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domingo, 8 de abril de 2012

España: el fondo y las formas

Gobierno de Rajoy con la reina Sofía

Por Mirta Balea

El presidente Mariano Rajoy se ha metido en la trinchera con casco calado y metralla suficiente para enfrentar a sus enemigos, aunque tal vez no como para ganar la guerra, al menos de momento. Los presupuestos generales para el 2012 (PGE) han dado pie, en el ámbito ideológico, al recelo y al rechazo extremo, apenas a cuatro meses de iniciarse la nueva legislatura.



Una buena prueba han sido las manifestaciones sucedidas desde hace un mes bajo las banderas visibles de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO), las dos mayores centrales sindicales del país. En este registro, adquiere especial relevancia la del pasado 29 de marzo al hacerla coincidir con una huelga general.



Las manifestaciones del personal por las calles resulta una cultura mundial de más de un siglo, modulada siempre por intereses diversos, y que irrumpe en determinadas coyunturas políticas como método útil y concluyente de enviar un mensaje al gobernante de turno e incluso a la otra parte de la población reacia a congregarse, obedeciendo a sus propias razones.



De la huelga general del 29 de marzo, se desmarcaron todos los sindicatos minoritarios agrupados en sectores. Los medios han coincidido en que hubo un mayor seguimiento en las manifestaciones a lo largo del país que en el paro, eje de toda la agitación social.



La UGT y CCOO han coincidido en la cifra de participación: el 77% y han dado la huelga por exitosa. La patronal basó sus propios números en los informes de asistencia y de consumo energético de las industrias y otras grandes empresas y ha colocado el seguimiento en un 15%. El ministerio del Interior tomó en consideración  la acción de sus efectivos en las calles y ha puesto el listón en unas 800.000 personas.


Al margen de las diferencias habituales sobre la cantidad de personas que siguen cualquier paro convocado, los sindicatos han demostrado su capacidad de movilización en las grandes empresas e industrias y su significativa fuerza para sacar a la calle a cientos de miles de personas. Si hiciéramos un análisis meramente político del acontecimiento y excluyéramos por tanto los aspectos económico y social e incluso el ideológico, se podría decir que han asumido el papel de oposición activa ante la debilidad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes, donde el PP tiene mayoría absoluta. Les falta quizás quitarse de encima la mala imagen de los antisistemas y otros grupos violentos, como se comprobó en especial en Barcelona, donde se les ha permitido tener una presencia considerable.



Todas las medidas emprendidas por Rajoy han sido cuestionadas por los sindicatos principales y por la oposición mayoritaria en las Cortes. Hablamos de aspectos aprobados por el Ejecutivo como la ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral, el decreto para garantizar el pago a los proveedores, la reforma del sistema financiero y los PGE para este año con la intención manifiesta de recuperar espacios en la Unión Europea y credibilidad ante los acreedores.



Los sindicatos, hay que decirlo también, intentan esta medida de fuerza para ganar ellos espacio a su vez en los temas laborales. La reforma laboral parece dirigida a que pierdan todos aquellos privilegios de los que han disfrutado en las últimas tres décadas y que se han visto acrecentados con subvenciones, las mayores en todos estos años, otorgadas por el anterior Ejecutivo socialista.



UGT y CCOO necesitan reescribir la reforma laboral y para esto cuentan con el apoyo del PSOE e Izquierda Unida en el plano parlamentario y quizás de otras fuerzas políticas. Para tensar aún más la cuerda alrededor del cuello del Gobierno, han amenazadado con nuevos paros para llevar el conflicto "a la griega", según expresó uno de los liberados sindicales, participante en las manifestaciones de Madrid.



Hace solo unos días, un jubilado se inmoló en Grecia bajo el lema de "no pienso hurgar en la basura", como destacó el diario El País, quizás porque no hay en Europa país que supere a España en su capacidad de recrear y teatralizar la vida tanto como en la sensibilidad para disfrutarla. Y no por esto hay que tomarse a broma la noticia, dramática en sí misma y vaticinadora de que algo huele mal en el Viejo Continente. Pero resulta pertinente aclarar que la situación económica de uno y otro país es diferente.



