UNA LEY SOBRE LIBERTAD SEXUAL EN ESPAÑA CON MUCHOS DEFECTOS.

La defensa de la igualdad como acción diferencial radica en que la libertad no es diferente a la capacidad. Considerándome una mujer liberal y liberada, creo en la igualdad de oportunidades y su abstracción de que todos somos iguales ante la ley. Y esto es lo que en verdad ha defendido siempre el movimiento feminista, que no propugna el enfrentamiento de géneros ni considera a todos lo hombres culpables.

No se puede imponer un deber de compensación a un colectivo social como los hombres, que no son responsables de perpetuar los estereotipos, que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Lo que se ignora a veces es que las propias condiciones sociales producen limitaciones en la capacidad de elegir de ciertas mujeres, cuyo estilo de vida se ve relegado por tradición al ámbito familiar.

A veces he pensado que la palabra género debería erradicarse del discurso político-jurídico. Muchas veces el significado del término se trasmuta con fines políticos, como cuando se habla de la mujer en plano de identidad para significar solo las diferencias biológicas, que es de lo que se agarran muchos para no considerarlas sus iguales.

Lo político y lo social contiene la ósmosis para alcanzar un cambio de mentalidad en la sociedad, pero este no tendrá lugar si las mujeres no están representadas en los órganos de toma de decisiones. Hablar de igualdad es considerar a las mujeres y a los hombres como individuos diferentes, aunque iguales.

Para combatir la plaga del antisexismo, resultaría imprescindible que las leyes no vayan dirigidas a un género en particular, creando una cultura política en la que el sexo es una variable fundamental y única para defender a la mujer.  

El gobierno de España aprobó el pasado día 3 _  tras tres semanas de debates internos_, el capricho legal de la ministra de Igualdad, Irene Montero, llamado con mucha rimbombancia Ley Orgánica para la Garantía de Derechos de la Libertad Sexual. Se aprobó con precipitación para usarlo como totem de fe el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer.

El anteproyecto, publicado por el diario El País, afín al PSOE, por lo que tuvo acceso al contenido, a pesar de que aún no se ha publicado en la web del gobierno, se adentraba en asuntos que no correspondía abordar, en opinión de los expertos. El Ministerio de Justicia rogó que se revisara con sosiego pues la extensión de la violencia sexual no se corresponde con los hechos conocidos y recogía supuestos más allá de la violencia de género.

Agregaban los juristas, que había confusión con los derechos contemplados en otras normas e incluía delitos inexistentes como la extorsión sexual y se homogeneizaban las conductas penalizadas. Los delitos de violencia de género y machistas recogido en la nueva ley no figuran en el Convenio de Estambul, esgrimido como base por la ministra Montero.

Este tratado internacional del Consejo de Europa reconoció en 2011 como problema social la violencia contra la mujer, considerando tales actos discriminatorios y una violación de los derechos humanos. España, lo puso en vigor en 2014. Pero la ley de Igualdad de Montero, con un carácter marcadamente populista, no es tan fácil de enarbolar como una pancarta.


La chapucera redacción de la regla enfrentó al vicepresidente Pablo Iglesias con el Ministro de Justicia, quien creía que debía dedicarse más tiempo a la redacción del texto. “En las excusas técnicas creo que hay mucho machismo frustrado”, señaló el líder de Podemos, una formación, en coalición de gobierno con el PSOE, que no soporta las discrepancias, pues se considera tan sumamente progre, que está convencida de que todo lo hace bien.

El anteproyecto de ley ha estado dirigido por el grupo de Iglesias dentro del Ejecutivo y hay que decir que las discrepancias en el seno de la coalición no han finalizado con el paso por el Consejo de Ministros. Incluso, después de ser aprobado, al coste de muchas tensiones, continúan los coletazos.

Hasta ahora, para que hubiera agresión sexual debían concurrir violencia e intimidación, caso contrario se veria como  abuso. La nueva ley omite esto y enfoca solo el consentimiento como la manifestación libre "por actos exteriores, concluyentes e inequívocos” de la voluntad de participar en el acto. Los expertos observaron una invasión de competencias educativas o en asistencia social, en manos de las Autonomías, y el intento de establecer delitos inexistentes como el sexting.

El hembrismo punitivo, subyacente en el anteproyecto, ha convertido la igualdad social de la mujer en una dictadura de las féminas al eliminar la presunción de inocencia, porque como se encargó de puntualizar de manera nada acertada la vicepresidenta Carmen Calvo, a la mujer hay que creerla siempre. Hay que decir que muchas mujeres militantes socialistas y hasta feministas no se consideran representadas por estos contenidos, como se ha podido ver y leer en los medios de prensa españoles.

El feminismo se ha convertido así en una coartada y ha dejado de ser bandera de la igualdad ante la ley. En la nueva norma, por cierto, no se habla de conciliación familiar, una de las mayores preocupaciones de las mujeres trabajadoras. Resulta, eso sí, un caballo de troya para introducir elementos anti-sistema, al más puro estilo de trinchera de Podemos, para subvertir el estado liberal y democrático de derechos y convertirlo en uno sin contrapesos.

Montero y su equipo desean juzgar y condenar a la gente por lo que piensa y no por sus acciones. Es la razón de colocar a sus afines en los puestos de relevancia dentro del poder. A mi modo de ver, y no soy jurista, estamos ante un supremacismo de género y de momento avanzan en ese terreno. Así vemos que la ministra de Igualdad ha defendido que la norma, su norma, tiene el consenso de lo que identifica como gobierno femenino.


Montero ocupa hoy el mismo ministerio que tuvo Calvo en la pasada legislatura y que la coalición con Unidas Podemos hizo caer en sus manos como agua de mayo. Todos los expertos coinciden en su ignorancia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en que hay mucha carga política en  el texto. Una ex-diputada socialista, miembro de siempre del movimiento feminista español, ha puesto de relieve que las políticas de igualdad no pueden ser el laboratorio de aprendizaje de Podemos porque se pone en riesgo el compromiso social con la igualdad entre mujeres y hombres.

Los medios han hablado mucho en esto días del caso de las niñas arrancadas del seno familiar y puestas bajo protección pública en Baleares, donde gobiernan PSOE y Podemos, y que han sido violadas y  prostituido por la negligencia de sus cuidadores. El Partido Popular exige una comisión de investigación de estos hechos en el Congreso a la que se opone la misma alianza en Madrid. Queda claro que la preocupacion por el genero femenino tiene limitaciones como seria no poner a las autoridades en tela de juicio.

Tras la primera lectura en el Consejo de Ministros, el anteproyecto comienza el proceso de audiencias públicas, durante el cual deberán emitirse los informes preceptivos del Consejo del Poder Judicial o del Consejo de Estado antes de regresar el Ejecutivo, que lo presentará para su tramitación en el Congreso.