Apenas seca la tinta, los
líderes europeos se han pronunciado contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a refugiados e inmigrantes.
Quizás sea ésta la primera vez que los jefes de estado y/o gobierno de varios países de la Unión Europea unen sus voces contra Estados Unidos. La medida, adoptada el pasado viernes, ha resultado muy polémica y ha provocado manifestaciones multitudinarias en varias ciudades y aeropuertos del propio país.
No solo veta la entrada de ciudadanos de Libia, Somalia, Sudán, Irak, Irán, Yemen y Siria, sino a quienes gocen de doble nacionalidad si una de ellas está relacionada con las naciones vetadas. Esta última parte de la orden tardó media jornada en ser confirmada por la Casa Blanca, lo que provocó caos y desconcierto en más de un aeropuerto internacional.
Si los afectados por la medida estuvieran en ese momento fuera del país tendrían que solicitar para regresar una exención de visado, independiente de los años de residencia en Estados Unidos. Las restricciones afectarán también a aquellos individuos con pasaporte de otros países, pero oriundos de una de la siete naciones implicadas en la medida.
Cerca de medio millón de personas, venidas de Oriente Medio y Africa, recibieron la residencia permanente en los últimos 10 años. El primer efecto de la puesta en vigor ha sido la deportación y/o detención de personas en viaje de regreso a territorio estadounidense, tras visitar a sus familias, o con la promesa en el bolsillo de que serían admitidas como refugiadas.
Otro aspecto conflictivo atañe a las plantillas de las compañías aéreas, cuya gran mayoría tiene bajo contrato a extranjeros nacionalizados. Para la Agencia Internacional de Transporte Aéreo o IATA, supondrá un tremendo reajuste del personal de las aerolíneas, con un coste aún por estimar, para que tales personas no pisen territorio estadounidense.
Aunque la mayoría de las medidas sobre refugiados e inmigración parecen tener un carácter temporal, a nadie se le escapa que la política anunciada por Trump en campaña tenderá a convertirse en indefinida o permanente. En la práctica, tal situación supone un veto formal a la inmigración musulmana y así se ha interpretado en todo el mundo.
El decreto suspende por cuatro meses las concesiones de asilo y/o refugio, con lo que se paraliza el Programa de Admisión de Refugiados, basado en gran parte en el contenido de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras legislaciones internacionales, e impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de los países mencionados. Fija además en 50.000 la cuota máxima de personas a recibir con esos estatutos en 2017, menos de la mitad de los 117.000 aceptados el año anterior.
La primera ministra británica Theresa May convocó este domingo a sus ministros de Exterior e Interior -a poco de regresar de su visita oficial a Washington- para que contactaran con sus colegas norteamericanos a fin de proteger de la aplicación de la medida a los ciudadanos británicos con doble nacionalidad.
En Reino Unido se han recogido millón y medio de firmas para obligar al Parlamento a impedir a Trump visitar el país en respuesta a una invitación cursada por May. Los periódicos británicos amanecieron este sábado con titulares tales como "Trump no eres bienvenido".
No habrá que asombrarse de esto, porque durante la campaña del ahora presidente de Estados Unidos, la mayoría de medios de comunicación europeos le hacían la ola a su rival Hillary Clinton y se llevaron una enorme decepción con el triunfo del magnate de la construcción.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, primer musulmán en ocupar el cargo, ha dejado constancia en su página de Facebook que "las medidas de la Casa Blanca son contrarias a los valores de tolerancia y libertad sobre los que se construyó Estados Unidos". Esto toca de lleno las raíces del propio presidente, hijo de inmigrantes alemanes y escoceses. Pero en castellano hay un viejo dicho de que "no hay peor cuña que la del mismo palo".
El presidente francés Francois Hollande instó al resto de socios comunitarios europeos a ofrecer "una respuesta firme y unida". El gobierno español se ha mostrado claramente contrario a levantar barreras entre los pueblos y un portavoz de la canciller alemana Angela Merkel -a quien Trump cuestionó por su programa de puertas abiertas a la inmigración-ha significado que "la lucha contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una determinada confesión o un pasado específico".
La reacción de la Comisión Europea ha sido una de las más moderadas al informar que estudiara "cualquier potencial consecuencia para los ciudadanos de la UE", pero se esperan pasos como una cita del Euro-parlamento, previa a la cumbre de este viernes. Hay que mencionar que el presidente Jean-Claude Juncker, durante su rendición de cuentas en 2015, admitió errores del pasado europeo como distinciones entre judíos, cristianos y musulmanes y prometió que en esta etapa no se actuará de la misma manera.
El primer ministro italiano Paolo Gentinioli reivindicó, en su cuenta de twitter, una "sociedad abierta, con identidad plural y sin discriminaciones" como pilares fundamentales de los valores de la Europa moderna.
Para la Administración Trump, la confusión, división y batalla legal provocada por la orden ejecutiva de este viernes sería "un pequeño precio a pagar para ganar en seguridad", según expresó la ex-jefa de campaña y asesora presidencial Kellyanne Conway. La argumentación resulta como mínimo endeble porque desde el 11/S/01 Estados Unidos no ha sufrido ningún otro ataque terrorista de envergadura en su territorio, nada que ver con los que tuvieron lugar el pasado año en capitales europeas como Bruselas, Berlín y París.
