Claro que valdría un adelanto. Motivos no le faltan. Este año ha paso a ser el tercero consecutivo en que no se han podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy, tuvo a bien recomendarle a su antecesor que convocara de inmediato elecciones generales si fallaba en pasarlos. El clásico caso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Parecería también otra razón apropiada de adelanto electoral ser el jefe de Gobierno español con más decretos promulgados en democracia, una cantidad cifrada en 155, mas del doble de los aprobados por Rajoy con 73. Si te gusta una ley, que no place a todo el Legislativo o no deseas debatirla porque la norma en cuestión solo te conviene a ti o a tu equipo y tienes el poder, siempre se puede echar mano al decreto.
¿Qué razones podrían haber para seguir navegando por un mar proceloso? A mi se me ocurren varias, aunque mencionaré lo que puede tener más peso. No le gustaría ser alguien sin protección jurídica, sin inmunidad, sujeto a la ley como cualquier español corriente. Se le ha escuchado decir sin rubor de sí mismo que "pasaré a la historia" como el que desenterró y trasladó los huecos del exdictador, Francisco Franco. Su lugar de reposo hasta 2019 era el monumento y mausoleo del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, en el que descansaban también otras figuras del régimen y combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil. Algunos han sido reubicados sin permiso de sus familiares. Franco descansa ahora junto a su esposa Carmen Polo en el cementerio de Mingorrubio, en la zona de El Pardo.
Dentro de la campaña auspiciada por el Gobierno, con muy buena acogida de la gente, de colocar en una pica a Israel, rescatar lo del Estado palestino rechazado por los países árabes cuando la ONU lo aprobó en 1947 y reventar la Vuelta Ciclista a España en su tramo final por la participación de un equipo israelí, dijo también haberse colocado del lado correcto de la historia. Cuando se le escucha pronunciar frases tan pomposas en las que claramente se aprecia su interés de pasar a la historia como un héroe o un estadista brillante, parecería que estuviéramos ante un místico, alguien bendecido por los dioses, abocado a una misión.
Desde hace algunos años, estamos dentro del ojo del huracán globalista, en medio de una corriente de relativismo moral, enfrascada en la tarea de cambiar la historia y nuestra forma individual de observar los fenómenos políticos. Esta senda solo terminará cuando nos desprendamos de nuestra identidad y seamos esclavos del Nuevo Orden Mundial. Puede que Sánchez se nutriera de esas ideas y se ve en el "lado correcto de la historia" durante las varias entrevistas en Nueva York y en Madrid -dicen que todo muy secreto- con el multimillonario húngaro George Soros.
O tal vez vinieran de antes. A Soros lo denunció VOX, la tercera fuerza política en España, ante la Unión Europea por desestabilización y sabotajes e injerencia en procesos democráticos. Periodistas de investigación lo consideran la sombra tras la financiación de movimientos políticos y rebeliones en todo el mundo. La Guardia Civil española dispone de un dossier probatorio de sus vínculos con el independentismo catalán en un afán de romper España. Su mano colmada de billetes promueve a todo trapo noticias falsas y teorías de la conspiración, que aprovechan nuestros miedos y prejuicios.
Para este conocido antijudío, aunque no comunista, la campaña mundial contra Israel y por un Estado palestino, ahora, en plena guerra en Gaza, cuando parece convenir a sus intereses y a los de multimillonarios, que apoyan la idea del Nuevo Orden, cuando harán desaparecer los actuales centros de poder para ocupar ellos su lugar. El apellido de Soros es en realidad Schwartz, de la judería sefardí. Ha financiado más que simples protestas en los últimos años en Estados Unidos, con presencia destacada de la violencia. Patrocinó el proceso independentista catalán y ayudó a la realización de un referendo no autorizado por las Cortes derivado de una no menos ilegal declaración de independencia de España. La Guardia Civil lo sitúa tras una aplicación (app) creada con el único objetivo de blindar todo este proceso por el que Rajoy se vio impelido a imponer el artículo 155 de la Constitución, en busca del control de este despropósito y contó para esto con el apoyo del PSOE. Sánchez, ese narcisista consumado, ese psicópata funcional, encantado de haberse conocido, no es más que una marioneta para los promotores del Nuevo Orden.
Sánchez, niño malo.
