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viernes, 14 de noviembre de 2025

UN FISCAL GENERAL EN EL BANQUILLO.

 El Tribunal Supremo dejó visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del estado por el delito de revelación de secretos, imputado hace poco más de un año tras las investigaciones del juez instructor Ángel Hurtado. En la causa, se indagó también sobre la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, pero los expedientes fueron archivados. Durante el juicio oral del pasado 9 de septiembre, el magistrado halló indicios suficientes para el enjuiciamiento criminal transcurrido del 10 al 12 de este mes.


Como telón de fondo en todo momento y en todo lugar, la voz del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamando-con el juicio andando- la inocencia de una persona a la que él mismo nombró, aunque sin aportar nuevos datos para exculparlo. Como bien dijo Rafa Latorre en su programa La Brújula "una cosa es recordar la presunción de inocencia y otra afirmar la inocencia de un reo". La Asociación de Fiscales ha acusado a Sánchez, a tenor del juicio, de "presionar y deslegitimar" a los jueces del tribunal con la insistencia en la inocencia del fiscal general.


Desde el primer día del juicio, García Ortiz pasó cada día por delante de la prensa acantonada ante el edificio del tribunal con un aspecto cuidado, maneras desenvueltas, simulando una seguridad, que su rostro desmentía,  y mostrándose en todo momento como libre de toda sospecha. La gente reunida allí también le abucheó. Si pudo lucir ante el Tribunal Supremo, encargado de juzgarlo, su toga, sus puñetas y su Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort fue porque Hurtado descartó suspenderlo de su cargo y ningún otro tribunal consideró lo adecuada que habría sido una separación cautelar, justo para evitar toda aquella parafernalia de que estoy entre mis iguales cuando se sentó en el mismo banquillo de los fiscales y  abogados de la acusación. Al ocupar esa posición hacía caso omiso a la pérdida de imparcialidad de cara a la ciudadanía, porque esta carencia ha sido otro elemento más en solfa en el juicio. 


Existían dos correos en relación con un fraude fiscal y falsedad documental del empresario González Amador, por una parte, y una proposición del abogado de éste para lograr un pacto de compromiso con la fiscalía por el cual el reo se declaraba culpable de ambos delitos para evitar el juicio y pagando también una cuantiosa multa, un tipo de transacción regular en los juzgados.  En el caso que nos ocupa, estos mensaje cruzados entre el abogado del demandado y el fiscal del caso, Julián Salto, resultaron ser el germen de todo lo sobrevenido. La coletilla que colgaba fue lo importante, porque este ciudadano era nada menos que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no era parte en nada, pero sí un elemento político importante a ojos de la el fiscal general, ocupado más en temas políticos que jurídicos.


La acusación de revelación de secretos, tipificada en el Código Penal Español, conlleva consecuencias jurídicas importantes y, en esta causa, un debate público sobre la ética profesional. No hay que olvidar, que el mayor afectado, el denunciante Alberto González Amador, personado como acusación particular contra el fiscal general,  se quejó ante los jueces de la Alta Judicatura de que todo lo divulgado había dañado su derecho a la intimidad. A partir del momento en que trascendieron esos documentos a la prensa, el peso pesado del Partido Popular, la mujer que saca de sus casilla al presidente Sánchez, fue la coletilla cada vez que se mencionaba al empresario denostado, incluso a veces omitiendo hasta su nombre en los titulares de la prensa, como si este hecho los convirtiera a ambos en reos de culpa. Si alguien tenía dudas, solo esto habría servido para mostrar el carácter político de airear los correos a la prensa. 


Fue esta relación con Díaz Ayuso lo que llamó la atención del teniente fiscal Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general  Álvaro García Ortiz, cuando el 7 de marzo del 2024 se comunicó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para pedir el expediente del caso con  escaneado de ambas caras de los documentos incluido. La causa contra González Amador habría continuado el viaje acostumbrado por el juzgado sin mayor trascendencia y eso lleva a la pregunta, que muchas personas se hacían en España y en las redes sociales: ¿Por qué un fiscal general del estado tendría que haberse interesado en concreto por este caso? Y la respuesta estaba clara para muchos. 


El socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, hizo una crítica velada a las formas de Sánchez para defender a su fiscal general. El presidente del Gobierno presionaba, aunque no pareciera algo directo, al tribunal para logar una absolución, con frases como que "el fiscal general es inocente y tras lo escuchado esta semana  (refiriéndose quizás a los testimonios favorables de varios periodistas durante el juicio) se impondrá la verdad". Tal vez fue lo que inspiró al mismísimo García Ortiz a lanzar ante los siete jueces del Supremo una frase que sonó algo quijotesca como que "la verdad no es para filtrarla, sino para defenderla", algo que imagino ensayó frente al espejo en su casa porque le salió bordada. Page pareció también haberse preguntado, como todos, si un fiscal general debía estar pendiente del relato político. Horacio diría que la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. 


El teniente coronel, Antonio Balas, fue aquel que,  junto al equipo de agentes encargados de las investigaciones del curso tomado por los correos de marras, reconoció la comisión de delitos y destruyó cualquier intento de la defensa de tratar de exonerar a García Ortiz. "Lo que se ve -dijo- es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado". El juez Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, había constatado días antes en tertulias de la prensa, que la estructura piramidal de la Fiscalía General del Estado permitió al acusado en este caso supervisar durante el juicio al propio Ministerio Público, que, en contra de todo pronóstico, hizo piña con la Abogacía del Estado para demostrar la inocencia de su superior jerárquico. Todo esto ad hoc al hecho de que por vez primera en democracia se juzga a un fiscal general con la cola que esto pueda traer en el futuro. 


Para más inri, resultaba que García Ortiz nada hacía para desentrañar la verdad, sino todo lo contrario. Admitió haber borrado emails y WhatsApp y destruido su teléfono, incluso hasta cerró su cuenta en Google. En juicios de otros personajes políticos en España, acusados de corrupción, la fiscalía consideró esto como destrucción de pruebas. De modo que cuando los peritos de la  UCO fueron a visitarlo, como parte de las investigaciones, comprobaron que no había nada por dónde tirar. Algunos abogados, en entrevistas con la prensa, se han preguntado cómo si eres inocente destruyes lo que puede ayudar a probarla, alguno incluso lo dejó más claro: un inocente no destruye pruebas. La UCO llegó a una verdad de perogrullo: el borrado y la destrucción del móvil fueron intencionados. Los peritos no han podido recuperar el material. García Ortiz se escudó en el protocolo de protección de datos, cuya existencia no fue demostrada por la defensa. Justo en el auto de defensa declaró que era algo que hacía con regularidad "en el desempeño de su función y de manera segura".


El juicio sirvió para dejar claro que García Ortiz ordenó al fiscal investigador Salto, que le facilitara por medio de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, los correos electrónicos cursados con la defensa de González Amador, y todo lo que hubiese intercambiado con su abogado. Quedó claro también, según los agentes y peritos de la UCO, que desde que el fiscal general tuvo acceso a la cadena de mensajes electrónicos hasta que la cadena SER los publicó transcurrieron solo dos horas.


El periodista de esa cadena, Miguel Ángel Campos, testificó ante los jueces que esos correos lo tenían cientos de personas antes de su publicación el 13 de marzo del pasado año. Habló de una fuente que le mostró los correos, aunque no le dejó fotografiarlos ni se los envió por email. A eses informante, el periodista, faltaría más, la ha defendido contra viento y marea, pero si hacemos un resumen de este batiburrillo de mensajes veremos que hasta ese momento, que se supiera, solo los habían manoseado García Ortiz, Diego Villafañe y Pilar Rodríguez. Hay una tendencia a culpar a esta última del filtrado de los documentos, aunque nada se ha probado sobre esto, ni siquiera indiciariamente.


Algo muy inusual en el mundillo periodístico es demorar la publicación de una noticia, porque si no está confirmada, siempre puedes simplemente decir que está sin confirmas y no pasa nada. Lo que no es frecuente es dejar de hacerlo y por supuesto  la SER la dio, al igual que otros como elDiario.es. Todo indica que, a tenor de los mensajes, el periódico El Mundo salió con una noticia sorpresa propia citando al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que aprovechó para colar que el pacto no se había logrado hasta el momento por el freno impuesto en "instancia superiores". Y es que, aunque no demos por bueno el entrecomillado, el dos pa'trás y dos pa'lante de los muchos periodistas sabedores con mucha antelación del contenido de los correos, con la demora en publicarlos, se lo pusieron a huevo a este comunicador de la Comunidad de Madrid como se dice campechanamente en España. Y en esa información lo más hiriente para el fiscal general fue que dijera que la propuesta de pacto venía del fiscal Salto, como si eso tuviera una importancia trascendental por lo que se refiere al quehacer en los juzgados. Las alta instancias no venían a cuento pero como decía muy preocupado García Ortiz no le podían ganar el relato. ¿Quiénes? Los del Partido Popular, porque como decíamos antes esto ha sido un juicio político desde el momento en que se mostró tanto interés por la causa de González Amador.


Los periodistas de elDiario.es y la Sexta reiteraron ante los jueces que la información sobre los correos entre abogado y fiscalía no eran secretos cuando lo supo García Ortiz. José Precedo, de elDiario.es aseguró haberlos tenido en sus manos desde el 6 de marzo del 2024. ¡Alto! Rebobinemos otra vez.  Se infiere que toda esta información estuvo en manos de la prensa, sin publicar, durante ocho días. En su ronda de conclusiones del juicio, la mayoría de las acusaciones de particulares dejaron claro que no se creían ni una palabra de todo aquello declarado por varios periodistas en un intento abierto de librar al fiscal general de toda culpa. Y ahora ponemos algo más, porque Precedo tuvo a bien enfatizar en los titulares de su medio en torno al tema como que "la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla", y otro día  decía que el fraude procedía de una comisión de dos millones cobrada por el empresario (novio de Ayuso, que eso es lo importante) por la venta de mascarillas durante la pandemia y en una tercera entrega periodística decía que Díaz Ayuso "disfrutaba de un segundo piso en el mismo edificio que está a nombre de la sociedad de marras". Para justificar no haber publicado hasta el 14 marzo el contenido de los correos con el que contaban desde ocho días antes, explicó que preparar ocho informaciones (entre el 7 y 11 de marzo) lleva mucho tiempo. Pensé: pobre el solo ahí, intentando armar los titulares después de elaborar la crónica.  Porque cuando el fiscal general, durante sus solicitudes y diálogos en la trama de los emails dijo que había que "cerrar el círculo" es probable que los intentos de involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en una trama de supuestos chanchullos sería el colofón de la movida y los titulares ayudaron mucho sobre todo si colgaban (el novio de Ayuso).


Esto fue el pistoletazo de salida de una nota de prensa de la Dirección de Comunicación de la FGE, que detallaba del contenido de los mensajes entre el abogado del ciudadano González Amador y el fiscal Salto al tratarse tan solo de desmentir lo publicado por El Mundo.  De ahí el estupor de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, cuando llamó al fiscal general y le dijo, más como afirmación que como pregunta: Filtraste los correos, ¿No? , a lo que, según la manifestante, el respondió: Eso ahora no importa. Lo importante es que no ganen el relato. En su descargo ante los jueces, García Ortiz negó todo. 


Mar Hedo,  directora de Comunicación de la FGE, confirmó ante el Tribunal Supremo, que la nota de prensa, que pretendía ser un desmentido y resultó ser mucho más, se la había dictado el propio García Ortiz, olvidando que la fiscal Lastra se había ofrecido para hacerla. La funcionaria añadió que después recibió muchas llamadas de la prensa interesada en si tendría lugar una renuncia del fiscal general, que daban por hecho. Tras estos acontecimientos, el fiscal general realizó una entrevista con Televisión Española durante la cual dejó caer que disponía de "información sensible con la que " podría hacer daño si quisiera.


