España: huelga y desahucios: todo en la misma botella..

Por Mirta Balea


El drama de los desahucios ha marcado hoy el segundo paro general contra el Gobierno del Partido Popular (PP). La paciencia social por los ajustes y recortes impuestos a la población desde hace casi un año parece haberse agotado y, si bien el seguimiento ha sido desigual, la huelga general convocada por las dos mayores centrales sindicales del país (UGT Y CCOO) ha contado con émulos en Portugal y, en menor medida, en Grecia, Bélgica y Chipre.




La gente está harta de los abusos de todo tipo, desde la especulación urbanística hasta la depredación financiera, que han traido consigo la crisis actual en el mundo y han fagocitado a la clase media y dejado en la estacada a los más necesitados y vulnerables dentro de la población.  La austeridad, ha quedado demostado, no resuelve las deudas ni actúa como incentivo económico, así que parece llegado el momento de cambiar la política económica.




Puede que la huelga general no sea la solución porque hará crecer, sin dudas, la incertidumbre en el exterior sobre la capacidad de España de cumplir con sus obligaciones y traerá pérdidas económicas al país derivadas de la propia jornada de inactividad, pero nadie discute que es la forma tradicional de hacer patente el malestar social. Si algo ha sido el mejor legado de la izquierda al ámbito de las libertades es el sindicalismo, muy cuestionado en España porque sus entidades se han convertido en el pozo sin fondo de ayudas estatales que le han hecho perder fuelle en los últimos años.




Los desahucios y no la huelga general de este día han venido copando los titulares de los periódicos nacionales en los días previos. Esto ha obligado al gobierno de Mariano Rajoy a administrar tratamientos paliativos a sus propias reformas. El viernes, en la reunión del Consejo de Ministros, se aprobará una moratoria de dos años, que, como ha dicho el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue sin ser la solución, porque lo cierto es que los bancos se le adelantaron en ésto.




Las hipotecas son el mayor gasto de los españoles. El 77% de los deudores lo hace en la cantidad de 649 mil 856 millones de euros. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre abril y junio pasados, la renta disponible de los hogares resultó un 3,2% menos que en 2011.




Durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos minoritarios de izquierda en el Congreso de los diputados presentaron conjuntamente un proyecto, que él rechazó, para la dación de pago, algo impensable en España donde todos los gobiernos, desde la instauración de la democracia hace más de 30 años, han estado a favor de los bancos y no del consumidor. En Estados Unidos este sistema de dación funciona y bien en casi todos los estados.




Defender el dinero de las instituciones financieras es la base de la ley de desahucios que rige en el país desde el siglo XIX y es preconstitucional, es decir, anterior a la aprobación de la Carta Magna surgida de la transición democrática con la muerte del dictador Francisco Franco. Los gobiernos de la nueva etapa, sin embargo, como ocurre también con la ley de huelga, no se han atrevido a tocarla y parece llegado el tiempo de que el PP se amarre bien los pantalones y lo haga. Ese walk away para favorecer al consumidor resulta imprescindible en unas condiciones de crisis como las actuales.




De manera que la moratoria que se dispone aprobar el gobierno de Rajoy para situaciones de "extrema necesidad" y que, dejando de lado la semántica, resultan la mayoría en esa precariedad, sigue eludiendo el problema de fondo, que no es otro que cambiar la legislación para adaptarla a nuevas condiciones económicas y sociales y a los propios parámetros aprobados por la Unión Europea.




La moratoria se había presentado en marzo pasado con el Código de Buenas Intenciones del ministro de Economía, Luis de Guindos,  en el que resultaba válida para los hogares con miembros en paro o con ingresos insuficientes para abonar el 60% de la hipoteca. La ampliación a aprobar el viernes concerniría a las familias con ingresos 2,5 veces el índice de 18,600 euros anuales y ampliarlo según el número de dependientes de ese dinero.




La liberalización del suelo a principios del año 2000, durante el gobierno del popular José María Aznar, agudizó la volatilidad del ciclo de vivienda con altibajos extremos de precios y que, junto a la menor protección en el mercado del trabajo, ha hecho que muchas familias vayan a la quiebra.




Los bancos esgrimen la tesis de que la dación de pago, en la práctica una condonación de la deuda, agravaría la crisis bancaria y encarecería las hipotecas del resto. Pero Estados Unidos es un ejemplo de lo contrario. Los bancos, además, no se salvarán en caso de una espiral bajista depresiva porque ésta, como ocurrió en 1932, arrastrará a la quiebra a toda la economía.



Entre 2008-2011, los parados pasaron de un 8 a un 23% y los salarios perdieron un 30% de su valor adquisitivo. Esto ocasionó bolsas de exclusión que han afectado a dos millones de hogares españoles.




El anuncio el pasado día 13 por la Asociación Española de la Banca de paralizar por dos años los desahucios de los deudores en un extremo estado de precariedad ha demorado demasiado. Hace dos años, esas mismas entidades, condonaron al PSOE 33 millones de euros de su deuda como un cheque en blanco. Lo más indignante es que muchas de las entidades que se beneficiarán del crédito de la UE para la refinanciación son las más renuentes a renegociar la deuda de sus clientes.




Desde 2008 se han incoado 350.000 procedimientos de desahucio y poco más de la mitad ha sido ejecutado. Aun así el gobierno de Rajoy no ha planteado públicamente que pretenda corregir la asimetría de derechos y obligaciones de la obsoleta ley hipotecaria entre deudor y prestamista y que va siempre a favor del último.



