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| Obra en construcción |
La reestructuración del sector bancario en España se había quedado a medio camino de las reformas necesarias para insuflar liquidez y sin saber qué salida tomar ante una gran autopista. El gobierno del Partido Popular del presidente Mariano Rajoy se ha propuesto segregar el ladrillo para activar las inversiones y posibilitar que el capital privado preste dinero a la banca y al estado.
La crisis financiera internacional, la del sector de la construcción y de los bancos han provocado la crisis económica, la del sistema financiero y la de las finanzas públicas y estas tres, se han venido retroalimentando en los últimos años. Los bancos españoles poseen créditos inmobiliarios y de la construcción por unos 234 mil millones de dólares, equivalentes a más de un 17% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
A principios de este mes, el gobierno nacionalizó de forma parcial Bankia, la octava operación de este tipo desde el 2008. El grupo es uno de los cuatro principales bancos españoles, junto al Santander, BBVA y La Caixa. Con 10 millones de clientes y 400.000 accionistas, cuenta en sus activos con un 15% de los depósitos del país.
Tras la intervención, el gobierno controlará un 45% de los activos de Bankia, mediante la conversión en acciones de un crédito concedido en 2008 de unos 5.800 millones de dólares. De momento, la gran espada de Damócles, que pendía sobre toda la operación porque debilitaría aún más al organismo, era el temor a una retirada masiva de depósitos por parte de los clientes, lo que no se ha producido de momento.
Las acciones del gobierno contra Bankia han puesto al descubierto la mala gestión del Banco de España (BE), algo que venía visualizándose desde hace meses. La autoridad monetaria nacional habría incumplido con su labor de preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema bancario español y en supervisar la solvencia de otras entidades intervenidas como la Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, CatalunyaCaixa, el Banco de Valencia, Novagalicia, CajaSur y Unnim.
El balance negativo del gobernador Miguel Angel Fernández Ordóñez al frente del BE, en especial en la fiscalización y control del funcionamiento de las cuentas de bancos y cajas, ha traido como resultado una expansión crediticia incontrolada y una concentración de riesgo muy superior a lo permitido por la sensatez financiera.
De 1997 a 2007, fueron edificadas cinco millones de casas, el doble de lo necesario para ese período, lo que dio origen a ciudades fantasmas. Los bancos dan por hecho que solo podrán recuperar la mitad de lo invertido, aparte de las pérdidas por el impago de hipotecas, préstamos a pequeñas empresas y a grandes empresas altamente endeudadas.
El gobierno ha decidido efectuar una auditoria externa e independiente de la gestión de Fernández Ordóñez como han pedido los ministros europeos de Economía y Finanzas en el Eurogrupo en relación con los activos tóxicos. El sistema bancario español, aunque no esté intervenido por la Unión Europea, está bajo sospecha y es objeto de una estrecha vigilancia de Bruselas.
El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado durante las dos últimas legislaturas por José Luis Rodríguez Zapatero, apostó hace cinco años por un gestor para el BE con carné de militante de base -sin previo consenso con la oposición mayoritaria- que no supo o no quiso consolidar estos activos, aunque la situación internacional sugería ir en esa dirección. Las medidas a tomar persiguen ahora limpiar el organismo de incompetentes y situar a un tecnócrata independiente que no emita cantos de sirenas.
Algunas instituciones financieras se prestaron entre sí como signo de confianza. En España, como en otros países, los créditos se utilizaron en la construcción especulativa, hasta el estallido de la burbuja, momento en que los bancos de Estados Unidos comenzaron a dar señales de que el sistema entero se tambaleaba a escala internacional.
A pesar que desde 2009, Zapatero empezó a tomar algunas medidas, creando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido como el FROB, cambiando el marco regulador de las cajas de ahorro, engrosando el capital y las provisiones bancarias y reestructurando algunas entidades, la acción resultó claramente insuficiente porque se partía del autoconvencimiento de que el sistema no tendría dificultades de recuperación.
Fernández Ordoñez aseguraba que la banca española estaba preparada para soportar la tormenta financiera y la realidad ha mostrado que mintió. Los grandes bancos, ante la eventualidad de una segregación de los activos tóxicos inmobiliarios y de la construcción, sostienen que podrán con lo que venga, pero el gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una reforma financiera, que se completó el 11 de mayo último con medidas como exigir a la banca 50 mil millones de euros para provisiones y para el Fondo de Garantía.
