El acuerdo contra los refugiados en Europa entrará en vigor este domingo.

La amplia sonrisa del primer ministo turco Ahmet Davutoglu, junto a los jefazos de la Union Europea

Por Mirta Balea

La Unión Europea (UE), incapaz de conformar una política migratoria común, ha confiado en la capacidad de Turquía para contener la crisis dentro de sus fronteras pagando mucho dinero al gobierno de Ankara, junto a otras prebendas. Cuando la gente desesperada intenta que le echen una mano, Europa responde enviándolos de vuelta.

La sonrisa de satisfacción del primer ministro turco Ahmet Davutoglu, junto a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, firmantes del acuerdo, muestra quien ha sido el mayor beneficiado. Ankara se ha asegurado además en este regateo el silencio de los líderes europeos ante el deterioro de los derechos y libertades en Turquía.

El presidente de España, Mariano Rajoy, quien llevó una posición consensuada con el Congreso de Diputados, aseguró que se hicieron los ajustes pedidos como dejar de lado las expulsiones masivas, tramitar individualmente las solicitudes de asilo y pedir garantías de respeto a los derechos humanos para quienes sean devueltos a Turquía a partir de este domingo.

La eurodiputada Iratxe García señala que los partidos políticos españoles estarán muy vigilantes de que estas modificaciones al pre-acuerdo se cumplan escrupulosamente. La legalidad de lo acordado sigue siendo la punta de lanza porque se violan leyes internacionales y de la propia UE por mucho que hayan querido los juristas de Bruselas maquillar el documento.

Turquía recibirá 3 mil millones de euros, que podría llegar al doble, según lo acordado, para garantizar que se mantenga el problema fuera de Europa. Los turistas turcos gozarán de una exensión de visados para Europa y la UE ha prometido que reanudara las conversación para la adhesión de ese territorio al club. Chipre había amenazado con vetar el acuerdo si estas charlas iban más allá de la solución de temas financieros y presupuestarios.

Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias y de derechos humanos han advertido que Turquía no es un país seguro, como afirma el acuerdo de la UE. Los turcos devuelven habitualmente a los refugiados a Siria, disparan contra ellos en la frontera y le niegan a los niños el derecho a asistir a la escuela. Estas personas carecen además de estatuto concreto legal para reclamar cualquier derecho.

Los líderes europeos no parecen entender que la falta de vías seguras y legales para la entrada en Europa de personas venidas de zonas de conflicto les obliga a poner sus vidas en manos de las mafias, incluidas las turcas. La comunidad internacional ha sido incapaz de dar una solución viable a la guerra en Siria, que ha cumplido su quinto año, y la UE piensa que este acuerdo inmunizará al club de que la crisis migratoria siga adelante.

Hablamos de una guerra que ha desplazado a 11 millones de personas, de estas 7,5 millones son niños, que no asisten a clases desde hace cinco años y constituyen un caldo de cultivo para los grupos integristas islámicos. Estas fuerzas perpetran constantemente crímenes de guerra y contra la humanidad en Siria, al igual que las fuerzas regulares del régimen de Bashir Al-Assad, que se niega  a abandonar el poder. Cuando un conflicto como este presenta trazas de impunidad, tiende a perpetuarse y esto es lo que ocurre ahora mismo.

La política de apertura a los refugiados impulsada por la canciller alemana Angela Merkel, con intereses muy definidos, le ha estallado el pasado fin de semana en la cara. En las elecciones regionales o de los landers se ha registrado un aumento de votos rozando un 25% del partido xenófobo Alternativa para Alemania, creado en 2013 con un discurso anti-inmigración. Esta cifra le ha garantizado entrar en varios de los parlamentos de al menos tres localidades y les ha desbrozado el terreno para hacerlo a nivel nacional. 

Este ha sido el primer examen electoral de Merkel tras la llegada de un millón de refugiados por su efecto llamada. Unos 50 mil millones de euros de las arcas públicas serán destinados hasta 2017 a la subsistencia de dos de cada cinco refugiados. La mayoría no ha podido acceder al mercado laboral por la barrera del idioma y problemas de integración de lo que han sacado provecho los de Alternativa para Alemania.