Los jueces, como ha denunciado el propio Consejo del Poder Judicial, están atados de pies y manos para tomar decisiones, que se ajusten a las condiciones de cada individuo o familia y evitar el desahucio..

España: ¿una economía en transición?

Los presidente de la Comisión Europea, Manuel Durao Barroso
y del Consejo Europeo, van Rompuy.

Por Mirta Balea


La mentira es un arma de primer orden, de ahí que se crearan los servicios de inteligencia y espionaje por los estados. La profución de enredos y falacias resulta imperdonable cuando las practican los políticos, aunque hay que matizar que el ser humano es mentiroso por naturaleza. Los "cuentatrolas" como le llaman en España, proliferan en todos los sectores, y los "cazaembusteros" aseguran que no hay todavía un método probadamente eficaz para saber cuando alguien miente ni siquiera el polígrafo.




En el grupo de mentirosos están los que enferman del llamado síndrome de Pinocho, consistente en no saber hablar sin incluir una "trola" en el discurso, y los que se escudan en la "mentira piadosa" para ocultar todo lo que se ha hecho mal o escamotear los datos de un problema cuando concierne a todos.




Por la eurozona, además de los mentirosos habituales, se ha desarrollado un palpable populismo divisorio, en especial dentro de los más castigados por la crisis, por organizaciones en muchos casos auténticamente nazis como la Nueva Grecia. La labor de éstas sociedades e incluso de gobiernos ultraderechistas como el húngaro de Victor Orban conduce siempre a la fragmentación, nunca a la unidad.




Los líderes anti-sistemas, ante la crisis que golpea al mundo y muy en especial a los países integrados en la Unión Europea (UE), surgen como setas a cada paso para humillar al euro y sobre todo los esfuerzos mancomunados de integración de años anteriores. Y aunque muchos expertos en leyes consideran que la institucionalidad deliberativa es un rasgo de la democracia, tales dirigentes pretenden que la voluntad u opinión del pueblo esté por encima de la Constitución y de otras leyes y se vuele en pedazos el resultado en cualquier elección si éste no se aviene a sus criterios.




Pese a aplicar en los últimos meses duros ajustes de gastos y reformas sin precedentes en la historia reciente de España, la economía nacional sufre su segunda recesión en tres años con una tasa de desempleo de un 25 por ciento y numerosas dudas sobre la capacidad del país de cumplir con la consolidación fiscal exigida por la UE.




El gobierno del Partido Popular (PP), al llegar al poder en noviembre del 2011, se encontró con una situación económica y financiera de pura quiebra, el país se hallaba en la bancarrota y Bruselas lo ignoraba porque las cifras exigidas al anterior Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y enviadas por éste resultaron ser falsas. Se habían inflado intentando escamotear a la población y a la opinión pública europea la verdadera gravedad del problemas a que se enfrentaba la nación.




Los populares ganaron las elecciones, algo que se sabía desde hacía meses, aunque no si lo haría con mayoría absoluta, lo que ocurrió. Uno no puede dejar de preguntarse si en vez de ser presidente Maríano Rajoy, lo fuera el actual lider del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿de qué manera habría lidiado éste con el desaguisado de su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, sin dejar con el trasero al aire a uno de los suyos.




Y otra pregunta pertinente sería ¿de qué manera habría resuelto el problema con Bruselas, que pisaba los talones a la mentira del déficit y exigía duras reformas económicas y recortes para obligar a España a pagar a esos entes etéreos, que nadie conoce ni ve en carteleras de cine, que se conocen como mercados?




Los países más solventes de Europa, Holanda, Alemania y Finlandia, se han negado a aceptar el fondo de ayuda a los bancos si éste no forma parte de la deuda soberana de España, a pesar de los resultados de la cumbre de junio último, de cuyos acuerdos se desentendieron en una carta a Buselas. En la última gran reunión la pasada semana, y a pesar de que la Comisión Europea exigía el cumplimiento de lo pactado, se ha visto ganar a la tésis de la canciller Angela Merkel, vocera del Bundesbank, de recargar la deuda soberana con la recapitalización financiera.



Está claro que estos tres países no resultan las únicas voces, pero pueden dictar los términos y los más vulnerables a la crisis no parecen estar dispuestos a continuar sometiéndose a una vara centralizada de disciplina. La unificación alemana, por ejemplo, la pagaron todos los europeos con unos tipos de interés muy elevados y una política de fortalecimiento del euro, que necesariamente no beneficiaba a todos, pero se asumió por el conjunto en su momento en bien de la unidad.




Cuando el mundo cambia, los humanos se sienten desorientados, como perdidos, y esto es una tendencia general en toda nuestra historia. Somos presa de la desesperanza y del temor a la aniquilación, que, en circunstancias extremas, puede llevar a la violencia. En fecha próxima, Madrid debería soportar, si los calendarios se cumplen, hasta 80 manifestaciones y varias jornadas de paro en el transporte hasta llegar a la huelga general el 14 de noviembre.




