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viernes, 13 de julio de 2012

España: la guerra por el carbón

Mineros españoles





Por Mirta Balea




Las fuerzas perjudicadas por el ascenso al poder del Partido Popular (PP) en noviembre del pasado año pretenden erigirse en su Némesis, pero solo tendrán éxito si pueden destruirlo. Las protestas de los mineros del carbón, que en estos días han protagonizado enfrentamientos en el centro de Madrid con las fuerzas policiales, ayudados por los antisistemas de siempre, parecen ser la pinza destinada a ahogar al gobierno.





Mineros de Asturias, León, Palencia, Aragón y Castilla-La Mancha, reunidos en la capital las pasadas 48 horas, habían pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, 200 millones en ayudas para acabar el año 2012.




Las autoridades hicieron público su propósito de dar facilidades en 2013 y 2014, pero no este año, cuando tienen que enfrentar unos Presupuesto Generales del (PGE) con los que el país pueda cumplir con la reducción del déficit.




Los trabajadores del carbón decidieron entonces, tras un mes de huelga, marchar sobre Madrid en un largo recorrido por la mitad norte del país. La Plaza del Sol, escenario en el último año de otras protestas, les sirvió a ellos también para esperar la partida, al día siguiente, hacia el ministerio de Industria, en una caminata pacífica.





Al alcanzar los predios del edificio, cuando la Comunidad de Madrid había convenido que regresarían a sus casas después de los discursos habituales, sobrevino la violencia, larvada durante horas en los alrededores por grupos antisistema, convocados por organizaciones de izquierda y los propios sindicatos para ayudar a los manifestantes.




Estos grupos exógenos intentaron entrar al organismo y fueron dispersados por la policía antidisturbios, como siempre, con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Como un solo hombre, los ayudantes de los mineros respondieron con un arsenal de palos, piedras y pelotas similares, solo que eran de hierro y pesaban 950 gramos. El resultado fue 70 heridos, de los que 35 eran policías, y 18 arrestados, de estos solo 2 mineros y el resto jóvenes con una larga lista de antecedentes por disturbios similares.




En la calle, muchos transeuntes se quedaron atónitos ante la violencia de la protesta. Un matrimonio, seguido por un cámara aficionado, buscaba refugio en un portal cercano cuando la marabunta intentaba de nuevo asaltar el edificio.




Cada minero empleado consume 85 mil euros anuales de las arcas públicas, así que cualquier ayuda en 2012 estaría centrada en el desmantelamiento de algunas minas, pero no como proponía el anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de "quemar" el carbón nacional y “compensar” a las empresas con primas económicas para facilitarles la compra y la quema a precios fijos y garantizarles la colocación en el mercado de la energía producida.




Y es aquí donde nos enfrentamos al quid de la protesta. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente en el anterior gobierno, mostró ante el Congreso, la víspera, su solidaridad con los mineros, tal y como hiciera también el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara.




Toda la demostración de afecto se encajó en pleno debate del temerario macroajuste económico presentado ante el órgano legislativo por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que comporta un nuevo recorte de 65.000 millones de euros en dos años, al gusto de Bruselas, y cuya pieza clave parece estar en el aumento del Impuesto al Valor Añadido (de productos y servicios) (IVA), con el efecto contractivo que le suponen todos los economistas.




Este año, el presupuesto de más de 500 millones de euros destinados al carbón, irá a parar a las prejubilaciones, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios, y 186 millones a los bolsillos de los empresarios.




CarboUnión, que agrupa a las empresas del carbón, dice que Industria quiere asfixiarlos porque 75 millones de la cantidad total de los presupuestos corresponden al último trimestre del 2011 y fueron cobrados.




Durante el año 2008, el precio internacional del carbón alcanzó más de 200 dólares por tonelada, es decir, unos 140 euros por tonelada. El nacional oscilaba en la fecha entre los 90 euros por tonelada en una explotación privada a cielo abierto, con la merma de costes que esta ventaja supone en una mina.





Mina de carbón bajo tierra


Cuando se dio en 1990 el grito de alarma en la Unión Europea (UE) por la improductividad del carbón, Alemania y Reino Unido se apresuraron a cerrar minas, con planes alternativos para no engrosar las cifras del paro. Recordemos que Berlin se hallaba en esa época en un proceso de fusionar a la improductiva República Democrática Alemana con la Federal.




Hunosa, la empresa pública más emblemática en España, daba trabajo en Asturias en la década de 1980 a más de 35.000 mineros y acumulaba  ya pérdidas de 40.000 millones de pesetas de la época. Con el ascenso al gobierno del PSOE en 1982, se dio inicio a las prejubilaciones. Los mineros de más de 47 años, unos 15.000, a un coste de 250.000 millones de pesetas, que para tener una idea equivaldrían a 2.500 millones de euros, pasaron a la prejubilación.





Esta empresa pública, controlada por las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), recibía en 2001 más de 100 millones de euros, el grupo privado de Victorino Alonso otros 100 millones de euros y la mina de Gijón, La Camocha, 28 millones de euros. Así que nadie puede caerse de espaldas al saber que el secretario general de UGT,  Cándido Méndez, en momentos en que ha recortado su propia plantilla, obligado a hacer ajustes porque el gobierno del PP le ha quitado unas cuantas subvenciones, haya pedido un crédito para financiar el sueldo de los mineros en huelga.





