SÁNCHEZ CONVOCADO POR EL SENADO

Con esa ambición calculada y su determinación de mantener el poder, que no gobernar, aptitudes conocidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó hace unos días ante la Comisión de Investigación del Senado, que fiscaliza la posible financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es secretario general y su líder indiscutible. Esta entidad de la Cámara Alta corre a la par de las pesquisas del Tribunal Supremo, que ha citado a muchas de las partes implicadas en lo que se califica como empresa corrupta dentro de la organización, y de cuyos pormenores podría tener o no conocimiento. En su caso, hay que destacar que no está imputado en causa alguna. Hay quien considera que por estar aforado como cabeza del Ejecutivo.

El que aporta el nombre para distinguir esta Causa Koldo de otras muchas gestionadas por la Judicatura en este momento, es Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex-ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ex-secretario de Organización del PSOE y relacionado con el amaño de contratos públicos para la compra de mascarillas durante pandemia de COVID 19, por la que se habrían cobrado comisiones ilegales. Dentro del mismo paquete, entran figuras como el empresario Víctor de Aldama y el propio Ábalos. El juicio oral de una sola jornada se abrió el pasado día 3 para indagar en una primera instancia sobre la recepción de comisiones, el origen del patrimonio de los implicados y como se favorecieron en la adjudicación de contratos por una suma de 700 millones de euros. Dada la relación de todo esto con el Partido  gobernante, la Comisión requirió la presencia de Sánchez. El magistrado instructor de la Causa en el TS, Leopoldo Puente, apreció indicios de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que pronto se abrirá el juicio propiamente dicho.

La Audiencia Nacional, mediante el Juzgado de Instrucción núm. 2, acordó abrir pieza separada para recibir el auto del magistrado Puente. sobre reembolsos al ex-ministro y al que fuera su asesor, al considerar dudosas las liquidaciones de gastos del PSOE. El juez titular Ismael Moreno instruye también la causa sobre organización criminal por las comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia.

En  una resolución judicial, han quedado establecidos indicios consistentes de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los investigados Ábalos y Koldo García "para incurrir en actos contrarios a los inherentes a sus cargos públicos" y que estos "recibieron las retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo" y "como prestación a conductas desleales". Todo esto ha significado un golpe político para el PSOE, entre otras razones porque afecta al ex-ministro de Transporte, una de las figuras más cercanas a Sánchez durante años y que retiene aún en esta legislatura su cartera de diputado.

La senadora María Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, abrió la comparecencia con la pregunta sobre pagos a prostitutas con dinero público por parte del ex-ministro, sobre lo que la Judicatura tiene pruebas en audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con Koldo. Esto obligó al presidente a reconocer que era una persona de "su máxima confianza", señalando que su cese en el Ejecutivo estuvo marcado por la desescalada de la pandemia del COVID-19, lo que pretendió acabar con el rumor de que lo hizo porque conocía ya sus fechorías. Sobre esos hábitos personales en concreto, dijo sentir repulsión y puntualizó que dejaba a la Justicia dirimir el asunto, para no extenderse más. Aprovechó para lanzar una vez más el lema de que su gobierno "está comprometido con los derechos de la mujer y el feminismo". Abundó en cuanto a considerar a su segundo en otros tiempos alguien con unas cualidades políticas claras, una persona elocuente y sólida políticamente. Agregó que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia y de paso le dio un ramalazo al PP al decir que era distinto a lo que han hecho otras organizaciones. 

Sánchez destituyó a Ábalos el 10 de de julio del 2021 cuando remodeló el Consejo de Ministros para dar un giro tras la pandemia, según la explicación oficial. La sorpresa del cambio fue real, Ábalos   acudió a la reunión pensando que lo nombrarían ministro de Defensa. Todo indica un rifirafe entre ambos en el despacho del presidente en La Moncloa, según algunos medios de comunicación, cuando exigió una explicación y el jefe del Ejecutivo se negó a darla. De su puesto en el PSOE, fue relevado poco después. El diario El Mundo puso en boca del Ejecutivo estas palabras: "Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje terminó. No cuento contigo para la nueva etapa". 