La mayoría serán de mineros, agricultores y otros indignados de los más remotos rincones españoles, que han decidido hacer de la capital su paño de lágrimas porque en esta radican las instituciones y los medios de comunicación de mayor calado. Nadie reconoce que todo es un movimiento coordinado, que se hallaba en calma perpetua cuando durante la presidencia de Zapatero se pasó en menos de tres años de 2 a 4 millones de parados y la educación no se cuestionaba, aunque la cifra de los principales organismos internacionales con voz en la materia, apuntaban a España como el peor sistema educativo de toda la UE.




La actual ruta de recapitalización de los bancos españoles ha dejado al desnudo hasta donde los países serán solidarios entre sí. Los de la triple A en las agencias de calificación no quieren cumplir con lo acordado en junio y han dado la vuelta atrás al reloj en cuanto a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) recapitalice directamente a los bancos una vez se establezca una autoridad supervisora y quieren cargar a las economías con el pecado original de la crisis.

La UE debería comportarse con más realismo sobre los recortes que viene exigiendo y sobre todo por el calendario impuesto a países como España y Portugal, teniendo en cuenta lo que vemos diariamente en nuestro televisores: los europeos saliendo a la calle contra las reformas. ¿Que gobierno puede superar eso?



El test de estrés practicado por Bruselas a la banca española muestra que podrá financiarse con menos del dinero del que necesitaron hace apenas unos años los bancos estadounidenses, británicos y alemanes. Dos de los bancos españoles figuran entre los mejores del mundo, uno de ellos el Santander. El resultado de la prueba a que se sometió el 90% de los activos bancarios da que solo se necesitarán 59.300 millones de ayuda, la mitad de lo que la UE había previsto.




La ayuda a la banca de Zapatero, poco antes de la debacle del PSOE en las urnas, colocó el déficit en un 9,4%, en lugar del deseado 8,.96%, reportado tranquilamente como alcanzable.




Rajoy no tiene intenciones de pedir un rescate, como reclaman en Bruselas y en el Banco Central Europeo si se le exigen nuevos deberes. Todo lo que había que firmar se firmó en julio, según fuentes del Ejecutivo, y el presidente no está por la labor de aceptar nuevos condicionamientos. España no puede permitírselo, cuando pretenden también hacerle pagar al estado la deuda de la banca.




Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, aprobados recientemente en el Congreso de los Diputados, gracias a la mayoría absoluta de que dispone el PP, apuntan a un recorte de los gastos más que a subidas de impuestos. Esto, sumado a la agenda de reformas, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, viene vendiendo en la esfera internacional, son las fichas de que dispone el Ejecutivo español para el próximo período. El resto depende de UE, que si como dice cree que el euro es irreversible tendrá que salir de su impas.




Una hipotética salida de España del euro, para hacernos una idea, y de Italia y Portugal a renglón seguido supondría a las 42 principales economías mundiales pérdidas por valor de 17,2 billones de euros hacia el 2020. Si se suma Grecia, serían 2,4 billones de euros.




El presidente francés Francois Hollande se ha erigido en mediador  de los intereses de los países antes mencionados e insiste en que Europa siga protegiendo los intereses comunes de sus socios y aumente la integración y la solidaridad para lo que ha acuñado una frase: integración solidaria. Cree que Alemania debe rendirse ante la necesidad de mutualización de la deuda -los eurobonos- y de un fondo de redención de deuda para seguir avanzando.




Los sindicatos españoles, apoyados por la izquierda política, han convocado la huelga general, el octavo paro desde la llegada al poder del PP, para hacerla coincidir con acciones similares en países a los que quizás los ciudadanos no desearían parecerse: Portugal, Grecia, Chipre y Malta.




 El 17 de este mes, en Mérida, el Sindicato de Estudiantes protagonizó un violento episodio cuando unos 50 individuos asaltaron el colegio de los Salesianos, golpearon a los profesores e hicieron pintadas al grito de "¿dónde están los curas, que los vamos a quemar?".




Las marchas y convocatorias en el país han tenido por distintivo pancartas del corte de "viva la clase obrera", retratos de Lenin y del Ché y banderas republicanas, todo muy del gusto de la ultraizquierda española. Uno solo se pregunta si tuvieran un líder ¿a dónde iría el país?.




El periódico Financial Times, en su edición alemana del pasado día 18, puso el dedo en la llaga de los nacionalismos independentistas, como es el caso de Cataluña en España,  y recordó que "solo superando el nacionalismo ha llegado Europa a ser segura y solo una comunidad amplia puede ayudar a resolver problemas a los que el Estado no puede enfrentarse por sí mismo".




Convencer a la UE y a los mercados de que España es de fiar resulta difícil si sumanos que han habido 2,200 protestas desde la llegada de Rajoy al palacio de La Moncloa, sobre todo porque hay un evidente contraste de un después y un antes, cuando no se decía ni mú. La crisis no es algo que haya venido con el PP,  comenzó en 2008, aunque se sentían temblores sísmicos durante la primera legislatura de Zapatero, cuando este presidente hacía caso omiso de ellos por la vía de no presentar un programa económico para sufrirla con menos riesgos. No le preocupaba mucho porque no había encontrado las cuentas en números rojos.




Al margen de esta situación, la imagen positiva de España no depende solo del conjunto de sus habitantes, también de los políticos, obligados a tejerla con sus accciones y demostrando que la crisis,  prendida a la yugular de la gente, debe ser resuelta tanto por las naciones como por toda Europa. En estos momentos, lo que debería salir reforzado es el sentido común.


