ZAPATERO Y SUS MEDI(t)ACIONES

 

El filósofo estoico Marco Aurelio, de esos grandes seres nacidos de tanto en tanto, se refería en sus Meditaciones a la honestidad cuando escribió que la verdad triunfa por sí misma y la mentira necesita siempre complicidad. El también césar de Roma vería confirmada su máxima de haber sido contemporáneo de José Luis Rodríguez Zapatero, ese homo infamis cuya trayectoria como político deja mucho que desear como se ha ido desvelando en los últimos años.

Antes de conseguir la jefatura de Gobierno de manera dramática, Rodríguez Zapatero no pasaba de ser un personaje anodino, como esos que podemos encontrar leyendo a Balzac, desconocido para la mayoría social, que hizo campaña mostrando un talante renovador y alejado de la época de Felipe González, que gobernó España durante cuatro legislaturas, es decir, casi 14 años, y a quien el Rey Felipe VI entregó hace unos días el Toisón de Oro, la más alta distinción concedida por la Corona con seis siglos de historia, en reconocimiento de sus aportes a la sociedad española tras la Transición, ese período histórico durante el cual primó el entendimiento político para despejar el camino recién emprendido hacia la democracia hace medio siglo. El ex-presidente embarrancó en su último mandato por una sucesión de hechos, que le obligaron a dimitir y convocar elecciones anticipadas. Entonces como ahora, el Gobierno socialista se vio envuelto en casos de corrupción de al menos dos ministros y en la irregularidad de que otro ordenara escuchas ilegales a renombradas figuras nacionales, entre ellas, al propio Rey Juan Carlos I; todo formando un gran bulto de situaciones comprometidas. 

Rodríguez Zapatero es un señor que ha vivido de la política desde su alumbramiento, por así decirlo, que logró para el PSOE una mayoría holgada de votos y se convirtió en presidente de la noche a la mañana por el efecto de los atentados terroristas del 11 de marzo del 2004 en la madrileña terminal de trenes de Atocha y la presión ejercida sobre el Ejecutivo de José María Aznar, del Partido Popular, para que diera respuestas inmediatas sobre la catástrofe, que ningún Gobierno en el mundo podía haber dado en menos de tres días, con la escasa perspectiva del mandatario de retrasar al menos un mes los comicios. Hasta ese momento todo indicaba un tercer mandato de esa organización política de centro derecha con el candidato propuesto, Mariano Rajoy.

Al finalizar su segundo y último mandato en 2011, optó por aceptar los 100.000 euros anuales por su permanencia en el Consejo de Estado, que le obligaba a renunciar a la pensión vitalicia de 74.000 euros, ambos derechos regulados por dos Decretos, uno de 1992 y el otro para sentar límites del 2012 en torno a la remuneración a percibir por haber ostentado el cargo. Tres años después decidió renunciar al ingreso aceptado y optó por la pensión vitalicia cuando pasó a prestar servicios de asesoría en la consultora de origen sueco Kreab, en la que figuró como senior durante 10 años y que le acaba de dar la patada escindiendo por adelantado su contrato con vencimiento en junio del 2026. The Objective considera que la razón real del despido es que el ex-presidente ha hecho daño reputacional a la empresa por sus vínculos con China y Venezuela, nada que ver con la formula oficial de que "inician una nueva etapa".

El patrimonio conocido de Rodríguez Zapatero consiste en dos chalets en Madrid:  uno en Aravaca, comprado en 2025 por 800.000 euros, por debajo de su valor en mercado de dos millones; otro en Puerta del Hierro, de 2024, por 700.000 euros, cuyo valor alcanzaría un precio similar al anterior; una villa de 1,5 millones en Lanzarote y un piso en su León natal. Fuera del territorio nacional se le conoce una lujosa casa de mas de 400 metros en Caracas cedida por Maduro para su estancia durante sus frecuentes viajes. Cuando abandonó la jefatura de Gobierno en 2011, su patrimonio inmobiliario era de 32.258.67 euros. La propiedad en Canarias y las dos, madrileñas lo elevan hoy a tres millones de euros. 

Cuando el socialista asumió la presidencia por primera vez en 2004, la deuda pública abarcaba un 36,3% del PIB, cuando desocupó el cargo  había alcanzado el 70,5% del PIB; la tasa de desempleo era de 10,3%, en tanto en 2010 se elevó hasta un 20% por la presión traída por la crisis financiera del 2008, durante la cual fueron rescatadas por el Gobierno varias cajas de ahorro y la banca española por 64.349 millones de euros. La situación financiera del país clamaba por un rescate evitado por el mandatario a trancas y barrancas; la renta per cápita en 2004 era de 20,070 euros o su equivalencia de 24.698 dólares, en 2011 era de 22.870 euros, 31.768 dólares, un punto porcentual por debajo de la media de la Unión Europea, algo que no había ocurrido en una década. Esto explica por qué la campaña del PP para las elecciones de 2004 incidía en la creación de empleo lograda y las rebajas de impuestos, así como las ayudas a los emprendedores y la ausencia entonces de casos de corrupción en la organización. Se había empeñado todo el tiempo en negar la crisis y ésta le pasó factura, porque los socialistas obtuvieron el peor balance electoral hasta la llegada de Sánchez.

MOVIÉNDOSE EN UN MUNDO INQUIETANTE.

Rodríguez Zapatero fungió como observador internacional en las elecciones de Venezuela -en representación del Grupo de Puebla- del 28 de julio del 2024 en las que el líder opositor Edmundo González Urrutia obtuvo el 67% de votos, frente a Maduro, con un 30%, según el Centro Carter, otro de los espectadores del proceso electoral. En una declaración, el organismo dijo que los comicios "no podían considerarse democráticos" y  presentó a la Organización de Estados Americanos las actas recopiladas por la oposición. El régimen la había excluido del panel de fisgones porque la considera "en manos del imperio" porque no había reconocido a la Asamblea Constituyente de Venezuela, producto de comicios legislativos igualmente falaces. Esto le sirvió para en 2019 renunciar a su pertenencia a la asociación de naciones latinoamericanas, establecida en 1948. El organismo instó al tramposo a aceptar la derrota y avaló  la "manipulación aberrante" de la votación denunciada por la oposición. La Unión Europea (UE) libró sanciones contra el régimen y vetó el acceso al espacio territorial Schengen de siete chavistas, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por "menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho...". 

