España y Argentina: espadas en alto

C.F. asume su segundo mandato presidencial

Por Mirta Balea

Hay noticias que tienen fecha de caducidad, como los yogures, pero el anuncio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de confiscar tan solo la parte de la compañía petrolera española Repsol en la YPF gaucha promete figurar entre las informaciones de larga y conflictiva duración y ha hecho que ambas partes se den el meñique.


La reacción bursátil ha resultado en una fuerte caída de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nacida en Buenos Aires en 1922. La petrolera se hundió en un 19% al poco de conocerse la noticia en Nueva York, donde cotiza por medio de la American Depositary Receipts, un instrumento financiero necesario a las entidades para inscribir sus acciones en la Bolsa norteamericana. El abaratamiento de la cotización actuará, sin embargo, a favor del Gobierno argentino en la toma de control de la compañía.

La presidenta arguye - en su proyecto de expropiación presentado al órgano legislativo de la nación- la falta de inversiones de Repsol en Argentina, algo que rechaza la empresa española, porque de ser así -dice- se habría generado un déficit de la balanza energética en una nación con el consumo de carburante subvencionado. Para algunos de sus directivos, la medida supone una venganza por el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en la Patagonia, con unas previsiones de 22.897 millones de barriles, equivalentes a tres veces las reservas del país.

Argentina tiene algo de razón en sentirse perjudicada. Repsol ocultó a las autoridades la existencia de ese yacimiento, del que se enteraron por un chivatazo de la Exxon. La presidenta ha nombrado a dos pesos pesados como interventores de la petrolera: el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el vice-titular de Economía, Axel Kicillof.

Unos breves perfiles de ambos nos muestran lo que hay detrás de la decisión de C.F.  Kicillof, con apenas 40 años, ha cautivado a la mandataria con sus ideas radicales, tan afines a las que ella misma profesara en los años 60 pasados cuando militaba en el ala más a la izquierda del peronismo. Es miembro de la Campona, la rama del justicialismo argentino que apoya firmemente a la jefa de Estado y se dice que no parará hasta que caigan Telefónica y Gas Natural, que, entre otras empresas, han contribuido a hacer de España el primer inversor en el país austral.

De Vido tiene un curriculo comunista. A su quehacer se debe el congelamiento de las tarifas energéticas y telefónica y la fijación del precio de exportación del barril de petróleo argentino en 70 dólares, dentro de la pinza lanzada por la Casa Rosada para ahogar las ganancias de Repsol.

Las empresas españolas, como de otros países, han realizado un importante movimiento inversor en América Latina con beneficios para ambas partes. Los receptores aceptaron la entrada de esos capitales ante su propia incapacidad para gestionar los servicios públicos esenciales. Para proteger estos intereses, se inventó el paraguas Protección y Promoción Recíproca de Inversiones o APPRIs y el Centro Internacional CIADI para limar las diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados.

Se pensaba que las políticas de nacionalización abrupta, como las que puso de moda Cuba en la década del 60 del pasado siglo, quedarían frustradas al poner en marcha un organismo arbitral, pero el surgimiento del club de naciones latinoamericanas conocido como ALBA, liderado entre otros por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha logrado impugnar este modelo de conciliación, que ayudó a resolver antes importantes diferendos.

Argentina figura entre los países que han incumplido con sus obligaciones derivadas de la APPRIs y ha sido demandada ante el CIADI y condenada en al menos 40 ocasiones, lo que refleja la oscuridad reinante en los laudos arbitrales, porque hasta ahora ha toreado todo esto.


Los problemas habían comenzado para la compañía española en 2004 con la llegada a la presidencia de Nestor Kirschner, el fallecido esposo de la actual jefa de Estado. Este se buscó un banquero llamado Enrique Eskenazi para argentinizar la gestión de la YPF y Repsol decidió darle un aval. Para entendernos, como si cualquiera de nosotros tuviera a su alcance la facilidad de que, por ejemplo, el banco Santander, uno de los tres más grandes de España, se decidiera a darte no solo un crédito sino el aval mismo.


Este tipo de buenas voluntades de las empresas o grupos financieros solo podrían ocurrir en un mundo paralelo, pero el presidente de Repsol, Antonio Brufau, decidió la pertinencia del aval y por ello cobró unos 3.000 millones de dólares. Da igual si hubiera traído a los chinos al seno de la compañía, nada justifica que cobre por una gestión que está en sus contenidos de trabajo y que ha demostrado ser equivocada ante los últimos acontecimientos.


La confiscación decretada por C.F. NO ha afectado al clan Eskenazi, que tiene un 25% de las acciones mediante la corporación Petersen, ni a los inversores que cotizan en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York; tan solo se ha pretendido afectar el 57% de la compañía española, que, según cifras, ha aportado a Argentina tres veces más dividendos que cualquier otra petrolera y ahora perderá "legalmente" el 51% del porcentaje mencionado .