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España: dentro del agujero negro

Por Mirta Balea




El presidente Mariano Rajoy ha realizado una escalada y alcanzado la cumbre y ahora tiene que descender por una cuerda plagada de cuchillas, que le harán perder mucha sangre antes de alcanzar tierra firme.




El talón de Aquiles del mandatario español ha sido la mentira. Se dedicó en la campaña electoral a prometer muchas cosas, entre estas la bajada impuestos y dinamizar la actividad económica como elementos preferenciales de su programa de gobierno y ha hecho justo todo lo contrario y la gente se ha echado a la calle.




Las protestas sociales, las huelgas, las casi diarias manifestaciones de todos los sectores en las calles le han colocado en la acera opuesta del espejismo de que una mayoría absoluta en el Parlamento, además de permitirle aplicar ajustes y recortes draconianos, le inmunizaría del sarpullido de una explosión social con riesgo de infección para el cuerpo de la nación.




Personalmente dudo que derrocar al gobierno del Partido Popular (PP) - que es lo que pretenden algunas fuerzas políticas, sindicales y nacionalistas al incentivar el descontento y la violencia acompañante-, cambiaría sustancialmente lo que está ocurriendo, porque es un hecho que la economía española está en el subsuelo y lo que se debe habrá que pagarlo, con riesgo de los incrementos de deuda e intereses por el alza constante de la prima de riesgo, que hoy llegó a un límite monumental de 648 puntos.





Cualquier economista diría que entre los catalizadores para impulsar el crecimiento económico de un país se hallarían los impuestos bajos, los mercados flexibles, la seguridad jurídica, las instituciones estables, los inmuebles asequibles, pero nada de esto se da en España, desde hace como mínimo 20 años si sacamos la cuenta por los índices que descansan en cualquier hemeroteca.




España se quema a lo bonzo, porque el propio carácter recaudatorio de las medidas puestas en marcha por Rajoy convierte en poco fiable cualquier cálculo y los mercados reaccionan en consecuencia. El Tesoro necesitará obtener hasta 2013 una línea de crédito cercana a los 260.000 millones de euros, de los que 50.000 millones podrían venir del préstamo aprobado recientemente por Bruselas para salvar a las entidades bancarias. Un cierre de todas ellas para hacer borrón y cuenta nueva iría en detrimento de las cuentas que custodian y  llevaría a un crack financiero.




Rajoy ha sido el artífice de su propio aislamiento, como ha recordado este día el expresidente Felipe González, en una entrevista publicada por el diario El País. Ha criticado al mandatario por permitir un rescate funcional, que el llama intervención plena, a cambio de unos 30.000 millones de euros, que será la cantidad a entregar en el primer tramo del crédito aprobado y para el que la Unión Europea (UE) ha puesto 32 obligaciones en un Memorando de Entendimiento,  que le posibilitan una injerencia en la economía del Estado.




González ha intentado sopesar sus opiniones y ha destacado que la burbuja inmobiliaria comenzó con la ley de suelo y  reconoció que el gobierno de ocho años de su colega también socialista José Luis Rodríguez Zapatero "echó más gasolina al fuego". Ahora lo que le queda a Rajoy, según el expresidente y exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es lograr un gran pacto nacional para salir de la crisis y actuar en Europa, donde el país viene perdiendo posiciones en importantes organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión de Relaciones Exteriores.




La mayoría de políticos, incluido Rajoy, consideran que el BCE debería comprar deuda de países en peligro como España e Italia porque bajar los tipos de interés, como ha venido haciendo, no resulta suficiente ayuda para reactivar las exportaciones. Alemania, que ha sido la impulsora de los ajustes y recortes aprobados por la UE, debería en esta línea facilitar que corran los déficits por un tiempo para relanzar la actividad económica de estas naciones, entre otras.




Algo así viene haciendo Estados Unidos, que ni siquiera se plantea una revisión rigurosa de sus cuentas públicas hasta que la economia se haya recuperado. En la zona euro, una política similar ha estado en la agenda del Reino Unido, pero ambos estados tienen sus propios bancos centrales, en tanto España depende del BCE.




El Fondo Monetario Internacional (FMI) comparte algunas de las ideas dominantes de que el BCE actúe como emisor de obligaciones y comprador de bonos.




La última legislatura de Zapatero, finalizada en noviembre del 2011, vino a dar la razón a Manuel Pizarro, vocero del PP, cuando en un debate televisivo durante la precampaña electoral del 2008, advertía al entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, que la crisis mundial echaba su aliento sobre España y nadie le creyó.




A la espera de nuevos comicios presidenciales, cuando la gente podrá decidir de nuevo a quien desea dar su confianza para administrar al país, el gobierno debería comenzar a reducir las subvenciones de partidos políticos, sindicatos y formaciones nacionalistas a ver cómo se las arreglan para incendiar la calle.




El secretario general de la Union General de Trabajadores, Cándido Méndez, ha llegado a hablar de "la mayoría absoluta fraudulenta de Rajoy". En esta frase está presente el pensamiento único sobre el poder, al margen de todo lo que se le pueda impugnar al actual gobierno.




La situación es de peligro inminente y la seguridad de que se ha disfrutado hasta hoy se ha ido a bolina porque el temor de que la crisis económica lleve a los desahucios, en que toda toda la vida personal queda expuesta en la calle a donde irás a dar con tus huesos, o a que se deambule por los comedores humanitarios para tener algo que llevarse la boca, como ocurrió en el crack del 29 en Estados Unidos, hace que muchos lleguen a creer  la propaganda interesada de que en siete meses de gobierno del PP se ha generado toda este caos.




