UN FISCAL GENERAL EN EL BANQUILLO.

 El Tribunal Supremo dejó visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del estado por el delito de revelación de secretos, imputado hace poco más de un año tras las investigaciones del juez instructor Ángel Hurtado. En la causa, se indagó también sobre la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, pero los expedientes fueron archivados. Durante el juicio oral del pasado 9 de septiembre, el magistrado halló indicios suficientes para el enjuiciamiento criminal transcurrido del 10 al 12 de este mes.

Como telón de fondo en todo momento y en todo lugar, la voz del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamando-con el juicio andando- la inocencia de una persona a la que él mismo nombró, aunque sin aportar nuevos datos para exculparlo. Como bien dijo Rafa Latorre en su programa La Brújula "una cosa es recordar la presunción de inocencia y otra afirmar la inocencia de un reo". La Asociación de Fiscales ha acusado a Sánchez, a tenor del juicio, de "presionar y deslegitimar" a los jueces del tribunal con la insistencia en la inocencia del FGE.

Desde el primer día del juicio, García Ortiz pasó cada día por delante de la prensa acantonada ante el edificio del tribunal con un aspecto cuidado, maneras desenvueltas, simulando una seguridad, que su rostro desmentía,  y mostrándose en todo momento como libre de toda sospecha. Si pudo lucir ante el Tribunal Supremo, encargado de juzgarlo, su toga, sus puñetas y su Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort fue porque Hurtado descartó suspenderlo de su cargo y ningún otro tribunal consideró lo adecuada que habría sido una separación cautelar, justo para evitar precisamente toda aquella parafernalia de que estoy entre mis iguales cuando se sentó junto a los fiscales y a los abogados de la acusación. Al ocupar esa posición hacía caso omiso a la pérdida de imparcialidad de cara a la ciudadanía, porque esta carencia ha sido otro elemento más en solfa en el juicio. 

Existían dos correos en relación con un fraude fiscal y falsedad documental del empresario González Pavón, por una parte, y una proposición del abogado de éste para lograr un pacto de compromiso con la fiscalía para evitar el juicio y pagar una cuantiosa multa, un tipo de transacción regular en los juzgados. Te declaras culpable de los delitos y pagas una multa. En el caso que nos ocupa, estos mensaje cruzados entre el abogado del demandado y el fiscal del caso, Julián Salto, resultó ser el germen de todo lo sobrevenido después. La coletilla que colgaba fue lo importante, porque este ciudadano era nada menos que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no era parte en nada, pero si un elemento político importante a ojos de la FGE.

La acusación de revelación de secretos, tipificada en el Código Penal Español, conlleva consecuencias jurídicas importantes y, en esta causa, un debate público sobre la ética profesional. No hay que olvidar, que el mayor afectado, el denunciante Alberto González Amador, personado como acusación particular contra el fiscal general,  se quejó ante los jueces de la Alta Judicatura de que todo lo divulgado había dañado su derecho a la intimidad. A partir del momento en que trascendieron esos documentos a la prensa, el peso pesado del Partido Popular, la mujer que saca de sus casilla al presidente Sánchez, fue la coletilla cada vez que se mencionaba a Alberto González Amador, incluso a veces omitiendo hasta su nombre en los titulares de la prensa, como si este hecho los convirtiera a ambos en reos de culpa. Si alguien tenía dudas, solo esto habría servido para mostrar el carácter político de airear los correos a la prensa. 

Fue esta relación con Díaz Ayuso lo que llamó la atención del teniente fiscal Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general  Álvaro García Ortiz, cuando el 7 de marzo del 2024 se comunicó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para pedir el expediente del caso con  escaneado de ambas caras de los documentos, incluido. La causa contra González Amador habría continuado el viaje acostumbrado por el juzgado sin mayor trascendencia y eso lleva a la pregunta, que muchas personas se hacían en España y en las redes sociales. ¿Por qué un fiscal general del estado tendría que haberse interesado en concreto por este caso? Y la respuesta estaba clara para muchos. 

El socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, hizo una crítica velada a las formas de Sánchez para defender a su fiscal general. El presidente del Gobierno presionaba, aunque no pareciera algo directo, al tribunal para logar una absolución, con frases como que "el fiscal general es inocente y tras lo escuchado esta semana  (refiriéndose quizás a los testimonios favorables de varios periodistas durante el juicio) se impondrá la verdad". Tal vez fue lo que inspiró al mismísimo García Ortiz a lanzar ante los siete jueces del Supremo una frase que sonó algo quijotesca como que "la verdad no es para filtrarla, sino para defenderla", algo que imaginó ensayó hasta delante del espejo en su casa porque le salió bordada. Page pareció también haberse preguntado, como todos, si un fiscal general debía estar pendiente del relato político. Horacio diría que la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. 