Hay muchos actos cuestionables en la trayectoria política de los últimos diez años del secretario general del PSOE y jefe de Gobierno de España. Durante la celebración del 39 Congreso en 2016 se atrevió a colocar personalmente, según testigos, una urna tras una cortina, de tapadillo, sin control, sin censo y sin interventor, para forzar la realización de un Congreso extraordinario. Sus partidarios pidieron perdón tras resultar descubiertos en una maniobra sin precedentes en la historia interna de la organización. El Comité Federal la calificó de pucherazo, coordinado por el vasco Rodolfo Ares, en medio de brotes de cainismo y odio, que en evidencia el desgarramiento de la izquierda tradicional española, con el añadido de que sigue estándolo al día de hoy. Sus críticos lograron pasar una moción de censura con 132 votos frente a 107 y lo apearon de la secretaría general.
El año en que lo quitaron, Sánchez recuperó el cargo cuando el PSOE constató los peores resultados de su historia en democracia en dos elecciones generales- No parece que se haya superado del todo la mala racha. El PP logró una amplia mayoría de votos en los últimos comicios en 2023, si bien no bastó para sentar a Antonio Núñez Feijoo en el asiento de Gobierno. Se imponían unas nuevas elecciones, sin embargo, Sánchez logró hacerse con los votos de los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos y los de la coalición de extrema izquierda Sumar y alcanzó su meta. alcanzar su meta, aun cuando al menos dos de estos partidos son de derechas. Como el centro de este trabajo es dar a conocer los problemas de corrupción, que afectan a familiares del presidente en dos casos, no voy a extenderme en esto y pasaré directamente al grano.
Las cloacas.
Empecemos por lo que se ha dado en llamar trama de los hidrocarburos, de la que tuvieron conocimiento los españoles en 2023 con el arresto del empresario Víctor Aldama, acusado con otros personajes de varios delitos como el impago de 182 millones de euros del Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA, que resulta ser un gravamen indirecto al consumo derivado de la compra de bienes o servicios. Desde 2017 se sabía la relación de este señor con el exchofer y amigo personal de Sánchez, Cristian Corvillo y con su hermano Rubén, así como con el exsecretario de organización del PSOE y exministro de Transporte, José Luis Ábalos.
El Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, concedió la libertad condicional a Aldama, que parecía tener mucho que decir sobre la probable implicación del PSOE en este fraude fiscal. Los socialistas no se cansan de mover el avispero para escamotear a la Justicia la posibilidad de cualquier hallazgo. El acusado venía denunciado el boicot de ocultación orquestado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, estrecho colaborador de Sánchez y sucesor de Ábalos en el puesto. En la actualidad, se halla en prisión provisional por peligro de fuga y eventual eliminación de pruebas como parte de la causa conocida como Koldo, en alusión al nombre del ex-asesor del PSOE, Koldo García Izaguirre. Figura también como relacionado con Leire Díaz, una "fontanera" encargada de desprestigiar a la Unidad Central Operativa o UCO en sus investigaciones en varios de los casos de corrupción.
La UCO encontró conversaciones entre Cerdán, Ábalos, y Koldo sobre "mordidas" o en lenguaje jurídico cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones en carreteras. El primero estaba en posesión de un contrato de compraventa de participaciones sociales en la empresa Servinabar 2000 S. L. sobre la que ejercía el control de un 45% de las acciones, involucrada a unos amaños de obra pública en la Comunidad Floral de Navarra, tierra de la que es oriundo. Las presiones y boicots a las investigaciones con posible implicación del PSOE y del entorno de Sánchez como las de Leire Díaz permiten conocer patrones de comportamiento como si se tratara de un bosque de espejos. Podríamos estar ante una estructura paralela dentro de la organización, mediante sociedades pantalla y testaferros, como los hermanos Corvillo, por las que se habrían desviado cientos de millones de euros en un fraude fiscal sin precedentes, con ventas ficticias o infravaloradas de carburantes.
Las licencias ilegales a varias empresas fueron otorgadas por l ex-ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ocupa ahora la vicepresidencia ejecutiva para una Transición Ecológica Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea. Hay sospechas fundadas de que la Fiscalía General y la Agencia Tributaria pudieron ser testigos pasivos del entramado de los hidrocarburos. Revolotea desde hace meses un informe del PSOE y la mafia de los carburantes revelador de una estructura dentro del poder político en la que el fraude fiscal se imbrica con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y el enriquecimientos ilícito.