La dificultad es una excusa que la historia nunca acepta, decía John F. Kennedy, trigésimoquinto presidente de Estados Unidos. La frase podría complementarse con el pensamiento de un jugador profesional para quien los trucos de la vida consisten más que tener buenas cartas, saberlas jugar. Si Rajoy no hace oídos sordos y logra un acuerdo nacional frente a la crisis, el país habrá dado un gran paso al frente para frenar la embestida del huracán.

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España: la guerra por el carbón

Mineros españoles

Por Mirta Balea




Las fuerzas perjudicadas por el ascenso al poder del Partido Popular (PP) en noviembre del pasado año pretenden erigirse en su Némesis, pero solo tendrán éxito si pueden destruirlo. Las protestas de los mineros del carbón, que en estos días han protagonizado enfrentamientos en el centro de Madrid con las fuerzas policiales, ayudados por los antisistemas de siempre, parecen ser la pinza destinada a ahogar al gobierno.

Mineros de Asturias, León, Palencia, Aragón y Castilla-La Mancha, reunidos en la capital las pasadas 48 horas, habían pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, 200 millones en ayudas para acabar el año 2012.

Las autoridades hicieron público su propósito de dar facilidades en 2013 y 2014, pero no este año, cuando tienen que enfrentar unos Presupuesto Generales del (PGE) con los que el país pueda cumplir con la reducción del déficit.

Los trabajadores del carbón decidieron entonces, tras un mes de huelga, marchar sobre Madrid en un largo recorrido por la mitad norte del país. La Plaza del Sol, escenario en el último año de otras protestas, les sirvió a ellos también para esperar la partida, al día siguiente, hacia el ministerio de Industria, en una caminata pacífica.

Al alcanzar los predios del edificio, cuando la Comunidad de Madrid había convenido que regresarían a sus casas después de los discursos habituales, sobrevino la violencia, larvada durante horas en los alrededores por grupos antisistema, convocados por organizaciones de izquierda y los propios sindicatos para ayudar a los manifestantes.

Estos grupos exógenos intentaron entrar al organismo y fueron dispersados por la policía antidisturbios, como siempre, con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Como un solo hombre, los ayudantes de los mineros respondieron con un arsenal de palos, piedras y pelotas similares, solo que eran de hierro y pesaban 950 gramos. El resultado fue 70 heridos, de los que 35 eran policías, y 18 arrestados, de estos solo 2 mineros y el resto jóvenes con una larga lista de antecedentes por disturbios similares.

En la calle, muchos transeuntes se quedaron atónitos ante la violencia de la protesta. Un matrimonio, seguido por un cámara aficionado, buscaba refugio en un portal cercano cuando la marabunta intentaba de nuevo asaltar el edificio.

Cada minero empleado consume 85 mil euros anuales de las arcas públicas, así que cualquier ayuda en 2012 estaría centrada en el desmantelamiento de algunas minas, pero no como proponía el anterior gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de "quemar" el carbón nacional y “compensar” a las empresas con primas económicas para facilitarles la compra y la quema a precios fijos y garantizarles la colocación en el mercado de la energía producida.

Y es aquí donde nos enfrentamos al quid de la protesta. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente en el anterior gobierno, mostró ante el Congreso, la víspera, su solidaridad con los mineros, tal y como hiciera también el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara.

Toda la demostración de afecto se encajó en pleno debate del temerario macroajuste económico presentado ante el órgano legislativo por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que comporta un nuevo recorte de 65.000 millones de euros en dos años, al gusto de Bruselas, y cuya pieza clave parece estar en el aumento del Impuesto al Valor Añadido (de productos y servicios) (IVA), con el efecto contractivo que le suponen todos los economistas.

Este año, el presupuesto de más de 500 millones de euros destinados al carbón, irá a parar a las prejubilaciones, como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios, y 186 millones a los bolsillos de los empresarios.

CarboUnión, que agrupa a las empresas del carbón, dice que Industria quiere asfixiarlos porque 75 millones de la cantidad total de los presupuestos corresponden al último trimestre del 2011 y fueron cobrados.

Durante el año 2008, el precio internacional del carbón alcanzó más de 200 dólares por tonelada, es decir, unos 140 euros por tonelada. El nacional oscilaba en la fecha entre los 90 euros por tonelada en una explotación privada a cielo abierto, con la merma de costes que esta ventaja supone en una mina.

Mina de carbón bajo tierra

Cuando se dio en 1990 el grito de alarma en la Unión Europea (UE) por la improductividad del carbón, Alemania y Reino Unido se apresuraron a cerrar minas, con planes alternativos para no engrosar las cifras del paro. Recordemos que Berlin se hallaba en esa época en un proceso de fusionar a la improductiva República Democrática Alemana con la Federal.

Hunosa, la empresa pública más emblemática en España, daba trabajo en Asturias en la década de 1980 a más de 35.000 mineros y acumulaba  ya pérdidas de 40.000 millones de pesetas de la época. Con el ascenso al gobierno del PSOE en 1982, se dio inicio a las prejubilaciones. Los mineros de más de 47 años, unos 15.000, a un coste de 250.000 millones de pesetas, que para tener una idea equivaldrían a 2.500 millones de euros, pasaron a la prejubilación.