El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, cuya organización se personó como acusación particular, explicó la razón para emprender acciones legales contra el fiscal general. Se consideró muy grave -dijo- que se revelara en nota de prensa de la FGE información confidencial de un ciudadano el 14 de marzo del 2024. Tenían en sus manos desmentir que la oferta de pacto partiera de la fiscalía, lo innecesario fue desvelar el contenido literal de los correos con fecha 2 de febrero del 2024, agregó, para precisar que resultaba una situación que fracturaba el derecho de defensa. Este tipo de correos o conversaciones entre un fiscal y el abogado defensor forman parte del grado más estricto de confidencialidad entre ambas partes. Ribon se reunió con la fiscal provincial de Madrid el mismo día 14 de marzo y un día después con García Ortiz, quien le propuso elaborar un comunicado conjunto para "poner ciertos paños calientes" ante una más que probable investigación  y  la eventual depuración de responsabilidades. El decano la rechazó de inmediato, según dijo. 


La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió, en su discurso al final del juicio, que el fiscal general no había actuado inapropiadamente porque se tratara de la pareja sentimental de Díaz Ayuso, como se podría decir en jerga jurídica actuó sin dolo. La Abogacía del Estado pidió la nulidad del caso por el "incumplimiento" de la UCO en el registro de los correos y la obtención del teléfono. Resulta que tanto si todo surgió para comprometer a la presidenta de la Comunidad de Madrid como si fue el propio fiscal general quien borró correos y destruyó el móvil, atando de manos a la UCO, que no ha podido recuperar los mensajes, están son las claves sobre las que giró todo el juicio. García Ortiz se enfrenta, si le hallan culpable del delito, a una pesa de entre tres y seis años de cárcel, la inhabilitación para cargo público entre 12 y 18 años y al pago total 400.000 en concepto de multa e indemnización. Se espera el veredicto para fines de este año y ser unánime con los indicios aflorados durante el juicio podría limitar una apelación ante el Tribunal Constitucional, no así de darse 5 votos a favor y dos en contra, por ejemplo. O, como ha dejado caer en esto días el director de la cadena COPE, Sánchez le otorgaría un indulto. Ahora toca esperar.


miércoles, 5 de noviembre de 2025

SÁNCHEZ CONVOCADO POR EL SENADO

Con esa ambición calculada y su determinación de mantener el poder, que no gobernar, aptitudes conocidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó hace unos días ante la Comisión de Investigación del Senado, que fiscaliza la posible financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es secretario general y su líder indiscutible. Esta entidad de la Cámara Alta corre a la par de las pesquisas del Tribunal Supremo, que ha citado a muchas de las partes implicadas en lo que se califica como empresa corrupta dentro de la organización, y de cuyos pormenores podría tener o no conocimiento. En su caso, hay que destacar que no está imputado en causa alguna. Hay quien considera que por estar aforado como cabeza del Ejecutivo.


El que aporta el nombre para distinguir esta Causa Koldo de otras muchas gestionadas por la Judicatura en este momento, es Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex-ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ex-secretario de Organización del PSOE y relacionado con el amaño de contratos públicos para la compra de mascarillas durante pandemia de COVID 19, por la que se habrían cobrado comisiones ilegales. Dentro del mismo paquete, entran figuras como el empresario Víctor de Aldama y el propio Ábalos. El juicio oral de una sola jornada se abrió el pasado día 3 para indagar en una primera instancia sobre la recepción de comisiones, el origen del patrimonio de los implicados y como se favorecieron en la adjudicación de contratos por una suma de 700 millones de euros. Dada la relación de todo esto con el Partido  gobernante, la Comisión requirió la presencia de Sánchez. El magistrado instructor de la Causa en el TS, Leopoldo Puente, apreció indicios de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que pronto se abrirá el juicio propiamente dicho.


La Audiencia Nacional, mediante el Juzgado de Instrucción núm. 2, acordó abrir pieza separada para recibir el auto del magistrado Puente. sobre reembolsos al ex-ministro y al que fuera su asesor, al considerar dudosas las liquidaciones de gastos del PSOE. El juez titular Ismael Moreno instruye también la causa sobre organización criminal por las comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia.


En  una resolución judicial, han quedado establecidos indicios consistentes de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los investigados Ábalos y Koldo García "para incurrir en actos contrarios a los inherentes a sus cargos públicos" que estos "recibieron las retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo" y "como prestación a conductas desleales". Todo esto ha significado un golpe político para el PSOE, entre otras razones porque afecta al ex-ministro de Transporte, una de las figuras más cercanas a Sánchez durante años y que retiene aún en esta legislatura su cartera de diputado.


La senadora María Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, abrió la comparecencia con la pregunta sobre pagos a prostitutas con dinero público por parte del ex-ministro, sobre lo que la Judicatura tiene pruebas en audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con Koldo. Esto obligó al presidente a reconocer que era una persona de "su máxima confianza", señalando que su cese en el Ejecutivo estuvo marcado por la desescalada de la pandemia del COVID-19, lo que pretendió acabar con el rumor de que lo hizo porque conocía ya sus fechorías. Sobre esos hábitos personales en concreto, dijo sentir repulsión y puntualizó que dejaba a la Justicia dirimir el asunto, para no extenderse más. Aprovechó para lanzar una vez más el lema de que su gobierno "está comprometido con los derechos de la mujer y el feminismo". Abundó en cuanto a considerar a su segundo en otros tiempos alguien con unas cualidades políticas claras, una persona elocuente y sólida políticamente. Agregó que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia y de paso le dio un ramalazo al PP al decir que era distinto a lo que han hecho otras organizaciones. 


Sánchez destituyó a Ábalos el 10 de de julio del 2021 cuando remodeló el Consejo de Ministros para dar un giro tras la pandemia, según la explicación oficial. La sorpresa del cambio fue real, Ábalos   acudió a la reunión pensando que lo nombrarían ministro de Defensa. Todo indica un rifirafe entre ambos en el despacho del presidente en La Moncloa, según algunos medios de comunicación, cuando exigió una explicación y el jefe del Ejecutivo se negó a darla. De su puesto en el PSOE, fue relevado poco después. El diario El Mundo puso en boca del Ejecutivo estas palabras: "Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje terminó. No cuento contigo para la nueva etapa". 


Este indiscutible peso pesado del PSOE enfrentaba entonces el escándalo derivado de la visita del 19 al 20 de enero de 2020 a Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que aquí se ha dado en llamar el Delcygate. Esta persona no podía haber pisado territorio de la Unión Europea, sobre todo la zona Schengen, un espacio de 29 países, que han eliminado sus controles fronterizos internos, permitiendo la libre circulación de personas con un acuerdo en vigor desde 1995,  e incluye una política común de visados y una cooperación reforzada en materia de seguridad. Así consideraron los miembros que protegían el amplio territorio de accesos ilegales y otras amenazas. De manera que España no debió permitir que desembarcara, menos que pernoctara en Madrid para tomar al día siguiente el vuelo de la Qatar Airlines, dada la existencia de tales sanciones, aplicables a otros dirigentes venezolanos. La visita de 24 horas transcurrió de esta manera y el presidente respondió ignorar tales restricciones y cuando lo supo, ordenó a su segundo suspenderla, pero era muy tarde.

 

La senadora Carla Delgado, del Grupo de Izquierda Confederal, le preguntó por ese episodio y Sánchez restó importancia a la visita, remitiéndola al uso habitual de que cargos políticos visiten España sin su conocimiento, calificándolo de ordinario. Lo más importante de su respuesta es que negó tener conocimiento del veto de la UE sobre Rodríguez.  Aclaró que fue Ábalos quien le informó de su llegada como un hecho consumado, si bien le había advertido que no le permitiera pisar suelo español. La cuestión es que se conocen unas declaraciones del empresario, sujeto a procesamiento por corrupción, Víctor de Aldama, ante Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía de Anticorrupción y Crimen Organizado, en las que reveló haber gestionado esa visita a petición del factotum del presidente, quien pudo haber añadido la conformidad del jefe de Gobierno.


Sánchez negó conocer a Aldama, a pesar de que en la sesión de la Comisión le mostraron una foto en su compañía, ambos muy sonrientes y con su brazo sobre el hombro del otro, tomada en el backstage durante uno de discursos. Esa respuesta estaba en el mismo registro de su respuesta sobre su relación con Koldo que calificó de anecdótica pese a que fue el custodio de sus avales, 50,000 papeletas nada menos, con vistas a las primarias de 2017 del PSOE, cuando le acompañó también, junto a Ábalos y el ex-secretario de Organización, Santos Cerdán ( actualmente en la cárcel) en su peregrinaje a bordo de un Peugeut por las carreteras españolas. No solo fue custodio de tales ayudas sino que repartió urnas por toda Navarra para la recuperación del liderazgo de Sánchez del que fue apeado el 1 de octubre de 2016 por el Comité Federal. Hay un audio en el que se escucha decir al ex-asesor ministerial que Sánchez le había pedido cosas mediante Ábalos: " las hice y he desaparecido", se lamentaba con Santos Cerdán, quien negoció en nombre del presidente los votos de los vascos de Bildu y del PNV a la moción de censura contra el anterior Ejecutivo, Mariano Rajoy, del PP. La pérdida del Gobierno dio paso al consecuente encumbramiento de Sánchez. 


Hay un tema muy espinoso que podría derivar en la confirmación de la financiación irregular del PSOE, dentro de las investigaciones del TS. Cuando la senadora Caballero le preguntó si había recibido dinero en efectivo, dijo que alguna vez podría haberlo hecho, "aportando la factura" y precisó que todo en su partido era legal, lícito y transparente. Todo esto sin pasar aún al toque surrealista de que desconocía donde se hallaba la Gerencia, en un edificio no muy grande de la sede en Ferraz y después de tantos años como Secretario General. Si nos remitimos a todo lo que conocemos hasta ahora, se habla de 400.000 euros pagados en los últimos años a personas sin identificar, y esto no se ha sabido hasta hace poco a pesar de existir un Tribunal de Cuentas. Koldo García hacía circular dinero en efectivo, que cobraba en la Gerencia del PSOE y gozaba de carta blanca, según declaró ante el Supremo el gerente Mariano Pavón Moreno. 


Este individuo explicó ante la Alta Judicatura que el aparato político socialista daba por bueno todo dinero en metálico cobrado por Koldo García, no se verificaba la correspondencia del ticket o factura con el gasto y el efectivo se introducía en sobres para que el susodicho o un enviado por él pasara a recogerlos. Añadió que las cantidades fueron mayores a las registradas oficialmente desde 2018, cuando Ábalos ocupaba su cartera. A esto en España le llaman coladero de dinero porque la mayor parte de los pagos, en especial a organismos o instituciones, se realizan por transferencia bancaria y así se había hecho antes en el PSOE, según la ex-portavoz socialista, Soraya Rodríguez. En 2019, las cantidades en moneda corriente alcanzaban los 12,000 euros mensuales.  La secretaria Celia Rodríguez, también ante el magistrado, recordó que desde 2021 se favoreció al menos en quince ocasiones el efectivo a la transferencia bancaria. En esta parte específica de las preguntas, Sánchez hizo un esfuerzo tremendo por desvincularse de los implicados en la trama procesada por el TS. Los hechos, sin embargo, vienen marcando el paso.


