Por Mirta Balea
Por mucho que el ministro de Industria J.M.Soria dijera que la subida prevista de un 11% en el recibo de la luz de enero resultaba inaceptable y el Gobierno decretara invalidar la subasta previa para la fijación del coste, nada hay más seguro que España está obligada a operar con las tarifas eléctricas más altas de la Unión Europea (UE).
El insostenible modelo eléctrico, por el que se ha generado una deuda de 30 mil millones de euros, y la incapacidad de Soria de introducir en los Presupuestos Generales del Estado para este año la cobertura del déficit tarifario, ha sumido a los contribuyentes en la perspectiva de cubrirse con mantas y alumbrarse con velas este invierno.
La tarifa eléctrica ha subido el 63% en España desde el 2003 por la incompetencia de los gobiernos sucesivos de cumplir su cometido: administrar con sensatez los recursos disponibles.
Con la caída de la demanda, se ha visto paralizada la mitad del parque eléctrico instalado, a lo que se suma la incompetencia en la distribución, la escasa transparencia y la volatilidad en la confección de los precios.
El gobierno del Partido Popular (PP) ha desestimado explorar -como era su deber- la raíz del problema o al menos hacer que los Presupuestos del Estado asuman las subvenciones que tan pródigamente se proporcionan al sector.
Los contribuyentes españoles deben estar muy preocupados por el destino de sus eléctricas. Endesa está tan "necesitada" que alcanza un dividendo de un 6,8% y otro tanto ocurre con Iberdrola, con un 6,15%.
Endesa e Iberdrola, a las que hay que "salvar", figuran también en un listado de las diez empresas de mayor rentabilidad por dividendo.
El recibo de la luz tiene dos aspectos: peaje o regulación gubernamental y la parte del mercado, que refleja los costes y va a la subasta cada año, la última, el pasado día 19, para fijar los precios.
El coste energético tiene a su vez dos formas de medición: el mercado mayorista y el mercado de futuros eléctricos. Sobre este último se basa la subasta para fijar los precios. Como puja, al fin, se empieza por el precio más bajo y se termina en el único aceptable para el suministro de luz.
La subasta es, supuestamente, secreta, ni siquiera se hace público el número de participantes, aunque los que se mueven en los entresijos de las finanzas dicen que son gigantes financieros como Goldman Sachs, Morgan Stanley y J.P. Morgan.
Estas fuerzas tremendas ofrecen un contrato de suministro de luz trimestral a un comercial, encargado de venderla a los hogares. Y son estas grandes empresas las que en la última subasta se retiraron en los primeros momentos para impedir que el precio se correspondiera con los mercados de futuros.
Los inversores, llegados a este punto no les queda otra que negociar con las compañías suministradoras la compra de electricidad para cumplir los contratos. Como puede verse, sin mucho esfuerzo, el coste de la energía más cara marca al resto del mercado.
En España, las autoridades apuestan abiertamente por el oligopolio de las eléctricas antes que por los ciudadanos, que están al borde del estallido social.
Si se eliminaran los impuestos y costes políticos como la moratoria nuclear, las ayudas a la insostenible industria del carbón, las primas a las energías renovables o los llamados costes extra-peninsulares se reduciría a la mitad la factura cada mes.
Después de siete años de socialismo desnortado, los electores confiaron en el PP, pero este, en vez de cumplir el programa de gobierno por el que le dieron la mayoría en el Congreso, se ha dedicado a obedecer a pie juntillas los dictados de Bruselas y ha empeorado la situación social, económica, financiera y política de España.
El Gobierno viene anunciando que hay luz al final del túnel y ha ocurrido lo de siempre, los especuladores han entrado a saco, porque la subasta permite mucho la especulación y no es la primera vez que salen a relucir las manipulaciones dentro de ese sistema.
La reforma impulsada por el ministro de Industria, aprobada por el Consejo de Ministros a principios de este mes, se ha mostrado insuficiente y ha fracasado antes de ponerse en práctica por las duras pugnas con los agentes del sector.
Lo ideal sería un gran pacto de Estado para definir un marco estable para el suministro eléctrico en una época en que hay 6 millones de parados y dos millones de hogares tienen al menos a uno de sus miembros sin trabajo; en un escenario en que se han bajado los salarios, se han congelado las pensiones y ha aumentado el número de familias que no llega fin de mes.
Puede que se diga que aumentar el precio es un fenómeno especulativo o que los recortes en la producción son artificiales, incluso que se trata se un caso claro de avaricia y estafa, pero nadie deberá esperar que el gobierno del PP se haga responsable o que Soria confirme que el cargo le queda grande y renuncie.
Las razones sociales resultan más que suficientes para que el Gobierno entre con la manga al codo en el mercado y ajuste los costes energéticos. Porque no siempre podemos culpar al mundo de las fechorías de unos pocos.
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