Este indiscutible peso pesado del PSOE enfrentaba entonces el escándalo derivado de la visita del 19 al 20 de enero de 2020 a Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que aquí se ha dado en llamar el Delcygate. Esta persona no podía haber pisado territorio de la Unión Europea, sobre todo la zona Schengen, un espacio de 29 países, que han eliminado sus controles fronterizos internos, permitiendo la libre circulación de personas con un acuerdo en vigor desde 1995,  e incluye una política común de visados y una cooperación reforzada en materia de seguridad. Así consideraron los miembros que protegían el amplio territorio de accesos ilegales y otras amenazas. De manera que España no debió permitir que desembarcara, menos que pernoctara en Madrid para tomar al día siguiente el vuelo de la Qatar Airlines, dada la existencia de tales sanciones, aplicables a otros dirigentes venezolanos. La visita de 24 horas transcurrió de esta manera y el presidente respondió ignorar tales restricciones y cuando lo supo, ordenó a su segundo suspenderla, pero era muy tarde.

 

La senadora Carla Delgado, del Grupo de Izquierda Confederal, le preguntó por ese episodio y Sánchez restó importancia a la visita, remitiéndola al uso habitual de que cargos políticos visiten España sin su conocimiento, calificándolo de ordinario. Lo más importante de su respuesta es que negó tener conocimiento del veto de la UE sobre Rodríguez.  Aclaró que fue Ábalos quien le informó de su llegada como un hecho consumado, si bien le había advertido que no le permitiera pisar suelo español. La cuestión es que se conocen unas declaraciones del empresario, sujeto a procesamiento por corrupción, Víctor de Aldama, ante Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía de Anticorrupción y Crimen Organizado, en las que reveló haber gestionado esa visita a petición del factotum del presidente, quien pudo haber añadido la conformidad del jefe de Gobierno.

Sánchez negó conocer a Aldama, a pesar de que en la sesión de la Comisión le mostraron una foto en su compañía, ambos muy sonrientes y con su brazo sobre el hombro del otro, tomada en el backstage durante uno de discursos. Esa respuesta estaba en el mismo registro de su respuesta sobre su relación con Koldo que calificó de anecdótica pese a que fue el custodio de sus avales, 50,000 papeletas nada menos, con vistas a las primarias de 2017 del PSOE, cuando le acompañó también, junto a Ábalos y el ex-secretario de Organización, Santos Cerdán ( actualmente en la cárcel) en su peregrinaje a bordo de un Peugeut por las carreteras españolas. No solo fue custodio de tales ayudas sino que repartió urnas por toda Navarra para la recuperación del liderazgo de Sánchez del que fue apeado el 1 de octubre de 2016 por el Comité Federal. Hay un audio en el que se escucha decir al ex-asesor ministerial que Sánchez le había pedido cosas mediante Ábalos: " las hice y he desaparecido", se lamentaba con Santos Cerdán, quien negoció en nombre del presidente los votos de los vascos de Bildu y del PNV a la moción de censura contra el anterior Ejecutivo, Mariano Rajoy, del PP. La pérdida del Gobierno dio paso al consecuente encumbramiento de Sánchez. 

Hay un tema muy espinoso que podría derivar en la confirmación de la financiación irregular del PSOE, dentro de las investigaciones del TS. Cuando la senadora Caballero le preguntó si había recibido dinero en efectivo, dijo que alguna vez podría haberlo hecho, "aportando la factura" y precisó que todo en su partido era legal, lícito y transparente. Todo esto sin pasar aún al toque surrealista de que desconocía donde se hallaba la Gerencia, en un edificio no muy grande de la sede en Ferraz y después de tantos años como Secretario General. Si nos remitimos a todo lo que conocemos hasta ahora, se habla de 400.000 euros pagados en los últimos años a personas sin identificar, y esto no se ha sabido hasta hace poco a pesar de existir un Tribunal de Cuentas. Koldo García hacía circular dinero en efectivo, que cobraba en la Gerencia del PSOE y gozaba de carta blanca, según declaró ante el Supremo el gerente Mariano Pavón Moreno. 