A pesar de que el nombre del senador por el PP encargado de preguntar no sería desvelado prácticamente hasta el último momento, su actuación, tan esperada, dejó mucho que desear, en esencia porque su nerviosismo le impedía hacerlas de manera correcta, en varias ocasiones dijo al presidente de la Comisión que renunciaba a las anteriores para dar paso a otras, cortó en varias ocasiones la contestación del presidente, ansioso porque dijera lo que él quería, por lo que Eloy Suárez llamó su atención. Alejo Joaquín Miranda no solo defraudó a todos sino que impidió el afloramiento de algo útil durante su turno de preguntas. Perdió las formas,  ante alguien versado en esquivar sus espinas, como debía saber de antemano, y le dio ocasión para hablar de algunas miserias del PP, pasando así de largo por las propias. Quedaron en el tintero temas que Sánchez elude tratar como por qué su hermano David se tiró un año viviendo en la residencia de Gobierno en La Moncloa diciendo que estaba en Portugal para no pagar a la Seguridad Social. ¿Cómo podía Sánchez no saber esto? La imputación de su hermano por fraude y malversación es de las cuestiones que más incómodo lo ponen. Debía haber cotizado, aún estando en Portugal, por una ley de doble imposición por la cual un español, aunque reside en otro país, si recibe dinero público tiene que hacerlo en país.


No recuerdo cuántas veces se quitó y volvió a poner unas gafas para leer fueran o no de Dior y, a las que medios de comunicación prestigiosos como La Vanguardia le llegaron a dedicar un artículo. Lo tomé como lo que es: una forma de distraer al que tienes enfrente. La de Sánchez era una comparecencia esperada, duró cinco horas, con interrupciones  y requerimientos del presidente de la Comisión, Eloy Suárez, quien recriminó al presidente cuando dijo que "este tipo de comisiones de difamación, que no son de investigación" o cuando estigmatizó a la Cámara con un "creo que esto es un circo más que una comisión". Tanto insistió el jefe del Ejecutivo en denostar al Senado, que Suárez optó por advertir que borraría del acta de sesión de ese día "la falta de respeto a la Cámara".  Sánchez no pudo abstenerse de seguir con sus comentarios lamentables y encaminados a distraer la atención como decir "...el lodazal en el que lo han convertido los senadores del PP y Vox" o "que han puesto "al servicio de la "máquina del fango a una institución clave para nuestra democracia". A algunos llamó la atención que solo se refiriera a PP y Vox, los más acuciantes con las preguntas, y en cambio se abstuviera de incluir a su aliado, el partido catalán Junts, cuyo vocero le llamó "trilero". 


Edouard Pujols, en su turno de preguntas, le reprochó que "su actitud sonriente sí que ayuda a crear la sensación de circo". "A las insidias y a las difamaciones es mejor responder con una sonrisa" se defendió Sánchez. El catalán aprovechó para decir que Junts llegaba a la Comisión como partido de la oposición, al reprocharle no materializar los acuerdos suscritos en los últimos meses. Y deslizó como tenía planeado con seguridad la amenaza de un grupo con cuyo apoyo le sirvió para completar avales y sentarse en la presidencia tras las elecciones 2023 :"Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria mas absoluta", tras haber señalado que les quedaba claro que que en los últimos años "usted se ha comportado y tiene tendencia a ser un Houdini o un trilero, cosa que no le ayuda ni a usted ni a la política, presidente ".


El senador por Junts verbalizó lo que todos los que escuchaban al presidente tenían en su mente: nunca tiene culpa de nada y uno piensa-agregó en tono jocoso- "pobre Sánchez que en el colegio le robaban el bocadillo porque si no , no se puede entender". Yo le sugiero, le señaló el presidente español en la contrarréplica,  que no sea tan condescendiente...."El paternalismo y la condescendencia son un hábito bastante conservador en este país, veo que no solamente en el conservadurismo español". Con esta última frase, dejó claro el pensamiento catalán de que ellos son ellos y los españoles, otros. 


Si alguien pensó que Sánchez olvidaría la importancia de quien le interpelaba como uno de los que le posibilitó ocupar la silla en La Moncloa, vino lo de la mano en el corazón - una más que elocuente actuación incluso para quien no se fije en el comportamiento no verbal-para decir a su socio rebelde que en lo que respecta a él, si está en sus manos cumplirá los acuerdos, pero en lo que no está, intentaría que se cumplieran. Creo que a todos les vino a la mente los esfuerzos porque el catalán, el euskera (vasco) y el gallego, lenguas vernáculas en España, reconocidas en la Constitución, junto al aranés, sean consideradas en la Unión Europea como de uso común. Reiteró un objetivo, que si buscamos en la hemeroteca veremos que no está muy claro, en cuanto a lo que dijo de que su política "sienta bien a Cataluña y al conjunto de España". El objetivo claro (para él) es la "total normalización de la vida política" catalana. Y ha insistido, quizá para bajarle los humos a Junts, "que la ley de amnistía (para el prófugo Carles Puigdemont) se puede aplicar de manera completa". 


En España son lenguas cooficiales el catalán, el gallego, el euskera y el aranés y el castellano es lengua oficial del Estado. El Consejo Europeo ha pospuesto su decisión en torno al reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque de naciones presentado por Madrid como un "asunto de identidad nacional" y "como tal la Unión Europea debe proteger la identidad nacional de todos los Estados miembros", reza en declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares. Esto viene por las exigencias de los separatistas catalanes para mantener su apoyo a Sánchez, pero no podrá aprobarse sin la unanimidad de voto de los 27.


La Comisión Europea ha expresado críticas sobre la ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo español, al cuestionar que podría no responder al interés general y sugiriendo que se aprobó por un pacto político para la investidura de Sánchez. Ha cuestionado su idoneidad ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se ha señalado también que puede ser una autoamnistía porque los votos de los beneficiarios de la ley fueron necesarios para su aprobación y han criticado que se tramitara por un procedimiento de urgencia. La normativa aprobada debe suspenderse hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales, aunque esto no suponga una suspensión de la ley en sí misma.


Para resumir hay que destacar que el presidente tuvo gran habilidad para no caer en el falso testimonio ante la Comisión del Senado mediante evasivas, alusiones a hechos sin venir a cuento y elisiones de datos, mucha opacidad y poca transparencia, pero, sin dudas, venía bien preparado. Días antes había habilitado una war room para asesorarse. El número de personas que aconsejan al presidente de Gobierno, entre las que se hallan juristas, es una cifra descomunal. Algunas publicaciones han señalado que unas 1,259 de las cuales 600 lo harían directamente en La Moncloa. Otros han citado 924. En cualquier caso, son cifras respetables. Sus más allegados en el Gobierno y el Partido se han dado por satisfechos con su actuación en la Comisión por haber salido sin arañazos y capear el temporal, y todo indica que con la cabeza muy alta. El PP consideró que sus respuestas o las no respuestas fueron reveladoras y pusieron al descubierto sus debilidades "a pesar de su disfraz con gafas". 

jueves, 23 de octubre de 2025

RUSIA vs UCRANIA

 A la hora de sopesar el coste de una guerra, hay preguntas relevantes: quién la hace y por qué y como resulta su desarrollo en el campo de batalla. La invasión de Rusia a Ucrania hace cuatro años ha derivado en el mayor conflicto armado en Europa desde la II Guerra Mundial. Como podemos intuir en nuestra Era tales enfrentamientos tienen lugar la mayoría de veces entre grupos étnicos o religiosos y entre bloques de poder, ¿Qué de particular tiene este? Pues el deseo de un hombre, que aún se siente soviético, de recuperar  la esfera de influencia perdida en 1991; el resto responde al propio devenir de la contienda.


El presidente ruso Vladimir Putin, subió a la poltrona del Kremlin en 2012 apoyado por el Partido Conservador Rusia Unida, lo que ya nos puede ir dando una pista de nuestro personaje; y podrá mantenerse en el cargo hasta el 2036 debido a una enmienda constitucional de 2020. Como solía recordar Julio César, lo que yo escribo en un trozo de papel, es la ley y lo mismo siente Putin. En 2014, ocupó el primer lugar de la lista Forbes entre los hombres más ricos del mundo con 40 mil millones de dólares, luego fue bajando a gran velocidad y en la de 2024 no está siquiera entre los diez primeros. Desde el año 2000 ha estado ininterrumpidamente oscilando entre primer ministro y/o presidente de la Federación Rusa. El 17 de marzo del 2022 la Corte Penal Internacional libró una orden de detención en su contra por crímenes de guerra en Ucrania, así que solo puede moverse dentro de las zonas en las que pueda sentirse protegido,


Una de sus biógrafas, Masha Gressen, asegura que en su tiempo en la KGB lo mas que realizó fueron informes inútiles basados en la prensa. Markus Wolf, jefe de los espías de la Stasi de Alemania del Este, coincidió en algunas de estas evaluaciones. Yo no me creo ni medio porque todo esto puede formar parte de un ardid, muy digno de la pasada guerra fría, de restar importancia a sus actividades para evitar alguna investigación periodística, que arroje revelaciones incómodas. En general, su trabajo figuró siempre como satisfactorio para sus jefes de la KGB, en la que ingresó en 1975.


En la guerra que libra contra el pueblo ucraniano, ha dejado varias veces muy clara su idea de que Rusia y Ucrania son "el mismo pueblo", con lo que niega cualquier soberanía e independencia de ese territorio porque no es solo un país vecino, "es una parte inalienable de nuestra historia, cultura y espacio espiritual". Todos estos años se ha dedicado en cada discurso a inculcar la idea de la gran nación rusa y que el imperio soviético "será reconstruido por diferentes medios: la fuerza, la diplomacia y la presión económica". Su pensamiento resulta meridianamente claro: recomponer la amplia zona de influencia y seguridad, que otrora perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una retórica nacionalista para ganar el apoyo de una mayoría de rusos, nada críticos con la guerra porque la ven como la manera de restablecer la gran potencia perdida. Los extremistas en su gran mayoría están convencidos de su propia rectitud y para llevar adelante su postulado son capaces de masacrar a todo un pueblo o a un solo individuo simplemente porque no piensa como ellos. Putin es un hombre inteligente, pero resentido , que forma parte de esa parte de Rusia decidida a llevar adelante una política expansionista hasta el extremo. No quiere terminar la guerra, no ambiciona la paz, y, aunque a veces nos asuste pensarlo, desea empezar otros conflictos.


Si decimos que el objetivo inmediato del presidente ruso -en el punto en que se encuentra en la actualidad el conflicto- es conocer el alcance de la defensa antiaérea de la OTAN, sobre todo los sistemas cercanos a territorio ruso y de países otrora integrantes del desaparecido Pacto de Varsovia, no creo revelar nada que no se pueda intuir. Recuerden, hablamos de un líder expansionista extremista. Él es de los que prospera en la guerra tras haber fracasado en la paz.  A los seres humanos, el miedo llena toda nuestra capacidad sensorial, es la forma más primitiva de las emociones, la que nos alerta sobre los peligros y nos muestra nuestras limitaciones y de eso se han valido siempre los terroristas. Es la manera de someternos y hacernos acatar lo que ellos desean, así como también los tiranos, los dictadores, los déspotas, los sátrapas, los que quieren aferrarse al poder, una vez lo alcanzan, y expandirse como una telaraña. Hay que decir, que con Ucrania, el soberano del Kremlin pinchó en hueso, y cuando pensaba presumir de una rápida rendición halló una resistencia digna de apoyo y admiración internacionales.


Después de casi cuatro años de guerra, ¿vamos a apostar ahora porque el déspota ruso se retirará, aceptando una derrota? No. Él ha necesitado siempre, desde el minuto uno de la la invasión, ampliar fronteras y puede que en ocasiones, como ahora, haya estado bloqueado por la sorpresa o la paradoja, pero seguirá en su empeño de reconstruir lo que nunca más será. Puede que a estas alturas hasta haya meditado otro nombre para el gran territorio que tiene en mente conquistar y no lo llame URSS para evitar que lo tilden de "copiota",  porque de socialista no le queda nada. El se ve mejor como una Catalina la Grande, una de esos seres célebres capaces de moldear la historia con su inteligencia y ambición.