La irrupción de este partido es algo mas que un toque de atención a Merkel, a su partido conservador CDU y a sus socios socialdemócratas del SPD, es también una refutación a la política migratoria del gobierno de coalición. La canciller cree que el problema no es la crisis de refugiados sino que a estas alturas no haya una solución viable y ha impulsado el acuerdo con Turquía, como forma de aplacar los ánimos de sus electores.

Cuando Merkel decidió abrir sus alas a los refugiados, la medida escondía la preocupación por un acontecimiento previsto para finales de este año: la entrada de China de pleno derecho en la OCDE. Esta es una tesis manejada por varios políticos teniendo en cuenta que ambos son los mayores socios comerciales en Europa. El gobierno de coalición alemán habría previsto lo que se presentará en el futuro como una diferencia de competitividad.

Merkel tomó medidas colaterales al acoger a otras 800 mil personas, que se sumarían al millón previamente radicado en territorio alemán como mano de obra barata. La decisión fue muy consensuada porque al propio tiempo que había una llamada, se bloqueó el salario mínimo alemán para impedir un incremento desproporcionado de la productividad respecto a los chinos. La medida iba acompañada con una disposición de que los refugiados, durante cinco meses, trabajaría por debajo del salario mínimo.

De los dos millones de refugiados sirios en Turquía, la mitad son mujeres y niños, carentes de protección legal alguna, y Bruselas solo ha ofrecido hasta ahora 72 mil plazas. Grecia, que es el otro país entre los que más refugiados acoge, está desbordado. Tienen 40 mil  y planean abrir otros campamentos para darles un modo de vida más digno. 

De esta cantidad, 12 mil están en Idomeni, en la frontera con Macedonia, en medio del barro, sin tiendas de campaña más que las trajeron consigo o han logrado obtener de las organizaciones humanitarias, sin comida ni agua, sin asistencia médica.

Los refugiados son conscientes de que Europa les ha dado la espalda. Los voluntarios repartieron panfletos hace unos días para informarles de que la frontera con Macedonia no se va a abrir. Hartos de esperar, un grupo intentó cruzar el río que separa los separa de su objetivo, en busca de vías alternativas, pero fueron rechazados por las fuerzas de seguridad que rodean el campamento. Su destino ha sido y sigue siendo Alemania.

La mayoría de líderes europeos dicen que no permitirán que la ultraderecha determine sus políticas a nivel nacional, pero lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo y el más reciente ejemplo es Alemania. El acuerdo migratorio aprobado en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la UE este viernes cambia la política europea en materia de refugiados, provoca tensiones entre los socios y ha sido denunciado reiteradamente como ilegal por organizaciones internacionales como la ACNUR. La fórmula de que Turquía sería un país seguro para devolverlos ni tiene encaje legal ni convence a nadie.

Los socios europeos han vertido críticas en los últimos días sobre las concesiones a Ankara porque no todos reconocen la capacidad de ese gobierno de cumplir con lo pactado. Otros han puesto de relieve que las contrapartidas en capital son excesivas y crean agravios comparativos con otros socios, como son los casos de Grecia e Italia, que también tienen un buen número de refugiados en sus territorios. En los despachos de Bruselas, la cantinela era la misma "no hay alternativa" y el pacto "seguirá adelante", como así ha sido a pesar del maquillaje de última hora.

Medicos sin Fronteras y Médicos del Mundo están alertando de una importante crisis sanitaria, con enfermedades propias de la I Guerra Mundial como los pies de trinchera, debida entonces a que los soldados pasaban tiempo en el barro de las trincheras. En Idomeni, el añadido a esto son diarreas, hipotermias, congelaciones o amputación de miembros. No hay equipamiento médico ni cirujanos y esto obliga a llevarlos a centros sanitarios cercanos, que están colapsados. Todo está en manos de las ONG, porque los gobiernos se han desentendido del drama humanitario.