El teniente coronel, Antonio Balas, fue aquel que,  junto al equipo de agentes encargados de las investigaciones del curso tomado por los correos de marras, reconoció la comisión de delitos y destruyó cualquier intento de la defensa de tratar de exonerar a García Ortiz. "Lo que se ve -dijo- es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado". El juez Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, había constatado días antes en tertulias de la prensa, que la estructura piramidal de la Fiscalía General del Estado permitió, en este caso, al acusado supervisar durante el juicio al propio Ministerio Público, que, en contra de todo pronóstico, hizo piña con la Abogacía del Estado para demostrar la inocencia de su superior jerárquico. Todo esto ad hoc al hecho de que por vez primera en democracia se juzga a un fiscal general con la cola que esto pueda traer en el futuro. 

Para más inri, resultaba que García Ortiz nada hacía para desentrañar la verdad, sino todo lo contrario. Admitió haber borrado emails y WhatsApp y destruido su teléfono, incluso hasta cerró su cuenta en Google. En juicios de otros personajes políticos en España, acusados de corrupción, la fiscalía consideró esto como destrucción de pruebas. De modo que cuando los peritos de la  UCO fueron a visitarlo, como parte de las investigaciones, comprobaron que no había nada por dónde tirar. Algunos abogados, en entrevistas con la prensa, se han preguntado cómo si eres inocentes destruyes lo que podría probarla, alguno incluso afirmó que un inocente no destruye pruebas. La UCO llegó a una verdad de perogrullo, que el borrado y la destrucción del móvil fueron intencionados. Los peritos no han podido recuperar el material. García Ortiz se escudó en el protocolo de protección de datos, cuya existencia no se ha demostrado por la defensa. Justo en ese auto declaró que era algo que hacía con regularidad "en el desempeño de su función y de manera segura".

El juicio sirvió para dejar claro que García Ortiz ordenó al fiscal investigador Salto, que le facilitar por medio de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, los correos electrónicos cursados con la defensa de González Amador, y todo lo que hubiese intercambiado con su abogado. Quedó claro también, según los agentes y peritos de la UCO que desde que el fiscal general tuvo acceso a la cadena de mensajes electrónicos hasta que la cadena SER transcurrieron solo dos horas.

El periodista de la cadena, Miguel Ángel Campos, testificó ante los jueces que esos correos lo tenían cientos de personas antes de su publicación el 13 de marzo del pasado año. Hablo de una fuente que le mostró los correos, aunque no le dejó fotografiarlos ni se los envió por email. A esa fuente, el periodista, faltaría más, la ha defendido contra viento y marea, pero si hacemos un resumen de este batiburrillo de mensajes veremos que hasta ese momento, que se supiera, solo los habían manoseado García Ortiz, Diego Villafañe y Pilar Rodríguez. Hay una tendencia a culpar a esta última del filtrado de los documentos, aunque nada se ha probado sobre esto, ni siquiera indiciariamente.

Algo muy inusual en el mundillo periodístico es demorar la publicación de una noticia, porque si no está confirmada, siempre puedes simplemente decirlo, lo que no es frecuente es dejar de hacerlo y por supuesto que la SER la dio, al igual que otros como elDiario.es. Todo indica que, a tenor de los mensajes, el periódico El Mundo salió con una noticia propia citando al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que aprovechó para colar que el pacto no se había logrado hasta el momento por el freno impuesto en "instancia superiores". Y es que, aunque no demos por bueno el entrecomillado, pero el dos pa'trás y dos pa'lante de los cientos de personas al tanto de lo que se cocía, se lo pusieron a huevo, como se dice campechanamente en España. Y en esa información lo más hiriente para el fiscal general fue que dijeran que la propuesta de pacto venía del fiscal Salto. Las alta instancias no venían a cuento pero como decía muy preocupado García Ortiz era que le ganaran el relato. ¿Quiénes? Los del Partido Popular, porque como decíamos antes esto ha sido un juicio político desde el momento en que se mostró tanto interés por la causa de González Amador.