Si aceptamos la definición de Putin sobre Ucrania, que la empujaría a ser un protectorado de su nuevo imperio, otro tanto habría que aplicar a Polonia, país soberano e independiente, obligado a protegerse de la voracidad colonialista de Moscú. Un breve resumen histórico indica que dejó de ser estado independiente en 1795 durante el llamado Tercer Reparto entre el Imperio Ruso, Austria y Prusia y recuperó su soberanía en 1918, en suma, 123 años después de varias reparticiones entre bloques de poder. A esto  habrá que añadir el tiempo en que estuvo dentro de la influencia de la URSS, después de finalizada la II Guerra Mundial, otro reparto más de las zonas de poder en el mundo, que el líder Stalin supo aprovechar a su favor. Es decir, 44 años sin decidir por sí mismos. Esto último se logró, dos años antes de que se viniera abajo la URSS por la lucha sin cuartel del Sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, que puso de rodillas al Partido Obrero Unificado Polaco frente a las mismas narices del Kremlin. 


Así que no puede parecernos extraño que Putin haya aprovechado para fustigar a los polacos en su estrategia de análisis de las defensas de la OTAN como parte de las oportunidades, que le brinda la guerra contra Ucrania. Pero como ha ocurrido tantas veces en la historia con personajes similares perdió de vista que los polacos, como tantas otras veces en su historia, se defenderán de la ambición del nuevo zar ruso. Porque lo de que Varsovia se viera obligada a invocar el artículo 4 de la OTAN, cuando, entre el 9 y 10 de septiembre pasado, sufriera una agresión  sin precedentes desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano con la penetración en su espacio aéreo de 19 drones rusos en una incursión bélica no planeada ni autorizada, no es solo digna de tomarlo muy en cuenta sino que como diremos más adelante forma parte de la estrategia fijada por Moscú. El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que los drones de la amenaza directa resultaron derribados. Un helicóptero ruso de la Flota del Báltico violó las aguas territoriales polacas y voló sobre ese país la misma noche del 9 de septiembre. El artículo 4 permite a cualquier país miembro de la OTAN a solicitar consultas si percibe peligro en su integridad territorial, independencia política o seguridad, pero no desencadena una acción militar inmediata, sino que despliega el abanico de ideas y debates para bloquear lo que esté ocurriendo y afianzar los principios de confianza y ayuda entre los aliados. O al menos así es como está planteado.


¿Nos hemos olvidado acaso de que la II Guerra Mundial dio inició con la invasión de los nazis alemanes a Polonia? Al margen de que el propósito era expandirse hacia Europa Oriental, como aprendemos en los libros de Historia, estaba también la anexión de Gdansk, que ellos no podían pronunciar y llamaron Danzig. Había un plan de conquista llamado Blitzkrieg o guerra relámpago, tal y como pensó Putin al entrar en Ucrania. Si bien para los nazis el factor sorpresa le ofreció grandes réditos al ocupar otros territorios con cierta rapidez, se vieron expuestos después a la derrota con muchos errores cometidos durante la contienda, como el hecho de pasar por alto la voluntad de los pueblos de no dejarse doblegar, tal y como ocurre con los ucranianos. No fue corta aquella guerra, ni lo está siendo ésta.


Previo a la incursión de los drones el 9 de septiembre pasado, Polonia había sido objeto ya de varias provocaciones. Si hacemos inventario vemos que el 29 de diciembre del 2024, un misil ruso sobrevoló el país durante menos de tres minutos. Cometeríamos, sin embargo, un error si confundimos velocidad con movimiento. Ese tiempo fue suficiente para el rastreo por los sistemas nacionales y de la OTAN, de la incursión aunque entonces solo se dieron pasos diplomáticos; fue convocado el encargado de negocios del Kremlin en Varsovia. No habían pasado tres meses, cuando otro misil voló sobre el territorio polaco de Oserdow con destino a Ucrania por error, provocando la activación de las defensas aéreas propias y de los aliados. El 11 de febrero el mismo sistema Su-24, que ocasionó el falló anterior, ofreció otro espectáculo por error cuando sobrevoló la bahía de Gdansk durante un minuto y 12 segundos, adentrándose unos 6,5 kilómetros en territorio polaco. Este puerto frente al Mar Báltico tiene tanta importancia estratégica para los rusos como la tenía para los nazis alemanes, y da igual si dicen que fue un fallo como en los casos anteriores, sabemos lo que hay en juego. Allí nació, por cierto, el movimiento del Sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa, clave en el fin del comunismo en Europa. Como dije, no importa si aceptan haber incursionado "por error", lo siguieron haciendo dos meses después con un helicóptero de combate de la Flota Rusa del Báltico en las aguas territoriales polacas y siguió viaje hasta su espacio aéreo, rastreado por la Agencia Polaca de Navegación y seguido hasta que abandonó los límites. 


El 20 de agosto del 2024 un Geran-2 explotó y se estrelló a medianoche en Osiny, cerca de Lukow, apenas a 100 kilómetros de la frontera común.; al mes siguiente, dos drones rusos penetraron en Polonia mientras atacaban el oeste de Ucrania, fueron custodiados hasta los límite por aviones polacos y de los aliados. Cuando la incursión de septiembre tuvo lugar, ya  había caído otro aparato no tripulado en territorio polaco de Polatycze, cerca de la frontera con Bielorrusia, un aliado de Putin, que permitió en su territorio la realización de ejercicios militares a las Fuerzas Armadas Rusas previos a la invasión a Ucrania. En aquellos días, los sistemas de defensa antiaérea y los radares estuvieron en alerta máxima y varios aeropuertos en territorio polaco fueron cerrados hasta el cese de la amenaza. En apoyo de Polonia vinieron aliados holandeses, italianos y estadounidenses.  El 19 de septiembre, dos aviones de combate rusos violaron la zona de seguridad de la plataforma de perforación Orlen Perobaltic, Esta última escalada contra Polonia fue planeada  desde julio pasado. Lograron instalar y se descubrieron unas tarjetas SIM polacas en drones rusos derribados en Ucrania, según una investigación realizada por el medio de comunicación ucraniano Defense Express, publicada el pasado 10 de septiembre. El descubrimiento puso al descubierto el plan de Moscú de probar la conectividad de sus drones con las redes móviles polacas, y no solo con estas porque una estratagema similar se detectó con fichas lituanas y se sabe que vienen utilizando la táctica en la propia Ucrania. El uso de Internet móvil como se ha visto en los casos de referencia permite a los aparatos no tripulados habilitados con cámaras a trasmitir en tiempo real las imágenes y datos de reconocimiento, ajustar las rutas de vuelo y capturar información sobre los sistemas de defensa aérea en una guerra electrónica. Esta investigación debería alertar a los aliados sobre la importancia de este tipo de tecnología con vista también a maniobras militares rusas los mares Mediterráneo y Báltico como las realizadas hace poco con Bielorrusia Zapad-202.


Los países miembros de la OTAN habían venido denunciado violaciones de sus espacios aéreos por parte de Rusia. Zelensky advirtió durante su intervención en el Foro de Seguridad celebrado recientemente en Varsovia : Moscú está poniendo a prueba hasta dónde puede llegar. En ese espacio de encuentro,  propuso crear un sistema conjunto de defensa antiaérea con participación de Ucrania, Polonia y otros socios regionales para contrarrestar la amenaza rusa. Por si a alguien no le queda claro, lo que el presidente ucraniano considera necesario es establecer un sistema paneuropeo de defensa aérea. Las amenazas rusas, en opinión de algunos analistas militares, son la respuesta obstinada de Putin por las sanciones económicas y comerciales impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos.


Hay unos 10 países de la OTAN afectados por las incursiones aéreas rusas sobre sus territorios. Estonia  fue sorprendida por tres MiG-31 de combate el 19 de septiembre pasado, una operación de 12 minutos sobre el golfo de Finlandia. El encargado de negocios ruso, convocado por las autoridades en Tallin, negó que su país estuviese involucrado en la violación. Pero lo ha hecho cuatro veces este año. Lituania es otra nación expuesta a las amenazas rusas con drones enviados desde Bielorrusia. Cuando en febrero del 2023 varios de estos aparatos cruzaron su espacio aéreo, el ministro de Asuntos Exteriores,  Kestutis Budrys, los vio como una señal de que los rusos pretenden ampliar a otros territorios europeos de la OTAN la guerra de Ucrania, medie o no de antemano una provocación.  "La amenaza es real y cada vez mayor", apuntó con alarma. Lituania, con una costa amplísima bañada por el Mar Báltico y con Rusia en su flanco sur, ha exigido elevar el tono y pasar de la mera vigilancia a la acción. El Gobierno lituano aprobó recientemente una ley para autorizar a sus fuerzas armadas a derribar cualquier aeronave no tripulada, que viole su espacio aéreo, lo que evidencia la gravedad de la situación en la que se halla. Esta medida de neutralización de aparatos de bajo coste como los drones en relación con el gasto mucho mayor del uso de misiles de largo alcance para tumbarlos resultará a la larga una sangría insostenible para las arcas  tanto de Lituania como de sus aliados europeos. Las alarmas no se han disparado de momento porque ninguno de los bandos desea una confrontación a un mayor nivel. Letonia encontró  el 18 de septiembre de 2025 fragmentos de un dron ruso Gerbera en una playa occidental cerca del mar Báltico, pero antes, el 7 de septiembre del 2024, un dron militar se estrelló en suelo letón.  Y esto es solo el inventario concerniente a las repúblicas bálticas.


Noruega es otro país que ha sufrido al menos tres violaciones de su espacio aéreo entre abril y agosto de 2025. Suecia ha sido otra víctima temprana de estos amagos de amenazas de Moscú cuando el 4 junio del 2024 un bombardero SU-24 sobrevoló la estratégica isla de Gotland, en el mar Báltico, una plataforma ofensiva/defensiva para los suecos y para la OTAN, muy en especial ante las nuevas tensiones creadas por Rusia. El aparato se retiro tan solo cuando el país desplegó dos cazas Jas-39 Gripen y le obligó a salir fuera de su jurisdicción. La ultima incursión sobre Rumania tuvo lugar 13 de septiembre de este año cuando el dron Shahed planeó sobre ese territorio antes de volver a dirigirse a Ucrania, pero un año antes otro dron había sobrevolado el espacio aéreo, según información del Ministerio de Defensa Nacional Rumano. Moldavia ha sufrido múltiples violaciones, la última el 13 de febrero de este año, y Alemania, al menos en una ocasión.


La estrategia de Rusia en su guerra contra Ucrania es de desgaste, con ataques continuos y frontales, el uso intensivo de la artillería y de drones; usa también los pequeños grupos de asalto para resquebrajar la logística y avanzar de manera gradual.  La maniobra de apertura de la guerra fue el asalto aéreo al aeródromo de Gostomel para establecer una cabeza de puente y avanzar hacia Kiev con el apoyo de columnas mecanizadas de Bielorrusia. Y aunque Ucrania esperaba el ataque, la desestabilizaron las operaciones de Inteligencia sobre algunos jefes de unidades  e instituciones y los sabotajes en la retaguardia en la primeras horas. Zelensky logró trasmitir un mensaje de confianza,  resistencia y coraje a su pueblo y la aviación ucraniana mantuvo a raya a los rusos, que no llegaron a Kiev. La estrategia de Ucrania es defender su soberanía y resistir hasta convertirse en una nación fuertemente armada y con cierta táctica, desgastar a su enemigo. Ambas partes usan drones de corto y medio alcance y Kiev desea que a largo plazo los ataques sean muy caros para los rusos. De ahí la utilización de tácticas disuasorias y evitar la batalla convencional y por supuesto, y no menos importante, buscar apoyo militar con países europeos y Estados Unidos. Su idea del paneuropeísmo en la defensa aérea persigue desarrollar un ejército común. 