El régimen de Caracas cuenta con fuertes aliados en el plano internacional como Rusia, China e Irán, que no solo le dan apoyo diplomático, sino también económico y militar, ganados para el régimen por el siempre diligente Rodríguez Zapatero, un lobista con fajos de dinero ya que los apoyos no son gratuitos o en su lugar autorizado a negociar transacciones beneficiosas, si no para ambas partes, al menos para los que cuentan. Era más que previsible su silencio cómplice en la controversia electoral, en la que el Comité Nacional Electoral, controlado por los chavistas, proclamó vencedor a Maduro con con más del 51% de votos. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, es uno de los siete venezolanos vetados por UE de entrar en territorio Schengen.  El socialista español Felipe González, ex-presidente del Gobierno, dejó claro que Maduro no convoca elecciones si no es para ganarlas. 

Como si se tratara de abrir  una galleta de la fortuna, ZP inició su reciclaje como solucionador de problemas, como gusta llamarse a si mismo durante la crisis de 2017. La oposición venezolana ha reprobado sus actuaciones mediadoras desde el minuto uno, al comprender por donde iban los tiros. Nada de lo que hacía beneficiaba al pueblo y sí al régimen. Facilitó a Maduro proclamarse presidente sin controversia cuando Edmundo González Urrutia se hallaba acorralado, amenazado y con miedo por su vida y la de su familia y buscó refugio, primero, en la embajada de Países Bajos, y, después, en la española, donde para lograr la salida del país se vio obligado a firmar un documento en el que reconoció el triunfo del jefe del régimen en la propia sede diplomática, ante la mirada atenta de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que llama al español mi príncipe, que ya tiene bemoles, y porque la otra pata de la mesa opositora, Maria Corina Machado, recientemente ganadora del Premio Nobel, ha tenido que pasar a la clandestinidad porque su vida también peligra. Este es el método de mediación de ZP.  Facilitó también la salida de prisión del activista Leopoldo López y su arresto domiciliario hasta el levantamiento del 30 de abril de 2019, cuando fue liberado, bajo el compromiso de no seguir haciendo oposición y así lo condenó al ostracismo en España. La utilización del silencio cómplice lo reconoció Julio Borges, conductor del programa televisivo Justicia para Todos y fundador del partido Primero Justicia, quien sufrió amenazas cuando se negó a firmar un acuerdo conciliador muy similar al rubricado por González Urrutia elaborado por la administración chavista durante unas negociaciones de conciliación en República Dominicana, por lo que directamente no regresó a su país. Como consecuencia perdió su casa, todo su equipo resultó perseguido  y acabaron con su compañero de partido Fernando Albán, asesinado hallándose detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia tras ser detenido cuando servía como concejal por su organización política en el municipio Libertador de Caracas.

Siendo presidente, muy al principio de su primer mandato, Rodríguez Zapatero, este viejo zorro de la política, comenzó sus coqueteos con el régimen entonces de Hugo Chávez, que le abrirían las puertas en el futuro para su carrera más querida, con acuerdos de defensa gestionados por él y su ministro José Bono. Se vendieron a Caracas 23 aviones y ocho fragas por 2.000 millones de euros y se construyeron ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana por la empresa española Navantia a un precio de 1.207 millones de euros. La firma Rebazve Holding Ltd. cobró una comisión de casi 42 millones de euros y nadie sabe a fe de que se le pagaron al tratarse de una operación entre estados, que Estados Unidos intentó sin éxito abortar, aunque tuvo mejor suerte con una partida de aviones de la empresa CASA, que incluía tecnología estadounidense. Mira tú por dónde, estos buques vendidos hace 20 años son los movilizados en estos días por Maduro para enfrentarse a los norteamericanos "en una lucha armada".

Como parte de las investigaciones y la causa que se sigue en torno a las llamadas cloacas del PSOE, ha trascendido que se pidió archivar el caso sobre un soborno de la empresa astuariana Duro Felguera al régimen del fallecido Hugo Chávez, que salpicaba a Rodríguez Zapatero. El fiscal anticorrupción José Grinda declaró ante el juez del caso que un periodista amigo, Pere Rusiñol, le entregó un papel en el que le ofrecían un destino en el extranjero y evitar una demanda judicial si proporcionaba información contra el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, para archivar varios casos, entre ellos el de Felguera, que afectaba a ciudadanos españoles y venezolanos, a pesar de que nada tenía que ver con el resto de causas relacionadas con las llamadas cloacas.

En abril del pasado año, fue confirmado el procesamiento de esa empresa, su ex-presidente Juan Carlos Torres y los ex-viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por los mencionados sobornos para facilitar la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela por 1.500 millones de dólares. Las pesquisas comenzaron en 2015 cuando el servicio español de anti-blanqueo de capitales,  bajo las siglas SEPBLANC, encontró entre los clientes del Banco de Madrid el nombre de Villalobos como receptor de pagos de 50 millones de dólares por informes "orales" de asesoría y esto resultó vinculado con el proyecto venezolano y las actuaciones de los directivos de la Duro Felguera. La empresa anunció en 2009 al supervisor de mercados o CNMV que recibiría 1.500 millones de dólares por el contrato de la termoeléctrica. Los problemas financieros de la entidad llegaron a tal grado de gravedad que necesitó un polémico rescate de 120 millones de euros en 2021.

Rodríguez Zapatero ha estado también implicado en la polémica visita de 24 horas a Madrid de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez el  20 de enero de 2020  a pesar del veto de la UE de acceso al espacio Schengen. La "gacela" del ex-presidente español trasladó a la embajada entre 12 a 40 valijas sin pasar los controles correspondientes. Se ha especulado que podrían haber contenido oro de las reservas del país sudamericano con el que trasiegan en estos días o tal vez joyas, la mejor manera de transportar dinero. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera a Sánchez responsable de la visita. Entre las pruebas claves, un mensaje de Ávalos al presidente con fecha 16 de enero de 2020 poniendo en su conocimiento el viaje como una gestión beneficiosa para empresas españolas.

Sánchez niega todo conocimiento cuando le preguntan sobre los casos de corrupción o malversación de caudales públicos de su entorno, incluso ignoraba -dijo- las limitaciones europeas del viaje de la vicepresidenta venezolana, presentándose como un pánfilo ante el ojo público porque resulta imposible de creer tanta ignorancia de parte de un jefe de Gobierno; tanto así que tenemos a Ávalos, su hombre de confianza entonces, recibiéndola y paseándola por todo toda la terminal, concertándole un hotel para pernoctar y llevándola al día siguiente para continuar su viaje a Doha. El ex-ministro de Transporte y secretario de Organización del PSOE está imputado en varios casos de corrupción en la actualidad, uno de los cuales ha finalizado con la solicitud por el fiscal de 24 años de cárcel. El juez le ha citado para los próximos días a fin de darle a conocer la sentencia. 