El gobierno intenta por todos los medios cumplir con el límite de déficit impuesto por la Unión Europea y evitar el rescate a que han sido sometidos ya Grecia, Irlanda y Portugal. Los costes y riesgos de tomar prestado dinero de las arcas comunitarias serían muy elevados, al margen de la humillación, que supondría para la soberanía nacional. Las autoridades siguen insistiendo en que no echaran mano del Fondo de Estabilidad Económica y Financiera.
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| Obra abandonada |
El valor implícito de la deuda de España se vería reducido con un rescate, lo que se revertiría también en contra de los propios bancos, que han prestado al Estado unos 336.000 millones de dólares. Algo diferente sería si el dinero se pide al FMI, a su fondo de emergencia, que iría a parar directamente a los bancos, sin comprometer al gobierno.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado en un informe sobre España del mes de abril último que hay vulnerabilidad en la banca y ha pedido al gobierno que inyecte dinero en el sistema y cree un banco malo para segregar los activos tóxicos y acotar los riesgos. El agujero bancario se ha cifrado en 150.000 millones por los especialistas.
Los bancos, debido a la incapacidad del Estado de apoyarlos, dependen mucho de la financiación privada externa. El sector nacional es frágil y sus necesidades de capitalización podrían subir entre un 10 a un 15% el PIB, lo que se sumaría a la carga global de la deuda española. Los balances siguen contrayéndose, en especial el doméstico, apalancado por el desempleo, que ha alcanzado un 24% y se sitúa en el más alto de Europa.
El banco de inversión Morgan-Stanley ha calculado que el flujo del crédito se está contrayendo en España a un ritmo anual de un 8%. Su cálculo se basa en datos publicados por los siete bancos españoles que cotizan en bolsa. Debido a la falta de capital, esas entidades conceden cada vez menos préstamos y esa crisis de liquidez irrita la recesión.
El gobierno estima que la desconsolidación, como llama a la segregación de los activos tóxicos, podría activar la concesión de nuevos préstamos. El decreto del Consejo de Ministros del pasado día 11 ha vinculado por esta razón la reforma financiera a la ampliación del plazo en dos años para la obtención de liquidez.
A mediados de abril, la tasa de interés exigida por los mercados para prestar dinero al Estado español por 10 años se había elevado a más de un 6%, que comparado con lo exigido a Alemania, en el orden de un 1,7%, resulta el mejor indicativo de que los inversores temen no recuperar su dinero.
Cuando se puso en marcha el euro en 1999, los bancos, promotores inmobiliarios y compradores de casas adquirieron préstamos con tasas de interés reducidas y el resultado fue una enorme burbuja. Entre 1996 a 2007, los precios de las propiedades se triplicaron y ahora se hallan a la baja y al parecer caerán aún más. El derrumbe de la industria de la construcción dejó a cientos de miles de personas en la calle, a los propietarios de los inmuebles endeudados y a los bancos con una creciente montaña de hipotecas incobrables.
La mutualización de las pérdidas por el estallido de la burbuja inmobiliaria - en opinión de los grandes bancos nacionales- facilitaría a los imprudentes desembarazarse de una cartera a costa del contribuyente y de los bancos que han gestionado sus balances de manera prudente. Este elemento, con toda seguridad, no ha estado en la mente de los especialistas del FMI que solo tienen en cuenta la recuperación del dinero.
Ejecutivos del grupo Santander han señalado que la gestión de los activos tóxicos ha sido correcta, el riesgo se ha limitado, las coberturas son más que suficientes y que segregar las pérdidas solo contribuirá a desprenderse de activos por un precio muy inferior al que podrían obtener por ellos mismos. Con independencia de las vías que se utilicen en la separación de los balances, la desconsolidación lleva cederlos a una sociedad, netos de provisiones y con descuentos adicionales en un 10 a 25%, que es a lo que se refieren quienes critican la medida.
El gobierno ha dado como plazo hasta finales del 2014 si hay fusión de por medio para aquellas entidades que completen las mayores exigencias de provisiones y de capital. Esta advertencia ha acelerado, como se ha visto este mes, la venta de activos inmobiliarios a menos precio, porque el mercado se inquieta al ver en este paso una penalización a la cotización y a los costes de financición de toda la banca.
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http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/04/espana-el-fondo-y-las-formas.html
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