Los socialistas quieren blindar a toda costa al entorno de Sánchez, tanto familiar como institucional, por lo que presentaron un proyecto de ley en enero pasado para "prohibir" las acusaciones populares o la apertura de causas por "recortes de prensa", lo que se ha interpretado como un ataque directo al periodismo de investigación. Esta acción, cuyo único fin es ocultar la verdad, ha venido acompañada de ataques directos de parte de Sánchez y de algunos ministros como el de Transportes, Oscar Puente, contra quien se había querellado el juez Juan Carlos Peina, instructor de la causa contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. El PSOE venía preparando en secreto desde 2024 una campaña contra los jueces y periodistas en el caso citado. Aquí es donde entran los intentos de Leire Díez, quien llevaba meses recopilando información sobre miembros del Poder Judicial y profesionales de la comunicación para diluir lo publicado sobre los casos de la mujer del presidente, de Koldo y de Ábalos, El Confidencial confirmó que también se trataba de forjar compromisos mas estrechos con sus socios independentistas y recuperar la iniciativa para el resto de la legislatura. El Gobierno argumenta su derecho a atacar ante lo que ve como un ataque de los jueces en instrucciones judiciales. Los casos que más les preocupan son los del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, los de la esposa y hermano del presidente, David Sánchez. Por todo esto se habla de la cloacas del Gobierno.
El diario El Mundo llamó la atención hacia el hecho de que se cuidan mucho de utilizar el término prevaricación, constitutivo de delito, sustituyéndolo por los de "malas prácticas", desde que el Tribunal Supremo rechazara siquiera aceptar a trámite sendas denuncias de Sánchez y de su mujer contra el juez Peinado. El Ejecutivo se planteó incluso reformar la ley para impedir el alargamiento sine die de los procesos, a punto de terminar en juicios. Los ataques contra los jueces revelan un intento de menoscabar el prestigio del Poder Judicial, t la división de poderes, imprescindible en democracia. La Comisión Europea ha pedido al Gobierno socialista acabar con estos ataques para "preservar la confianza en el poder judicial" y le ha conminado a hacer mucho más para combatir la corrupción y lamenta la falta de transparencia respecto al caso de un Fiscal General procesado, un hecho inédito en España.
Los "recortes de prensa" dieron a conocer precisamente la situación irregular de David Sánchez en un cargo diseñado para él desde un principio. Su ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz trajo consigo la polémica sobre la provisionalidad de la plaza en régimen de contrato laboral. Unidas Podemos dijo que era un nombramiento a medida y PP y Ciudadanos pidieron explicaciones. Los populares señalaron la importancia de tal nombramiento porque podía prestarse a interpretaciones, como si se otorgó como contraprestación por incluir a Guillermo Fernández Vara, senador de las Cortes Generales, hasta 2023 presidente de la Junta de Extremadura, o si se hubiese podido producirse de perder Sánchez la secretaria general del PSOE en las primarias de 2017, lo que insinuaba un posible trato de favor. Al hermano del presidente le imputan los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Quizá tenga que devolver el dinero recibido por su cargo. Un detalle conocido recientemente es que estuvo un año residiendo en la Moncloa, junto a su hermano y cuñada, sin cotizar a la SS porque mintió al decir que se hallaba en Portugal.
Si un caso ha conmovido a Sánchez es el de su esposa que podría ser procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Se le veía perder peso, demacrarse, aparecer nervioso en exceso en algunos actos públicos, en su fuero interno quizás debió pensar en que aquello no le podía ocurrir a él. Se preguntaría como se había filtrado todo aquello. ¿Cómo se atrevían? Quizá hasta meditó como podía revertir a su favor, sin obligarse a renunciar, aquel revés. Anunció que se retiraría unos días a reflexionar y regresó después de cinco jornadas y anunció a bombo y platillo, como lo hace casi todo, el inicio de un proceso de "regeneración democrática". La realidad es que fuera de su partido y de sí mismo nada había que regenerar.
Cuando anunció su "retiro espiritual", la mayoría social, como se podía conocer a través de las redes, pensó en una eventual renuncia, si bien nunca estuvo en su mente. Otros creyeron en el sobrevenir de un zarpazo de los grandes para salir airoso porque como habría dicho una ciudadano del imperio romano, la mujer del César no solo deber ser honesta, sino tiene que parecerlo.