Ante lo que la OTAN ha percibido como una amenaza, se puso en marcha la Operación Vigilancia, una suma de actividades disuasorias  para proteger el espacio aéreo y marítimo de sus países miembros. Caso de detectarse una amenaza, se lanzan aviones de combate para identificar y escoltar a la aeronave sospechosa. La Policía Aérea Reforzada es parte de las medidas de seguridad en el flanco este europeo, en el caso del marítimo dispone de la Operación Sea Guardian, en especial sobre el Mar Mediterráneo. Ambas secciones se complementan con operaciones de vigilancia y protección de las infraestructuras submarinas críticas como cables de datos y gasoductos en el Mar Báltico. Si hablamos de capacidades convencionales, la OTAN es más fuerte que Rusia, ya que la supera en aeronaves, buques de guerra y vehículos terrestres. En términos de armamento nuclear, el Kremlin posee un arsenal mucho mayor, lo que un analista militar consideraría elemento clave en su poderío estratégico. 


Otro elemento de autodefensa es el proyecto OCTOPUS, una iniciativa de colaboración diseñada para mejor la capacidad europea para contrarrestar las amenazas aéreas, y que implica la producción a gran escala de drones de interceptación en Gran Bretaña diseñados en Ucrania. Esto formará parte de una más amplia estrategia llamada muro de drones. "Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y sus aliados emplearan, según el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir cualquier amenaza procedente de cualquier dirección, dice una declaración, que agrega: Seguiremos respondiendo de la manera en el momento y el ámbito que elijamos. Nuestro compromiso". Reiteró también "su compromiso de apoyar a Ucrania "cuya seguridad contribuye a la nuestra en el ejercicio de su derecho inherente a la autodefensa contra la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia".


Desde el inicio de la invasión, el Kremlin ordenó que se la llamara "operación militar especial". Cría entonces que su labor de zapa llevaría a la rendición a los ucranianos y aquella entrada en acción duraría a lo sumo unas semanas; a lo que se enfrenta ahora es a una guerra pendular. Los eufemismos, tan del gusto de Moscú, llegan a llamar a la guerra la manera de mantener la paz (nunca violada por parte de la autoridades de Kiev), al más puro estilo tardo soviético; el término guerra jamás se utiliza por los medios de comunicación rusos ni por sus líderes, sujetos todos a la supervisión y control llamado del Rozkomnadzor; prevalece el silencio informativo con la ausencia de imágenes o datos reales de como se desarrolla el conflicto en el campo de batalla. Decía Unamuno que el silencio es la mayor de las mentiras. Ante los suyos, Putin aparece como un líder que se ha visto obligado a llegar a esa situación ante las muchas "provocaciones" de Ucrania, convirtiendo así a la víctima en verdugo. Este es un hombre de gran disciplina ( hasta la brutalidad ) y que presta la máxima atención a los detalles.


El balance humano de esta guerra hasta los índices de septiembre del 2024 es de 600 mil rusos y 480 mil ucranianos muertos. Son datos reveladores de hasta donde puede llegar el Kremlin si echamos cuentas con otros conflictos en los que se ha involucrado Rusia, primero como URSS en la guerra de Corea, la invasión de Checoslovaquia en 1968, la guerra de Vietnam en apoyo del Norte, la afgano-soviética, que duró diez años, y, después, como Federación Rusa en la de Chechenia y la ruso-georgiana y la intervención en Siria en 2015. En Ucrania, podríamos estar ante el más mortífero registrado desde la II Guerra Mundial y el que más bajas ha causado a los rusos.


A medida que los estas fuerzas avanzan y ocupan nuevos territorios, el numero de ucranianos disponibles para la lucha armada disminuye. De 42 millones de ciudadanos residentes en el país antes de la invasión e inició de la guerra, quedan entre 25 a 27 millones. Si bien los rusos han perdido al menos 600 mil soldados y los ucranianos, 400 mil, las cifras no deben engañarnos, las pérdidas proporcionalmente son mayores para Ucrania.  Zelenski, alertó ante la ONU el pasado 28 de septiembre que Rusia está poniendo a prueba a Europa con incidentes híbridos, como las al menos seis violaciones del espacio aéreo de los países miembros de la OTAN.


Ante la ONU precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, amenazó con una respuesta contundente de su país ante cualquier agresión. A pesar de sus varias incursiones sobre el espacio aéreo europeo, el representante de Putin no pudo mencionar ninguna provocación a su país.  Aprovechó la ocasión para reiterar, ante la posibilidad de sentarse a negociar un acuerdo de paz, con Ucrania, que esta nación no recuperará los territorios ocupados durante la actual contienda. Hasta el momento, el ejército ruso controla entre un 18 a 20% del territorio ucraniano, concentrado ante todo en el sur y el este, lo que se cifra en 3,200 km2 de tierra ucraniana ahora en manos rusas. Algo similar a lo ocurrido con la península de Crimea en 2014 cuando tuvo lugar la anexión condenada internacionalmente. Aunque en poder de los rusos, este territorio en la costa septentrional del mar Negro en Europa Oriental, sigue considerándose parte integral de Ucrania por la mayoría de países y en particular por las autoridades de Kiev, que la reivindican como parte de las tierras ocupadas. Moscú sigue aplicando la leyes de la Federación Rusa en este territorio. En un censo del 2001, el 77% de los habitantes de esa región tenían como lengua materna el ruso, un 11.4%, el tártaro y un 10.1%, el ucraniano.


La orientación en la guerra es sobre todo, según algunos analistas, una cuestión de matemáticas, un buen líder político o militar, sin embargo, echará mano también a la destreza y al instinto. Existe una gran disparidad entre la realidad y la mitología creada alrededor de un determinado acontecimiento y entre la sutileza de quienes participaron en la contienda y los relatos leídos en la prensa. Ucrania ha demostrado una gran capacidad de resistencia y defensiva con pocos recursos frente a un enemigo formidable. La información de la que disponemos nos indica que los rusos siguen depositando la iniciativa de la guerra en los generales y otros altos mandos, lo que les ha producido pérdidas notables a ese nivel. Al menos diez generales han muerto en el conflicto con Ucrania, según el Kremlin, pero el país ocupado ha reivindicado el deceso de otros cinco, de los cuales Kiev ha identificado a dos. En cuanto a soldados, los rusos han perdido 160 mil de acuerdo a cifras de diciembre del 2024 y 250 mil hacia agosto de 2025, además de 810 mil heridos. Sabemos que este número llega al millón en lo que va de conflicto armado, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La cantidad de ambos bandos en total podría ser de 1,4 millones, e acuerdo al Centro de Estudios Estratégicos de Washington.


Después de casi cuatro años de enfrentamientos, la guerra ruso-ucraniana se ha consolidado como un conflicto de desgaste, con ataques continuos y frontales, el uso intensivo de artillería, además de los drones para avanzar de manera gradual mientras deterioran la logística.  El uso de drones de largo alcance por ambas partes ha centrado buena parte de las hostilidades. Ha convertido a ambos países en economías de guerra, todo lo que producen y gastan va destinado al conflicto.  La utilización de aparatos no tripulados ignora el credo clásico de la guerra porque pueden destruir enclaves considerados antes como seguros. En la última   semana, Rusia lanzó unos 50 misiles, más de 3,270 drones de combates y 1.370 bombas guiadas contra Ucrania. Los drones de combate son aviones no tripulados de reconocimiento con carga armada, lo que obliga a la OTAN a redefinir las estrategias de defensa en el flanco este de la Alianza. España, que participa en la Operación Vigilancia, ha aumentado sus capacidades de radar para identificar objetos más pequeños. La movilización ciudadana y gubernamental se sigue extendiendo por el continente. Alemania acordó la vuelta al servicio militar para fortalecer sus fuerzas armadas El principal elemento disuasorio sigue siendo el respaldo inequívoco de la OTAN y su presencia reforzada en la región,


La Alta Representante en Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, ha reafirmado el compromiso de Europa con Ucrania con financiación y envío de armamento. Esta mujer, en busca y captura por el Kremlin, pretende limitar los movimientos de los diplomáticos rusos en la UE. Esto implicaría que cualquier estado miembro podría rechazar la entrada a su territorio de este personal dentro de sus leyes de seguridad. Esto forma parte de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye la propuesta de prohibición de la Unión Europea a las importaciones de gas natural licuado ruso en el marco de un año. El proyecto de acuerdo para proteger los intereses comunitarios en materia de abastecimiento energético proveniente de la Federación Rusa nace de la gradual prohibición de petróleo y gas natural licuado con vista a finalizar la dependencia en 2026. Esta propuesta cuenta con la aprobación del Comité de Industria, Investigación y Energía del Comercio Internacional.

Rusia es un importante exportador de gas y petróleo. Las sanciones promovidas por la Unión Europea y Estados Unidos contra Putin han provocado el aumento en los precios de la energía y los combustibles, con el resultado de un impacto grave en la economía de hogares y empresas, El Fondo Monetario Internacional planteó que la inflación mundial, que había crecido significativamente desde el inicio de la guerra ruso-ucraniana, podría alcanzar un 8,3%  y así ha sido desde 2022, si bien las cifras varían según los períodos y países. Lo que afecta a la inflación es la oferta de bienes, el transporte, la demanda y los sucesos geopolíticos, como en este caso, la guerra. Uno de los indicadores del merado energético al alza es el precio del barril de Brent (referente europeo) con una cotización por encima de los 100 dólares por barril. 


Rusia y Ucrania son grandes exportadores mundiales de cereales y aceites vegetales. Un bloqueo a los puertos ucranianos del Mar Negro, siendo el principal Odesa, cuyo control mantiene Kiev a pesar de los intensivos y constantes ataques rusos, crearía un problema para el tránsito comercial, paralizaría las exportaciones, lo que promovería una subida de los pecios de los alimentos y derivaría en una crisis alimentaria. La mayoría de puertos ucranianos están bajo control de los rusos salvo Odesa, que permite seguir exportando mercancías con una pasarela marítima por aguas territoriales de la OTAN. Turquía, que controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, creó problemas temporales en dos ocasiones: en marzo de 2022 cuando evitó el paso de buques rusos y en enero del 2024 al bloquear el paso de un dragaminas británico donado a Ucrania. Estas interrupciones intermitentes e importantes fue lo que llevó a la OTAN a crear el corredor alternativo. Seis países comparten en total la costa del Mar Negro:  Bulgaria, Georgia, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania. Rusia tiene 800 km y Ucrania 2782, incluido el Mar de Azov.


Han habido varios intentos de poner fin a la guerra ruso-ucraniana desde febrero del 2022. Los desacuerdos sobre puntos claves han impedido seguir con las conversaciones,  Rusia reclama la aceptación europea de la anexión de cuatro regiones del sur y este de Ucrania: Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiya y como quinto elemento la península de Crimea. Serían unos 90.000 kilómetros cuadrados o un 15% del territorio. De llevarla adelante, estaríamos ante la mayor anexión de territorio europeo desde la II Guerra Mundial. Unas encuestas cerradas encargadas por Moscú en Ucrania en julio de 2022 señalaban que cerca de un 30% de los encuestados apoyaban unirse a Rusia, otro 30% deseaba permanecer en bajo soberanía ucraniana y el resto se había negado a responder. En otro sondeo, el del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, realizado entre el 13 y 18 de marzo de 2022, el 77% de los ucranianos residentes en los territorios ocupados por Rusia afirmaron que hasta apoyar la prolongación de la guerra era preferible a conceder a los rusos territorio ucraniano y no sostendrían concesión alguna a Moscú, Comparando estas y otras investigaciones sobre el estado de ánimo de la población, solo un 24% de los rusos étnicos en Ucrania apoyaban alguna entrega de territorio a Putin.


