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domingo, 13 de marzo de 2016

Los partidos españoles siguen enrrocados sobre la investidura de un gobierno.



Por Mirta Balea

El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha enviado hoy un mensaje rotundo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE): no apoyara la investidura de un gobierno socialista porque ha sido su propia formación la más votada en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

En la ciudad de Pontevedra, ha reiterado su oferta al PSOE de un "gobierno de coalición, presidido por el PP" como la opción más "coherente de estabilidad política para España". El presidente en funciones aseguró "no vamos a propiciar, de ninguna manera, que quien ha perdido las elecciones, sea el presidente del gobierno".

Rajoy ha vuelto a su cuna política, donde fue concejal, presidente de la Diputación y diputado durante varias legislaturas, donde fue agredido también durante la campaña electoral de diciembre y donde el ayuntamiento  le ha declarado "persona no grata" con los apoyos de PSOE, el BNG (partido nacionalista gallego) y Marea por Pontevedra (uno de los guiones de Podemos).

El Faro de Vigo publica hoy una carta de Rajoy en la que dice que nunca renunciará a esa ciudad, donde estudió, se casó, comenzó su carrera política y en la que espera volver a vivir y morir dentro de "muchísimos años". Cuando se cumplen 20 días de que el Consistorio lo calificara de persona no grata, tiene la esperanza que algún alcalde revise en el futuro próximo esa decisión.

El calendario avanza a nivel nacional con los partidos enquistados en sus posiciones e imposibilitando la investidura de un presidente de gobierno. Dentro de 50 días vencerá el plazo de disolución de las Cámaras y el jefe de estado deberá convocar nuevas elecciones si no hay acuerdo. En esta última semana, no se ha registrado ni un solo movimiento en favor de evitarlo.

El PSOE habla de forma general de un "gobierno del cambio", Ciudadanos -con un pacto firmado con esta formación- ve a Rajoy como el principal escollo para una coalición y Podemos insiste en una vigilancia cercana de un hipotético gobierno en coalición con los socialistas.

Han transcurrido nueve días de la investidura fallida de Pedro Sanchez, candidato del PSOE, y Podemos sigue exigiendo formar parte del gobierno y da portazo al acuerdo socialista con Ciudadanos. Esta misma semana, cuatro partidos de la izquierda en el Congreso, no lograron reunirse porque Podemos veta a Ciudadanos y PSOE no lo acepta.

El resumen es sencillo: nueve días y cero reuniones. El vocero del PSOE en el Senado, Oscar López, habla de partidos que bloquean y de partidos que tienden la mano, refiriéndose a Podemos y a su propia formación, en ese orden.

La falta de gobierno ha trastocado también la agenda de los reyes de España, que han cancelado desde el pasado 2 de febrero varias visitas programas al extranjero. El gobierno en funciones cree que el jefe de estado no debe ausentarse varios días ante la posibilidad de que pueda alcanzarse un acuerdo.

El ministro en funciones de Hacienda, Esteban Montoro, ha apuntado que la inestabilidad política ha comenzado a notarse en la recaudación. Lamentó que haya gente que quiera formar gobierno solo por formarlo, sin importarle por qué.

"Hay representantes políticos que les dan igual las políticas, están todo el día buscando con quien ennoviarse o casarse y lo único que dicen es que hay que cambiar las políticas. ¿Pero hay que cambiarlas en que sentido? ¿Para perjudicar la recuperación económica?", ha puntualizado en un tono de enfado.

Francisco González, máximo representante del BBVA, uno de los dos bancos más importantes del país con proyección internacional, pide estabilidad y la formación de un gobierno cuanto antes. "España ha creado un millón de puestos de trabajo en los últimos dos años, a este ritmo se podría tener menos de un 10% de paro para el 2020, pero para eso se necesita estabilidad política, gobiernos que pongan en practica políticas realistas, no utopias, que lo único que hacen es engendrar frustración en los ciudadanos".

El techo de las elecciones se le está haciendo muy largo a todos los partidos y han comenzado a salir documentos en relación a Podemos que ponen en duda de que puedan seguir presumiendo de ser los más limpios, puros, honestos y transparentes. El último informe interno conocido habla de los problemas fiscales de Juan Carlos Monedero, uno de los co-fundadores, que decidió hace un año salir de la ejecutiva. 

