Plantada en esa actitud negacionista, habitual entre los funcionarios del Gobierno, frente a hechos relevantes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, viene ignorando sistemáticamente las evidencias de que desde hace meses fallan las pulseras anti-maltrato. Sus declaraciones de las últimas semanas cuando se "levantó la liebre" y se hizo público lo que venía ocurriendo van por el camino de desestimar todo lo que ponga en riesgo su gestión y la obligue a dimitir. Una cosa es cierta, en este Ejecutivo socialista no dimite ni Dios.
El dispositivo telemático consiste en un transmisor de radiofrecuencia, de corto alcance, colocado en la muñeca de la víctima y en el tobillo del agresor, conectado a un móvil con GPS, que este último está obligado también a llevar. El teléfono permite generar alarmas y no debería ser factible su manipulación por el usuario. Hay un caso significativo en el que el maltratador, no solo se había quitado la tobillera, sino que disponía de otro aparato. En Telegram, estos sujetos disponen de un chat donde se les enseña a quitárselo. Si ambas pulseras están dentro del radio de alcance establecido por la orden de alejamiento, la víctima escuchará una alarma sonora. Si entrase en pánico solo debe pulsar el botón de emergencia. A la distancia que los separa se le llama zona de exclusión, que fija aquellos lugares cuyo acceso le está prohibido al maltratador como pueden ser, no solo la vivienda, sino el trabajo o el colegio donde recoge a sus hijos.
El Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, bajo las siglas de COMETA, dependiente de la empresa de telecomunicaciones Vodafone, es el operador con el que ha estado trabajando el ministerio de Igualdad, desde la firma del contrato por 30 meses en noviembre del 2023, valorado en 42 millones y medio de euros y financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Un plan establecido para recuperarse de la crisis del COVID19, con un total de 750,000 millones de euros en créditos y subvenciones para apoyar la economía de los Estados miembros hasta 2026. España recibiría hasta 140 millones mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y la igualdad de género.
Cada dispositivo cuesta 1,200 euros, se han adquirido en una primera compra 7,600, pero podría haber otra en 2026 de 3,771. Redondo anunció que habría "mejoras" con la próxima licitación para la gestión de las pulseras anti-maltrato. Esto ocurrió cuando la situación con la judicatura se había hecho insostenible. La prensa nacional ha llamado la atención sobre la rotundidad de la Ministra al asegurar el "buen funcionamiento" de los dispositivos porque su cartera se ha ocupado de resolver las incidencias "puntuales", que no son tantas como para "provocar alarma social". En cambio y a pesar del funcionamiento, se ha decantado por cambiar de servidor.
Al aprobarse la controvertida ley conocida como "solo sí, es sí" el 6 de septiembre de 2022, se puso en el centro de las agresiones sexuales el consentimiento. La norma unificó antiguos delitos de abuso y agresión sexual dentro de un mismo concepto: la agresión sexual como conducta cuando el hombre no cuenta con la aceptación explícita de la mujer. Cuando comenzó su aplicación, los jueces confrontaron problemas como que las penas de prisión para maltratadores y agresores sexuales se vieron sensiblemente reducidas por ausencia de una disposición transitoria en la limitación de la aplicación retroactiva, esto permitió a los delincuentes condenados solicitar la revisión de condenas bajo el nuevo Código Penal. Otra cuestión tenía que ver con el principio legal de aplicarla de la manera más beneficiosa para el reo, lo que abrió las puertas a la reducción de penas y hasta la excarcelación en algunos casos. Unificar dos conceptos en uno solo provocó además la discrecionalidad judicial, así que, según el juez y su dominio, la conducta se castigaba de forma distinta. La seguridad jurídica se vio socavada y se generó un trato desigual.
La ministra de Igualdad de la época, Irene Montero, una de las lideres de Podemos, minimizó la complejidad técnica de la ley y la posible laguna legal en cuanto a las penas, a pesar de los avisos, antes de entrar en vigor, de juristas, jueces y otros organismos competentes. El goteo constante de noticias de rebajas en las condenas y la salida de algunos presos generó alarma social y una crisis política en un año electoral, el 2023, en que ya se cuestionaba el quehacer de Pedro Sánchez y sus ministros. Se puso de manifiesto entonces como el Gobierno socialista integraba la ideología en el derecho penal.
El uso obligado de las pulseras resulta un derivado de esa ley con la intención de proteger a las víctimas. Como se ha visto en estos días, siempre ha sido un parche, en modo alguno efectivo, para los problemas generados por la aplicación de la norma. Resulta irrisorio que no se haya desvelado el fabricante o a que entidad o individuo le fueron compradas. Hay rumores de que Montero, hoy diputada del Parlamento europeo, pudo comprarlas a los chinos mediante la empresa Ali Express con el objetivo de ahorrar costos. La ministra Redondo lo ha negado en redondo, pero sigue sin dar a conocer la entidad a la que se compraron las existentes,
COMETA debía seguir un protocolo al detectar cualquier fallo del sistema: darlo a conocer al agente encargado de la víctima en cuestión y elaborar un informe para la autoridad judicial y el ministerio fiscal a fin de que se tomaran medidas. Debemos saber que se destina solo un agente para entre 100 o 200 usuarias de la pulsera, lo que como han venido denunciando ellos mismos, resulta insuficiente. Tampoco hay que ser un versado en la materia para darse cuenta. Han destacado también que las pulseras pueden fallar si se sumergen, lo que las hace manipulables. Redondo insiste en que las dificultades han sido superadas y los dispositivos funcionan bien.