Los fiscales generales de al menos 16 estados de la Unión americana emitieron una declaración en la que condenan la directriz presidencial y aseguran que como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros realizarán un trabajo conjunto para garantizar la constitucionalidad de cada paso del gobierno federal, el respeto a la historia nacional y a la liberad religiosa.
Las críticas y condenas al portazo de Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de parte de sus aliados y las expresadas por miembros distinguidos de los Partidos Demócrata y Republicano , en este último caso, las de John McCain y Lindsay Graham, no parecen haber dado en la diana. Trump mantiene su tono y tras las manifestaciones dentro y fuera del país reiteró en twitter su postulado de que el país " necesita ahora fronteras fuertes y exámenes exigentes de entrada".
El presidente se ha encargado de hacer pública su enemistad con los medios de comunicación, en especial los nacionales, y ha sentado una nueva forma de comunicar sus decisiones, opiniones y hasta para dilucidar temas internacionales mediante twitter. Dos mensajes en los últimos 10 días dieron al traste en horas con la visita programada del presidente mejicano Enrique Peña Nieto, sin que mediara encuentro personal alguno en un tema de tanto calado.
El director del Washington Post, Martin Baron, con cuatro premios Pulitzer a sus espaldas y la dirección del Boston Globe cuando se destapó el escándalo de pederastía de los sacerdotes católicos, cree que Trump hace peligrar la libertad de expresión, aunque ha matizado que habrá que esperar un poco más ya que está en los primeros días de su mandato.
Baron está preocupado por un sector de la población a su juicio interesado más en los hechos cuando estos cuadran con sus posiciones. Trump, por cierto, se abstuvo de utilizar la palabra democracia en su discurso de investidura, lo que resulta muy extraño si sabemos que sus antecesores sí lo hicieron y mucho.
Quién se dedica en estos días a hablar de democracia es el ex-presidente Barack Obama, advirtiendo a los norteamericanos que no se la pueda dar por sentada. No resulta un tema baladí, pero merece la pena recordar que durante su mandato fueron deportados dos millones de inmigrantes sin papeles y la dotación militar fuera de las fronteras superó con creces a cualquier otra Administración. Cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz, se esperaba que redujera el arsenal nuclear, pero estos pasos siguen sin darse.
Un alto cargo de la Casa Blanca, Stephen Miller, amenazó a los alcaldes díscolos- a quienes el presidente en represalia no suministrará fondos federales- y a las autoridades del Departamento de Estado, de la Policía de Fronteras y Aduanas y al Departamento de Seguridad Nacional que no se permitirá a nadie incumplir la orden porque Trump no cederá ante sus críticos.
Usando su expresión favorita, "you're fired", cesó a la fiscal general en funciones, Sally Yates, cuando esta anunció que el Departamento de Justicia no defendería en los tribunales la aplicación de la orden ejecutiva. Dentro del gabinete hay voces quejosas de que el presidente no les tiene en cuenta para nada y solo escucha a un grupo estrecho de asesores, encabezados por el conocido racista Steve Bannon y el yerno del mandatario Jared Kushner.
Yates es herencia de Obama y la Casa Blanca ha arremetido contra ella de forma excesivamente agresiva acusándola de traición. La cesada fiscal declaró que "no estaba segura" de que la orden se ajustara a Derecho, pero que ni aún así estaría dispuesta a aplicarla porque no perseguía los objetivos de justicia de su Departamento.
Trump nombró en su lugar a la fiscal del Distrito Este de Virginia, comprometida con su causa y que aplicará y defenderá el decreto.
Los fiscales lo han advertido y hasta los jueces de Nueva York, Seattle y Boston, entre otros, han bloqueado el cumplimiento del decreto presidencial, así que la firmeza de Trump podría encontrar serios escollos y resultar insuficiente. Es probable que estemos incluso ante el preámbulo de una batalla legal en la que podría entrar en cuestión la propia constitucionalidad de la medida. Resulta evidente para muchos que está apuntando directamente a una confesión, el islam, y está afectando a personas con residencia legal permanente en Estados Unidos, poniendo en solfa algunas decisiones adoptadas por otras Administraciones.
El caos provocado no tiene visos de desaparecer. Algunos creen que el presidente, en su afán obsesivo por tramitar cuanto antes todo lo prometido en campaña, podría haber aprobado esta normativa sin prever sus implicaciones. La prueba para ellos radica en las diversas explicaciones en cuanto a la forma de instrumentarla, lo que muestra la falta de programación y arroja dudas.
Para los cánones europeos, Trump y su gobierno, en su mayoría formado por ex-directivos de Goldman Sachs, se colocan en la ultra-derecha más reaccionaria, de la que intenta huir la UE. Pero lo han votado los estadounidenses, y no solo a él, sino a su programa, que está cumpliendo a pie juntillas y con gran entusiasmo.
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