Ucrania ha solicitado en ocasiones garantías de seguridad como medida temporal antes de poder integrarse en la OTAN, pero sigue sin haber consenso entre los miembros para un acuerdo de esta naturaleza. Zelenski declaró en 2023 que Ucrania no negociaría con los rusos a menos que retiren sus tropas. Después de EEUU, Alemania es el mayor apoyo de Ucrania, tanto en lo político como en lo financiero, militar y humanitario. La reciente oleada de diplomacia de Donald Trump, desde su nombramiento como presidente, ha puesto sobre una eventual mesa de conversaciones los ricos territorios en minerales de Donetsk y Lugansk, que Putin ha tenido la desfachatez de incluir como territorios rusos en la Constitución. Con este conocimiento, sabemos que en cualquier conversación estarían en la agenda ambos territorios. Ha sido precisamente en el Donbás, que es como se conocen los dos citados territorios, la región en la que se ha librado gran parte de la guerra. La meta rusa es terminar de apoderarse de la parte del territorio controlada todavía por Ucrania equivalente a dos tercios.


Putin intentó mostrar un  respaldo a su invasión por parte de los habitantes del Donbás en una burda manipulación de la que se burló la prensa. La mayoría de ucranianos sigue oponiéndose a ceder territorio a Rusia, de manera que, si como desea Trump, se puede poner fin a la guerra, Zelenski debe acceder a las pretensiones del Kremlin. Algunos analistas señalan que ninguna garantía de seguridad, aun respaldada por EEUU, podría servir para concesiones en las que el presidente ucraniano se las vería muy difícil para convencer a su pueblo de que acepte el reparto propuesto por Moscú. Muchos recuerdan cuando tales pactos de nada sirvieron si uno de los bandos se propone agredir al otro y los propios rusos tienen el ejemplo del pacto entre Stalin y Hitler, acuñado como Ribentrop-Molotov, y que los nazis rompieron al invadir a la URSS. La cuestión es que en este momento de la contienda, si los rusos se hacen con todo el Donbás, Kiev perdería las únicas cartas de que dispone para lograr un acuerdo de paz.


Los militares ucranianos razonan que el avance ruso ha sido lento en estos años de guerra en esos territorios y entregar a Putin el resto del Donbás sería proporcionarle ciudades y fortificaciones para verse más reforzado en caso de realizar otras invasión. El Donbás siempre se ha visto como prorruso, en 2010, la mayoría de su población votó por el presidente prorruso Viktor Yanukowich. Unas fuertes protestas a favor de Europa y de mantenerse dentro de las naciones libres del continente cuando el mandatario pretendía plegarse a Moscú, le obligaron a dimitir en 2014. Rusia utilizó cierta ventaja en ese momento y ocupó Crimea. Después fomentó movimientos separatistas con la entrada ilegal de soldados rusos y le echaron la zarpa a un tercio de la zona del Donbás, previo a la actual guerra. Putin estaba en contra de un autogobierno de la región, como proponía el gobierno ucraniano para resolver los problemas en esa zona, tras negociar un acuerdo de paz en 2015. El propósito de Moscú con esa negativa era convertir a Ucrania en un país títere, sin capacidad soberana en política exterior e impedir su ingreso la UE y la OTAN como habían logrado hacer otras naciones antes ubicadas tras el telón de acero.


Zelenski ganó las elecciones de 2019 con la promesa de lograr la paz con Rusia, abierto a la idea de un estatuto especial para el Donbás y ese mismo año aceptó participar con Putin en una cumbre en París, pero las presiones internas y el deseo de la población de no hacer concesiones a Moscú le hicieron dar un giro de 180 grados, lo que hizo enfadar al zar ruso y dio lugar en 2022 a la invasión. Las conversaciones de paz no están más cerca ahora que antes y parafraseando a Helmut von Moltke la paz eterna es una ilusión, ni siquiera es un bello sueño si contabilizamos todo lo que hay que pagar por alcanzarla. 

sábado, 27 de septiembre de 2025

El "affaire" de las pulseras antimaltrato

Plantada en esa actitud negacionista habitual entre los funcionarios del Gobierno frente a hechos relevantes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, viene ignorando sistemáticamente las evidencias por largo tiempo sufridas del fallo recurrente en las pulseras anti-maltrato. Sus declaraciones de las últimas semanas cuando se "levantó la liebre" y se hizo público lo que venía ocurriendo van por el camino de desestimar todo lo que ponga en riesgo su gestión y la obligue a dimitir. Una cosa es cierta, en este Ejecutivo socialista no dimite ni Dios.


El dispositivo telemático consiste en un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance, colocado en la muñeca de la víctima y en el tobillo del agresor, conectado a un móvil con GPS, que este último está obligado también a llevar. El teléfono permite generar alarmas y no debería  ser factible su manipulación por el usuario. Hay un caso significativo en el que el maltratador, no solo se había quitado la tobillera, sino que disponía de otro aparato. En Telegram, estos sujetos disponen de un chat donde se les enseña a quitárselos.


Si ambas pulseras están dentro del radio de alcance establecido por una orden de alejamiento, la víctima escuchará una alarma sonora. Si entrase en pánico solo debe pulsar el botón de emergencia. A la distancia que los separa se le llama zona de exclusión, que fija aquellos lugares cuyo acceso le está prohibido al maltratador como pueden ser, no solo la vivienda, sino el trabajo o el colegio donde recoge a sus hijos.


El Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, bajo las siglas de COMETA, dependiente de la empresa de telecomunicaciones Vodafone, es el operador con el que ha estado trabajando el ministerio de Igualdad, desde la firma del contrato por 30 meses en noviembre del 2023 y valorado en 42 millones y medio de euros con la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este plan fue establecido para recuperarse de la crisis del COVID-19, con un total de 750,000 millones de euros en créditos y subvenciones para apoyar la economía de los Estados miembros hasta 2026. España recibiría hasta 140 millones mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y la igualdad de género. 


Cada dispositivo cuesta 1,200 euros, se han adquirido en una primera compra 7,600, pero podría haber otra en 2026 de 3,771. Redondo anunció que habría "mejoras" con la próxima licitación para la gestión de las pulseras anti-maltrato. Esto ocurrió cuando la situación con la judicatura se había hecho insostenible. La prensa nacional  ha llamado la atención sobre la rotundidad de la Ministra al asegurar el "buen funcionamiento" de los dispositivos porque su cartera se ha ocupado de resolver las incidencias "puntuales", que no son tantas como para "provocar alarma social". En cambio y a pesar del buen funcionamiento, se ha decantado por cambiar de servidor y por no informar antes de lo que estaba sucediendo.


Al aprobarse la controvertida ley conocida como "solo sí, es sí" el 6 de septiembre de 2022, se puso en el centro de las agresiones sexuales el consentimiento. La norma unificó antiguos delitos de abuso y agresión sexual dentro de un mismo concepto: la agresión sexual como conducta cuando el hombre no cuenta con la aceptación explícita de la mujer. Cuando comenzó su aplicación, los jueces confrontaron problemas como que las penas de prisión para maltratadores y agresores sexuales se vieron sensiblemente reducidas por ausencia de una disposición transitoria en la limitación de la aplicación retroactiva, esto permitió a los delincuentes condenados solicitar la revisión de condenas bajo el nuevo Código Penal.


Otra cuestión tenía que ver con el principio legal de aplicarla de la manera más beneficiosa para el reo, lo que abrió las puertas a la reducción de penas y hasta la excarcelación en algunos sujetos. Unificar dos conceptos en uno solo provocó además la discrecionalidad, así que, según el juez y su dominio, la conducta se castigaba de forma distinta. La seguridad jurídica se vio socavada y se generó un trato desigual.


La ministra de Igualdad de la época, Irene Montero, una de las lideres de Podemos, minimizó la complejidad técnica de la ley y la posible laguna legal en cuanto a las penas, a pesar de los avisos, antes de entrar en vigor, de juristas, jueces y  organismos competentes. El goteo constante de noticias de rebajas en las condenas y la salida de algunos presos generó alarma social y una crisis política en un año electoral, el 2023, en que ya se cuestionaba el quehacer de Pedro Sánchez y sus ministros. Se puso de manifiesto entonces cómo el Gobierno socialista integraba la ideología en el derecho penal.


El uso obligado de las pulseras resulta un derivado de esa ley con la intención de proteger a las víctimas. Como se ha visto en estos días, siempre ha sido un parche, en modo alguno efectivo, para los problemas generados por la aplicación de la norma del sí  es sí. Resulta irrisorio que no se haya desvelado el fabricante o a que entidad o individuo le fueron compradas cuando hay rumores de que Montero, hoy diputada del Parlamento europeo, pudo comprarlas a los chinos mediante la empresa Ali Express con el objetivo de ahorrar costes. La ministra Redondo lo ha negado en redondo, pero sigue sin dar a conocer la entidad a la que se compraron las existentes,


COMETA debía seguir un protocolo al detectar cualquier fallo del sistema: darlo a conocer al agente encargado de la víctima en cuestión y elaborar un informe para la autoridad judicial y el ministerio fiscal a fin de que se tomaran medidas. Debemos saber que se destina solo un agente para entre 100 o 200 usuarias de la pulsera, lo que como han venido denunciando ellos mismos, resulta insuficiente. Tampoco hay que ser un ducho en la materia para darse cuenta. Han destacado asimismo que las pulseras pueden fallar si se sumergen, lo que las hace manipulables. Redondo insiste en que las dificultades han sido superadas y los dispositivos funcionan bien.


Los fallos eran harto conocidos desde la gestión anterior por la empresa Telefónica y había gran preocupación por parte de los jueces y otras autoridades involucradas. La Fiscalía General del Estado se ha visto obligada a mencionar esto en su Memoria de 2024. Los magistrados confirmaron que la migración deficiente de datos crea problemas en los procedimientos judiciales por la imposibilidad de probar el quebrantamiento de las medidas de alejamiento y en consecuencia perseguir a los burladores. Pérdidas constantes de cobertura, salto del GPS, alarmas nunca visibles en los paneles de control, son algunas de las deficiencias. 


La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza,  compareció hace unos días ante el Congreso de los Diputados. Se disculpó con las víctimas y sugirió la posibilidad de imponer sanciones por los fallos ocurridos durante la migración de datos de 2024, una reacción parecida a la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en cuanto a abrir "una pequeña investigación". Martínez, en declaraciones anteriores, señaló que COMETA es un elemento más dentro de un completo sistema de protección a las víctimas, que salva vidas cada día y permite avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista, Con violines de fondo, incluidos.


Redondo, convocada para intervenir ante el Senado el próximo primero de octubre, insiste en que las mujeres estuvieron "protegidas" en todo momento y asegura que el sistema de monitoreo ha funcionado. El Pleno del Congreso aprobó una propuesta del mayor partido en la oposición, el Partido Popular, para censurarla por su gestión de los dispositivos anti-maltrato y eso duele, claro que sí, sobre todo si no quieres que la mancha te obligue a renunciar. Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, creado en 2002,  calificada de progresista por el Diario.es, acepta el sostenido fallo de las pulseras. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tenía constancia en 2024 de 4810 dispositivos en activo, pero se abstuvo de precisar cuántos podrían estar afectados por los fallos. La portavoz de Moncloa, Pilar Alegría, ministra de Educación, admitió que durante al menos 5 meses hubo ausencia de datos.


