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| Las Cortes españolas |
Por Mirta Balea
Las Cortes - donde reside la soberanía del pueblo español-, con su sonido clásico de disco de vinilo, dio un contundente portazo en las narices al intento catalán de hacerse con prerrogativas que corresponden al Estado.
Los legisladores no han tenido más que atenerse al canón de la Constitución con su retahila de supuestos, que aparentan desgana, pero que emiten quejidos fuertes nada más escuchar una frase inapropiada.
Lo identificativo se convirtió en reiterativo durante el debate de este martes en sesión plenaria de la propuesta catalana de transferir competencias a su gobierno autonómico (Generalitat) para realizar en noviembre próximo un referendo independentista. Los legisladores recordaron que la soberanía no es transferible y reside solo en el pueblo español como un conjunto de voces y no en una parte del coro.
La petición encontró el rechazo de 299 diputados, otros 47 dijeron sí y solo hubo una abstención, la de Coalición Canaria.
Los secretarios generales del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, mostraron músculo frente al proyecto del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con una posición común coordinada en una reunión previa el pasado día 8.
Ambos consideraron que el desafío secesionista de Mas requería de una respuesta de Estado y común a los dos grandes partidos nacionales y únicos, de momento, con posibilidades de gobernar.
La consulta -según la mayoría de opiniones de los juristas en los medios de comunicación nacionales- no tenía encaje en el actual marco jurídico. El Parlamento catalán, sin embargo, había proclamado el 23 de enero del 2013 que el "pueblo de Cataluña tenía derecho a decidir su futuro político".
El rechazo de la Cortes se basó en tres elementos: la competencia no es transferible, por lo que ninguna comunidad autónoma puede por sí misma establecer su condición política ni convocar de manera unilateral un referendo de autodeterminación.
La estrategia de Mas al llevar lo del plebiscito al Congreso de Madrid era muy simple: dificultar cualquier recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional y limitar la necesidad de la autorización previa de éste para realizarlo.
Mas, que se acuarteló en el Palau de la Generalitat de Barcelona, apareció al término de la sesión plenaria Madrid en la galería gótica del edificio para reafirmar el proyecto soberanista a pesar del "doloroso NO" y de paso anunció la hoja de ruta a seguir hasta noviembre.
Poco antes de que el Parlamento catalán tomara su decisión de realizar una consulta sobre la pretendida nueva condición política de la Autonomía, Mas se había entrevistado en Madrid con Rajoy para pedirle más dinero y algunos beneficios fiscales, todo lo cual le fue negado.
El presidente - que hacía pocos meses estaba en el cargo- consideró que no podía seguir dando dinero a una Autonomía que figura entre las más endeudadas del país y tampoco podía concederle beneficios de las que carecen otras.
El presidente de la Generalitat, que había formado gobierno gracias al ala más radical del catalanismo, Esquerra Republicana per Catalunya, decidió lanzar su proyecto separatista y llevarlo a cabo contra viento y marea.
El periodista José María Marco, en el diario La Razón, hizo una interesante reflexión. "El nacionalismo de finales del siglo XIX y principios del XX ha sido un movimiento de reacción contra el liberalismo, contra la igualdad, contra la democratización, con la universalidad y la dignidad del ser humano, contra la racionalidad en política y contra la política misma".
Y aunque Mas, su partido Convergencia i Unió y sus aliados de ERC desearían desembarazarse de ese nacionalismo conservador con dimensión española, que les aleja de lo subversivo, han considerado llegado el momento de emanciparse.
Rubalcaba dijo en su alocución ante los legisladores nacionales que su partido es socialista no nacionalista y aunque se sabía del pacto con Rajoy por la cuenta que le tiene las elecciones del 2015, lo cierto es que el Partido Socialista Catalán, de Pere Navarro, le ha obligado en los últimos meses a introducir matices que han oscurecido su discurso sobre política territorial.
Navarro, como Mas, tampoco se personó en las Cortes y después que el presidente de la Generalitat reafirmara la celebración en noviembre del referendo, ha mostrado su acuerdo en se reactive la ley de consultas catalana, aprobada en 2010, para hacerlo posible, y pactar también una norma electoral para la Autonomía a fin de que el plebiscito sea supervisado por una autoridad electoral regional y no por la Junta Central Electoral, que se ocupa de todas las elecciones en el país.
Ambas partes, Rajoy, como gobierno, y Mas, como artífice del proyecto separatista, han llamado al diálogo. El presidente del Ejecutivo central, en ocasión de la sesión plenaria del Congreso, tras el triunfo del NO, dijo que "quien no esté conforme que inicie el proceso" de reforma de la Constitución.
De momento ninguno sabe quién debe comunicarse primero con el otro para fijar día y hora del debate, quizás porque Madrid se horroriza ante la posibilidad de una escisión catalana o porque Barcelona no quiere dilatar la realización del referendo.
La política, lo sabemos desde los griegos, va de la cosa pública (res publica) y poco importa si eres catalán o andaluz, católico o musulmán, la Constitución es el muro que impide que un hecho confesional, étnico, regional, se haga con el control de la soberanía nacional. Y esto es así, porque el cumplimiento de la ley no conlleva contraprestaciones. Es lo que llamamos Derecho, que no Justicia.
Mas da vueltas desde hace catorce meses en el limbo de las ideas y no ha entrado aún, al menos públicamente, en el purgatorio de las consecuencias reales que se derivarían del hecho de desgajarse de España.
Cuando salió a enfrentarse a los periodistas tras el debate de las Cortes, anunció que analizará lo que dan de sí "los marcos legales internacionales", con toda probabilidad pensando en la decisión del 2010, del Tribunal Internacional de la Haya, que dio legitimidad al derecho a decidir la independencia de Kosovo bajo tres supuestos: que el proceso no fuera violento, que tuviera lugar en un ámbito escrupulosamente democrático y después de agotar todas las negociaciones con el Estado matriz.
Kosovo era una autonomía de Serbia, administrada por Naciones Unidas, cuando su parlamento declaró de manera unilateral la independencia. Obtuvo enseguida el reconocimiento internacional y como consecuencia se constituyó en un nuevo Estado en 2008.
Muchos consideran que el gobierno de CIU y ERC cometió el error de presentar a debate la transferencia de competencias para efectuar el plebiscito en vez de la alternativa de modificar la Constitución, propuesta, entre varias opciones, por el Consejo Asesor para la Transición Nacional (adscrito a la Generalitat) en un informe encargado por Mas.
Si tenemos en cuenta que quienes votaron en contra estuvieron en su mayoría, al menos PP y PSOE de manera declarada, en favor del diálogo para una reforma de la Constitución, la vía habría sido mucho más expedita.
España tiene ahora mismo dos problemas relacionados con el separatismo, uno es Cataluña, el otro, los vascos. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, aprovechó la sesión plenaria para insertar en su discurso favorable al referendo que Rajoy tiene "dos patatas calientes" en sus manos.
Rubalcaba fue más explícito que el presidente del gobierno al proponer la apertura de un "proceso de negociación democrático, transparente, legal y acordado" para una nueva Constitución y un nuevo Estatuto catalán.
La progresión dramática de la reunión de legisladores españoles resultó leve porque casi todo estaba dicho con anterioridad.
Quedó constancia en el Hemiciclo que Mas ha pintado ante sus electores un futuro idílico como estado independiente sin hacer mención a los inconvenientes; que no les ha explicado que perderán todos los derechos, incluido el de circulación y entrada por España o en el espacio europeo; que quedarán fuera de las instituciones europeas, del euro, de la ONU y de todos los tratados internacionales.
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