ESPAÑA, BRUSELAS Y LAS PROMESAS DE RAJOY

Congreso de los diputados, Madrid.

Por Mirta Balea

España ha caído en desgracia ante la Comisión Europea (CE) al incumplir los objetivos del déficit público en 2015. La deuda ha crecido sin que esto suponga un fortalecimiento de sus bases económicas y hoy la deuda pública alcanza el 100% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit es de un 5,1% dentro del mismo marcador.

El periódico El País publicó esta semana la carta dirigida al presidente de la CE, Jean Claude Juncker, por el jefe de gobierno en funciones Mariano Rajoy, en la que queda reflejada con nitidez la desesperación personal ante la quiebra de confianza de Bruselas y recibir además una sanción por incumplir los compromisos.

Nada de menospreciar la misiva, porque ha librado a España, de momento, del castigo previsto de más de dos mi millones de euros, al retrasar el procedimiento hasta julio de este año, tras las elecciones nacionales del 26 de junio. Al margen del precario salvavidas, cualquier gobierno tendrá que tener en cuenta que formamos parte de la eurozona y el país que no cumple con el déficit paga una multa.

La prensa ha comenzado a usar el contenido del documento - que califican de carta oculta- para dar al traste con la campaña electoral del Partido Popular (PP) y de su candidato Rajoy en la que el hilo del discurso ha ido por la vía de que no habrá nuevos recortes. Y es que lo escrito por el presidente a Juncker va por otros derroteros.

Con el incumplimiento del déficit y el aumento de la deuda, el propio gobierno del PP, ahora en funciones, ha incumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEPSOF), aprobada en 2012. Una transposición de la norma europea sobre gobernanza económica. 

La LEPSOF española consagró la austeridad para las Administraciones Públicas y estableció los mecanismos de control del déficit y la deuda pública, tal y como exigia la normativa de Bruselas.

Los números indican que hasta el 2033 España -tenga el gobierno que tenga- no podrá reducir al 60% del PIB la deuda ni a un 3% el déficit, como demandan las citadas normativas. El Tesoro Público ha dejado claro en sus datos públicos que el país ha continuado endeudándose en otros 58 mil millones de euros entre el 2014-2015. Cada ciudadano deberá pagar en consecuencia 23 mil 45 euros para amortizar una deuda total de l,072.182 millones de euros.

El TP apeló al menos 50 veces a préstamos en los mercados en 2013, de los que consiguió 238 mil 560 millones de euros (164 mil 818 millones de euros para la amortización). Esto ha supuesto un mayor endeudamiento.

España arrastra un déficit estructural en la Seguridad Social. Cuando Rajoy llegó al poder había 66 mil millones de euros en la hucha debido al equilibrio entre ingresos y gastos, pero en estos cuatro años el déficit ha alcanzado los 20 mil millones de euros y en aumento.

Algunos economistas dicen que una solución pasaría por revertir los impuestos sobre la renta y las sociedades de 2015, que han costado 7 mil millones de euros, o recortar en un 10% las pensiones, lo que ningún partido lleva en su programa de pre-campaña. Para el PP, en particular, resultaría nefasta esta última fórmula porque los pensionista son su feudo electoral, según las estadísticas de votantes por edad. Así que en el horizonte se vislumbra una nueva subida de impuestos, digan lo digan los políticos en sus mítines.

Rajoy se comprometió con el "querido Juncker" a tomar nuevas medidas en la segunda mitad del año. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, dijo al diario catalán La Vanguardia, que "exigirá" déficit cero a las Comunidades Autónomas. La realidad hay poco de donde tirar.

Valencia, feudo del PP durante muchos años y donde se ha registrado el mayor escándalo de corrupción masiva de la Unión Europea, el gobierno autonómico ha dejado un déficit de un 3% y solo se podrá recortar en sanidad, educación y dependencia para lograr lo exigido por  Guindos, algo que no están dispuestas a hacer las nuevas autoridades.

La principal causa de la desviación del objetivo del déficit, al decir de algunos economistas españoles, radica en la rebaja de impuestos del 2015, cuyas consecuencias se percibirán mejor este año, que tuvo un claro carácter electoralista por la proximidad de las urnas el 20 de diciembre último y el afán del PP de desprenderse de su mala fama como cercenador del bienestar social con los recortes puestos en marcha para complacer a Bruselas, el principal y más criticado la reforma laboral.

En julio del 2010, el gobierno popular subió el tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido o IVA de un 16 a un 18%, el de tipo reducido de un 7 a un 8%, manteniendo en un 4% el superreducido. En septiembre del 2012, volvió a subir el primero hasta un 21% y el segundo, un 10% y llevó algunos productos del superreducido a las otras dos categorías. Todo esto a pesar de que entre 2007 y 2009, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los ingresos por el IVA y el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas o IRPF habían caído, respectivamente, un 31 y un 36%.

La primera legislatura de Zapatero registró una elevación del déficit por el aumento del gasto público y la caida de ingresos, índices que se dispararon en  su segundo mandato. Rajoy logró cierta estabilidad con el aumento de los impuestos, pero no hizo nada por contener el gasto, aun cuando disponía de una mayoría parlamentaria para sanear la economía.

La deuda pública ha alcanzado el 100% del PIB, lo que nos dice que supera la riqueza producida en el año. La financiación tiene de momento un coste reducido por la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo. Una luna de miel pasajera si Bruselas endurece la política monetaria y deja de inyectar liquidez, algo que podría muy bien ocurrir ante las perspectivas reales de un nuevo rescate a Grecia. 

Algunas recetas de los economistas plantean que si se mejoran las infraestructuras como educación, tecnología, sanidad y capítulos similares tendríamos un periodo de crecimiento del déficit y la deuda, pero más adelante esto revertiría en una economía más fuerte. 

El crecimiento de la deuda no ha supuesto para España un fortalecimiento de sus bases económicas. Tenemos una productividad estancada y una pobreza laboral que gana terreno en un mercado laboral precario y sin perspectivas de mejora.

Para ser justos, debemos culpar también a Europa por la caída del consumo y de la inversión privada en España a partir de ajustes exigidos y que nunca tuvieron en cuenta la reconstrucción de la base productiva nacional tras la crisis. Se introdujo en cambio el fetiche de reducir a un 3% el déficit, como única meta válida para Bruselas. Todo se ha reducido a dar prioridad a la deuda e ignorar las consecuencias para la economía nacional y el bienestar social.

La Unión Europea- no importa lo que prometan los candidatos a las elecciones- no va a renegociar la deuda española y la sanción caerá sobre las cabezas de los ciudadanos, con el consecuente aumento del endeudamiento. Frente a esto, cualquier solución en cualquier programa no parece realista.