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| Hector Kirschner |
Por Mirta Balea
El expresidente de Argentina, Héctor Kirschner, no dijo como Perón que se cortaría las manos antes de endeudar a la nación para luego obligarse a firmar un préstamo con el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, el EXIMBANK, y dejar en manos de compañías extranjeras el control de la explotación petrolífera nacional.
El Movimiento peronista había traído la bonanza al país sobre las ruinas de la Europa de la posguerra y se anotó un tanto al crear la asistencia social con fondos del Estado y aportes de las empresas. Luego llegó el plan Marshall para que Estados Unidos colocara sus excedentes agrícolas en Europa con la consecuente limitación de las exportaciones argentinas y el descalabro de todas las políticas sociales.
Kirschner reorganizó el peronismo alrededor de sí mismo y de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003, año en que fue elegido presidente hasta el 2007, cuando falleció al principio de su segundo mandato. Para entonces había dominado la política nacional durante una década. Su muerte abrió la veda por el control del Partido, que pasó a manos de su esposa Cristina, apoltronada por segunda vez en el Gobierno. La prensa habla por esto de un kirschnerismo.
El actual Partido Justicialista, heredero del peronismo, en tanto movimiento lleno de simbolismo, genera nuevos mitos. Ahora tenemos la idolatría hacia Kirschner, paralela a la de Evita, a pesar que realizara una reconstrucción del legado demasiado personalizada e invertebrada, o que C.F. manejara de forma arbitraria y discrecional los fondos públicos durante su primer mandato. Este sistema dispendioso le ha permitido comprar voluntades dentro de la organización, como son algunos sindicalistas y gobernadores provinciales.
A los gobernadores de las provincias petroleras les ha premiado por su apoyo en la confiscación de la Repsol-YPF con un 49% de las acciones de la empresa, a pesar de ser discrepantes habituales de los pasos de Kirschner y su esposa, a la que llaman trucha, un equivalente a impostora. Imagino cómo observaron las sendas imágenes de Eva Duarte, que flanquearon las espaldas de la presidenta cuando dio la conferencia de prensa para anunciar la expropiación de las acciones españolas en la compañía.
Durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea en marzo del 2010, la presidenta escindió a los medios entre los que se ubican en un "país virtual" (aquellos que no responden a sus intereses) y los que responden a "un país real"(los que sí lo hacen) y ha recuperado en sus discursos las palabras acuñadas por Evita como descamisados, ( que era la forma de aquella de distinguir su nacionalismo popular de los criterios marxistas de proletariado), el Pueblo y los Argentinos, todo con mayúsculas, y los oligarcas.
La presidenta ha afirmado, en un auténtico afianzamiento del mito Kirschner, que llevará a la tumba de su esposo y exmandatario, la ley aprobada por el Senado para la expropiación "envuelta en una cintita argentina y se lo voy a dejar ahí". Una actuación más digna de un Razzie que de un Oscar.
Lo que olvidó decir es que YPF hace nueve años que está en manos privadas. Las potestades a Repsol vinieron cuando la situación económica aconsejó al Gobierno de H.K. salvar los muebles, como antes le ocurriera a Perón. Intentó mantener algo por medio del grupo Petersen, del clan Esquenazi, por si hubiera que echarle mano para tapar huecos. Pero al no estar el patriarca, cuando C.F. preguntó ¿qué hay de lo mío?, le respondieron: Nanay de la China.
El grupo Petersen alcanzó un 25.46% dentro de la empresa pretrolera argentina a principios del 2011, cuando Repsol otorgó garantías mediante el banco español Santander por 96 millones de dólares (74 millones de euros), es decir, prácticamente, la cantidad a aportar en la compra, según publicó el diario especializado El Economista. Hasta el momento, apenas se ha limitado a pagar los intereses, ya que el primer paso para la amortización de capital comenzaría en mayo del 2013.
Los interventores generales Julio de Vido y Axel Kicillof se reparten los papeles. El primero se encargará de la parte institucional y el segundo actuará como comisario político y consejero delegado. Ambos saben que Argentina tendrá que enfrentar el vencimiento de la deuda de YPF este año, así como, los pagos acelerados. El monto de la misma alcanza los 2.500 millones, pero ellos intentarán purificar el barco de hedores.
La Federación de exagentes de YPF, que representa a 25.000 exempleados y accionistas, reclama su parte en la expropiación aprobada. Esta agrupación ha recordado la vigencia de reclamaciones anteriores ante la Justicia Argentina y en la Securities & Exchanges Comission contra Repsol para anular las ventas de títulos en marzo del 2011, equivalentes a un 11.75% del capital de YPF, por habrerlas realizado "violando una orden judicial emitida por un juez federal".
El golpe de mano sobre la Repsol-YPF le ha servido al país para recuperar el control sobre un importante recurso natural, hasta ahora en manos privadas en el 57%, de lo que se felicita la Federación de Exagentes de YPF porque con esto se protegen los activos de la empresa frente a reclamos futuros.
La medida ha logrado exacerbar el nacionalismo visceral para que la sociedad olvide los problemas de cada día, sin que se vea perjudicado el presupuesto en ropa de la presidenta por valor de 760.000 euros anuales, según revelaciones de la prensa española. La conservación de la imagen de un Gobierno populista recae ahora sobre los hombros de Repsol, integrada por miles de pequeños accionistas.
No es la primera vez que C.F. recurre a la estatilización. En 2009, lo hizo con los fondos de pensión privados, que en 1994 había suplido el sistema de jubilaciones y pensiones de reparto, establecido por el entonces presidente Carlos Menem, y ahora lo ha hecho con la YPF, cuando se ha confirmado el agravamiento de la situación de las cuentas públicas y externas.