En este juego de control,  los sindicatos y la patronal se saludan cordialmente. Los primeros controlan los fondos y los segundos hinchan las cuentas de las empresas auxiliares, de las que también son propietarios, o traen, como se dio el caso, un barco de carbón de Australia a puerto español y lo hacen pasar por asturiano para cobrar la subvención.




Un cálculo no oficial apunta que  entre las ayudas oficiales a la producción, jubilaciones anticipadas, gastos en infraestructura, cursos de formación, subvenciones a las empresas mineras asentadas y a las nuevas, en los últimos 30 años se han gastado 25.000 millones de euros. Las prejubilaciones a cargo de las cuentas públicas se hacen a un costo medio por minero de 430.000 euros, sin que ningún indicador económico o de productividad justifique el desembolso. En esta cifra se incluyen los finiquitos establecidos legalmente cuando se cesa de trabajar, que en este caso son muy altos.




El plan progresivo del cierre de la industria, denominado Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras fue pactado durante el gobierno del PSOE entre los sindicatos, Industria y CarboUnión y es el mismo al que aludía Rubalcaba en el Congreso como modelo a seguir por el PP, a pesar de que ha quedado obsoleto a la luz de la falta de apoyos europeos a la causa.




Su vigencia finaliza este año y después todo quedará en el aire. Las negociaciones con el gobierno de Rajoy para su continuidad se presentan difíciles por la negativa de los mineros, los empresarios y los sindicatos a aceptar los hechos relativos a la incosteabilidad de esta actividad en un momento en que la economía española estará en caída libre en los próximos seis meses.




Está también el factor de que la UE podría definitivamente, como ha anunciado en varias ocasiones, retirar las subvenciones al carbón en toda Europa en 2018, tanto locales como comunitarias. Los sindicatos españoles incluso han reconocido durante la era Zapatero las deficiencias en el manejo de los recursos por parte de las corporaciones.




En muchos casos, como ocurrió en 2011, las partidas previstas en los PGE no se ejecutaron. Es el de Asturias, donde las centrales han aportado cifras sobre los fondos sin ejecutar por la ausencia de proyectos. De un presupuesto inicial de 1.078 millones de euros el pasado año, se dejaron de emplear 300 millones de euros, que nadie sabe a dónde han ido a parar.




El gobierno de Mariano Rajoy, mediante su ministro de Industria, ha instado a las corporaciones a dar cuenta de cómo han empleado las ayudas públicas desde 1990 en que se dio la voz de alarma sobre la inviabilidad del sector y se les siguió financiando.




El carbón es una de las actividades del tejido productivo en España con más subvenciones, llegando a superar al turismo o al sector del automóvil. Estos dos últimos emplean a 2,8 millones de personas y aportan un 20% al Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los mineros no superan los 5.000 puestos de trabajo.




A pesar de lo comprometido que ha estado Rubalcaba en estos lances mineros, las encuestas indican que el PSOE no ha superado su mala racha. Lo colocan al mismo nivel que Izquierda Unida y UP y D, juntos, verdaderos beneficiarios del voto de la izquierda perdido por esta agrupación en las elecciones de noviembre del 2011. Por esa regla de tres, se puede inferir la pérdida del gobierno, pero ninguna de estas fuerzas o las centrales sindicales se resignan a que deben esperar a nuevas elecciones para recuperar terreno e intentan saltar etapas creando una inquietud nacional sin parangon para hacer caer el PP.




Algunos socialistas incluso giran la cabeza hacia el Partido Socialista Francés de Francois Hollande, que ganó la elecciones, sin recordar que estuvo sin gobernar 17 años. De esta manera han comenzado a disputar el liderazgo de Rubalcaba, viéndolo como exponente de la política del anterior gobierno, que les llevó a fracasar en las urnas.




Los mineros, sin embargo, están en pie de guerra y la gran pregunta es: ¿garantiza el carbón nacional el suministro eléctrico? Y la respuesta es NO. Su producción solo equivale a un 10% de la energía eléctrica consumida en España y apenas un 5% de la primaria, es decir, electricidad, gasolina y gasoil. Otros usos como fabricación de cemento y acero se realizan por la importación del producto de cuencas mas “vitaminadas”.





La “burbuja” de los precios de la energía se desinfló desde el 2009. La tonelada de carbón se halla hoy entre los 90 a 95 dólares, es decir, 75 euros, y el carbón nacional no resulta competitivo. Lo que persiguen los sindicatos y la patronal en España es socializar las pérdidas para seguir ganando dinero, aunque el sector se halle con respiración asistida.




La batalla en la UE por los subsidios al carbón ha sido a degüello. Varios Comisarios querrían haber pasado de inmediato, hace tiempo, la guadaña para desactivar los frentes a favor de mantener esta actividad inviable económicamente. Hasta el PP, en la época de José María Aznar, suscribió la tésis del valor estratégico y de seguridad del carbón nacional.




Pero nadie ha podido convencer a Bruselas para reflotar cada año esta actividad, porque en la UE se aboga por la libre competencia y el fin de la protección de esta energía, que, además, es perjudicial al medio natural, habida cuenta de las tremendas descargas de CO2 que lanza a la atmósfera existiendo mejores alternativas como las renovables.

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