Para hurgar un poco en lo de las subvenciones y el papel sorprendentemente activo en esta etapa de la UGT y CCOO en su enfrentamiento con el Gobierno, según cifras del Boletín Oficial del Estado, ambas agrupaciones han recibido en 2011 unos 252,700 millones de euros de las arcas públicas. En plena crisis, cuando de lo que se trataba era de recortar gastos, obtuvieron del socialista José Luis Rodriguez Zapatero unos l,057 millones en el período 2008-2011.



Esto explicaría por qué en 2010, cuando la reforma laboral de Zapatero, en la que se redujo el sueldo de los funcionarios, que constituyen un 25% de sus cotizantes, y se congelaron las pensiones, entre otras medidas, las dos centrales sindicales convocaron una huelga, sin manifestaciones ni propaganda previas, que los medios calificaron despues de "light", y que habría sacado los colores a la cara del mismísimo  Karl Marx. No olvidaré decir que UGT, se mueve ideológicamente en la socialdemocracia, y CCOO, en la comunista.



Hay filósofos españoles que consideran que los sindicatos son el verdadero eje del socialismo español y recuerdan que el PSOE, bajo la batuta del exsecretario general y, durante varias legislaturas, presidente del Gobierno, Felipe González, había renunciado en 1979 al marxismo como base de su acción política futura, algo que, solapadamente, y a veces no tanto, intentó recuperar Zapatero.


Piquetes "informativos" frente a un gran centro de trabajo


Hace siglo y medio, Karl Marx y Frederic Engels entendieron que el proletariado desbordaba los marcos estatales y necesitaba una organización transnacional, que sirviera de recurso principal para su estrategia. Así fundaron, en 1864, la Primera Internacional Comunista, desaparecida en el siglo pasado para dar paso a la Internacional Socialista, en la actualidad presidida por Georges Papandreus, el exprimer ministro griego, caído en la primera oleada de cambios de Bruselas al intentar imponer su programa de austeridad y recortes presupuestarios para enfrentar la crisis global iniciada en 2008.



Las ideas de Marx y Engels ya no rigen ni siquiera en la dogmática Cuba, donde prevalece un sui generis y ecléctico "castrismo", como tampoco en Estados Unidos las del capitalismo clásico, preconizadas por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Las condiciones en el siglo XXI son radicalmente diferentes a las que dieron a luz estas filosofías y hoy constituyen tan solo una experiencia en las vidas de muchos humanos. A eso se refería el papa Benedicto XVI, previo a su llegada a La Habana, la pasada semana, cuando puso de relieve la obsolecencia del marxismo.



Este retrato al uso, aunque menguado, le hace ilusión a mucha gente, como a mí que me hubiesen pintado montada a caballo, al estilo amazona, si bien la vida me ha dado motivos sobrados para peores desencantos. Ese mundo entra en contradicción con una sociedad democrática y desarrollada.



El prestigio épico de un luchador de clases al viejo estilo NO ha entrado en contradicción en la jornada de huelga con los llamados "piquetes informativos", grupos sindicales, en su mayoría formados por los liberados (en España hay 10.000). Cándido Méndez, líder de la UGT, dejó claro que la estrategia de la violencia para impedir el derecho a ir a trabajar implica que no hay dos derechos en colisión porque prevalece el del paro.



Los piquetes, contra los rompehuelgas o esquiroles, como les llaman los españoles desde el siglo pasado, son profesionales de la coacción, a quienes les pagan por ir al paro y nada tienen que perder, ni el trabajo ni una jornada mermada. Muchos trabajadores plantaron cara, sobre todo aquellos a los que ayudaron las fuerzas del orden, apostadas allí donde fueron llamadas para garantizar el derecho a ir a trabajar de los otros.



El concepto mismo de participar en una huelga general presupone el consenso social, una unidad de ideas en pro de la defensa de determinados valores y derechos. En un mundo plural, como el que vivimos, en el que la izquierda y la derecha presentan una línea difusa, aunque muchos luchan denodadamente por hacer retroceder el reloj, esta creencia parece haber desaparecido.