El Gobierno cree que con esta acción evitará la aparición de déficits presupuestarios y comerciales, que habrían generado desconfianzas en los tenedores de deuda argentina y puesto punto final a una política económica basada en el superávit presupuestario y comercial y una moneda devaluada para alentar las exportaciones.
Al echar mano a la caja de las pensiones, logró subsidiar a empresas en crisis y a sectores pobres del país y, aún así, las cuentas no han salido bien y siguen en números rojos, por lo que hace unas semanas C.F. se sacó de la manga una reforma de la Ley Orgánica del Banco Central para eliminar vestigios del régimen de convertibilidad y tener la posibilidad de emitir moneda a discreción, según las necesidades del Tesoro.
La pensión de unos 1.400 pesos (245 euros) no alcanza para llegar a fin de mes, pero la locomotora argentina sigue adelante. La electricidad, el gas y el agua están subvencionados, hay asignaciones universales para las embarazadas y los productos básicos como la leche, el azúcar, el queso o la patata están reducidos en su coste por la ayuda también del Gobierno.
A Perón le pasó algo similar cuando no supo preguntarse a tiempo ¿hasta cuándo se puede sostener ese ritmo? Lo que mismo que ha ocurrido en España con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien desoyó las advertencias de Bruselas y no tomó medidas a tiempo contra la crisis, conduciendo al país a la bancarrota. En Argentina, el futuro dependerá del precio de las materias primas, de la soja, el trigo y el maíz. El crecimiento previsto para el 2012 es la mitad de lo que se ha tenido hasta ahora.
A 21 días de convalecencia médica por una operación de tiroides, la presidenta reasumió sus funciones y sin perder tiempo recuperó la mayor controversia: el conflicto con Reino Unido por las Malvinas, invadidas por los ingleses en 1833 y cuya soberanía reclama Argentina. Desclasificó un documento crítico, protegido por el secreto de Estado, sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la breve ocupación de las islas en 1982.
La soberanía fue esgrimida también por la Junta Militar para ocupar Malvinas, en la guerra unilateral contra el Reino Unido. La bandera alzada por los militares para justificar sus acciones resultaba una solución desesperada cuando tenían el agua al cuello, aunque al perder la guerra no se salvaron, la Junta cayó poco después. Los militares también eran corruptos y la represión había llegado a cotas insostenibles.
Los argumentos de C.F. para sacar de dique seco las disputas resultan casi los mismos, "la defensa de nuestros recursos naturales, porque están depredando nuestro petróleo y nuestra pesca". Si estuviese Perón al mando, Evita habría dicho lo mismo.
El Gobierno de H.K. había ordenado en 2004 que los policías federales no portaran armas en manifestiones. Cinco años después, una ocupación de tierras acabó con tres muertos y, de paso, con su liderazgo en el Justicialismo. La represión le obligó a renunciar a la jefatura del Partido, que reasumió poco después, pero el matrimonio jamás se recuperó del golpe al quedar al desnudo sus propósitos absolutos de poder a cualquier precio. Y la cosa sigue. Cifras divulgadas por la prensa argentina apuntan a que en 2011 murieron asesinadas por la Policia 145 personas.
Puede que no todos en las fuerzas federales sean corruptos, pero comandos del cuerpo en las 23 provincias y Buenos Aires se hallan en la primera línea en delitos como sobornos del narcotráfico, trata de blanca o talleres textiles clandestinos, proxenetismo, robo de vehículos, tortura a detenidos, montaje de causas judiciales para involucrar a inocentes, muertes de manifestantes en protestas o intimidación a los campesinos, según ha divulgado el diario español El País. Todo como en los mejores momentos del peronismo legendario.
La izquierda española ha ignorado siempre estas "minucias" porque a fin de cuentas Argentina se enmarca, como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Cuba, en la línea de aliados ideológicos. Si bien no parece acertado para la imagen del PSOE el doble rasero mostrado en la Eurocámara en cuanto al litigio con C.F., tal y como tampoco parece una buena solución jugar la baza del proteccionismo como represalia. Esto último haría a Buenos Aires víctima y alejaría las críticas sobre un país que, en los centros de arbitraje, ocupa el número uno entre todas las naciones impugnadas por sus acciones.
El ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, ha desvelado importantes aspectos de este litigio. En primer lugar, el Gobierno de Madrid no ha tenido contacto con Argentina desde el 28 de febrero de este año, en lo que califica de "estrategia del enemigo externo". Ambas partes habían quedado en intercambiar la lista de nombres para un grupo de contacto para la solución del diferendo y aunque los españoles cumplieron, C.F. dio la callada por respuesta.
El actual sistema arancelario argentino otorga una gran ventaja al biodiésel, que está entre los productos de exportación restringida por Madrid como represalia por la expropiación, según la orden firmada el 20 de abril por el ministro Soria. Pero no ha sido la única en esa dirección. Había otra, de julio pasado, que no resultó cursada cuando Argentina amenazó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que si resultaba aprobada intervendría a Repsol.
La confiscación de la compañía petrolera española ayudará a otros grupos económicos, como los de China y Brasil, a hacerse con ese pedazo de la tarta, falta responder a si todo este movimiento beneficiará a la sociedad argentina en su conjunto, que se muestra muy solidarida con la decisión de su jefa de Estado.
Parecería sensato, visto el patio, cargar las tintas en una "guerra" diplomática, en vez de comercial, perjudicial para todas las partes, dirigida en mayor medida a los responsables del expolio. Esto supone pedir cuenta en marcos internacionales como el G.20 y la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE), organismos en los que Argentina tiene asientos.
Enlazar con http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/04/espana-y-argentina-espadas-en-alto.html
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