Este individuo explicó ante la Alta Judicatura que el aparato político socialista daba por bueno todo dinero en metálico cobrado por Koldo García, no se verificaba la correspondencia del ticket o factura con el gasto y el efectivo se introducía en sobres para que el susodicho o un enviado por él pasara a recogerlos. Añadió que las cantidades fueron mayores a las registradas oficialmente desde 2018, cuando Ábalos ocupaba su cartera. A esto en España le llaman coladero de dinero porque la mayor parte de los pagos, en especial a organismos o instituciones, se realizan por transferencia bancaria y así se había hecho antes en el PSOE, según la ex-portavoz socialista, Soraya Rodríguez. En 2019, las cantidades en moneda corriente alcanzaban los 12,000 euros mensuales.  La secretaria Celia Rodríguez, también ante el magistrado, recordó que desde 2021 se favoreció al menos en quince ocasiones el efectivo a la transferencia bancaria. En esta parte específica de las preguntas, Sánchez hizo un esfuerzo tremendo por desvincularse de los implicados en la trama procesada por el TS. Los hechos, sin embargo, vienen marcando el paso.

A pesar de que el nombre del senador por el PP encargado de preguntar no sería desvelado prácticamente hasta el último momento, su actuación, tan esperada, dejó mucho que desear, en esencia porque su nerviosismo le impedía hacerlas de manera correcta, en varias ocasiones dijo al presidente de la Comisión que renunciaba a las anteriores para dar paso a otras, cortó en varias ocasiones la contestación del presidente, ansioso porque dijera lo que él quería, por lo que Eloy Suárez llamó su atención. Alejo Joaquín Miranda no solo defraudó a todos sino que impidió el afloramiento de algo útil durante su turno de preguntas. Perdió las formas,  ante alguien versado en esquivar sus espinas, como debía saber de antemano, y le dio ocasión para hablar de algunas miserias del PP, pasando así de largo por las propias. Quedaron en el tintero temas que Sánchez elude tratar como por qué su hermano David se tiró un año viviendo en la residencia de Gobierno en La Moncloa diciendo que estaba en Portugal para no pagar a la Seguridad Social. ¿Cómo podía Sánchez no saber esto? La imputación de su hermano por fraude y malversación es de las cuestiones que más incómodo lo ponen. Debía haber cotizado, aún estando en Portugal, por una ley de doble imposición por la cual un español, aunque reside en otro país, si recibe dinero público tiene que hacerlo en país.

No recuerdo cuántas veces se quitó y volvió a poner unas gafas para leer fueran o no de Dior y, a las que medios de comunicación prestigiosos como La Vanguardia le llegaron a dedicar un artículo. Lo tomé como lo que es: una forma de distraer al que tienes enfrente. La de Sánchez era una comparecencia esperada, duró cinco horas, con interrupciones  y requerimientos del presidente de la Comisión, Eloy Suárez, quien recriminó al presidente cuando dijo que "este tipo de comisiones de difamación, que no son de investigación" o cuando estigmatizó a la Cámara con un "creo que esto es un circo más que una comisión". Tanto insistió el jefe del Ejecutivo en denostar al Senado, que Suárez optó por advertir que borraría del acta de sesión de ese día "la falta de respeto a la Cámara".  Sánchez no pudo abstenerse de seguir con sus comentarios lamentables y encaminados a distraer la atención como decir "...el lodazal en el que lo han convertido los senadores del PP y Vox" o "que han puesto "al servicio de la "máquina del fango a una institución clave para nuestra democracia". A algunos llamó la atención que solo se refiriera a PP y Vox, los más acuciantes con las preguntas, y en cambio se abstuviera de incluir a su aliado, el partido catalán Junts, cuyo vocero le llamó "trilero". 

