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jueves, 30 de abril de 2015

El ministro de Justicia quiere amordazar a la prensa española pero no le salen las cuentas




Por Mirta Balea

Como elemento novedoso en su afán de impartir justicia, el ministro Rafael Catalá ha sugerido como algo viable en democracia sancionar a los medios de prensa que se atrevan a publicar informes sobre filtraciones en caso de investigación judicial.

Ante la élite del Círculo Ecuestre de Barcelona, Catalá ha disfrazado su temor a la prensa y su interés por controlarla  (algo esbozado de forma tangencial en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía, Cristóbal Montoro), en que es necesario evitar que se formen "juicios paralelos" sobre personajes públicos imputados en casos de corrupción y fraude fiscal.

El ministro ha abogado abierta y claramente por "abrir un debate" sobre si deben fijarse límites a la información y algunos periodistas han recordado que este es el método por excelencia de los dictadores para cubrir sus propias pestilencias.

La preocupación del ministro surge a raíz de que en los últimos días la prensa se ocupara en especial de Rodrigo Rato, un insigne miembro del Partido Popular (PP) (en el gobierno), investigado en relación con delitos de cohecho y fraude fiscal. Las pruebas se han venido acumulando en su contra de manera que ha herido la sensibilidad de la gente de a pie, a la que la prensa ha pedido opinión.

Este personaje fue vicepresidente Económico del primer gobierno del PP a finales de los 90 presidido por José María Aznar, luego pasó a director general del Fondo Monetario Internacional y su regreso a España presidió el grupo bancario Bankia, al que saco a bolsa de manera fraudulenta y falsificando informes, según actas divulgadas por la prensa.

Este es quizás el mas sonante y reciente caso de corrupción del PP, pero ha habido otros, algunos en investigación durante los últimos seis años, como la trama Gurtel, o el de las cuentas B, ilegales, que se atribuyen al PP por su propio ex tesorero Luis Bárcenas, en la actualidad en prisión por otro delito.

El caso Gurtel, por ejemplo, fue filtrado a la prensa por miembros del propio PP, que entonces querían deshacerse de algunos de sus pesos pesados en la comunidad valenciana afines a Azanar, quien fuera presidente del gobierno y del partido.

Las conductas mediante el delito de revelación de secretos están tipificadas en el código penal español con sanciones para aquellos agentes de Fiscalía, Hacienda o jueces que filtren información de sumarios cerrados.

Ningún miembro de los sucesivos gobiernos españoles en democracia ni altos cargos de partidos representados en el Congreso se había atrevido hasta este miércoles a sostener que tales sanciones debían recaer también sobre los medios de prensa para evitar la publicación de artículos referidos a estos temas.

Lo más significativo de lo dicho por Catalá estaría escondido en su concepto personal sobre lo que es un gobierno y lo que es el Estado o sobre la importancia de la Ley de Leyes. De ahí que algunos altos cargos del PP y elementos cercanos al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, se hayan distanciado del ministro de Justicia y sus tésis.

Algo, sin embargo, tiene que haberse hablado en los últimos consejos de ministros, donde Catalá debió sacar el tema y no contó con los apoyos suficientes, porque en la misma comparecencia en la que soltó la "bomba" de la sanciones a los medios de prensa por informar, dijo que, de momento", no se había tenido el "arrojo" de colocar la mordaza a los periodistas para evitar a los políticos quedar expuestos ante la opinión pública. Porque de esto va todo el rollo.

En cambio insistió en la conveniencia de hacer una "reflexión" sobre el tema y hasta quizá que hubiera un debate, que la propia Constitución evitaría per se si nos atenemos a las libertades recogidas en ella como la de información y expresión, entre otras.

Ha dicho incluso que un político NO debería abandonar su carrera por el solo hecho de estar imputado en una causa.

Esto calza muy bien con las enmiendas a la ley en las que está enfrascado el gobierno del PP para eliminar el concepto de imputado y sustituirlo por el de investigado hasta que el juez decida en la causa si tiene delito, cuando pasaría a llamarse encausado.

Matices aparte estamos en presencia de un pensamiento institucional en materia de aplicación de la justicia cuando afecta a los políticos. Envuelto en tantos escándalos,  el gobierno del PP intenta preservar algo que será agua de borrajas en la medida en que las causas abiertas comiencen a cerrarse, porque también, entre las enmiendas, está acortar los términos de las investigaciones para que no sobrepasen los tres años.

Algunas de estas pueden muy bien calificarse de macrocausas por el volumen de información recogida durante años desde la punta de la madeja hasta poder llegar al meollo de la putrefacción.

El tiempo es lo que ha permitido en estas macrocausas que una información lleve a otra y esta a otra y la lista de imputados o de "investigados" alcance cifras astronómicas y haya dejado al descubierto a políticos conchabados para estafar al fisco y burlarse de los contribuyentes. En esto, como siempre, los destapes de la prensa han jugado su papel.

El peligro de tesis como las del ministro Catalá es que no solo son plausibles, sino que se proponen adormecer el sentido común.

Con esto quiero decir que, lo que en principio solo es una idea, se convierte en un hecho y finaliza así el carácter puramente especulativo de lo que se desea imponer.

Esta clase de ideas puede llevarnos a creer que tenemos una comprensión de los acontecimientos y de cómo se desarrollaran estos en el futuro  y nos olvidamos que los acontecimientos son hechos que interrumpen nuestra rutina y las proyecciones que se hacen -como la idea de Catalá- sería probable si los hombres no actuaran.

Cada acción -para bien o para mal-destruye todas las predicciones e incluso aquellas premisas de la prueba. 

Así que, si al ministro Catalá -al que su propio partido le ha dado varapalos por no haberle informado a tiempo de lo que se avecinaba- considera que la prensa estorba, será mejor que renuncie y deje a otro con más paciencia en su cargo porque esto solo acaba de empezar.


“Rechazo absoluto” de la Federación de la Prensa

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" contra la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar a los medios de comunicación por publicar informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario.
"No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".
La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.
Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado", ha indicado.
Por último, ha incidido en que la FAPE cuenta con una comisión de arbitraje y quejas que contó con el apoyo del
anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recogido en una misiva.


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