Los periodistas de elDiario.es y la Sexta reiteraron ante los jueces que la información sobre los correos entre abogado y fiscalía no eran secretos cuando lo supo García Ortiz. José Precede, direcyr adjunto de elDiario.es aseguró haberlos tenido en sus manos desde el 6 de marzo del 2024. ¡Alto! Rebobinemos otra vez.  Se infiere que toda esta información estuvo en manos de la prensa, sin publicar, durante ocho días. En su ronda de conclusiones del juicio, la mayoría de las acusaciones de particulares dejaron claro que no se creían ni una palabra de todo aquello. Y ahora ponemos algo más, porque Percedo tuvo a bien enfatizar en esto. Publicaron los mensajes con el título "la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla", y otro día  decía que el fraude procedía de una comisión de dos millones cobrada por el empresario (novio de Ayuso, que eso es lo importante) había cobrado por la venta de mascarillas durante la pandemia y en una tercera entrega periodística decía que Díaz Ayuso "disfrutaba de un segundo piso en el mismo edificio que está a nombre de la sociedad de marras. Para justificar no haber publicado hasta el 14 marzo el contenido de los correos con el que contaban desde ocho días antes, dijo que preparar ocho informaciones (entre el 7 y 11 de marzo) lleva mucho tiempo. Porque cuando el fiscal general, durante sus solicitudes y diálogos en la trama de los emails dijo que había que "cerrar el círculo" es probable que los intentos de involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en una trama de supuestos chanchullos sería el colofón de la movida.

Esto fue el pistoletazo de salida de una nota de prensa de la Dirección de Comunicación de la FGE, que filtró los datos del ciudadano González Amador y de su abogado con Salto que no había necesidad de incluir con tanto detalle puesto que se trataba solo de un desmentido sobre lo publicado por El Mundo.  De ahí el estupor de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, cuando llamó al fiscal general y le dijo, más como afirmación que como pregunta: Filtraste los correos, ¿No? , a lo que, según la manifestante, el respondió: Eso ahora no importa. Lo importante es que no ganen el relato. Mar Hedo,  directora de Comunicación de la FGE, confirmó ante el Tribunal Supremo, que la nota de prensa, que pretendía ser un desmentido y resultó ser mucho más, se la había dictado el propio García Ortiz, olvidando que la fiscal Lastra se había ofrecido para hacerla. La funcionaria añadió que después recibió muchas llamadas de la prensa interesada en si tendría lugar una renuncia del fiscal general, que daban por hecho. Tras estos acontecimientos, el fiscal general realizó una entrevista con Televisión Española durante la cual dejó caer que disponía de "información sensible con la que " podría hacer daño si quisiera.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, organización personada como acusación particular, explicó la razón para emprender acciones legales contra el fiscal general. Se consideró muy grave -dijo- que se revelara en nota de prensa de la FGE información confidencial de un ciudadano el 14 de marzo del 2024. Tenían en sus manos desmentir que la oferta de pacto partiera de la fiscalía, lo innecesario fue desvelar el contenido literal de los correos con fecha 2 de febrero del 2024, agregó, para precisar que es una situación que fractura el derecho de defensa. Este tipo de correos o conversaciones entre un fiscal y el abogado defensor forman parte del grado más estricto de confidencialidad entre ambas partes.

Ribon se reunió con la fiscal provincial de Madrid el mismo día 14 de marzo y un día después con García Ortiz, quien le propuso elaborar un comunicado conjunto para "poner ciertos paños calientes" ante una más que probable investigación  y  la eventual depuración de responsabilidades. El decano la rechazó de inmediato, según dijo. 

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió que el fiscal general no había actuado inapropiadamente porque se tratara de la pareja sentimental de Díaz Ayuso. La Abogacía del Estado pidió la nulidad del caso por el "incumplimiento" de la UCO en el registro de los correos y la obtención del teléfono. Resulta que tanto que era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como que fue el propio fiscal general quien borró correos y destruyó el móvil, atando de manos a la UCO, que no ha podido recuperar los mensajes, son las claves sobre las que giró todo el juicio. García Ortiz se enfrenta, si le hallan culpables del delito, a una pensa de entre tres y seis años de cárcel, la inhabilitación de cargo público alguno entre 12 y 18 años y al pago de una multa y de una indemnización de 400.000 euros. Se espera el veredicto para fines de este año y de logar unanimidad, sería una manera de limitar una apelación ante el Tribunal Constitucional. O, como ha dejado caer en esto días el director de la cadena COPE, podría obtener de Sánchez un indulto. Ahora hay que esperar.