España: Estrasburgo desestima la doctrina Parot

Ines del Río  ante la Audiencia Nacional.

Por Mirta Balea


La razón por la cual los españoles han asistido perplejos a los crímenes de ETA en todos estos años ha sido que los valores humanos son incognoscibles para la banda terrorista vasca, a no ser que estén en función de sus propias necesidades.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha abierto las puertas recientemente a la excarcelación de terroristas etarras, al igual que a violadores y asesinos múltiples. La Gran Sala de Estrasburgo ha sentenciado que España violó los derechos de la ciudadana Inés del Río ( con 26 asesinatos directos a sus espaldas) al aplicarle en 2008 la llamada doctrina Parot.


Esta fórmula ideada a nivel penitenciario para compensar de algún modo las carencias del Código Penal permitió que los sujetos del disparo en la nuca, el secuestro y la extorsión cumplieran íntegras sus penas para evitar nuevas desgracias si salían antes de tiempo. Estas fueron elevadas en 1995 de 30 a 40 años.


A partir de la sentencia europea, 30 recursos en Estrasburgo tendrán la misma aplicación, pero afectará también a unos 130 casos en tres años.


Del Rio fue liberada ayer de forma inmediata por la Audiencia Nacional siguiendo a la sentencia del TEDH. La decisión resulta vinculante para el Estado y no cabe recurso, según han revelado fuentes el ministerio de Justicia.


Los jueces europeos consideran que la terrorista no podía prever que el Tribunal Supremo español modificaría su jurisprudencia en 2006 en cuanto a  los beneficios penitenciarios para que los asesinos implicados en atentados y otras muertes cumplieran de forma efectiva 40 años con la Parot.


De los 17 magistrados europeos, 15 votaron a favor, entre ellos el español Luis López Guerra, en cuanto a que España violó el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al entender porque aplicó de forma retroactiva el alcance de la ejecución de la pena y no solo su modalidad.


El Gobierno avisa que no permitirá que los "etarras sean recibidos como héroes" y se dispone el viernes, en el Consejo de Ministros, a aprobar el Estatuto de la Víctima para reforzar los derechos procesales y de otro tipo y darle a ésta mayor protagonismo en las causas.


La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocó para el domingo una manifestación, a la que asistirá la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, contra la sentencia de Estrasburgo y ha exigido al Gobierno del Partido Popular (PP) que no acate el fallo.


Del Rio actuó, junto a otros miembros del Comando Madrid, sin compasión y nunca se ha arrepentido de sus crímenes. Son los jueces de Estrasburgo quienes han hecho el trabajo de exonerarla.


De cumplirse con la doctrina Parot, Del Río habría finalizado su condena en 2017, pero el TEDH atendió su recurso y decidió que saliera de inmediato de la cárcel.


La etarra había sido condenada a más de 3,000 años de cárcel, de los que 2,232 correspondían a sus actividades en el Comando, a las órdenes del huido Ignacio de Juana Chaos.


El TEDH se ha inmiscuido de lleno en la interpretación de una fórmula penitenciaria de rango inferior a la legislación preexistente, según algunos juristas. Esta podría ser una de las razones por las que la AVT y la mayoría de españoles no comprenden esta inclinación del Alto Tribunal al juicio moral.


A muchos asombra la velocidad del Gobierno en cumplir la sentencia, que otros estados europeos en situaciones similares no han acatado, y que contradice su propia actitud de no acometer una sentencia anterior del mismo tribunal para desmantelar las fachadas electorales de ETA. Ni los socialistas en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ni los populares en la actualidad, se han atrevido a entrarle a esta tarea con la manga al codo.


La banda ha comenzado a celebrar la aplicación de una ley franquista de 1973 y luego habrá quien diga que la historia no tiene su guasa.

Tribunal de Estrasburgo.

Las acciones del Comando sembraron de víctimas las calles de Madrid. Según algunos medios, los años 80 de la democracia fueron los peores, y resultó ser uno de los más sanguinarios entre todos los grupos etarras.


López Guerra, el magistrado español de Estrasburgo, no puede alegar ignorancia sobre el tema juzgado y aun así aprobó la sentencia, un explícito desprecio a la necesaria equidad del reproche penal.


¿No se habrán dejado llevar los jueces por el aforismo de "entender es perdonar" porque en una empatía distorsionada piensan que alguien "debe tener" alguna razón para hacer algo horrible?



Lopez fue catapultado a Estrasburgo durante el gobierno de Zapatero por sus vínculos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el único fin de que cuando Del Río presentara su recurso, apoyara el voto contra la doctrina Parot e influyera en el resto de los magistrados.


Cuando fue nombrado, la Asociación Profesional de la Magistratura impugnó la propuesta porque había sido designado únicamente por su afinidad con el PSOE,  sin transparencia respecto a méritos y capacidad.



