El Gobierno obtuvo la aprobación del Congreso de la nueva ley de educación, llamada LOMLOE, aun sin finalizar la desescalada de la pandemia por el corona virus. Cuando la población se preguntaba cómo y cuando sería la vuelta al "cole", la ministra Isabel Celáa logró pasar la normas con grandes sesgos ideológicos.
Lo primero que se puede apreciar, es que se deja en manos de sus socios nacionalistas el porcentaje de horas de estudio del castellano. Sin que podemos explicarnos por qué, el texto acepta para más inri que el español es el idioma oficial del país.
Si una escuela o colegio autonómico no deseara impartir el castellano será libre de no hacerlo pues Celaá ha asegurado que "no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que salvaguardan las normas". Tal como suena, el Estado no tiene voz ni voto.
La exigencia de rendimiento se asocia en esta ley al autoritarismo y la búsqueda de talento se ve como un hábito del pasado. Cuando la ministra habla entonces de "no dejar a ningún alumno atrás" intenta lograr su buenísimo objetivo haciendo que ningún alumno avance. No parece que estemos ante una ley inclusiva, ni igualitaria, pero sí ante una norma que aniquila la excelencia.
La ley aprobada por nuestros representantes en el legislativo se ha pasado sin diálogo ni consenso, con un Gobierno débil de minoría parlamentaria pírrica. Resulta, a juzgar por las palabras de muchos de los oradores en la sesión de ayer, de un revanchismo por su fracasada LOE hace 15 años.
Si se ha mostrado cierta premura en presentarla es para garantizar su imposición en el próximo curso escolar y evitar de paso un desmantelamiento posterior. En ella leeremos como se prioriza lo público sobre lo concertado, se quita peso a la religión, que estoy de acuerdo que no debe ser una asignatura escolar, da más facilidades a los alumnos para conseguir un título académico y desprotege la enseñanza del castellano.
Me permito recordar aquí el artículo 27 de la Constitución de 1978 que trazó los ejes del sistema educativo español, adaptado al nuevo entorno de la vida democrática, que se iniciaba. Este renglón fue polémico desde el nacimiento de la Carta Magna para las grandes fuerzas políticas del momento, en alguna de las cuales pesaba una orientación continuista, que dejaba amplio margen a la escuela privada, predominantemente católica, y a la elección escolar.
La constelación de los partidos situados a la izquierda del arco político entonces abogó por una ruptura más radical con los antiguos esquemas de la enseñanza, en la que podía apreciarse ecos de la Constitución Republicana de 1931 y el ideario socialista de escuela única, pública y no confesional. Que la LOMLOE aplica ahora.
No debería resultar extraño que el Consejo Escolar del Estado apelara en los últimos años a la necesidad de considerar la educación como una política de Estado, un sólido anclaje para cualquier consenso básico, que han dicho algunos políticos.
Desde el año 2000, coincidiendo con la participación de España en el Programme for International Asessment (PISA), se han venido adoptando medidas legislativas más ténicas. Con la Ley de Calidad de la Educación del 2002 (que nunca llegó a aplicarse), cada vez que se ha propuesto una nueva ley de educación (con esta ocho desde 1978) se ha pedido la introducción de resultados claramente mejorables de las anteriores.
La ley elaborada por el ministerio de Educación destierra toda posibilidad de evaluar a los alumnos de igual manera y sobre los mismos contenidos en toda España. El nuevo texto es casi identico al aprobado el 15 de febrero del 2019, cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales y truncó su tramitación parlamentaria. Por esta razón, la nueva ley no se ha sometido al Consejo de Estado.
Los alumnos podrán sacarse el título de Bachillerato aunque tengan una asignatura suspendida y obtener el título de ESO con simples "actividades personalizadas extraordinarias" de las asignaturas no aprobadas. Lo que se busca es que nadie repita curso, no importa lo formado que esté.
Desaparece la educación especial con la que se atiende a niños con una determinada discapacidad. En un plazo de diez años, según estiman las autoridades, esos alumnos quedaran disgregados en colegios ordinarios. Esto supone una gran tragedia para muchas familias, no solo porque se ignoran las necesidades específicas de sus hijos, sino porque se les niega el cuidado a los que muestran un cuadro complejo de deficiencias.
En Educación, hay muchas competencias transferidas a las autonomías, solo se comparte el 65% del curriculum. A estas diferencias se añade el componente lingüístico, introducido como lo más importante, por encima del idioma patrio. No se puede hablar entonces de un sistema educativo español sino de un 17+1.
La idea machacona de colocar en primer lugar la inclusividad supone poner el foco de la educación no en el talento y el mérito, sino precisamente en su ausencia. Los recursos para elevar el nivel de mediocridad, que invade al alumnado en este país, se desvían al objetivo prioritario y único de tratar lo que llaman diversidad. Pero esta diversidad, para los cerebros pensantes de LOMLOE, es la de los alumnos conflictivos o con dificultades de aprendizaje, que no llegan a mejorar o lo hacen en pocos casos sus horizontes, pero que todo indica son merecedores de mas atención que los luchadores.
La tendencia neoliberal de la llamada economía global, en el caso del sistema educativo español, da lugar a un sistema descentralizado en que cada una de las l7 Comunidades Autónomas, mas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, administra sus sistemas educativos con competencias no solo ejecutivas, sino legislativas.
Con cada cambio de partido político en el poder, la primera medida ha sido siempre anular la ley educativa del anterior gobierno, sin pensar siquiera en que tal vez solo habría que mejorarla. Cada uno acomete su particular visión de la educación, contenida en el texto constitucional, para imponer sus principios y dogmas.
La educación se trivializa por cada partido en el poder, convierte a los padres y alumnos en el objeto de su juego político, sea de la tendencia que sea, y devalúa el reconocimiento social de la escuela y de quienes trabajan en ella.
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