Esta empresa pública, controlada por las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), recibía en 2001 más de 100 millones de euros, el grupo privado de Victorino Alonso otros 100 millones de euros y la mina de Gijón, La Camocha, 28 millones de euros. Así que nadie puede caerse de espaldas al saber que el secretario general de UGT,  Cándido Méndez, en momentos en que ha recortado su propia plantilla, obligado a hacer ajustes porque el gobierno del PP le ha quitado unas cuantas subvenciones, haya pedido un crédito para financiar el sueldo de los mineros en huelga.





En este juego de control,  los sindicatos y la patronal se saludan cordialmente. Los primeros controlan los fondos y los segundos hinchan las cuentas de las empresas auxiliares, de las que también son propietarios, o traen, como se dio el caso, un barco de carbón de Australia a puerto español y lo hacen pasar por asturiano para cobrar la subvención.

Un cálculo no oficial apunta que  entre las ayudas oficiales a la producción, jubilaciones anticipadas, gastos en infraestructura, cursos de formación, subvenciones a las empresas mineras asentadas y a las nuevas, en los últimos 30 años se han gastado 25.000 millones de euros. Las prejubilaciones a cargo de las cuentas públicas se hacen a un costo medio por minero de 430.000 euros, sin que ningún indicador económico o de productividad justifique el desembolso. En esta cifra se incluyen los finiquitos establecidos legalmente cuando se cesa de trabajar, que en este caso son muy altos.

El plan progresivo del cierre de la industria, denominado Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras fue pactado durante el gobierno del PSOE entre los sindicatos, Industria y CarboUnión y es el mismo al que aludía Rubalcaba en el Congreso como modelo a seguir por el PP, a pesar de que ha quedado obsoleto a la luz de la falta de apoyos europeos a la causa.

Su vigencia finaliza este año y después todo quedará en el aire. Las negociaciones con el gobierno de Rajoy para su continuidad se presentan difíciles por la negativa de los mineros, los empresarios y los sindicatos a aceptar los hechos relativos a la incosteabilidad de esta actividad en un momento en que la economía española estará en caída libre en los próximos seis meses.

Está también el factor de que la UE podría definitivamente, como ha anunciado en varias ocasiones, retirar las subvenciones al carbón en toda Europa en 2018, tanto locales como comunitarias. Los sindicatos españoles incluso han reconocido durante la era Zapatero las deficiencias en el manejo de los recursos por parte de las corporaciones.

En muchos casos, como ocurrió en 2011, las partidas previstas en los PGE no se ejecutaron. Es el de Asturias, donde las centrales han aportado cifras sobre los fondos sin ejecutar por la ausencia de proyectos. De un presupuesto inicial de 1.078 millones de euros el pasado año, se dejaron de emplear 300 millones de euros, que nadie sabe a dónde han ido a parar.

El gobierno de Mariano Rajoy, mediante su ministro de Industria, ha instado a las corporaciones a dar cuenta de cómo han empleado las ayudas públicas desde 1990 en que se dio la voz de alarma sobre la inviabilidad del sector y se les siguió financiando.

El carbón es una de las actividades del tejido productivo en España con más subvenciones, llegando a superar al turismo o al sector del automóvil. Estos dos últimos emplean a 2,8 millones de personas y aportan un 20% al Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que los mineros no superan los 5.000 puestos de trabajo.

A pesar de lo comprometido que ha estado Rubalcaba en estos lances mineros, las encuestas indican que el PSOE no ha superado su mala racha. Lo colocan al mismo nivel que Izquierda Unida y UP y D, juntos, verdaderos beneficiarios del voto de la izquierda perdido por esta agrupación en las elecciones de noviembre del 2011. Por esa regla de tres, se puede inferir la pérdida del gobierno, pero ninguna de estas fuerzas o las centrales sindicales se resignan a que deben esperar a nuevas elecciones para recuperar terreno e intentan saltar etapas creando una inquietud nacional sin parangon para hacer caer el PP.

Algunos socialistas incluso giran la cabeza hacia el Partido Socialista Francés de Francois Hollande, que ganó la elecciones, sin recordar que estuvo sin gobernar 17 años. De esta manera han comenzado a disputar el liderazgo de Rubalcaba, viéndolo como exponente de la política del anterior gobierno, que les llevó a fracasar en las urnas.

Los mineros, sin embargo, están en pie de guerra y la gran pregunta es: ¿garantiza el carbón nacional el suministro eléctrico? Y la respuesta es NO. Su producción solo equivale a un 10% de la energía eléctrica consumida en España y apenas un 5% de la primaria, es decir, electricidad, gasolina y gasoil. Otros usos como fabricación de cemento y acero se realizan por la importación del producto de cuencas mas “vitaminadas”.

La “burbuja” de los precios de la energía se desinfló desde el 2009. La tonelada de carbón se halla hoy entre los 90 a 95 dólares, es decir, 75 euros, y el carbón nacional no resulta competitivo. Lo que persiguen los sindicatos y la patronal en España es socializar las pérdidas para seguir ganando dinero, aunque el sector se halle con respiración asistida.

La batalla en la UE por los subsidios al carbón ha sido a degüello. Varios Comisarios querrían haber pasado de inmediato, hace tiempo, la guadaña para desactivar los frentes a favor de mantener esta actividad inviable económicamente. Hasta el PP, en la época de José María Aznar, suscribió la tésis del valor estratégico y de seguridad del carbón nacional.