Edouard Pujols, en su turno de preguntas, le reprochó que "su actitud sonriente sí que ayuda a crear la sensación de circo". "A las insidias y a las difamaciones es mejor responder con una sonrisa" se defendió Sánchez. El catalán aprovechó para decir que Junts llegaba a la Comisión como partido de la oposición, al reprocharle no materializar los acuerdos suscritos en los últimos meses. Y deslizó como tenía planeado con seguridad la amenaza de un grupo con cuyo apoyo le sirvió para completar avales y sentarse en la presidencia tras las elecciones 2023 :"Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria mas absoluta", tras haber señalado que les quedaba claro que que en los últimos años "usted se ha comportado y tiene tendencia a ser un Houdini o un trilero, cosa que no le ayuda ni a usted ni a la política, presidente ".

El senador por Junts verbalizó lo que todos los que escuchaban al presidente tenían en su mente: nunca tiene culpa de nada y uno piensa-agregó en tono jocoso- "pobre Sánchez que en el colegio le robaban el bocadillo porque si no , no se puede entender". Yo le sugiero, le señaló el presidente español en la contrarréplica,  que no sea tan condescendiente...."El paternalismo y la condescendencia son un hábito bastante conservador en este país, veo que no solamente en el conservadurismo español". Con esta última frase, dejó claro el pensamiento catalán de que ellos son ellos y los españoles, otros. 

Si alguien pensó que Sánchez olvidaría la importancia de quien le interpelaba como uno de los que le posibilitó ocupar la silla en La Moncloa, vino lo de la mano en el corazón - una más que elocuente actuación incluso para quien no se fije en el comportamiento no verbal-para decir a su socio rebelde que en lo que respecta a él, si está en sus manos cumplirá los acuerdos, pero en lo que no está, intentaría que se cumplieran. Creo que a todos les vino a la mente los esfuerzos porque el catalán, el euskera (vasco) y el gallego, lenguas vernáculas en España, reconocidas en la Constitución, junto al aranés, sean consideradas en la Unión Europea como de uso común. Reiteró un objetivo, que si buscamos en la hemeroteca veremos que no está muy claro, en cuanto a lo que dijo de que su política "sienta bien a Cataluña y al conjunto de España". El objetivo claro (para él) es la "total normalización de la vida política" catalana. Y ha insistido, quizá para bajarle los humos a Junts, "que la ley de amnistía (para el prófugo Carles Puigdemont) se puede aplicar de manera completa". 

En España son lenguas cooficiales el catalán, el gallego, el euskera y el aranés y el castellano es lengua oficial del Estado. El Consejo Europeo ha pospuesto su decisión en torno al reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque de naciones presentado por Madrid como un "asunto de identidad nacional" y "como tal la Unión Europea debe proteger la identidad nacional de todos los Estados miembros", reza en declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares. Esto viene por las exigencias de los separatistas catalanes para mantener su apoyo a Sánchez, pero no podrá aprobarse sin la unanimidad de voto de los 27.

La Comisión Europea ha expresado críticas sobre la ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo español, al cuestionar que podría no responder al interés general y sugiriendo que se aprobó por un pacto político para la investidura de Sánchez. Ha cuestionado su idoneidad ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se ha señalado también que puede ser una autoamnistía porque los votos de los beneficiarios de la ley fueron necesarios para su aprobación y han criticado que se tramitara por un procedimiento de urgencia. La normativa aprobada debe suspenderse hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales, aunque esto no suponga una suspensión de la ley en sí misma.

Para resumir hay que destacar que el presidente tuvo gran habilidad para no caer en el falso testimonio ante la Comisión del Senado mediante evasivas, alusiones a hechos sin venir a cuento y elisiones de datos, mucha opacidad y poca transparencia, pero, sin dudas, venía bien preparado. Días antes había habilitado una war room para asesorarse. El número de personas que aconsejan al presidente de Gobierno, entre las que se hallan juristas, es una cifra descomunal. Algunas publicaciones han señalado que unas 1,259 de las cuales 600 lo harían directamente en La Moncloa. Otros han citado 924. En cualquier caso, son cifras respetables. Sus más allegados en el Gobierno y el Partido se han dado por satisfechos con su actuación en la Comisión por haber salido sin arañazos y capear el temporal, y todo indica que con la cabeza muy alta. El PP consideró que sus respuestas o las no respuestas fueron reveladoras y pusieron al descubierto sus debilidades "a pesar de su disfraz con gafas".