Rodríguez Zapatero ejerce una importante influencia en Sánchez. El convencimiento va más allá de toda duda razonable, le escucha, según voces del propio palacio , como un oráculo. Y no es que Pedro Sànchez no tenga su propia hoja de ruta, es que tal se trata de un caso de simbiosis en la que ambos se necesitan mutuamente. Una reciente muestra de que el ex-presidente utiliza su ascendente es la reciente visita de los Reyes de España a China, interesante, desde luego, como muestra de un fortalecimiento de las relaciones de un país con otro, pero indiciaria también, porque el ex-presidente tiene en el país asiático muchos y diversos intereses. Ante el recelo suscitado en Estados Unidos por el acercamiento indeseado al gigante asiática, vale recordar las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Juan Manuel Albares, apuntando hacia la Casa Blanca la posición española como "aliado fiable" dentro de la OTAN. Esto tuvo lugar en el marco del descontento explícito del presidente Donald Trump respecto a la resistencia española de aportar un 5% del PIB en el gasto de defensa de la Alianza y su amenaza de imponer sanciones arancelarias a Madrid. Otro elemento es que las hizo tras reunirse en territorio chino con su colega Wang Yi.

En la actualidad, ese gasto militar se ciñe a un 2%, según los compromisos del 2014, aunque España nunca lo ha cumplido. Trump se refería a su exigencia de aumentar el mínimo del gasto de defensa de la OTAN en un 5% en el norte y este europeos tratado en la Cumbre del pasado junio en La Haya. Los países bálticos, en capilla ardiente bajo la mirada del Kremlin, Polonia, Escandinavia, Alemania y Países Bajos se comprometieron a alcanzarlo hasta 2029, el jefe del Ejecutivo español se comprometió en un 2% de manera sostenible. El objetivo desglosado es de un 3,5% para el gasto básico y el resto para la infraestructura relacionada. Lo importante es fortalecer la defensa colectiva y la cooperación, sobre la que Sánchez se encargó de recordar el importante aporte español a este objetivo, como los más de 3.000 efectivos, junto a vehículos militares y tecnología puntera, desplazados al flanco oriental. El presidente norteamericano incluso valoró en esa ocasión la expulsión española de la OTAN.

UN CABALLO DE TROYA.

El Rey Felipe VI y su esposa, la Reina Letizia, realizaron su primera visita al país asiático entre el 11 y 13 de este mes, en coincidencia con el incremento notable de las relaciones empresariales y comerciales de Rodríguez Zapatero con China, un país que visita con tanta frecuencia como a Venezuela y donde preside el Consejo Asesor del think tank Gate Center, un grupo de presión para que Europa dirija su mirada al país asiático, vinculado a un sospechoso de espionaje, Frangyong Du, investigado por el CNI.

La abultada comitiva real, con la inclusión de los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Relaciones Exteriores, Albares ( quien había anunciado hace meses la apertura de una nueva cancillería en China), respondía a la perspectiva de firmar 20 acuerdos y convenios. El monarca español explicó a la prensa el carácter económico de la visita para ampliar las inversiones en España. La agenda contemplaba un encuentro con el presidente Xi Jinping y depositar una corona de flores en la histórica plaza de Tienamen, testigo de las manifestaciones estudiantiles del 15 de abril y el 4 de junio de 1989 cortadas por el régimen con una represión brutal durante y después de las concentraciones y cuyo número de víctimas mortales y heridos se desconoce por el secretismo que rodea siempre a todo lo ocurre en ese país, pero que la prensa se ha atrevido a cifras en cientos de miles. El Gobierno aprovechó la visita para programar un encuentro del ministro Cuerpo con representantes de la compañía CATL, incluida en la lista 1260H de enero de 2021 de la Administración de Joe Biden de las compañías militares chinas operativas en EEUU, de manera directa o indirecta, y que suponen un riesgo para la seguridad nacional. Huawei forma parte también de este grupo. 

CATL figura entre los proyectos inversionistas del Gobierno de Sánchez, que había otorgado ya el certificado de seguridad a 19 productos de Huawei, después de que Estados Unidos la señalara por espionaje. El elemento que preocupa más a la Casa Blanca figura en la contratación de más de 12 millones de dólares para que esa compañía gestione el almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales en España. No solo Estados Unidos cuestiona este rápido ascenso español a China, lo ha hecho también el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que ha cuestionado el propio viaje de los Reyes como parte de la agenda del gubernamental en política exterior de estado. El propio Sánchez ha viajado tres veces a China con la coletilla del acercamiento a una de las dos mayores economías mundiales. La otra, como se ha dicho, tiene este impulso en en el punto rojo de su colimador y cada vez reacciona peor a las políticas socialistas del Ejecutivo, culpando a Rodríguez Zapatero de este derrotero hacia un país donde sigue habiendo represión, censura y control férreo e intervencionista del estado sobre la prensa y todo lo que se mueva en su territorio.

El Instituto ha mencionado el intento del presidente español de constituirse en mediador entre China y la UE, algunos de cuyos países miembros critican esta aproximación riesgosa y por permitir a los chinos meter la garra en inversiones importantes de infraestructuras sensibles. Que es lo que pensó y expresó Trump al conocerse los detalles del contrato a Huawei de 12.3 millones de euros. Es la razón de que la directora de Inteligencia de la Administración Republicana, Tulsi Gabbard, sin cortarse un pelo,  hablara de una revisión de los acuerdos con España en materia de intercambio de información. El Instituto Español de Estudios Estratégicos apunta al riesgo que asume el país al transitar por una delicada línea de equilibrios entre China, Europa y Estados Unidos, que podría derivar en convertirlo en el caballo de Troya chino, como ocurrió ya con la Hungría de Orban y en Grecia cuando decidió vetar en 2017 una declaración conjunta de la UE y la ONU de crítica de las violaciones de derechos humanos en China. Todo esto, aparte de menguar su reputación internacional y en especial en el Consejo de Europa y aconseja volver al perfil bajo mantenido hasta ahora.

 

ZP ha sido incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto colaborador del régimen de Nicolás Maduro. La nota destaca que facilitó operaciones con el propósito de reforzar a un Gobierno al que consideran vinculado al narcotráfico y cuyo gobernante es jefe del cartel de Los Soles. Sus activos bajo jurisdicción estadounidense fueron congelados en virtud de una ley global llamada Magnitsky por la que la cualquier Administración estadounidense se abroga el derecho de sancionar a individuos extranjeros ante la sospecha de corrupción y/o violación de los derechos humanos.