El diario digital El Confidencial ha publicado el texto en el que se reconoce que estuvo mal el cobro por Monedero de 425 mil euros por un informe al gobierno de Venezuela por el que tributó como empresa en vez de hacerlo como persona física para ahorrarse de pagar más dinero al fisco.

"La realidad es que Monedero pensaba conseguir mas pasta para seguir pagando la Tuerca y financiarla durante ese tiempo con la pasta que había ganado por ese informe. Esto está fiscalmente mal, pero es muy noble. No hay que decirlo, porque además estamos aun pendientes de la estrategia de 2014", dice el informe.

De cara a las elecciones, el panorama político no presentaría variaciones sustanciales de verse anticipadas, pero la abstención sería muy alta, la decepción llegaría a tal grado que mucha gente se quedaría en su casa. Podemos no daría entonces el sorpasso que todos creen y sus simpatizantes podrían pasarle factura por no haber tendido la mano a Sánchez. 

El secretario general del PSOE esgrimió cuestiones personales para no asistir este sábado al Congreso de la Unión General de Trabajadores en el que fue elegido el nuevo secretario general. Ningún líder socialista había estado ausente de tal acontecimiento dada la vinculación histórica entre ambas formaciones. Los rumores apuntan a que el designado, Josep María Alvarez, no cuenta con su beneplácito.

Tampoco con el del saliente secretario general de la UGT, Cándido Mendez, que se ha jubilado. Esto tiene que ver con la posición de Alvarez en favor del derecho a decidir en Cataluña.

Aunque ganó su liderazgo por un mínimo de votos frente al otro candidato en lisa, se espera un vuelco tremendo en la política de UGT. Por lo pronto le ha dado un tirón de orejas a los partidos de izquierda en el Congreso diciéndoles que "se dejen de tonterías" y arrimen el hombro. 

Los ex-presos políticos de la banda terrorista vasca ETA han tenido  hoy también sus cinco minutos de gloria en los medios, como diría Warhol, al traspasar lo que ha sido hasta ahora una de sus líneas rojas históricas. Unos 500 reclusos han respaldado un comunicado en el que se les anima a conseguir beneficios penitenciarios por cauces legales.

Esta misma semana se publicó una encuesta realizada entre los vascos que trajo una gran sorpresa. Solo un 18% apoya la independencia, frente a un 38% que lo hacía hace relativamente poco tiempo.

La formación Bildu, que gobierna en varias localidades de País Vasco y vinculada al independentismo, ha propuesto como su candidato para las próximas elecciones locales a Arnaldo Otequi. Había transcurrido tan solo una semana de que fuera liberado de la cárcel por pertenencia a banda arma. La sentencia venía acompañada en su momento de la prohibición para ejercer cargo público alguno hasta el 2021.

A pesar de todos los desencuentros, la Cámara Alta está interesada en consensuar, con el gobierno en funciones, una posición española en política migratoria a las puertas de la cumbre europea de la próxima semana en la que los jefes de estado y/o gobierno lanzaran su acuerdo para dar una solución al problema, que ha empezado a sobrepasar a todos los socios.

El propósito del encuentro es ratificar el pre-acuerdo de la pasada semana en el que se pretende solventar la crisis de los refugiados encerrándolos en Turquía, a la que se proporcionaría 60 millones de euros. Podemos y PSOE han demandado la comparecencia de Rajoy con vista a consensuar una posición oficial nacional.


El acuerdo ha dado un giro de 360 grados a la política europea en materia de refugiados y provocado tensiones entre los socios y ha eliminado también, de un plumazo, el derecho de asilo en la práctica. Algunos dudan de que pueda salir adelante ante las lagunas legales que presenta, denunciadas por diversos organismos internacionales y de que Turquía sea el país idóneo para este tipo de trato.

Los juristas del Consejo Europeo han trabajado sin descanso para que Turquía califique como país seguro y para buscar el modo de dar legalidad a la devolución de los refugiados. A muchos líderes europeos les parecen excesivas las contrapartidas, pero si nada lo evita el pacto se llevará adelante a cualquier precio.


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