Por Mirta Balea
Los presos de la organización terrorista vasca ETA -unos 700 en toda España- han rodeado las defensas de la democracia en lugar de enfrentarse a ella, como si hubiese por medio una línea Maginot, que no salvó a Francia de que Alemania la atacara por Sedan en 1940, durante la II Guerra Mundial del pasado siglo.
Un comunicado del EPPK (las siglas vascas de los reclusos etarras) ha mostrado el apoyo de los encarcelados al acuerdo de Gernika, firmado el 25 de octubre del 2010 por los partidos de la izquierda independentista (abertzale) y por sindicatos y asociaciones nacionalistas.
Aquel documento había pedido a ETA "un alto al fuego permanente, unilateral y con posibilidades de verificación por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su acción armada".
El escrito del EPPK considera que el acuerdo de Gernika es una "referencia" para avanzar hacia "una solución democrática del conflicto vasco por encima de los límites y los obstáculos de los Estados" que los tienen cautivos, es decir, España y Francia, y han aprovechado para reivindicar "como una posibilidad de solución" la amnistía completa de los presos terroristas.
Habrá que excluir de todo esto a unos 70 prisioneros que no quisieron firmar el documento.
El paso dado por una gran mayoría de los que cumplen condena en razón de su actividad delictiva a favor de ETA obedece, entre otras razones, a la pérdida de efectivos humanos y materiales en los últimos dos años, ya que hay más presos que liberados de la organización, descabezada en ese período, una y otra vez, por las fuerzas conjuntas policiales españolas y francesas.
Un último intento fallido por armarse de una base logística tuvo lugar hace unos meses en Obidos, Portugal, cuando resultó desmantelado un almacén de explosivos en una vivienda y quedó desarticulado el comando Erreke responsable de ese material del lado español.
Los presos habían entrado en un gran debate en los últimos meses que culminó este viernes con el documento del EPPK. Desde que se decretó la tregua permanente por ETA en 2006, con el inicio de conversaciones con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para un alto al fuego, han tenido lugar 12 atentados, con resultado de 12 muertos y 63 heridos, la mayoría en territorio francés. La banda había dejado en manos de sus reclusos la decisión de abandonar las armas desde el pasado año.
El candidato a las presidencial del 20 de noviembre por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, ex-ministro del Interior desde hace apenas dos meses, ha significado el carácter inédito de que los presos se pronuncien por la estrategia a seguir por ETA y lo ha considerado un paso importante. No hay que olvidar los réditos políticos que una rendición o una disolución pactada con la banda le traería, aparte de cerrar con cierta respetabilidad la etapa de Gobierno de Zapatero, tan vapuleado en estos días por sus desaciertos en materia de estrategia económica.
El Gobierno, por medio de su portavoz, el ministro de Fomento, José Blanco, se ha mostrado menos exultante con el comunicado y ha dejado claro que no es suficiente y que esperaba más.
La vuelta a las instituciones democrática en mayo pasado en las elecciones municipales, autonómicas y forales de una representación legalizada de fuerzas afines al ideario de ETA, bajo el logotipo de BILDU, ha tenido mucho que ver con la disposición de los presos, que ya se ven a sí mismos al mando de alcaldías y otros puestos si el Gobierno accede a la "amnistía completa" o incluso a ganar en las presidenciales del 20 de noviembre algún escaño parlamentario.
Tanto Zapatero, como su entonces ministro Rubalcaba, habrían mentido ante el Congreso, con engaños tan clamorosos como que la cuestión de Navarra (que ETA reclama como parte del País Vasco y que en la actualidad es una Comunidad independiente) estuviera en la mesa de negociaciones, como después desvelaron los propios terroristas.
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| Banderola de los presos etarras |
Una realidad integrada por siete territorios -Navarra incluido-, que sin que hoy tengan vínculos políticos se las considera atadas por la historia, la cultura y por aspectos sociales y económicos comunes. El "formalizado" acuerdo de territorialidad permitía la creación de un órgano institucional permanente vasco-navarro, con una Asamblea Parlamentaria y un Consejo Ejecutivo. Se alcanzaría también una proyección europea para Euskal Herria con la inclusión no solo de Euskadi y Navarra, sino de Aquitania, en la zona francesa.
Si el asunto no progresó en su momento, a espaldas del parlamento, fue porque ETA se empecinó en someterlo de inmediato a referendo. Cuando el proceso se estancó, dijo también que lo alcanzado en Loyola el 31 de octubre del 2006 serviría si se reanudaba.
En las relaciones del Ejecutivo de Zapatero con ETA siempre han habido guiones pre-concebidos, como cuando en el 2010, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se comprometió a respaldarlo hasta el fin de la legislatuva y el alto al fuego decretado ese año sería el primer acto, cuya contrapartida resultó la legalización de Bildu.
Otro importante aspecto fue la negativa de Bildu de pactar una solución alternativa con el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular en la Diputación General de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián para mostrar a ETA que podría contar en el futuro con una plataforma de negociación política a nivel institucional.
El Gobierno de Zapatero ha venido haciendo concesiones como aceptar la internacionalización del conflicto por la banda con la utilización de mediadores, la selectiva detención de terroristas por el ministerio del Interior, la ex-carcelacion de presos, su traslado a cárceles del País Vasco, la negativa del Fiscal General de emprender acciones legales contra los pro-etarras en ayuntamientos y comunidades lo que indica su decisión de derrotar a ETA con una paz sin vencedores ni vencidos.
Lo último ha sido el despeje hacia las elecciones presidenciales de noviembre del camino de Rubalcaba, sobre el que pesaba el eventual procesamiento de tres de sus mandos militares, involucrados en el chivatazo a los etarras para que no fueran a una reunión en el bar Faisan, en Guipuzcoa.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dejado abierta la puerta para proseguir la investigación, en cambio no ha visto indicios de delito en el ex-director general de la Policía, Victor García Hidalgo, ni en el jefe superior de la Policia del País Vasco, Enrique Pamies, o en el inspector de Vitoria, José María Ballesteros, a los que el juez instructor Pablo Ruz intentaba procesar.
Ballesteros, por cierto, fue uno de los policias que participó en 1991 en las conversaciones de Argel con ETA, bajo los auspicios del gobierno del socialista Felipe González, las primeras en realizarse con la banda.
Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sostiene que estas personas están implicadas en el soplo que impidió la detención de miembros de ETA y permitió que continuara financiándose mediante la extorsión a empresarios vascos y parte del supusto de que el auto de la Sala Penal no implica necesariamente que dejen de estar imputados.
Enlace: http://plumasendiaspora.blogspot.com/2011/05/bildu-la-trampa-electoral-de-eta.html
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