La Casa Blanca no ve con buenos ojos la relación de Rodríguez Zapatero con el régimen de Caracas. Existe una lista negra del chavismo encabezada por Maduro; su viceministra Delcy Rodríguez; el ministro de Relaciones Exteriores, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y el propio ex-mandatario español. A esto se suma, su responsabilidad de hacer lobby con China en España y en otros lugares, según las informaciones procedentes de Washington. Estados Unidos designó hoy a Maduro como jefe de una organización, no solo ocupada en el narcotráfico, sino terrorista. Esto cambia radicalmente el panorama porque el cartel de Los Soles pasa a ser una Organización Terrorista Extranjera, lo que permite a la Administración Trump invocar la Autorización del Uso de la Fuerza Militar del 2001, sin pasar por el Congreso, y programar ataques a Venezuela, incluidas acciones encubiertas. Esto recuerda un poco, los que vivimos los ocurrido, al derrocamiento de Manuel Antonio Noriega, acusado por Washington de narcotráfico y fraude electoral, y la invasión norteamericana a Panamá.  Durante años, la Casa Blanca ha acusado al mandamás venezolano, a los ministros de Interior, Diosdado Cabello,  de Defensa, Vladimir Padrino López, de transformar al país sudamericano en un narco estado.

Son más de dos meses de despliegue de fuerza cerca de las costas venezolanas, el envío de marines a Trinidad y Tobago a entrenar, y un portaaviones, el  Gerald Ford, el mayor y mas avanzado del mundo, que refuerza el despliegue previo de 10 buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate F-35. En este tiempo, ha habido al menos 21 ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico con el resultado de 83 muertos. Para Estados Unidos, Venezuela era un viejo problema a resolver. Tomé contacto esta mañana con una amiga española, de paso por Caracas, que logró salir hacia Miami antes de la interrupción hoy de todos los vuelos, que me confirmó la incertidumbre de la población por las consecuencias de todo este despliegue de fuerza y la propaganda constante del régimen advirtiendo de la posibilidad de una resistencia prolongada en caso de invasión. 

La cuestión es que los cinco personajes de la lista del chavismo mencionados en párrafos anteriores incluyen a Rodríguez Zapatero,  quien, a partir de los cambios anunciados este día, podría ser objeto, como el resto, de una orden internacional de búsqueda y captura. La fiscal general Pam Bodi anunció hace meses una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, "uno de los mayores narcotraficantes del mundo", según dijo. La Administración Republicana ve en el facilitador español  un elemento clave en el apoyo de Sànchez al régimen venezolano y sus claras intenciones de fundir lazos con China.

Las últimas informaciones sobre Rodríguez Zapatero  decían que estaba ocupado un movimiento de enroque para proteger al rey, jefe del cartel de Los Soles, según Estados Unidos, colocando una torre, la "gacela" Delcy Rodríguez para que todo siguiera igual. Es la encrucijada de encontrarte con muchas fichas tener dos opciones: te lo juegas todo en una última jugada en la ruleta con la posibilidad de perder o simplemente te las llevas y te vas. Tal vez la esperanza era terminar con la finlandización de Venezuela , pero Maduro, desde hace tiempo baila una danza extraña en la que finge  seguir el paso, esperando a que el otro tropiece.

UN FISCAL GENERAL EN EL BANQUILLO.

 El Tribunal Supremo dejó visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del estado por el delito de revelación de secretos, imputado hace poco más de un año tras las investigaciones del juez instructor Ángel Hurtado. En la causa, se indagó también sobre la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, pero los expedientes fueron archivados. Durante el juicio oral del pasado 9 de septiembre, el magistrado halló indicios suficientes para el enjuiciamiento criminal transcurrido del 10 al 12 de este mes.

Como telón de fondo en todo momento y en todo lugar, la voz del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamando-con el juicio andando- la inocencia de una persona a la que él mismo nombró, aunque sin aportar nuevos datos para exculparlo. Como bien dijo Rafa Latorre en su programa La Brújula "una cosa es recordar la presunción de inocencia y otra afirmar la inocencia de un reo". La Asociación de Fiscales ha acusado a Sánchez, a tenor del juicio, de "presionar y deslegitimar" a los jueces del tribunal con la insistencia en la inocencia del fiscal general.

Desde el primer día del juicio, García Ortiz pasó cada día por delante de la prensa acantonada ante el edificio del tribunal con un aspecto cuidado, maneras desenvueltas, simulando una seguridad, que su rostro desmentía,  y mostrándose en todo momento como libre de toda sospecha. La gente reunida allí también le abucheó. Si pudo lucir ante el Tribunal Supremo, encargado de juzgarlo, su toga, sus puñetas y su Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort fue porque Hurtado descartó suspenderlo de su cargo y ningún otro tribunal consideró lo adecuada que habría sido una separación cautelar, justo para evitar toda aquella parafernalia de que estoy entre mis iguales cuando se sentó en el mismo banquillo de los fiscales y  abogados de la acusación. Al ocupar esa posición hacía caso omiso a la pérdida de imparcialidad de cara a la ciudadanía, porque esta carencia ha sido otro elemento más en solfa en el juicio. 

Existían dos correos en relación con un fraude fiscal y falsedad documental del empresario González Amador, por una parte, y una proposición del abogado de éste para lograr un pacto de compromiso con la fiscalía por el cual el reo se declaraba culpable de ambos delitos para evitar el juicio y pagando también una cuantiosa multa, un tipo de transacción regular en los juzgados.  En el caso que nos ocupa, estos mensaje cruzados entre el abogado del demandado y el fiscal del caso, Julián Salto, resultaron ser el germen de todo lo sobrevenido. La coletilla que colgaba fue lo importante, porque este ciudadano era nada menos que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no era parte en nada, pero sí un elemento político importante a ojos de la el fiscal general, ocupado más en temas políticos que jurídicos.

La acusación de revelación de secretos, tipificada en el Código Penal Español, conlleva consecuencias jurídicas importantes y, en esta causa, un debate público sobre la ética profesional. No hay que olvidar, que el mayor afectado, el denunciante Alberto González Amador, personado como acusación particular contra el fiscal general,  se quejó ante los jueces de la Alta Judicatura de que todo lo divulgado había dañado su derecho a la intimidad. A partir del momento en que trascendieron esos documentos a la prensa, el peso pesado del Partido Popular, la mujer que saca de sus casilla al presidente Sánchez, fue la coletilla cada vez que se mencionaba al empresario denostado, incluso a veces omitiendo hasta su nombre en los titulares de la prensa, como si este hecho los convirtiera a ambos en reos de culpa. Si alguien tenía dudas, solo esto habría servido para mostrar el carácter político de airear los correos a la prensa. 

Fue esta relación con Díaz Ayuso lo que llamó la atención del teniente fiscal Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general  Álvaro García Ortiz, cuando el 7 de marzo del 2024 se comunicó con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, para pedir el expediente del caso con  escaneado de ambas caras de los documentos incluido. La causa contra González Amador habría continuado el viaje acostumbrado por el juzgado sin mayor trascendencia y eso lleva a la pregunta, que muchas personas se hacían en España y en las redes sociales: ¿Por qué un fiscal general del estado tendría que haberse interesado en concreto por este caso? Y la respuesta estaba clara para muchos. 

El socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, hizo una crítica velada a las formas de Sánchez para defender a su fiscal general. El presidente del Gobierno presionaba, aunque no pareciera algo directo, al tribunal para logar una absolución, con frases como que "el fiscal general es inocente y tras lo escuchado esta semana  (refiriéndose quizás a los testimonios favorables de varios periodistas durante el juicio) se impondrá la verdad". Tal vez fue lo que inspiró al mismísimo García Ortiz a lanzar ante los siete jueces del Supremo una frase que sonó algo quijotesca como que "la verdad no es para filtrarla, sino para defenderla", algo que imagino ensayó frente al espejo en su casa porque le salió bordada. Page pareció también haberse preguntado, como todos, si un fiscal general debía estar pendiente del relato político. Horacio diría que la justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. 

El teniente coronel, Antonio Balas, fue aquel que,  junto al equipo de agentes encargados de las investigaciones del curso tomado por los correos de marras, reconoció la comisión de delitos y destruyó cualquier intento de la defensa de tratar de exonerar a García Ortiz. "Lo que se ve -dijo- es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado". El juez Jesús Manuel Villegas Fernández, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, había constatado días antes en tertulias de la prensa, que la estructura piramidal de la Fiscalía General del Estado permitió al acusado en este caso supervisar durante el juicio al propio Ministerio Público, que, en contra de todo pronóstico, hizo piña con la Abogacía del Estado para demostrar la inocencia de su superior jerárquico. Todo esto ad hoc al hecho de que por vez primera en democracia se juzga a un fiscal general con la cola que esto pueda traer en el futuro. 

Para más inri, resultaba que García Ortiz nada hacía para desentrañar la verdad, sino todo lo contrario. Admitió haber borrado emails y WhatsApp y destruido su teléfono, incluso hasta cerró su cuenta en Google. En juicios de otros personajes políticos en España, acusados de corrupción, la fiscalía consideró esto como destrucción de pruebas. De modo que cuando los peritos de la  UCO fueron a visitarlo, como parte de las investigaciones, comprobaron que no había nada por dónde tirar. Algunos abogados, en entrevistas con la prensa, se han preguntado cómo si eres inocente destruyes lo que puede ayudar a probarla, alguno incluso lo dejó más claro: un inocente no destruye pruebas. La UCO llegó a una verdad de perogrullo: el borrado y la destrucción del móvil fueron intencionados. Los peritos no han podido recuperar el material. García Ortiz se escudó en el protocolo de protección de datos, cuya existencia no fue demostrada por la defensa. Justo en el auto de defensa declaró que era algo que hacía con regularidad "en el desempeño de su función y de manera segura".

El juicio sirvió para dejar claro que García Ortiz ordenó al fiscal investigador Salto, que le facilitara por medio de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, los correos electrónicos cursados con la defensa de González Amador, y todo lo que hubiese intercambiado con su abogado. Quedó claro también, según los agentes y peritos de la UCO, que desde que el fiscal general tuvo acceso a la cadena de mensajes electrónicos hasta que la cadena SER los publicó transcurrieron solo dos horas.

El periodista de esa cadena, Miguel Ángel Campos, testificó ante los jueces que esos correos lo tenían cientos de personas antes de su publicación el 13 de marzo del pasado año. Habló de una fuente que le mostró los correos, aunque no le dejó fotografiarlos ni se los envió por email. A eses informante, el periodista, faltaría más, la ha defendido contra viento y marea, pero si hacemos un resumen de este batiburrillo de mensajes veremos que hasta ese momento, que se supiera, solo los habían manoseado García Ortiz, Diego Villafañe y Pilar Rodríguez. Hay una tendencia a culpar a esta última del filtrado de los documentos, aunque nada se ha probado sobre esto, ni siquiera indiciariamente.

Algo muy inusual en el mundillo periodístico es demorar la publicación de una noticia, porque si no está confirmada, siempre puedes simplemente decir que está sin confirmas y no pasa nada. Lo que no es frecuente es dejar de hacerlo y por supuesto  la SER la dio, al igual que otros como elDiario.es. Todo indica que, a tenor de los mensajes, el periódico El Mundo salió con una noticia sorpresa propia citando al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que aprovechó para colar que el pacto no se había logrado hasta el momento por el freno impuesto en "instancia superiores". Y es que, aunque no demos por bueno el entrecomillado, el dos pa'trás y dos pa'lante de los muchos periodistas sabedores con mucha antelación del contenido de los correos, con la demora en publicarlos, se lo pusieron a huevo a este comunicador de la Comunidad de Madrid como se dice campechanamente en España. Y en esa información lo más hiriente para el fiscal general fue que dijera que la propuesta de pacto venía del fiscal Salto, como si eso tuviera una importancia trascendental por lo que se refiere al quehacer en los juzgados. Las alta instancias no venían a cuento pero como decía muy preocupado García Ortiz no le podían ganar el relato. ¿Quiénes? Los del Partido Popular, porque como decíamos antes esto ha sido un juicio político desde el momento en que se mostró tanto interés por la causa de González Amador.

Los periodistas de elDiario.es y la Sexta reiteraron ante los jueces que la información sobre los correos entre abogado y fiscalía no eran secretos cuando lo supo García Ortiz. José Precedo, de elDiario.es aseguró haberlos tenido en sus manos desde el 6 de marzo del 2024. ¡Alto! Rebobinemos otra vez.  Se infiere que toda esta información estuvo en manos de la prensa, sin publicar, durante ocho días. En su ronda de conclusiones del juicio, la mayoría de las acusaciones de particulares dejaron claro que no se creían ni una palabra de todo aquello declarado por varios periodistas en un intento abierto de librar al fiscal general de toda culpa. Y ahora ponemos algo más, porque Precedo tuvo a bien enfatizar en los titulares de su medio en torno al tema como que "la pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla", y otro día  decía que el fraude procedía de una comisión de dos millones cobrada por el empresario (novio de Ayuso, que eso es lo importante) por la venta de mascarillas durante la pandemia y en una tercera entrega periodística decía que Díaz Ayuso "disfrutaba de un segundo piso en el mismo edificio que está a nombre de la sociedad de marras". Para justificar no haber publicado hasta el 14 marzo el contenido de los correos con el que contaban desde ocho días antes, explicó que preparar ocho informaciones (entre el 7 y 11 de marzo) lleva mucho tiempo. Pensé: pobre el solo ahí, intentando armar los titulares después de elaborar la crónica.  Porque cuando el fiscal general, durante sus solicitudes y diálogos en la trama de los emails dijo que había que "cerrar el círculo" es probable que los intentos de involucrar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en una trama de supuestos chanchullos sería el colofón de la movida y los titulares ayudaron mucho sobre todo si colgaban (el novio de Ayuso).