¿Cómo? El hombre a cuyo alrededor se movían tramas de corrupción cada vez a mayor escala, se proponía encabezar la anunciada regeneración. Existían suficientes indicios de utilizó en beneficio personal o para favores a terceros su rango social y los derechos adquiridos como esposa del presidente. Su mediación obró en favor -según documento de la UCO- del empresario Juan Carlos Barrabés, que logró casi un centenar de adjudicaciones públicas ilegales valoradas en 25 millones de euros. Ella incluso firmó cartas de recomendación a favor de este individuo, quien declaró, en el curso de la causa, haber tenido con Sánchez reuniones "meramente" empresariales.
El periodismo de investigación continuaba su marcha y el OK Diario reveló que, si bien se presentaba como Licenciada, en realidad su diploma de la Escuela Superior de Marketing y Negocios M&B carecía de la convalidación requerida del Estado para poner en su curriculum tener una licenciatura. Como mucho el documento acreditaría estudios superiores en Marketing y Administración de Empresas.
Por si lo relatado en párrafos anteriores no resultara más que suficiente hay temas turbios por aclarar serían el rescate público a la Empresa Air Europa, una aerolínea de Globalia, durante la pandemia de COVID, por 475 millones de euros. Se trata de préstamos del fondo dedicado a empresas estratégicas de la Sepi, entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda, Los tribunales consideran que no hubo delito. La Audiencia de Madrid prohibió expresamente al juez Peinado investigar. El PP, no obstante, ha solicitado a la UE que se ocupe de este asunto. Con la trama de los carburantes al retortero, las imputaciones de familiares girando como en un carrusel, el Tribunal Supremo abrió causa en octubre de 2024 al Fiscal General del Estado -en su día propuesto por el Gobierno- por revelación de secretos en datos concernientes a una investigación por fraude tributario del ciudadano Alberto, con la que Sánchez tiene una disputa permanente a cara de perro. Es una mujer sobre la que se comenta en redes sociales que pone al descubierto los problemas políticos surgidos en el actual mandato socialista con pelos y señales. Y aquí vamos a referirnos al trágico episodio del viaje de la vicepresidenta venezolana y Ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.
La UE desplegó un veto de acceso a territorio europeo a unos 18 miembros de la cúpula chavista en Venezuela y entra ellas figura Delcy Rodríguez. A pesar de esto, Sánchez autorizó su vuelo a Madrid y su estancia de dos días en la capital española el 20 de enro del 2020 para trasladarse después de Doha. A recibirla acudió Ábalos, entonces todavía hombre de confianza del presidente, quien se ocupó de exhibirse con ella por todo el aeropuerto de Barajas. Todo esto se conoció por el periodismo de investigación. El viaje permitió transportar cierta cantidad de equipaje. Algunas fuentes de la Unión Europea hablan de 12 maletas y la prensa de 40, que partieron de la terminal internacional sin haber pasado el reglamentario control de seguridad a la embajada venezolana en Madrid.
Aldama fue el facilitador de la visita y el intermediario entra el Ministerio de Economía de Venezuela y la empresa Globalia para el pago de la deuda de Air Europa a cambio del suministro de combustibles a los aviones que repostasen en ese país sudamericano. El régimen de Nicolas Maduro ha colocado a un país otrora rico en petróleo en el último lugar del Índice de Competitividad Mundial 2025, La UCO en su informe sobre el bautizado como Delcygate afirma que Sánchez aprobó la visita y que ninguna de las versiones dadas por Ábalos para justificarla es cierta. El presidente lo mantuvo un año más en el cargo antes de destituirlo y le ha permitido continuar como aforado en el Congreso de los Diputados al frente de la Comisión de Interior. Al parecido al caso del Fiscal General, que sigue en su puesto como si nada estuviese pasando. Hay otros implicados en la corrupción serían el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el Ministro de Política Territorial, Víctor Torres, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Moroto. Con los datos conocidos, las partida del dinero involucrado en estas tramas alcanzan los mil 400 millones de euros. Si aplicamos un conocido dicho español, aquí no se salva ni el tato. Sus acólitos quieren proponerlo para el Premio Nobel de la Paz.
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