El resumen para todo el aspaviento sindical ha sido, y aquí me remito a lo dicho por el Ejecutivo de Rajoy, que ni las manifestaciones, ni la huelga, ni los piquetes, ni las batallas campales, como las que se vivieron en Barcelona, detendran la reforma laboral ni los recortes previstos para el futuro. Los derechos laborales de nada sirven sin trabajo y las barricadas para apuntalar un status quo, que tiende a desaparecer, están condenadas a un futuro de irrelevancia.



La huelga del pasado 29 costará al país una décima más del déficit. Se han cifrado extraoficialmente las pérdidas en 1.200 millones de euros. En relación con otro paro contra el gobierno de José María Aznar, cuando por primera vez rigió el PP los destinos del país, representó un 20,5%. La más espectacular, movilizada contra Felipe González en 1988, ha sido en todo este tiempo y sigue siéndolo, la más importante, que supuso un descenso de hasta un 34 %. La protesta actual se asemeja más a un movimiento diástole, o de relajación del músculo cardíaco, que a un sístole.



El periódico El País publicó cifras que no dejan dudas sobre el seguimiento por sectores: la industria,  el que más, seguida por el comercio, que solo cerró en el centro de las ciudades. El que menos, la Administración Pública.



Los PGE 2012 son los más austeros y rigurosos de la democracia, pero salvan de la quema a pensionistas, parados y funcionarios, que se habían visto afectados y mucho con la reforma laboral del 2010 de Zapatero. Al menos 15 millones de personas no veran recortados sus ingresos en los próximos doce meses.



Gobernar es algo más que atender a la administración de los recursos de un país; es hacer política y oir la voz de la calle. El marcado fracaso del PP en Andalucía, donde obtuvo mayoría de votos, pero no el gobierno de la comunidad, en manos de nuevo del PSOE, a pesar de los escándalos de corrupción sobre la dirección partidista regional, debería hacer saltar las alarmas en la calle Génova.



La situación -que pocos entienden- de extrema dificultad de la economía española, en el punto de la bancarrota, ha aconsejado unos PGE que se verían con más tolerancia en una economía de guerra. Ya no es el momento de seguir culpando al anterior Ejecutivo de las medidas impopulares. El país puede estar abocado a pedir un rescate de unos 60.000 millones de euros en razón de la lentitud en la toma de decisiones de Zapatero, pero si Rajoy ha decidido coger el toro por los cuernos tiene que hacerlo sin ambages ni justificaciones.



Las cifras cantan. España acumula una quinta parte de todos los parados de la Unión Europea y los jóvenes resultan los más afectados, porque en esto también tiene el registro mas alto. Y a nadie le importa si la canciller alemana Angela Merkel apoya las medidas.



En los PGE 2012, el paro, la deuda y las pensiones ingieren el 60% y el mayor ajuste se destina a pagar la deuda, que asciende a 592.090 millones de euros.  Por eso los recortes, si alguien se ha molestado en leer los datos publicados, dan prioridad a los gastos prescindibles o de escasa eficacia y esto se traduce en que habrá 17.000 funcionarios menos y los altos cargos se reducirán en un 16%.



Parece justo reconocer que la consolidación de 27.300 millones de euros, es decir, un 2.5% del Producto Interno Bruto, sin que tenga un mayor impacto sobre la actividad económica y la preservación de las políticas sociales, ha resultado un esfuerzo de marca mayor. De cada 100 euros que gaste el Estado en una economía en la bancarrota, 56.2 millones iran al gasto social, siendo el capitulo más importante la revalorización anual de las pensiones, y en esto se diferencia drásticamente de los presentados por Zapatero en 2011.



El ajuste, sin embargo, sigue siendo duro porque lo primero es reducir el déficit. La deuda aumentó en 2011 en  51.451 euros y esto ha resultado en un sobrecoste en la mayoría de bonos por la incertidumbre que ha creado en los mercados internacionales la visible falta de convergencia en la gobernanza de la Unión Europea, la quiebra de Grecia y el déficit de Italia, hasta hace poco una de las mayores economías y que hoy se encuentra en situación similar a la de España, aunque el primer ministro Mario Monti grite desde Roma que NO.

Enlazar con: http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/03/espana-reducir-el-deficit-toda-costa.html
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