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| Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro |
Tarde o temprano el gobierno se verá obligado a abrir el debate sobre la Constitución. Todas las fuerzas políticas parlamentarias proponen día si y día también la reforma de la Carta Magna, a excepción del Partido Popular (PP).
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que se puede hablar de todo con todos pero dentro de unos límites. Y es que aunque todos los partidos políticos proponen la reforma mantienen diferencias en los objetivos.
Poco a poco la visión nacionalista ha ido imponiendo sus formas en la esfera pública, que es tanto como decir, su paso hacia el independentismo, en especial en Cataluña, donde al parecer consideran al ejército un mero portador de armas.
Dentro de tres semanas, cuando se realice el Festival anual de la Infancia en Barcelona, no habrá presencia militar, policial y de la Guardia Civil por primera vez en el desfile. Esto entronca con el cabreo monumental de la alcaldesa Ada Colau cuando exigió hace unos meses en el recinto ferial sobre la educación que se marchara la representación de las escuelas militares.
Hay una campaña en auge de varias asociaciones independentistas catalanas, agrupadas en la Plataforma por la Educación Desmilitarizada, que han tachado ya de sus metas el Festival de la Infancia sin presencia militar porque así se hará este año.
Los pasos independentistas no terminan con esto. Durante el clásico de fútbol Real Madrid - Barcelona repartieron unas 30 mil "esteladas", la bandera del separatismo, para lucirlas durante el encuentro en el Camp Nou de Barcelona. El objetivo era que los hinchas no hablaran de fútbol, sino del separatismo, convirtiendo las enseñas en reclamo.
Los intentos por reformar la Constitución son un ejemplo más de cómo la oposición está marcando la agenda de un gobierno en minoría. El PP tiene 137 diputados y la oposición 213 escaños. Si quisiera podría derogar, legislar e imponer cualquier norma al ejecutivo de Mariano Rajoy a base de acuerdos y consenso y marcar la diferencia, porque nunca se había dado en la España democrática un caso como este.
De momento, aunque el recorrido es muy largo, la oposición ha logrado paralizar la ley de Educación, promovida por el PP en la anterior legislatura, algunos aspectos de la ley de seguridad ciudadana, llamada también ley mordaza, y en el horizonte se perfila que otras normas de gran calado para el PP correrán igual suerte.
Es la época de las negociaciones y para que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobara los presupuestos para 2017, Rajoy ha tenido que ceder en una subida de un 8% del salario mínimo inter-profesional y en abrir el grifo para que las Comunidades Autónomas puedan endeudarse todavía mas de lo que ya lo están.
Hay un elemento más, aprobado por el gobierno, que no será del gusto de los españoles en lo concerniente a la subida de impuestos, que incumple el programa presentado por Rajoy en campaña electoral: serán aumentados los especiales. Ciudadanos, que suscribió un acuerdo de 150 puntos con el PP para votar a favor, han rechazado la subida que dice afecta a la clase media.
El propio presidente dijo en junio pasado que no era bueno si se quería seguir por la via de la recuperación económica, el ministro de Hacienda Cristobal Montoro lo reafirmó poco después y Rajoy de nuevo en noviembre pasado.
Crear empleo, aumentar la recaudación, sin subir los impuestos, parecían puntos claves en el programa del PP hasta el pasado noviembre. Los impuestos cargaran contra las bebidas alcohólicas, excepto cerveza y vino, las azucaradas como los refrescos y las grandes empresas verán como se eliminan en parte o en su totalidad algunas deducciones fiscales de las que disfrutaban.
Deberían considerarse a priori deducciones positivas. Las bebidas azucaradas reportarían unos 200 millones de euros a las arcas del estado. El tabaco, que recaudaba un 80% de su valor, ahora lo hará en un 85%, y uno puede pensar que la salud de los españoles nunca resultó más rentable.
Hacienda ha calculado que recaudará con el aumento de estos impuestos unos 5 mil millones por el impuesto de sociedades, unos 2 mil millones por los impuestos al alcohol, tabaco y refrescos y unos mil millones con su política contra el fraude fiscal. Todo para cumplir con el recorte de gastos exigido por Bruselas y cerrar el año con un 3,1% de déficit.
En paralelo, la hucha de las pensiones continúa siendo saqueada por el gobierno. En 2011, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzaba los 66 mil 815 millones de euros, pero en los últimos cuatros años, cada vez, el PP ha metido mano para cubrir huecos y en 2016 tendrá poco más de 13 mil millones. Hace unos días se retiraron 9 mil millones para pagas extras. Todos los analistas coinciden en que el fondo llegara a cero en 2017.
Los presupuestos había que aprobarlos este mes porque España está abocada a refinanciar unos 300 mil millones de la deuda en 2017. Cualquier subida en la prima de riesgo condiciona más que otra medida de gasto público y todas las formaciones, incluído el PP, no desean tocar los 185 mil millones de euros destinados a gastos sociales, como la educación, la sanidad, las ayudas y otros.