Los fallos eran harto conocidos desde la gestión anterior por la empresa Telefónica y había gran preocupación por parte de los jueces y otras autoridades involucradas. La Fiscalía General del Estado se ha visto obligada a mencionar esto en su Memoria de 2024. La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, compareció hace unos días ante el Congreso de los Diputados. Se disculpó con las víctimas y sugirió la posibilidad de imponer sanciones por los fallos ocurridos durante la migración de datos de 2024, una reacción parecida a la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en cuanto a abrir "una pequeña investigación", Martínez, en declaraciones anteriores, señaló que COMETA es un elemento más dentro de un completo sistema de protección a las víctimas de violencia de género, que salvaba vidas cada día y permite avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista, Con violines de fondo,
Redondo, convocada para intervenir ante el Senado el próximo primero de octubre, insiste en que las mujeres estuvieron "protegidas" en todo momento y aseguró que el sistema de monitoreo funcionaba. Aprovechó para criticar al PP por propagar bulos y mentiras sobre este asunto. El Pleno del Congreso aprobó una propuesta del mayor partido en la oposición para censurarla por su gestión de los dispositivos anti-maltrato y eso duele, caro que sí, sobre todo si no quieres que la mancha te obligue a renunciar. Hasta Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, creado en 2002, y calificada de progresista por el Diario.es, aceptó el sostenido fallo de las pulseras. La ministra de Igualdad se ha escudado incluso en que ninguna mujer ha sido asesinada con el sistema de protección y que únicamente eso es lo que hay que valorar y sobre lo de exigir responsabilidades ha dicho que esperará al año que viene cuando vence el contrato con Vodafone.
Redondo ha concedido entrevistas televisivas y radiadas a todos los medios de comunicación subvencionados por el Gobierno o afines a éste y al PSOE. A Televisión Española le dijo que "es absoluta y radicalmente falso que las incidencias pusieran en peligro a las mujeres". Para el canal de televisión La Sexta reservó que "no hay casos de mujeres desprotegidas por la pulsera". "No se puede garantizar que no haya más errores en la migración de datos de las pulseras", advierte la Ministra. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tenía constancia en 2024 de 4810 dispositivos en activo, pero se abstuvo de precisar cuántos podrían estar afectados por los fallos. La portavoz Pilar Alegría, ministra de Educación, admitió que durante al menos 5 meses hubo ausencia de datos.
La Audiencia de Granada fue la primera en alertar en julio de 2024 de las disfunciones en cuanto a los datos con los que trabajar en las condenas, y lo hizo una vez más en febrero de 2025. Los magistrados confirmaron que los fallos creaban inseguridad en las víctimas y problemas en los procedimientos judiciales. La Guardia Civil halló también problemas en el control telemático de COMETA. Comprobó que las mujeres se sentían desprotegidas y alguna hasta había devuelto la pulsera en sede judicial. Aparte estaban los graves problemas probatorios en los procesos judiciales por el quebrantamiento de las medias de alejamiento. Pérdidas constantes de cobertura, salto del GPS, alarmas nunca visibles en los paneles de control, son algunas de las deficiencias. Los juzgados se quejaban, desde hace meses, de la imprecisión en la migración de datos, lo que hacía difícil perseguir a los burladores de las órdenes de alejamiento.
El fiscal coordinador de la violencia sobre la mujer apunta al archivo de muchos procesos, dentro de los oficiados por COMETA, al no hallarse el agresor en el lugar en que estaba la víctima o que esta estuviera en su casa cuando se hallaba en la Guardia Civil. Este cuerpo armado ha ratificado varias veces la clamorosa falta de notificación de las disfunciones.. Ninguna alarma registró las numerosas visitas de un agresor a las inmediaciones de la residencia de su víctima. La Mesa Técnica de Cáceres, en sus reuniones del 18 de noviembre del 2024 y el 25 de abril de este año, alertó a la Audiencia Provincial de la recurrencia de los errores.
Ha habido fallos de medición de distancias en zonas rurales y fronterizas. En resumen, estamos ante un problema nacional, tratado en las diferentes Comisiones provinciales sobre Violencia de Género y por los jueces. Para Redondo todo es una complejidad, empezando por el propio sistema. Nunca menciona cifras concretas, señalas a las propias víctimas, a los jueces y a COMETA como responsables, esquivando su propia responsabilidad, de eso no habla. Lo que ha dicho es que "sería una irresponsabilidad de su parte irse en este momento", ante la clamorosa ausencia de una dimisión. Son incidencias técnicas de un sistema muy complejo, dice. Ha hecho énfasis e insiste, como lo hizo en otro medio subvencionado, Hora 25 de la cadena de radio Ser, que todo funciona y se salvan vidas.
Saca a colación que no puede saberse si el acercamiento es doloso o no, lo que suena muy absurdo por que para ella carece de importancia lo que es en sí mismo la violación de la orden de alejamiento. Sea con un fin doloso o no, hablamos de maltratadores condenados o que están siendo investigados por la justicia. Para la Ministra es difícil saber el número de maltratadores beneficiados por los fallos de los dispositivos anti-maltrato. Los protocolos son también muy complejos para ella, como lo es también la migración de datos y puntualiza lo obvio: las pulseras están para proteger a las mujeres. ¿Y para qué si no?
Y como el Gobierno no se hace responsable nada de lo que está pasando, Redondo dice que resulta mezquino "utilizar a las víctimas para hacer oposición al Ejecutivo" en un pretendido dardo contra el PP. No le consta absolución alguna por falta de acceso de los jueces a los datos, que es precisamente de lo que se quejan los magistrados. No nos engañemos, señala, es complejo detectar los errores con consecuencia de absolución, La valoración constatable y constatada del gestor en este caso es un 3,6 sobre 10, El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dado todo por zanjado el asunto que a su juicio ha quedado aclarado convenientemente.
Los jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han advertido de los riesgos para las mujeres, como se desprende del contenido de las actas de las Comisiones de Seguimiento de la Violencia de Género.
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