Esto fue el pistoletazo de salida de una nota de prensa de la Dirección de Comunicación de la FGE, que detallaba del contenido de los mensajes entre el abogado del ciudadano González Amador y el fiscal Salto al tratarse tan solo de desmentir lo publicado por El Mundo.  De ahí el estupor de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, cuando llamó al fiscal general y le dijo, más como afirmación que como pregunta: Filtraste los correos, ¿No? , a lo que, según la manifestante, el respondió: Eso ahora no importa. Lo importante es que no ganen el relato. En su descargo ante los jueces, García Ortiz negó todo. 

Mar Hedo,  directora de Comunicación de la FGE, confirmó ante el Tribunal Supremo, que la nota de prensa, que pretendía ser un desmentido y resultó ser mucho más, se la había dictado el propio García Ortiz, olvidando que la fiscal Lastra se había ofrecido para hacerla. La funcionaria añadió que después recibió muchas llamadas de la prensa interesada en si tendría lugar una renuncia del fiscal general, que daban por hecho. Tras estos acontecimientos, el fiscal general realizó una entrevista con Televisión Española durante la cual dejó caer que disponía de "información sensible con la que " podría hacer daño si quisiera.

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, cuya organización se personó como acusación particular, explicó la razón para emprender acciones legales contra el fiscal general. Se consideró muy grave -dijo- que se revelara en nota de prensa de la FGE información confidencial de un ciudadano el 14 de marzo del 2024. Tenían en sus manos desmentir que la oferta de pacto partiera de la fiscalía, lo innecesario fue desvelar el contenido literal de los correos con fecha 2 de febrero del 2024, agregó, para precisar que resultaba una situación que fracturaba el derecho de defensa. Este tipo de correos o conversaciones entre un fiscal y el abogado defensor forman parte del grado más estricto de confidencialidad entre ambas partes. Ribon se reunió con la fiscal provincial de Madrid el mismo día 14 de marzo y un día después con García Ortiz, quien le propuso elaborar un comunicado conjunto para "poner ciertos paños calientes" ante una más que probable investigación  y  la eventual depuración de responsabilidades. El decano la rechazó de inmediato, según dijo. 

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió, en su discurso al final del juicio, que el fiscal general no había actuado inapropiadamente porque se tratara de la pareja sentimental de Díaz Ayuso, como se podría decir en jerga jurídica actuó sin dolo. La Abogacía del Estado pidió la nulidad del caso por el "incumplimiento" de la UCO en el registro de los correos y la obtención del teléfono. Resulta que tanto si todo surgió para comprometer a la presidenta de la Comunidad de Madrid como si fue el propio fiscal general quien borró correos y destruyó el móvil, atando de manos a la UCO, que no ha podido recuperar los mensajes, están son las claves sobre las que giró todo el juicio. García Ortiz se enfrenta, si le hallan culpable del delito, a una pesa de entre tres y seis años de cárcel, la inhabilitación para cargo público entre 12 y 18 años y al pago total 400.000 en concepto de multa e indemnización. Se espera el veredicto para fines de este año y ser unánime con los indicios aflorados durante el juicio podría limitar una apelación ante el Tribunal Constitucional, no así de darse 5 votos a favor y dos en contra, por ejemplo. O, como ha dejado caer en esto días el director de la cadena COPE, Sánchez le otorgaría un indulto. Ahora toca esperar.

SÁNCHEZ CONVOCADO POR EL SENADO

Con esa ambición calculada y su determinación de mantener el poder, que no gobernar, aptitudes conocidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó hace unos días ante la Comisión de Investigación del Senado, que fiscaliza la posible financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es secretario general y su líder indiscutible. Esta entidad de la Cámara Alta corre a la par de las pesquisas del Tribunal Supremo, que ha citado a muchas de las partes implicadas en lo que se califica como empresa corrupta dentro de la organización, y de cuyos pormenores podría tener o no conocimiento. En su caso, hay que destacar que no está imputado en causa alguna. Hay quien considera que por estar aforado como cabeza del Ejecutivo.

El que aporta el nombre para distinguir esta Causa Koldo de otras muchas gestionadas por la Judicatura en este momento, es Koldo García Izaguirre, ex asesor del ex-ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ex-secretario de Organización del PSOE y relacionado con el amaño de contratos públicos para la compra de mascarillas durante pandemia de COVID 19, por la que se habrían cobrado comisiones ilegales. Dentro del mismo paquete, entran figuras como el empresario Víctor de Aldama y el propio Ábalos. El juicio oral de una sola jornada se abrió el pasado día 3 para indagar en una primera instancia sobre la recepción de comisiones, el origen del patrimonio de los implicados y como se favorecieron en la adjudicación de contratos por una suma de 700 millones de euros. Dada la relación de todo esto con el Partido  gobernante, la Comisión requirió la presencia de Sánchez. El magistrado instructor de la Causa en el TS, Leopoldo Puente, apreció indicios de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que pronto se abrirá el juicio propiamente dicho.

La Audiencia Nacional, mediante el Juzgado de Instrucción núm. 2, acordó abrir pieza separada para recibir el auto del magistrado Puente. sobre reembolsos al ex-ministro y al que fuera su asesor, al considerar dudosas las liquidaciones de gastos del PSOE. El juez titular Ismael Moreno instruye también la causa sobre organización criminal por las comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia.

En  una resolución judicial, han quedado establecidos indicios consistentes de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los investigados Ábalos y Koldo García "para incurrir en actos contrarios a los inherentes a sus cargos públicos" y que estos "recibieron las retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo" y "como prestación a conductas desleales". Todo esto ha significado un golpe político para el PSOE, entre otras razones porque afecta al ex-ministro de Transporte, una de las figuras más cercanas a Sánchez durante años y que retiene aún en esta legislatura su cartera de diputado.

La senadora María Caballero, de Unión del Pueblo Navarro, abrió la comparecencia con la pregunta sobre pagos a prostitutas con dinero público por parte del ex-ministro, sobre lo que la Judicatura tiene pruebas en audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con Koldo. Esto obligó al presidente a reconocer que era una persona de "su máxima confianza", señalando que su cese en el Ejecutivo estuvo marcado por la desescalada de la pandemia del COVID-19, lo que pretendió acabar con el rumor de que lo hizo porque conocía ya sus fechorías. Sobre esos hábitos personales en concreto, dijo sentir repulsión y puntualizó que dejaba a la Justicia dirimir el asunto, para no extenderse más. Aprovechó para lanzar una vez más el lema de que su gobierno "está comprometido con los derechos de la mujer y el feminismo". Abundó en cuanto a considerar a su segundo en otros tiempos alguien con unas cualidades políticas claras, una persona elocuente y sólida políticamente. Agregó que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia y de paso le dio un ramalazo al PP al decir que era distinto a lo que han hecho otras organizaciones. 