Lo que los políticos nunca mencionan en la reducción del gasto público es la necesidad de eliminar renglones en los que las funciones del estado se ven duplicadas, lo que, según cálculos conservadores, aumenta el gasto en 50 mil millones de euros. Pero esto es así porque si hablamos de ayuntamientos con 26 habitantes o las mismas diputaciones, algunas necesarias y otras no, lo hacemos en cuanto al personal, cuya plantilla se utiliza para pagar favores políticos. Estarían dándose la puñalada ellos mismos.
Además, hay empresas paralelas a las propias administraciones, muchas de las cuales no tienen razón de ser, pero figuran en los presupuestos autonómicos vía empresas públicas, élites dispuestas a gestionar lo que sea por tal de cobrar del estado.
Son estructuras que no hacen al país más competitivo ni tampoco a la industria - que empieza a despuntar en lo tecnológico y lo digital y en exportaciones. Podemos recontar algunas facturas inútiles en esta crisis, al margen de la corrupción, como los aeropuertos de Ciudad Real, de Huesca, de Castellón, de Lleida, las embajadas catalanas en el exterior, los traductores simultáneos en el Senado y el propio órgano o el rescate de las Cajas de Ahorro por su mala gestión, que ha costado a los españoles 75 mil millones de euros, que no se van a recuperar y ni siquiera han servido para financiar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Una mención aparte deberían tener los desfalcos y la mala administración de los recursos de las tramas de corrupción en toda la geografía nacional.
Estas dobles estructuras innecesarias, ineficiente, disfuncional, a la que se suma un excesivo número de organismos, que nada aportan a la economía, con nóminas injustificadas de personal no funcionarial, puestos de trabajo para satisfacer el clientelismo partidista, y las subvenciones, que se otorgan indiscriminadamente, de las que solo un uno por ciento podrían servir para algo, son las que crean el déficit, no los gastos sociales como algunos quieren hacernos ver.
Las fuerzas políticas solo hablan de aumentar los ingresos, exprimir el bolsillo de la gente y castigar a las empresas lo que es tanto como impedir la recuperación económica. No podemos -como si se tratara de una economía doméstica- gastar mucho más de lo que ingresamos, ni tampoco pretender reducir el gasto con valores importantes como la luz, el gas, la vivienda y otros. Cuando queremos hacerlo a nivel hogareño eliminamos lo que no es imprescindible para vivir y regulamos las cuentas. El déficit, pues es soluble, pero solo si se hacen los deberes.
El PP, que pudo tomar medidas en la pasada legislatura para reducir todo este gasto superfluo e innecesario, no ha tocado el área de lo no productivo. Se sabía desde hace meses que habría que ajustar entre 5 mil a 8 mil millones de euros y en la campaña electoral nadie dijo, si gobernaba, cómo lo haría.
Así que tal vez el aumento de estos impuestos especiales pueda verse como una buena solución, antes de subir el IVA o el IRPF, pero esto disminuye el consumo y no va a aumentar los ingresos. Nos encontramos de nuevo en la casilla de salida para combatir el déficit, que es, ante todo, estructural.
Desde luego hay un déficit democrático importante cuando un político como Rajoy dice una cosa en campaña y luego hace otra cuando gobierna, lo que le funcionó en la pasada legislatura por disponer de mayoría absoluta en el parlamento. Mentir sale gratis. Los ciudadanos por esto vemos de manera pasiva estas campañas y, de antemano, no creemos que vayan a cumplir alguna de sus promesas
La nula credibilidad social ante las plataformas políticas de los partidos en liza parte en un primer orden de que la soberanía económica es cero, depende de lo que nos diga Bruselas. Tanto la etapa de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que nos dejó 110 mil millones de euros de déficit y nadie le ha pedido cuentas, todo lo contrario, anda por ahí dando recetas, como la de la primera legislatura en mayoría del PP, hemos escuchado a sus líderes decir que los ajustes hay que hacerlos porque así lo demanda la Unión Europea.
Hay un estado de cosas que acepta todo lo que venga de Bruselas y nunca debate en el parlamento cuál es el futuro político de España. Es una conspiración en la que todos roban portadas con frases huecas para mantenerse donde están.
Como se ha concluido en Francia, en debates de mucho calado sobre el gasto público, existen en Europa estados ineficientes y caros, que pagamos todos.
La deuda pública durante el pasado gobierno de Rajoy ha crecido en 300 mil millones de euros y la privada ha bajado. Es decir, el sector privado hace los deberes y el sector público sigue en el despilfarro. En mucho ha tenido que ver que los del PP han pagado mucho por los apoyos y el número de funcionarios ha crecido algo desde que comenzara la crisis.
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