Datos personales

domingo, 15 de julio de 2012

España: ¿Por qué las Comunidades Autónomas? (I)

Aranjuez




Por Mirta Balea





Hay mucha gente en España angustiada y en estado precario, atrapada en la situación creada por la mala construcción de la moneda única europea, que, tras el estallido de la crisis, ha sacado a relucir sus deficiencias sin rubor, haciendo que algunos estados miembros pierdan solvencia, mientras la Unión Europea (UE) no hace más que poner parches y ganar tiempo, sin atacar el problema de fondo.




Vivimos las consecuencias de una etapa disparatada de “burbujas”, durante la cual se ha estado edificando sobre bases ilusorias un Estado de Bienestar, que ningún país puede permitirse ahora. Algunos habían comenzado la tarea de desmantelarlo hace tiempo, España, no. La gente reflexiona que  si el Gobierno baja los salarios, congela las pensiones, cobra los medicamentos que antes eran gratuitos o subvencionados, por qué sigue financiando en las Cortes españolas traducciones simultáneas cuando hay una lengua común: el español, recorta en Educación y Sanidad y sube los impuestos, con la consecuente contracción económica que esto traerá.




En Alemania, 150 burócratas viven del dinero público, en España hay 400.000, para sostener 4.000 empresas públicas y 8.000 ayuntamientos, que en la mitad de los casos podrían fusionarse con otros a tenor del escaso número de residentes a los que representan.




Las entidades públicas han servido en los últimos 30 años para la contratación de amigos, familiares y afectos. El conflicto que se le presenta al ciudadano y su bienestar se halla precisamente en ese sistema construido alrededor de partidos políticos y/o nacionalistas y de los sindatos. La etapa actual aconseja una transformación profunda del estado y un cambio de mentalidad ciudadana, pero ¿quién le pone el cascabel al gato?




Este es el momento en que nos encontramos con un curtido militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Conde Pumpido, que se refiere a los recortes emprendidos por el Gobierno del Partido Popular (PP) como “el atraco perfecto”. Habrá quien se pregunte donde ha dejado su experiencia como Fiscal General. Tanto él, como los suyos y los demás saben que la casta política ha campado a sus anchas, despilfarrando a manos llenas y duplicando estructuras, aparte de crear redes clientelares muy costosas y difíciles de desmantelar ahora.




Un ejemplo reciente es el del lendakari (presidente local) del País Vasco, Patxi López, quien sin perspectiva de ser reelegido en las próximas elecciones y con solo tres años y medio en el cargo cobrará un jugoso sueldo de por vida a su salida del gobierno regional. Esta Comunidad Autónoma -según el Banco de España- ha aumentado su deuda en un 25% en solo tres meses.




En una economía recesiva como la española, los ingresos fiscales caen porque hay menos movimiento. Y aunque algunos aspectos como la bajada del Euribor  traiga esperanzas de que al repercutir en las hipotecas el ciudadano dispondrá de algo más de renta, el actual Estado mastodóntico hay que reducirlo, quitarle grasa, y para lograrlo se requieren pasos, como si estuviésemos sometiéndonos a un régimen de comida y gimnasio al que habrá que darle un margen para ver los resultados.




Los españoles están trabajando en empresas con pérdidas en el 60% de los casos y que carecen de acceso a la financiación crediticia para seguir adelante. El verdadero atraco del que no habló Conde Pumpido es el endeudamiento en fondos públicos no inmediatamente productivos y en el mantenimiento de una estructura de gasto que tiene nombre propio: Comunidades Autónomas (CCAA).




Las CCAA surgieron al calor de algunos supuestos rasgos diferenciales entre regiones. Luego vinieron otras que exigieron también ser distintas. Con las riendas en la mano, quisieron ir más allá y ser Estado y lo replicaron con embajadas, defensores del pueblo, medios de comunicación, direcciones generales, edificios oficiales, como si España fuese una Federación.





El gasto público de esas CCAA, que dependen de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), repercute en la liquidez de la economía nacional y debería ser, como tantos otros, susceptible de ser eliminado. El Gobierno del PP carece de interés en hacerlo, pero si está intentado embridarlas mediante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que preside el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.





Durante el más reciente encuentro el pasado día 12, Montoro recordó que las regiones podrán ser intervenidas si no cumplen con la reducción del déficit a un 1,5% este año. Lo puede hacer si pone en marcha premisas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.





El ministro propuso apretarse aún más el cinturón y de 18 CCAA, obtuvo el favor de 12. Cataluña (la más endeudada con diferencia), Andalucia, Asturias y Canarias se niegan y Extremadura y Castilla-León, gobernadas por el PP, optaron por la abstención.




El tiempo nos ha traido nuevos ejemplos de duplicidades en las funciones del Estado. Hay que tener en cuenta que de 4.000 empresas públicas en España, solo 400 son estatales.




En Andalucía funciona una Agencia de Cooperación Internacional con iguales funciones que la del Ministerio de Relaciones Exteriores. En los últimos meses, el gobierno andaluz aprobó dos millones de euros para los siguientes capítulos: mejorar la capacidad del movimiento sindical en Costa Rica; ayudar a la formación y capacitación de sindicatos andinos: equipamiento de capacidades docentes de la Unión Marroquí.




El gobierno de Zapatero, en 2007, cuando la UE había dado otro tirón de orejas sobre la necesidad de ahorrar y poner en marcha ajustes económicos, entregó a la Organización Panamericana de la Salud unos 60 millones de euros. El favor se lo acaban de devolver nombrando en un cargo del organismo a la socialista exMinistra de Sanidad, Leire Pajín.




La intervención de la economía española es tácita tras haberse aprobado el préstamo de 100.000 millones de euros a la Banca y los 32 puntos contenidos en el llamado Memorando de Entendimiento resultan vinculantes.





Las CCAA siguen teniendo la última palabra porque son éstas las que pueden eliminar el exceso de empresas públicas y ayuntamientos y la gran impotencia del Estado español es que no puede hacer lo que tiene que hacer y opta por la vía más fácil: recortar en Sanidad y Educación, que deberían recibir más dinero, no menos, y subir los impuestos, encareciendo aún más la vida.





La disfuncionalidad del sistema es lo que ha puesto en precario a todo el estado. Habría que haber definido hace tiempo la diferencia entre grasa y músculo. De no existir las CCAA no habrían tantas empresas públicas. Estas son la grasa. La Educación y la Sanidad, el músculo.Si el Gobierno eliminara a esas oligarquías que vampirizan las arcas públicas, España tendría dinero para lo realmente importante.




De acuerdo a la propuesta oficial el déficit de las CCAA está previsto que baje a 0,7% en 2013, dos décimas de diferencia con el 1,1% del Plan de Estabilidad 2012-2013 enviado a Bruselas) y a 0,1% en 2014. No obstante, el Gobierno ha creado un fondo para aliviar los vencimientos de deuda de las regiones, pero la flexibilización del crédito dado a España por la UE no ha repercutido en las CCAA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario