambos conflictos.
La NSA, según The Washington Post, ha roto las reglas de la privacidad y sobrepasado su autoridad legal miles de veces desde que el Congreso le concediera amplios poderes en 2008.
En una auditoria de mayo del 2012, suministrada a ese diario por Snowden, se cuentan 2,776 incidentes en 12 meses de recolección, almacenamiento y distribución de comunicaciones ilegales, algunos sin intención y, otros, fallos en la manera de operar esta información. Los incidentes más serios incluyen el uso ilegal de datos de 3,000 ciudadanos norteamericanos o extranjeros residentes permanentes.
Y estas infracciones solo se refieren a la sede de la NSA en Fort Meade, el resto de las agencias de espionaje, entre ellas la CIA, no se recogen en el listado. El Comité de Inteligencia del Senado no tuvo noticias de estos hechos hasta la publicación de los archivos de Snowden, actualmente en Rusia, acogido políticamente durante un año.
Estados Unidos posee un gigantesco centro de operaciones o cibercomando conocido como Uscybercom, en el desierto de Utah. Pero hay otros por el mundo, como el de Shanghái, o el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), instalado tras la agresión a Estonia en 2007 cuando unos hackers rusos paralizaron bancos, servicios de sanidad, webs del gobierno y hasta semáforos durante dos semanas.
Los expertos "otanistas" elaboraron el Manual Tallin para establecer normas de derecho internacional ante conflictos en la red. Este documento considera vigente para la moderna ciberguerra documentos como la Declaración de San Petersburgo de 1868 y la Convención de Ginebra de 1949 respecto a una conflagración armada convencional.
El manual, según se ha denunciado, comporta el riesgo de que si las leyes para las armas cibernéticas son tan válidas como para cualquier otra arma queda legitimado el asesinato selectivo de piratas informáticos.
Cuando el pasado año, el FBI cerró Megaupload, el mayor gestor de archivos de Internet, Anonymous, la mayor red de hackers del mundo, respondió con un apagón y colocó en YouTube videos en favor de la libertad de expresión. Las comunicaciones resultaron interrumpidas en organismos oficiales de Estados Unidos durante horas sin que la Inteligencia pudiera hacer nada.
La ciberguerra parece haber comenzado y ocupa a las grandes potencias y otros países en millonarias inversiones para garantizar sus defensas. Aunque las naciones intentan mantener en secreto el desarrollo del nuevo armamento de software, cada vez se ve más claro el interés por adelantarse a incursiones hostiles sin que importe violar algún que otro derecho.
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