Esto formaba parte de los acuerdos entre representantes del PSOE, ya bajo la batuta de Zapatero, y de ETA, muy en secreto porque estaba vigente el Pacto Anti-terrorista suscrito con el PP y gobernaba entonces con José María Aznar en el cargo Ejecutivo.



Lo único que se pretendía al iniciar los acercamientos era promover la caída del PP e impedirle volver a gobernar. Fue la etapa de los atentados a los trenes en la terminal de Atocha en Madrid, en los que murieron unas 200 personas y que supuso un vuelco en la intención de voto ciudadano, lo que dio una victoria sorpresiva al PSOE.


El juicio que siguió a la matanza en Atocha estuvo plagado de preguntas más que de respuestas. Aún así fueron sentenciados musulmanes, ninguno con currículo de radical. Uno de ellos incluso confidente de la Policía.


Ni siquiera se pudo establecer que tipo de explosivo fue utilizado en los atentados y muchas pruebas desaparecieron, para aparecer después, algunas resultaron adulteradas o vulnerada la cadena de custodia y todo esto tuvo lugar con técnicos de gran experiencia afines a los socialistas como se ha sabido posteriormente.


En las dos ocasiones en que ha gobernado, contando la última etapa de Aznar y la actual de Mariano Rajoy, el PP ha tenido mayoría absoluta, en tanto que el PSOE, ni siquiera en medio de los atentados, ha vuelto a lograrla desde1993.



Las actas de esas negociaciones las conserva la Institución Henri Dunant de Ginebra y no se han hecho públicas. A la banda llegaron a ofrecérsele indultos al final del proceso y medidas de gracia para todos los delitos de sangre, paralizar las detenciones de etarras y aceptar a Batasuna, su brazo político entonces, en la vida pública. 


Al PSOE, según declaró el secretario de Organización, Oscar López, "le repugnan las consecuencias de la sentencia" de Estrasburgo. La izquierda vasca nacionalista ha difundido un comunicado presentándola  como un triunfo "arrancado" al Estado español, que ha sido "vapuleado".


Los gobernantes sucesivos de la democracia, cuando los muertos se les acumulaban, no pudieron o no quisieron corregir el Código de 1973, que se quedaba corto para los crímenes terroristas, y dejaron estar las cosas con la mayor incompetencia.


No se pensó que los beneficios penitenciarios previstos por esta ley estaban pensados para crímenes menores. La única forma hallada por los jueces españoles para contrarrestar la situación fue la doctrina Parot, que Estrasburgo acaba de tirar al basurero de la historia.


La insensibilidad de los asesinos se nutre siempre de la anestesia política y así se puede alcanzar el cénit del despropósito. Quienes en la sociedad vasca aplauden la sentencia pasan conscientemente por alto que "su heroína" ha cometido múltiples asesinatos.


Ahora una red de ex-presos prepara el regreso de sus "compañeros" y dice que "la sociedad está en deuda con ellos" y les conmina incluso a pedir ayudas sociales para facilitar su reinserción. Es decir, aprovechar al Estado que ellos mismos rechazan públicamente.


Da la impresión de que hay quienes están dispuestos a revestir de un mensaje de exoneración a lo que no es más que una descripción concreta de falta de humanidad.


Las víctimas, y con ellas una mayoría de la población, dejan asomar una indignación comprensible y piensan que la democracia ha sido derrotada porque los políticos han cedido ante los terroristas.



Esa indignación no debería desbordarse porque la sociedad debe basarse en los Derechos Humanos y no puede emular la sucia conciencia del criminal. Algo así constituiría la victoria del odio y su gemela, la venganza.


Hay leyes y penas para dar cumplida venganza social a los crímenes, pero todos sabemos que la Justicia es solo retributiva y nunca puede borrar los asesinatos, ni compensar en buena ley a las víctimas. Hay una gran distancia moral entre quienes hacen daño a otros y quienes jamás lo harían.


Hay también una actitud psicopática en la ausencia total de sentimiento de culpa por parte de los etarras, una completa insensibilidad ante sus víctimas y un enorme egocentrismo, cuya excusa es la sublimación de un supuesto espíritu nacional que hay que defender frente al de afuera.


El poder más fuerte es el que se tiene sobre la vida y la muerte, así que, bajo la amenaza de perder esta superioridad, ETA siguió matando en la democracia como una forma de reafirmación. Y si la clave del perdón social se muestra siempre como la comprensión, aquí no puede haberla.


El estilo de ver el mundo bajo un sistema de creencias que interpreta la realidad solo a través de consignas, elementos esenciales del fanatismo, les ha llevado a perpetrar crímenes que suman casi mil cadáveres y un número similar de lisiados mental y físicamente.



A Del Río, junto a Dolores Peñalba, aún en prisión y miembro también del Comando Madrid, se las considera las más aventajadas alumnas del terror. Su liberación y la de otros etarras en el futuro despierta incertidumbre e inquietud, pero las leyes españolas no contemplan la cadena perpetua, ni son retroactivas, solo miran a la reinserción y Estrasburgo, al parecer, se los ha recordado.