Sánchez destituyó a Ábalos el 10 de de julio del 2021 cuando remodeló el Consejo de Ministros para dar un giro tras la pandemia, según la explicación oficial. La sorpresa del cambio fue real, Ábalos   acudió a la reunión pensando que lo nombrarían ministro de Defensa. Todo indica un rifirafe entre ambos en el despacho del presidente en La Moncloa, según algunos medios de comunicación, cuando exigió una explicación y el jefe del Ejecutivo se negó a darla. De su puesto en el PSOE, fue relevado poco después. El diario El Mundo puso en boca del Ejecutivo estas palabras: "Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje terminó. No cuento contigo para la nueva etapa". 

Este indiscutible peso pesado del PSOE enfrentaba entonces el escándalo derivado de la visita del 19 al 20 de enero de 2020 a Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que aquí se ha dado en llamar el Delcygate. Esta persona no podía haber pisado territorio de la Unión Europea, sobre todo la zona Schengen, un espacio de 29 países, que han eliminado sus controles fronterizos internos, permitiendo la libre circulación de personas con un acuerdo en vigor desde 1995,  e incluye una política común de visados y una cooperación reforzada en materia de seguridad. Así consideraron los miembros que protegían el amplio territorio de accesos ilegales y otras amenazas. De manera que España no debió permitir que desembarcara, menos que pernoctara en Madrid para tomar al día siguiente el vuelo de la Qatar Airlines, dada la existencia de tales sanciones, aplicables a otros dirigentes venezolanos. La visita de 24 horas transcurrió de esta manera y el presidente respondió ignorar tales restricciones y cuando lo supo, ordenó a su segundo suspenderla, pero era muy tarde.

 

La senadora Carla Delgado, del Grupo de Izquierda Confederal, le preguntó por ese episodio y Sánchez restó importancia a la visita, remitiéndola al uso habitual de que cargos políticos visiten España sin su conocimiento, calificándolo de ordinario. Lo más importante de su respuesta es que negó tener conocimiento del veto de la UE sobre Rodríguez.  Aclaró que fue Ábalos quien le informó de su llegada como un hecho consumado, si bien le había advertido que no le permitiera pisar suelo español. La cuestión es que se conocen unas declaraciones del empresario, sujeto a procesamiento por corrupción, Víctor de Aldama, ante Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía de Anticorrupción y Crimen Organizado, en las que reveló haber gestionado esa visita a petición del factotum del presidente, quien pudo haber añadido la conformidad del jefe de Gobierno.

Sánchez negó conocer a Aldama, a pesar de que en la sesión de la Comisión le mostraron una foto en su compañía, ambos muy sonrientes y con su brazo sobre el hombro del otro, tomada en el backstage durante uno de discursos. Esa respuesta estaba en el mismo registro de su respuesta sobre su relación con Koldo que calificó de anecdótica pese a que fue el custodio de sus avales, 50,000 papeletas nada menos, con vistas a las primarias de 2017 del PSOE, cuando le acompañó también, junto a Ábalos y el ex-secretario de Organización, Santos Cerdán ( actualmente en la cárcel) en su peregrinaje a bordo de un Peugeut por las carreteras españolas. No solo fue custodio de tales ayudas sino que repartió urnas por toda Navarra para la recuperación del liderazgo de Sánchez del que fue apeado el 1 de octubre de 2016 por el Comité Federal. Hay un audio en el que se escucha decir al ex-asesor ministerial que Sánchez le había pedido cosas mediante Ábalos: " las hice y he desaparecido", se lamentaba con Santos Cerdán, quien negoció en nombre del presidente los votos de los vascos de Bildu y del PNV a la moción de censura contra el anterior Ejecutivo, Mariano Rajoy, del PP. La pérdida del Gobierno dio paso al consecuente encumbramiento de Sánchez. 

Hay un tema muy espinoso que podría derivar en la confirmación de la financiación irregular del PSOE, dentro de las investigaciones del TS. Cuando la senadora Caballero le preguntó si había recibido dinero en efectivo, dijo que alguna vez podría haberlo hecho, "aportando la factura" y precisó que todo en su partido era legal, lícito y transparente. Todo esto sin pasar aún al toque surrealista de que desconocía donde se hallaba la Gerencia, en un edificio no muy grande de la sede en Ferraz y después de tantos años como Secretario General. Si nos remitimos a todo lo que conocemos hasta ahora, se habla de 400.000 euros pagados en los últimos años a personas sin identificar, y esto no se ha sabido hasta hace poco a pesar de existir un Tribunal de Cuentas. Koldo García hacía circular dinero en efectivo, que cobraba en la Gerencia del PSOE y gozaba de carta blanca, según declaró ante el Supremo el gerente Mariano Pavón Moreno. 

Este individuo explicó ante la Alta Judicatura que el aparato político socialista daba por bueno todo dinero en metálico cobrado por Koldo García, no se verificaba la correspondencia del ticket o factura con el gasto y el efectivo se introducía en sobres para que el susodicho o un enviado por él pasara a recogerlos. Añadió que las cantidades fueron mayores a las registradas oficialmente desde 2018, cuando Ábalos ocupaba su cartera. A esto en España le llaman coladero de dinero porque la mayor parte de los pagos, en especial a organismos o instituciones, se realizan por transferencia bancaria y así se había hecho antes en el PSOE, según la ex-portavoz socialista, Soraya Rodríguez. En 2019, las cantidades en moneda corriente alcanzaban los 12,000 euros mensuales.  La secretaria Celia Rodríguez, también ante el magistrado, recordó que desde 2021 se favoreció al menos en quince ocasiones el efectivo a la transferencia bancaria. En esta parte específica de las preguntas, Sánchez hizo un esfuerzo tremendo por desvincularse de los implicados en la trama procesada por el TS. Los hechos, sin embargo, vienen marcando el paso.