La ministra de Igualdad se ha escudado en que ninguna mujer ha sido asesinada con el sistema de protección y  únicamente eso es lo que hay que valorar. Lo de exigir responsabilidades al servidor puede quedar para  2026 cuando expire el contrato. Le ha dado por conceder entrevistas televisivas y radiadas a  los medios de comunicación subvencionados por el Gobierno o afines a éste y al PSOE, con lo que ha evitado preguntas incómodas o cuestionamientos. A Televisión Española le dijo que "es absoluta y radicalmente falso que las incidencias pusieran en peligro a las mujeres". Para  el canal de televisión La Sexta reservó que "no hay casos de mujeres desprotegidas por la pulsera". "No se puede garantizar que no haya más errores en la migración de datos de las pulseras", advierte. Ha hecho énfasis en Hora 25 de la cadena Ser del buen funcionamiento de los dispositivos, que "salvan vidas". Saca a colación que no puede saberse si el acercamiento es doloso o no, lo que suena muy absurdo por que para ella carece de importancia lo que es en sí mismo la violación de la orden de alejamiento. Sea con un fin doloso o no, hablamos de maltratadores condenados o que están siendo investigados por la justicia. Para la Ministra es difícil saber el número de maltratadores beneficiados por los fallos de los dispositivos anti-maltrato. Los protocolos son también muy complejos, como lo es también la migración de datos y puntualiza lo obvio: las pulseras están para proteger a las mujeres. ¿Y para qué si no?


La Audiencia de Granada fue la primera en alertar en julio de 2024 de las disfunciones en cuanto a los datos con los que trabajar en las condenas y lo hizo una vez más en febrero de 2025. La Guardia Civil halló también problemas en  el control telemático de COMETA. Comprobó que las mujeres se sentían desprotegidas y alguna hasta había devuelto la pulsera en sede judicial. El fiscal coordinador de la violencia sobre la mujer apunta al archivo de muchos procesos, dentro de los oficiados por COMETA, al no hallarse el agresor en el lugar en que estaba la víctima o que esta estuviera en su casa cuando se hallaba en la Guardia Civil. Este cuerpo armado ha ratificado varias veces la clamorosa falta de notificación de las disfunciones. Ninguna alarma registró las numerosas visitas de un agresor a las inmediaciones de la residencia de su víctima, por citar un caso conocido. La Mesa Técnica de Cáceres, en sus reuniones del 18 de noviembre del 2024 y el 25 de abril de este año, alertó a la Audiencia Provincial de la recurrencia de los errores.


Ha habido fallos de medición de distancias en zonas rurales y fronterizas. En resumen, estamos ante un problema nacional, tratado en las diferentes Comisiones provinciales sobre Violencia de Género y por los jueces. Para Redondo todo es de una complejidad tremenda, empezando por el propio sistema. Nunca menciona cifras concretas, señala de soslayo a las propias víctimas, a los jueces y a COMETA como responsables, esquivando su propia responsabilidad. Lo que ha dicho es que "sería una irresponsabilidad de su parte irse en este momento", ante la clamorosa ausencia de una dimisión. Son incidencias técnicas de un sistema muy complejo, dice. 


Y como el Ejecutivo socialista no se hace responsable de nada de lo que está pasando, Redondo dice que resulta mezquino "utilizar a las víctimas para hacer oposición" en un pretendido dardo contra el PP. No le consta absolución alguna por falta de acceso de los jueces a los datos, que es precisamente de lo que se quejan los magistrados. No nos engañemos, señala, es complejo detectar los errores con consecuencia de absolución, La valoración constatable y constatada del gestor en este caso es un 3,6 sobre 10.  El ministro de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, una de las figuras más importantes del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dado todo por zanjado. A su juicio ha sido aclarado convenientemente.

lunes, 22 de septiembre de 2025

Sanchez

El caos lidia con el caos. Supongamos que estamos a punto de ser abrazados por un gran incendio. ¿Qué haríamos? Podríamos originar varios focos más pequeños  para consumir  el combustible e intentar salvarnos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decidido a sangre y fuego a aguantar en la Moncloa dos años más, hasta las próximas elecciones,  viene haciendo algo similar.


Claro que valdría un adelanto. Motivos no le faltan. Este año es el tercero consecutivo en que no se han podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy, tuvo a bien recomendarle que, en caso de no conseguir aprobarlos, convocara de inmediato elecciones generales. El clásico caso de haz lo que yo digo mas no lo que yo hago.


Parecería también otra razón apropiada de adelanto electoral ser el jefe de Gobierno español con más decretos promulgados en democracia, una cantidad cifrada en 155, mas del doble de los aprobados por Rajoy. Si te gusta una ley, que no place a todo el Legislativo o no deseas debatirla si sabes que no pasará porque la norma en cuestión solo beneficia a tus intereses, siempre te quedará el decreto. 


¿Qué razones habría para seguir navegando por un mar proceloso? A mi se me ocurren varias, aunque mencionaré lo que puede tener más peso para el presidente. No le gustaría ser alguien sin protección jurídica, sin inmunidad, sujeto a la ley como cualquier español corriente. Se le ha escuchado decir de si mismo sin rubor:  "pasaré a la historia" como el que desenterró y trasladó los huecos del exdictador, Francisco Franco. El lugar de reposo de los restos fue hasta el 2019  el monumento y mausoleo del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, donde descansan también otras  figuras del régimen y combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil. Algunos han sido reubicados sin permiso de sus familiares. Franco descansa ahora junto a su esposa, Carmen Polo, en el cementerio de Mingorrubio, en la zona de El Pardo. 


Dentro de la campaña auspiciada por el Gobierno, con muy buena acogida de la gente, de colocar en una pica a Israel, rescatar lo del Estado palestino rechazado por los países árabes cuando la ONU lo aprobó en 1947 y reventar la Vuelta Ciclista a España en su tramo final por la participación de un equipo israelí, dijo también haberse colocado del "lado correcto de la historia". Cuando se le escucha pronunciar frases tan pomposas, en las que claramente se aprecia su interés de pasar a la historia como un héroe o un estadista brillante, parecería que estuviéramos ante un místico, alguien bendecido por los dioses, abocado a una misión. 


Desde hace algunos años, estamos dentro del ojo del huracán globalista, en medio de una corriente de relativismo moral, enfrascada en la tarea de revisionismo histórico y cambiar nuestra percepción de fenómenos políticos. Esta senda solo terminará cuando nos desprendamos de nuestra identidad y seamos esclavos del Nuevo Orden Mundial.  Puede que Sánchez se nutriera de esas ideas y se vea en el "lado correcto de la historia" debido a las varias entrevistas en Nueva York  y en Madrid -dicen que todo muy secreto- con el multimillonario húngaro George Soros. O tal vez vinieran de antes.


A Soros lo denunció VOX (que representa el voto de 3 millones de españoles, colocándose como la tercera fuerza política en el país) ante la Unión Europea por desestabilización y sabotajes e injerencia en procesos democráticos. Periodistas de investigación lo consideran la sombra tras la financiación de movimientos políticos y rebeliones en todo el mundo. La Guardia Civil española ha tenido todos estos años un dossier  probatorio de sus vínculos con el independentismo catalán en un afán de romper España. Su mano colmada de billetes promueve a todo trapo noticias falsas y teorías de la conspiración, que aprovechan nuestros miedos y prejuicios.


Para este conocido antijudío, cuyo verdadero apellido es Schwartz, de la judería sefardí, aunque no se le pueda considerar comunista, la campaña mundial contra Israel y por un Estado palestino, ahora, en plena guerra en Gaza, conviene a sus intereses y a la tropa de multimillonarios siguiéndolo en su apuesta  por el Nuevo Orden, para hacer desaparecer los actuales centros de poder y ocupar ellos su lugar. Como leímos en el Gatopardo, cambiarlo todo para que todo siga igual. Porque es de eso de lo que se trata. Ha financiado más que simples protestas en los últimos años en Estados Unidos, con presencia destacada de la violencia. Patrocinó el proceso independentista catalán y ayudó a la realización de un referendo no autorizado por las Cortes derivado de una no menos ilegal declaración de independencia. La Guardia Civil lo sitúa tras una aplicación (app) creada con el único objetivo de blindar todo este proceso por el que Mariano Rajoy, entonces presidente del Ejecutivo, se vio impelido  a imponer el artículo 155 de la Constitución, para lo que contó con el apoyo del PSOE, en busca de controlar un despropósito, que podría haber desestabilizado al país. Sánchez, ese narcisista consumado, ese psicópata funcional, encantado de haberse conocido, figura como marioneta de los promotores del Nuevo Orden, pero no hay que engañarse tampoco, esto le otorga un respaldo importante y responde a sus intereses políticos.


Hay muchos actos cuestionables en la trayectoria política de los últimos diez años del secretario general del PSOE y jefe de Gobierno de España. Durante la celebración del 39 Congreso en 2016 se atrevió a colocar personalmente, según testigos, una urna tras una cortina, de tapadillo, sin control, sin censo y sin interventor, para forzar la realización de un Congreso extraordinarioSus partidarios pidieron perdón tras resultar descubiertos en una maniobra sin precedentes en la historia interna de la organización. El Comité Federal la calificó de pucherazo, coordinado por el vasco Rodolfo Ares, en medio de brotes de cainismo y odio, evidenciando el desgarramiento de la izquierda tradicional española, con el añadido de que sigue estándolo al día de hoy. Sus críticos lograron pasar una moción de censura con 132 votos frente a 107 y lo apearon de la secretaría general.


Al año de su salida del segundo cargo más importante del PSOE detras de la simbólica presidencia, la organización constató los peores resultados de su historia en democracia en dos elecciones generales seguidas. No parece que se haya superado del todo la mala racha. El PP logró una amplia mayoría de votos en los últimos comicios en 2023, si bien no bastó para sentar a Antonio Núñez Feijoo en la jefatura de Gobierno. Se imponían unas nuevas elecciones, sin embargo, Sánchez logró hacerse con los votos de los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos y los de la coalición de extrema izquierda Sumar y alcanzó su meta, aun cuando al menos dos de estos partidos son de derechas. Como el centro de este trabajo es dar a conocer los problemas de corrupción, que afectan a familiares del presidente en dos casos, no voy a extenderme en esto y pasaré directamente al grano.


Las cloacas.

Empecemos por lo que se ha dado en llamar trama de los hidrocarburos, de la que tuvieron conocimiento los españoles en 2023 con el arresto del empresario Víctor Aldama, acusado, junto a otros personajes, de varios delitos como el impago de 182 millones de euros del Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA,  un gravamen indirecto  al consumo derivado de la compra de bienes o servicios. Desde 2017, se conocía la relación de este señor con el ex-chofer y amigo personal de Sánchez, Cristian Corvino y su hermano Rubén, así también con el ex-secretario de organización del PSOE y ex-ministro de Transporte, José Luis Ábalos, hombre para todo en ese entonces.


El Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, concedió la libertad condicional a Aldama, que parecía tener mucho que decir sobre la probable implicación del PSOE en este fraude fiscal.  Los socialistas no se cansan de mover el avispero para escamotear a la Justicia la posibilidad de cualquier hallazgo. El acusado venía denunciando el boicot de ocultación orquestado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, estrecho colaborador de Sánchez y sucesor de Ábalos en su cargo en el Partido.  En la actualidad, se halla en prisión provisional por peligro de fuga y eventual eliminación de pruebas como parte de la causa conocida como  Koldo, identificada así por el nombre del ex-asesor del PSOE, Koldo García Izaguirre. Figura relacionada también con Leire Díez, una "fontanera" encargada de desprestigiar a la Unidad Central Operativa o UCO en sus investigaciones en todos los casos de corrupción.

 
La UCO encontró conversaciones entre Cerdán, Ábalos y Koldo sobre "mordidas" o en lenguaje jurídico cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones en carreteras. Los expertos examinadores de esta prueba han confirmado si autenticidad. El primero estaba en posesión de un contrato de compraventa de participaciones sociales en la empresa Servinabar 2000 S. L. sobre la que ejercía el control de un 45% de las acciones, involucrada en unos amaños de obra pública en la Comunidad Foral de Navarra, tierra de la que es oriundo.