Intentar hacer un thriller en el país sudamericano, como ha sido el escamoteo de la información sobre el yacimiento en Vaca Muerta, al que tendrá ahora acceso el Gobierno de C.F. con la expropiación, es como si alguien intentara en Rusia meter en cintura a la mafia política oficial, dependiente del propio Kremlin. La presidenta ha utilizado métodos argentinos, para conservar lo argentino en Argentina.

La Casa Rosada en Buenos Aires

Hablamos de una montonera a la que no se le puede insinuar que el peronismo es una birria, sin que se ponga a cantar el himno nacional. Ella, que ha repetido mandato por el Partido Justicialista, le ha dejado claro al pueblo argentino que lo que ha llamado incorrectamente nacionalización significa "recuperar la soberanía hidrocarburífera" (mejor decir de la industria de los hicrocarbonos naturales). En la rueda de prensa, se pudo ver el innegable respaldo popular a corto plazo de la medida, que, le guste o no a la presidenta, tendrá efectos negativos para Argentina.


El pleito a cursarse ante el CIADI puede durar al menos 10 años entre dilataciones en el cumplimiento de obligaciones y demora en la ejecución de recursos de anulación de la medida y, luego, de la ejecución en el caso previsible de perderlo. Esto es lo que justifica que Repsol haya llamado a una acción decidida del Gobierno en Madrid y éste reclame el apoyo de la Unión Europea, a la que siempre se la espera, pero nunca llega.


La presión que puede ejercer el club de los 27 resultaría inestimable porque figura como el mayor inversor del mundo en Argentina con 44.000 millones de euros y el segundo mercado, solo detrás de Brasil y antes que China y Estados Unidos. Si la penuria económica ha aconsejado al Gobierno de Buenos Aires a realizar la confiscación, los beneficios pueden no compensar los riesgos y costes a medio y largo plazo.


Tan pronto hizo pública ayer su decisión en conferencia de prensa, C.F. ordenó sacar a "escobazos" a directivos y empleados españoles de la sede de Repsol-YPC casi con lo puesto. Suerte que aún no sopla el frío en "mi Buenos Aires, querido", porque de aquí a que lo vuelvan a ver pasará tiempo.


C.F. está en su derecho de acceder a las reservas de petróleo del país en propiedad de la filial de Repsol, pero deberá pagar el precio de mercado anterior a que se desataran los hechos, que han provocado su derrumbe en Bolsa. Esta empresa ha tenido hasta el momento bajo su control un 34% de la producción  de hidrocarburos y más del 50% de la capacidad de refino del producto en Argentina.


Para España, YPF es su buque insignia y supone más del 50% de la producción de la Repsol y una cifra superior a un 40% de sus reservas. La filial de Buenos Aires emplea a 46.000 personas de manera directa e indicrecta, dispone de 1.600 estaciones de servicio en el país, pero su fuerte está en la producción, que supera  los 530 mil barriles, según cifras del 2010.

El valor patrimonial del 57% de la YPF, en manos hasta ahora de Repsol, es de 4.112 millones de dólares y Eskenazi le debe a los españoles l.542 millones.

C.F. anunció que repartirá el 49% restante de la compañía entre las provincias petroleras, integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos, según el decreto presentado al Congreso para su aprobación. En Argentina, no se persigue la corrupción, como tampoco en España, donde se han imputado a 42 alcaldes y 40 han sido reelegidos por sus correligionarios. Los ejemplos más clamorosos el de Andalucía, feudo del Partido Socialista Obrero Español, y el de Valencia, del Partido Popular. Los colores son lo de menos.

Los gobernadores provinciales argentinos, rodeados de esa misma corrupción, manejan sus territorios al estilo feudal. Ellos han desgastado a la Repsol en el último mes al retirar las licencias y provocar la caida de las cotizaciones. La presidenta les resarce ahora por los servicios prestados. Con el abaratamiento en Bolsa de la acciones, podrá forzarse también un acuerdo de adquisición, a precios irrisorios, por grupos favorables a C.F.

La presidenta hace tiempo que sufre el acoso de los medios y de la oposición por su mala gestión, así que de vez en cuando da golpes de efecto, como este último, que estuvo precedido de otro en la Cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias, donde se envolvió en la bandera patria para reclamar apoyo en su diferendo sobre las Malvinas con el Reino Unido.


Ante su fallido intento, decidió regresar abruptamente a Buenos Aires para enfrascarse con el tema de Repsol-YPF, sin tener en cuenta lo que puede deparar a Argentina este paso. Las multinacionales españolas como Telefónica, Endesa, Gas Natural, Abertis, OHL, Abengoa, las hoteleras NH y Sol Melía y las entidades financieras como BBVA y Santander, globalizan una inversión de 18.000 millones de dólares y se tambalean ante la falta de compromisos del Gobierno de C.F., como lo harán en el futuro los países que siguen en orden inversor a España, tal es el caso de Estados Unidos.