A pesar de que el nombre del senador por el PP encargado de preguntar no sería desvelado prácticamente hasta el último momento, su actuación, tan esperada, dejó mucho que desear, en esencia porque su nerviosismo le impedía hacerlas de manera correcta, en varias ocasiones dijo al presidente de la Comisión que renunciaba a las anteriores para dar paso a otras, cortó en varias ocasiones la contestación del presidente, ansioso porque dijera lo que él quería, por lo que Eloy Suárez llamó su atención. Alejo Joaquín Miranda no solo defraudó a todos sino que impidió el afloramiento de algo útil durante su turno de preguntas. Perdió las formas,  ante alguien versado en esquivar sus espinas, como debía saber de antemano, y le dio ocasión para hablar de algunas miserias del PP, pasando así de largo por las propias. Quedaron en el tintero temas que Sánchez elude tratar como por qué su hermano David se tiró un año viviendo en la residencia de Gobierno en La Moncloa diciendo que estaba en Portugal para no pagar a la Seguridad Social. ¿Cómo podía Sánchez no saber esto? La imputación de su hermano por fraude y malversación es de las cuestiones que más incómodo lo ponen. Debía haber cotizado, aún estando en Portugal, por una ley de doble imposición por la cual un español, aunque reside en otro país, si recibe dinero público tiene que hacerlo en país.

No recuerdo cuántas veces se quitó y volvió a poner unas gafas para leer fueran o no de Dior y, a las que medios de comunicación prestigiosos como La Vanguardia le llegaron a dedicar un artículo. Lo tomé como lo que es: una forma de distraer al que tienes enfrente. La de Sánchez era una comparecencia esperada, duró cinco horas, con interrupciones  y requerimientos del presidente de la Comisión, Eloy Suárez, quien recriminó al presidente cuando dijo que "este tipo de comisiones de difamación, que no son de investigación" o cuando estigmatizó a la Cámara con un "creo que esto es un circo más que una comisión". Tanto insistió el jefe del Ejecutivo en denostar al Senado, que Suárez optó por advertir que borraría del acta de sesión de ese día "la falta de respeto a la Cámara".  Sánchez no pudo abstenerse de seguir con sus comentarios lamentables y encaminados a distraer la atención como decir "...el lodazal en el que lo han convertido los senadores del PP y Vox" o "que han puesto "al servicio de la "máquina del fango a una institución clave para nuestra democracia". A algunos llamó la atención que solo se refiriera a PP y Vox, los más acuciantes con las preguntas, y en cambio se abstuviera de incluir a su aliado, el partido catalán Junts, cuyo vocero le llamó "trilero". 

Edouard Pujols, en su turno de preguntas, le reprochó que "su actitud sonriente sí que ayuda a crear la sensación de circo". "A las insidias y a las difamaciones es mejor responder con una sonrisa" se defendió Sánchez. El catalán aprovechó para decir que Junts llegaba a la Comisión como partido de la oposición, al reprocharle no materializar los acuerdos suscritos en los últimos meses. Y deslizó como tenía planeado con seguridad la amenaza de un grupo con cuyo apoyo le sirvió para completar avales y sentarse en la presidencia tras las elecciones 2023 :"Ser poco serio no te lleva a prisión, pero te condena a perder apoyos y a vivir en la debilidad parlamentaria mas absoluta", tras haber señalado que les quedaba claro que que en los últimos años "usted se ha comportado y tiene tendencia a ser un Houdini o un trilero, cosa que no le ayuda ni a usted ni a la política, presidente ".

El senador por Junts verbalizó lo que todos los que escuchaban al presidente tenían en su mente: nunca tiene culpa de nada y uno piensa-agregó en tono jocoso- "pobre Sánchez que en el colegio le robaban el bocadillo porque si no , no se puede entender". Yo le sugiero, le señaló el presidente español en la contrarréplica,  que no sea tan condescendiente...."El paternalismo y la condescendencia son un hábito bastante conservador en este país, veo que no solamente en el conservadurismo español". Con esta última frase, dejó claro el pensamiento catalán de que ellos son ellos y los españoles, otros. 

Si alguien pensó que Sánchez olvidaría la importancia de quien le interpelaba como uno de los que le posibilitó ocupar la silla en La Moncloa, vino lo de la mano en el corazón - una más que elocuente actuación incluso para quien no se fije en el comportamiento no verbal-para decir a su socio rebelde que en lo que respecta a él, si está en sus manos cumplirá los acuerdos, pero en lo que no está, intentaría que se cumplieran. Creo que a todos les vino a la mente los esfuerzos porque el catalán, el euskera (vasco) y el gallego, lenguas vernáculas en España, reconocidas en la Constitución, junto al aranés, sean consideradas en la Unión Europea como de uso común. Reiteró un objetivo, que si buscamos en la hemeroteca veremos que no está muy claro, en cuanto a lo que dijo de que su política "sienta bien a Cataluña y al conjunto de España". El objetivo claro (para él) es la "total normalización de la vida política" catalana. Y ha insistido, quizá para bajarle los humos a Junts, "que la ley de amnistía (para el prófugo Carles Puigdemont) se puede aplicar de manera completa". 

En España son lenguas cooficiales el catalán, el gallego, el euskera y el aranés y el castellano es lengua oficial del Estado. El Consejo Europeo ha pospuesto su decisión en torno al reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque de naciones presentado por Madrid como un "asunto de identidad nacional" y "como tal la Unión Europea debe proteger la identidad nacional de todos los Estados miembros", reza en declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares. Esto viene por las exigencias de los separatistas catalanes para mantener su apoyo a Sánchez, pero no podrá aprobarse sin la unanimidad de voto de los 27.

La Comisión Europea ha expresado críticas sobre la ley de amnistía propuesta por el Ejecutivo español, al cuestionar que podría no responder al interés general y sugiriendo que se aprobó por un pacto político para la investidura de Sánchez. Ha cuestionado su idoneidad ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se ha señalado también que puede ser una autoamnistía porque los votos de los beneficiarios de la ley fueron necesarios para su aprobación y han criticado que se tramitara por un procedimiento de urgencia. La normativa aprobada debe suspenderse hasta que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales, aunque esto no suponga una suspensión de la ley en sí misma.

Para resumir hay que destacar que el presidente tuvo gran habilidad para no caer en el falso testimonio ante la Comisión del Senado mediante evasivas, alusiones a hechos sin venir a cuento y elisiones de datos, mucha opacidad y poca transparencia, pero, sin dudas, venía bien preparado. Días antes había habilitado una war room para asesorarse. El número de personas que aconsejan al presidente de Gobierno, entre las que se hallan juristas, es una cifra descomunal. Algunas publicaciones han señalado que unas 1,259 de las cuales 600 lo harían directamente en La Moncloa. Otros han citado 924. En cualquier caso, son cifras respetables. Sus más allegados en el Gobierno y el Partido se han dado por satisfechos con su actuación en la Comisión por haber salido sin arañazos y capear el temporal, y todo indica que con la cabeza muy alta. El PP consideró que sus respuestas o las no respuestas fueron reveladoras y pusieron al descubierto sus debilidades "a pesar de su disfraz con gafas".