Pero nadie ha podido convencer a Bruselas para reflotar cada año esta actividad, porque en la UE se aboga por la libre competencia y el fin de la protección de esta energía, que, además, es perjudicial al medio natural, habida cuenta de las tremendas descargas de CO2 que lanza a la atmósfera existiendo mejores alternativas como las renovables.

España: el fondo y las formas

Gobierno de Rajoy con la reina Sofía

Por Mirta Balea

El presidente Mariano Rajoy se ha metido en la trinchera con casco calado y metralla suficiente para enfrentar a sus enemigos, aunque tal vez no como para ganar la guerra, al menos de momento. Los presupuestos generales para el 2012 (PGE) han dado pie, en el ámbito ideológico, al recelo y al rechazo extremo, apenas a cuatro meses de iniciarse la nueva legislatura.



Una buena prueba han sido las manifestaciones sucedidas desde hace un mes bajo las banderas visibles de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO), las dos mayores centrales sindicales del país. En este registro, adquiere especial relevancia la del pasado 29 de marzo al hacerla coincidir con una huelga general.



Las manifestaciones del personal por las calles resulta una cultura mundial de más de un siglo, modulada siempre por intereses diversos, y que irrumpe en determinadas coyunturas políticas como método útil y concluyente de enviar un mensaje al gobernante de turno e incluso a la otra parte de la población reacia a congregarse, obedeciendo a sus propias razones.



De la huelga general del 29 de marzo, se desmarcaron todos los sindicatos minoritarios agrupados en sectores. Los medios han coincidido en que hubo un mayor seguimiento en las manifestaciones a lo largo del país que en el paro, eje de toda la agitación social.



La UGT y CCOO han coincidido en la cifra de participación: el 77% y han dado la huelga por exitosa. La patronal basó sus propios números en los informes de asistencia y de consumo energético de las industrias y otras grandes empresas y ha colocado el seguimiento en un 15%. El ministerio del Interior tomó en consideración  la acción de sus efectivos en las calles y ha puesto el listón en unas 800.000 personas.


Al margen de las diferencias habituales sobre la cantidad de personas que siguen cualquier paro convocado, los sindicatos han demostrado su capacidad de movilización en las grandes empresas e industrias y su significativa fuerza para sacar a la calle a cientos de miles de personas. Si hiciéramos un análisis meramente político del acontecimiento y excluyéramos por tanto los aspectos económico y social e incluso el ideológico, se podría decir que han asumido el papel de oposición activa ante la debilidad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las Cortes, donde el PP tiene mayoría absoluta. Les falta quizás quitarse de encima la mala imagen de los antisistemas y otros grupos violentos, como se comprobó en especial en Barcelona, donde se les ha permitido tener una presencia considerable.



Todas las medidas emprendidas por Rajoy han sido cuestionadas por los sindicatos principales y por la oposición mayoritaria en las Cortes. Hablamos de aspectos aprobados por el Ejecutivo como la ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral, el decreto para garantizar el pago a los proveedores, la reforma del sistema financiero y los PGE para este año con la intención manifiesta de recuperar espacios en la Unión Europea y credibilidad ante los acreedores.



Los sindicatos, hay que decirlo también, intentan esta medida de fuerza para ganar ellos espacio a su vez en los temas laborales. La reforma laboral parece dirigida a que pierdan todos aquellos privilegios de los que han disfrutado en las últimas tres décadas y que se han visto acrecentados con subvenciones, las mayores en todos estos años, otorgadas por el anterior Ejecutivo socialista.



UGT y CCOO necesitan reescribir la reforma laboral y para esto cuentan con el apoyo del PSOE e Izquierda Unida en el plano parlamentario y quizás de otras fuerzas políticas. Para tensar aún más la cuerda alrededor del cuello del Gobierno, han amenazadado con nuevos paros para llevar el conflicto "a la griega", según expresó uno de los liberados sindicales, participante en las manifestaciones de Madrid.



Hace solo unos días, un jubilado se inmoló en Grecia bajo el lema de "no pienso hurgar en la basura", como destacó el diario El País, quizás porque no hay en Europa país que supere a España en su capacidad de recrear y teatralizar la vida tanto como en la sensibilidad para disfrutarla. Y no por esto hay que tomarse a broma la noticia, dramática en sí misma y vaticinadora de que algo huele mal en el Viejo Continente. Pero resulta pertinente aclarar que la situación económica de uno y otro país es diferente.



Para hurgar un poco en lo de las subvenciones y el papel sorprendentemente activo en esta etapa de la UGT y CCOO en su enfrentamiento con el Gobierno, según cifras del Boletín Oficial del Estado, ambas agrupaciones han recibido en 2011 unos 252,700 millones de euros de las arcas públicas. En plena crisis, cuando de lo que se trataba era de recortar gastos, obtuvieron del socialista José Luis Rodriguez Zapatero unos l,057 millones en el período 2008-2011.



Esto explicaría por qué en 2010, cuando la reforma laboral de Zapatero, en la que se redujo el sueldo de los funcionarios, que constituyen un 25% de sus cotizantes, y se congelaron las pensiones, entre otras medidas, las dos centrales sindicales convocaron una huelga, sin manifestaciones ni propaganda previas, que los medios calificaron despues de "light", y que habría sacado los colores a la cara del mismísimo  Karl Marx. No olvidaré decir que UGT, se mueve ideológicamente en la socialdemocracia, y CCOO, en la comunista.



