UNA LEY DE EDUCACIÓN MÁS PARA ESPAÑA.

La ley de educación aprobada por el Consejo de Ministros esta semana será la octava en mas de 40 años de democracia española. Las normas se sacaban adelante con prisas por los gobiernos sucesivos  para evitar su derogación antes de entrar en vigor como ocurrió en 2004.

La LOCE fue derogada por el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que implantó otra llamada LOE, aboliendo la aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular de José María Aznar. La LOMLOE, que es la actual, podría entrar en vigor el próximo curso 2020/2021. 

La Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación anterior del gobierno del PP de Mariano Rajoy, es el producto del acecho a que la sometió el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigido por Isabel Celáa. Un hecho real es que a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, una cuarta parte de los escolares españoles sigue  sin alcanzar el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las comunidades autónomas con lengua propia seguirán teniendo más competencias para decidir el grado de la enseñanza del español. Esto tiene ya consecuencias en el currículo básico escolar, donde los idiomas regionales tienen más peso que el establecido por la Constitucion como oficial para todo el territorio.

El gobierno se ha escudado en la defensa  de la enseñanza pública como pilar de la sociedad: "Solo desde un sistema público fuerte se puede garantizar la equidad y la igualdad" en opinión de la portavoz María Jesús Montero. Pero una de las chinas en el zapato es dejar sin cobertura legal a la la lengua oficial y dejar de  lado a las escuelas concertadas (privadas integradas en la enseñanza pública). En ellas estudia un 25% del alumnado y ayudan a ensanchar las posibilidades de participar del sistema a amplias capas de la población.

Nos encontramos así con que el objetivo de este gobierno, sobre todo en lo que se refiere a Formación Profesional, de intentar controlar el fracaso escolar para que todos los estudiantes titulen, tengan las notas que tengan. La repetición del curso pasa a ser una "medida excepcional".

Otro objetivo, que se espera cumpla la LOMLOE, es acabar con el paro juvenil, de ahí que entre otros aspectos se pretenda recuperar parte del poder cedido a las Comunidades Autónomas sobre enseñanza con el establecimiento, como pretendía ya la LOE, que el gobierno central decida sobre el 55% de los contenidos curriculares en regiones con lengua co-oficial y el 65% en el resto, pero de momento esto no podrá ejecutarse.

Lo que ha supuesto para muchos padres un respiro es que la asignatura de religión no será obligatoria sino voluntaria y lo más importante: no contará para la nota media. Y aunque muchas asociaciones cristianas se rasguen las vestiduras, así es como debe ser. La religión es un tema de fe y no de la enseñanza básica, en la que todos los españoles participan con sus impuestos, así que debe relegarse al ámbito de las iglesias.

Celáa provocó un choque brutal con los padres al decirles descarnadamente hace unos dias  que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de estos a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza", que era tanto como decirles que nada tienen que decir sobre la educación de sus hijos. Y esto es verdad,  de cierto modo, ya que el Estado tiene la hegemonía sobre sus ciudadanos -no así el gobierno- y conserva la patria potestad, que cede a los padres.

Todo este rifirrafe vino a tenor de una iniciativa de Vox, que se ha venido aplicando en Murcia, respecto a las actividades extracurriculares, en cuanto a dar o no permiso para que sus hijos asistan. Y pienso que en esto si tienen algo que decir los padres, porque si un profesor da una conferencia sobre relaciones sexuales, esto no puede de ninguna manera ser obligatorio porque no forma parte de la enseñanza básica.

Los dos principales sindicatos  y las asociaciones de profesionales españoles advierten de que algunos de los contenidos de la ley supondrán bajar la calidad y la exigencia, que resulta parcial, precipitada y sin consenso, muy a pesar de que la ministra Celáa hable de excelencia, dando la vuelta al significado de la palabra, que no es otro que procurar la mejora del alumno, no que se achante sabiendo que pasará de curso sí o sí.

Esta es una ley que nace con un mayor consenso que la LOMCE, pero siendo, como es, una cuestión de estado, deberían haber participado en su elaboración la mayoría de partidos representados en el Congreso para evitar que el día de mañana un cambio de gobierno nos sitúe de nuevo en la encrucijada de cambiar la norma porque al partido de turno no le guste.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho con claridad que parece imposible creer que PSOE y Podemos se apoyen en los nacionalistas excluyentes de ERC y PNV para decidir sobre la educación de todos los españoles y aboga por la creación de una subcomisión para recuperar el pacto de estado por la educación, a punto de salir adelante, cuando topó con la oposición socialista.

Los españoles siguen confiando en unos líderes que no siempre tienen en mente en sus acciones el interés de todos. Si nos tomamos a pie juntillas los sondeos de opinión, el paro, la escasez de prestaciones a los más vulnerables y las malas relaciones con Cataluña son los temas que realmente preocupan a todos. Carece de importancia si el Parlament catalán votó a favor de la separación de España, no es ni de lejos un estado dentro de otro.

La forma en que ha llegado al poder el actual Ejecutivo, asociándose con la extrema izquierda de Podemos, traza una línea de continuidad con la izquierda europea más rancia y levanta las sospechas de un futuro perturbador. Todos esperan un sablazo  fiscal, que no afectará a los ricos, sino a los autónomos y a las clases populares, iniciativa de Podemos, aun cuando desde el gobierno se habla de defender a los que menos tieneln.

Tenemos un claro ejemplo de estas diferencias, que van en la dirección de mantener a Pedro Sanchez en la presidencia con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas catalanes y del País Vasco. La manifestación protagonizada hace dos días frente al Congreso de Policías y Guardia Civiles con la exigencia de una equiparación salarial con quienes realizan la misma función en Cataluña y País Vasco, teniendo en cuenta que en todos los casos la caja del   es la misma: el Ministerio del Interior, es un claro ejemplo de lo anterior.

España tiene los peores resultados en el conjunto de países de la OCD, según indicadores de PISA, a pesar de ser uno de los que más invierte en Educación. Pero si el sistema no funciona de nada vale el dinero. De no lograrse una forma de control único del Estado o que se prescinda del adoctrinamiento político en las escuelas, como es el plan de Podemos, y sigan existiendo los 17 sistemas inconexos educativos en este país, no se avanzará en este tema y continuaremos a la cola de las naciones desarrolladas de Europa.

La sociedad española atraviesa un momento importante de su historia plagada de hitos trascendentes, entre otras razones, porque es la primera vez que se tiene un gobierno de coalición con participación de los comunistas. Los extremos, que durante años se han contenido, surgen rodeados de rencores y pases de cuenta extemporales, y los recientes pasos del Ejecutivo así lo demuestran.