Las presiones y boicots a las investigaciones con posible implicación del PSOE y del entorno de Sánchez, como las de Leire Díez, permiten conocer patrones de comportamiento como si se tratara de un bosque de espejos.  Podríamos estar ante una estructura paralela dentro de la organización, mediante sociedades pantalla y testaferros por las que se habrían desviado cientos de millones de euros en un fraude fiscal sin precedentes.


Las licencias ilegales a varias empresas fueron otorgadas por la ex-ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ocupa ahora la vicepresidencia ejecutiva para una Transición Ecológica Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea. Hay sospechas fundadas de que la Fiscalía General y la Agencia Tributaria pudieron ser testigos pasivos del entramado de los hidrocarburos. Revolotea desde hace meses un informe del PSOE y la mafia de los carburantes revelador de una estructura dentro del poder político en la que el fraude fiscal se imbrica con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y el enriquecimientos ilícito. 


Los socialistas pretenden blindar a toda costa al entorno de Sánchez, tanto familiar como institucional, por lo que presentaron un proyecto de ley en enero pasado para "prohibir" las acusaciones populares o la apertura de causas por "recortes de prensa", lo que se ha interpretado como un ataque directo al periodismo de investigación. Esta intentona de  ocultar la verdad ha venido acompañada de ataques directos a jueces y periodistas por parte del propio Sánchez, enfurruñado por como marchan las cosas, y de algunos ministros como el de Transportes, Oscar Puente. El juez Peinado se querelló contra él y contra el ministro de la Presidencia, Justicia,  Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, Félix Bolaños, para defender su honor de magistrado ante acusaciones infundadas de ambos. 


El PSOE venía preparando en secreto desde 2024 una campaña contra los jueces y periodistas de investigación. Aquí es donde entran los intentos de Leire Díez, quien llevaba meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de la comunicación para diluir lo publicado sobre los casos de la mujer del presidente, de Koldo y de Ábalos. El diario El Confidencial confirmó además el intento de forjar compromisos mas estrechos con sus socios independentistas y  recuperar la iniciativa para el resto de la legislatura. El Gobierno argumenta su derecho a atacar a los jueces en reciprocidad por las instrucciones judiciales abiertas contra los suyos y familiares de Sánchez. Esto ha dado pie para hablar de la existencia de cloacas del PSOE y de su Gobierno.  Los ataques contra los jueces han revelado un intento desde las alturas de la autoridad política de menoscabar el prestigio del Poder Judicial y la división de poderes, imprescindible en democracia.


El diario El Mundo llamó la atención hacia el hecho de que se cuidan mucho de utilizar el término prevaricación, constitutivo de delito, sustituyéndolo por el de "malas prácticas", desde que el Tribunal Supremo rechazara aceptar a trámite sendas denuncias de Sánchez y de su mujer contra el juez Peinado. El Ejecutivo se planteó incluso reformar la ley para impedir el alargamiento sine die de los procesos, a punto de terminar en juicios. La Comisión Europea ha instado al Ejecutivo socialista a poner fin a estos ataques para "preservar la confianza en el poder judicial" y le ha conminado a empeñarse mucho más en combatir la corrupción y lamenta la falta de transparencia respecto al caso de un Fiscal General procesado, un hecho inédito en España.


Los "recortes de prensa" dieron a conocer precisamente la situación irregular de David Sánchez en un cargo diseñado para él desde un principio. Su ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz trajo consigo la polémica sobre la provisionalidad de la plaza en régimen de contrato laboral. El grupo Podemos aseguró que era un nombramiento a medida y PP y Ciudadanos pidieron explicaciones. Los populares destacaron  la importancia de un nombramiento falible de ser interpretado como contraprestación por haber incluido a Guillermo Fernández Vara, senador de las Cortes Generales y, lo más importante, hasta 2023 presidente de la Junta de Extremadura en la Junta Directiva del PSOE, y se preguntó sobre la probabilidad real de no producirse si Sánchez no hubiese sido coronado en la secretaría general del PSOE en las primarias de 2017. La mayoría  del personal vio en ello un trato de favor. Al hermano del presidente le imputan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.


La jueza Beatriz Biedma, de la Audiencia Provincial de Badajoz, ha enviado al banquillo a David Sánchez y  al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Este último era presidente de la Diputación de Badajoz cuando el hermano del jefe de Gobierno fue designado para el puesto en discordia. Para no verse involucrado en la causa, el socialista extremeño, al borde de agotar todos los plazos, obligó a un diputado de su grupo en la Asamblea a dimitir y borró a otros cuatro de la lista, pasando a ser Diputado de la Asamblea para ser aforado, según dijo, ante el devenir de acusaciones "que intentan alargar la causa como si fuera un chicle". 


Gallardo recogió su nueva acta de Diputado un día antes de que la jueza Biedma dictara apertura del juicio oral. Al estar aforado ha forzado que la causa pase al Tribunal Superior de Justicia, que asumirá también la causa de todos los involucrados del caso David. De resultar finalmente sentenciado, el hermano del presidente Sánchez podría estar obligado a devolver el dinero mal habido en forma de salario al ocupar el cargo. Un detalle conocido recientemente es que residió un año  en la Moncloa, junto a su hermano y cuñada, sin cotizar a la SS al mentir sobre su residencia y situarla en Portugal en ese tiempo. 


Si un caso ha conmovido a Sánchez es el de su esposa, Begoña Gómez, a punto de sentarse ante el tribunal, junto a su asistenta Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno, Francisco Martínez, acusados  de malversación de caudales públicos. El juez Peinado anunció la concurrencia de un Jurado, una figura introducida en 1995 en la etapa de gobierno del socialista Felipe González, y que los acólitos de Sánchez han puesto en solfa en estos días al conocerse la noticia.  Los usuarios en las redes se preguntan por qué no habían dudado de la capacidad de hacer justicia de los propios ciudadanos convocados cuando solo afectaba al español de a pie.


Begoña Gómez está imputada por  tráfico de influencias, corrupción en los negocio e intrusismo profesional. Al presidente se le ha visto perder peso, demacrarse, aparecer nervioso en exceso en algunos actos públicos, puede que en su fuero interno, muy al principio, debió pensar que aquello no iba con él. Se preguntaría como se habría filtrado la información. ¿Cómo se atrevían, incluso a juzgarla siendo su mujer? Quizá hasta meditó como podía revertir todo lo que estaba pasando a su alrededor a su favor, sin obligarse a renunciar. Anunció su retirada temporal de la vida pública para reflexionar y pasaron cinco jornadas, tras las cuales desgranó su plan de futuro: iniciar un proceso de "regeneración democrática". La realidad es que fuera de su partido y de sí mismo nada había que regenerar. 


Cuando informó de su "retiro espiritual", la mayoría social, como se podía conocer a través de las redes, pensó en una eventual renuncia, lo que nunca estuvo en su mente. Otros se prepararon para un zarpazo de los grandes en su afán siempre de salir  airoso porque como habría dicho un ciudadano del imperio romano, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino tiene que parecerlo. El hombre a cuyo alrededor se movían tramas de corrupción cada vez a mayor escala, se proponía encabezar la  regeneración democrática, o tal vez entendimos todos mal y emprendería la degeneración democrática.

Existían suficientes indicios de utilización por Begoña, en beneficio personal o para favorecer a terceros, de  su rango  social y de los derechos adquiridos como esposa del presidente. Su mediación obró en favor -según documento de la UCO- del empresario Juan Carlos Barrabés, que  logró casi un centenar de adjudicaciones públicas ilegales valoradas en 25 millones de euros sacadas a concurso, pero que con su ayuda ganó de mala manera. Ella incluso firmó cartas de recomendación para este individuo, quien declaró, en el curso de la causa, haber tenido con Sánchez reuniones "meramente" empresariales.

Por si lo relatado en párrafos anteriores no resultara más que suficiente, quedaban aún varios flecos turbios por aclarar con el rescate público a la Empresa  Air Europa, una aerolínea de Globalia, durante la pandemia de COVID, por la friolera de 475 millones de euros. Se trata de préstamos del fondo dedicado a empresas estratégicas de la Sepi, entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, Los tribunales consideran que no hubo delito. La Audiencia de Madrid prohibió expresamente al juez Peinado investigar. 

El PP, no obstante, ha solicitado a la UE que se ocupe de este asunto. Su representante registró dos preguntas parlamentarias sobre la cuestionable actitud de Sánchez al dar su visto bueno al rescate de una entidad patrocinadora del negocio de su mujer. La señora Gómez tenía una relación profesional con la aerolínea, en el momento de esta acción Ejecutiva  según confirmó la Oficina de Conflicto de Intereses de España 
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El periodismo de investigación continuaba su marcha y el OK Diario reveló que, si bien se presentaba como Licenciada, en realidad su diploma de la Escuela Superior de Marketing y Negocios M&B carecía de la convalidación requerida del Estado para llamarse licenciada, como mucho la acreditaba con estudios superiores en Marketing y Administración de Empresas. 


Con la trama de los carburantes al retortero, las imputaciones de familiares girando como en un carrusel, el Tribunal Supremo abrió causa en octubre de 2024 al Fiscal General del Estado -en su día propuesto por el Gobierno y que Sánchez considera a su servicio- por revelación de secretos  en datos concernientes a una investigación por fraude tributario del ciudadano Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.  El presidente se la tiene jurada si prestamos atención a los duelos verbales entre ambos. La mayoría  de madrileños gusta de la actuación política de una de las mas importantes figuras del PP y de su desenfado al responder al Ejecutivo.


Como incidental abordaré el destacable episodio del viaje a Madrid  de la vicepresidenta venezolana y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez. La UE desplegó un veto de acceso a territorio Schengen a unos 18 miembros de la cúpula chavista en Venezuela y ella formaba parte de la lista. Sánchez autorizó su vuelo y  su estancia de dos días en la capital española el 20 de enero del 2020 para trasladarse después a Doha. A recibirla acudió Ábalos, entonces todavía hombre de confianza del presidente, y no se cuidó en dejarse ver en su compañía por el aeropuerto de  Barajas. Los detalles de la visita fueron revelados por el espinoso periodismo de investigación. Rodríguez transportó  cierta cantidad de equipaje.  Algunas fuentes de la Unión Europea hablan de 12 maletas y la prensa nacional de 40, que partieron de la terminal internacional sin haber pasado el reglamentario control de seguridad rumbo a la embajada venezolana en Madrid. 


Aldama fue el facilitador de la visita y el intermediario entre el ministerio de Economía de Venezuela y la empresa Globalia para el pago de la deuda de Air Europa a cambio del suministro de combustibles a los aviones que repostasen en ese país sudamericano, pero no cuajó . El régimen de Nicolas Maduro ha colocado a un país otrora rico en petróleo en el último lugar del Índice de Competitividad Mundial 2025. La UCO, en su informe sobre el bautizado como Delcygate, afirma que Sánchez aprobó la visita y ninguna de las versiones dadas por Ábalos para justificarla es cierta. El presidente lo mantuvo un año más en el cargo antes de destituirlo y le ha permitido continuar como aforado en el Congreso de los Diputados al frente de la Comisión de Interior. Algo parecido al caso del Fiscal General, que sigue en su puesto como si nada estuviese pasando.


Otros  implicados en la corrupción serían el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Reyes Maroto y el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, a quien alguien encomendó la tarea de soltar lo de que Sánchez merecería ser candidato al Premio Nobel de la Paz
Por si se lo han preguntado durante la lectura de este trabajo, las partidas del dinero de todas las tramas corruptas de Gobierno y PSOE alcanzarían  los mil 400 millones de euros. Viene a cuento aplicar un viejo dicho español: aquí no se salva ni el tato.