Hay filósofos españoles que consideran que los sindicatos son el verdadero eje del socialismo español y recuerdan que el PSOE, bajo la batuta del exsecretario general y, durante varias legislaturas, presidente del Gobierno, Felipe González, había renunciado en 1979 al marxismo como base de su acción política futura, algo que, solapadamente, y a veces no tanto, intentó recuperar Zapatero.

Piquetes "informativos" frente a un gran centro de trabajo

Hace siglo y medio, Karl Marx y Frederic Engels entendieron que el proletariado desbordaba los marcos estatales y necesitaba una organización transnacional, que sirviera de recurso principal para su estrategia. Así fundaron, en 1864, la Primera Internacional Comunista, desaparecida en el siglo pasado para dar paso a la Internacional Socialista, en la actualidad presidida por Georges Papandreus, el exprimer ministro griego, caído en la primera oleada de cambios de Bruselas al intentar imponer su programa de austeridad y recortes presupuestarios para enfrentar la crisis global iniciada en 2008.



Las ideas de Marx y Engels ya no rigen ni siquiera en la dogmática Cuba, donde prevalece un sui generis y ecléctico "castrismo", como tampoco en Estados Unidos las del capitalismo clásico, preconizadas por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Las condiciones en el siglo XXI son radicalmente diferentes a las que dieron a luz estas filosofías y hoy constituyen tan solo una experiencia en las vidas de muchos humanos. A eso se refería el papa Benedicto XVI, previo a su llegada a La Habana, la pasada semana, cuando puso de relieve la obsolecencia del marxismo.



Este retrato al uso, aunque menguado, le hace ilusión a mucha gente, como a mí que me hubiesen pintado montada a caballo, al estilo amazona, si bien la vida me ha dado motivos sobrados para peores desencantos. Ese mundo entra en contradicción con una sociedad democrática y desarrollada.



El prestigio épico de un luchador de clases al viejo estilo NO ha entrado en contradicción en la jornada de huelga con los llamados "piquetes informativos", grupos sindicales, en su mayoría formados por los liberados (en España hay 10.000). Cándido Méndez, líder de la UGT, dejó claro que la estrategia de la violencia para impedir el derecho a ir a trabajar implica que no hay dos derechos en colisión porque prevalece el del paro.



Los piquetes, contra los rompehuelgas o esquiroles, como les llaman los españoles desde el siglo pasado, son profesionales de la coacción, a quienes les pagan por ir al paro y nada tienen que perder, ni el trabajo ni una jornada mermada. Muchos trabajadores plantaron cara, sobre todo aquellos a los que ayudaron las fuerzas del orden, apostadas allí donde fueron llamadas para garantizar el derecho a ir a trabajar de los otros.



El concepto mismo de participar en una huelga general presupone el consenso social, una unidad de ideas en pro de la defensa de determinados valores y derechos. En un mundo plural, como el que vivimos, en el que la izquierda y la derecha presentan una línea difusa, aunque muchos luchan denodadamente por hacer retroceder el reloj, esta creencia parece haber desaparecido.



El resumen para todo el aspaviento sindical ha sido, y aquí me remito a lo dicho por el Ejecutivo de Rajoy, que ni las manifestaciones, ni la huelga, ni los piquetes, ni las batallas campales, como las que se vivieron en Barcelona, detendran la reforma laboral ni los recortes previstos para el futuro. Los derechos laborales de nada sirven sin trabajo y las barricadas para apuntalar un status quo, que tiende a desaparecer, están condenadas a un futuro de irrelevancia.



La huelga del pasado 29 costará al país una décima más del déficit. Se han cifrado extraoficialmente las pérdidas en 1.200 millones de euros. En relación con otro paro contra el gobierno de José María Aznar, cuando por primera vez rigió el PP los destinos del país, representó un 20,5%. La más espectacular, movilizada contra Felipe González en 1988, ha sido en todo este tiempo y sigue siéndolo, la más importante, que supuso un descenso de hasta un 34 %. La protesta actual se asemeja más a un movimiento diástole, o de relajación del músculo cardíaco, que a un sístole.



El periódico El País publicó cifras que no dejan dudas sobre el seguimiento por sectores: la industria,  el que más, seguida por el comercio, que solo cerró en el centro de las ciudades. El que menos, la Administración Pública.



Los PGE 2012 son los más austeros y rigurosos de la democracia, pero salvan de la quema a pensionistas, parados y funcionarios, que se habían visto afectados y mucho con la reforma laboral del 2010 de Zapatero. Al menos 15 millones de personas no veran recortados sus ingresos en los próximos doce meses.



Gobernar es algo más que atender a la administración de los recursos de un país; es hacer política y oir la voz de la calle. El marcado fracaso del PP en Andalucía, donde obtuvo mayoría de votos, pero no el gobierno de la comunidad, en manos de nuevo del PSOE, a pesar de los escándalos de corrupción sobre la dirección partidista regional, debería hacer saltar las alarmas en la calle Génova.



La situación -que pocos entienden- de extrema dificultad de la economía española, en el punto de la bancarrota, ha aconsejado unos PGE que se verían con más tolerancia en una economía de guerra. Ya no es el momento de seguir culpando al anterior Ejecutivo de las medidas impopulares. El país puede estar abocado a pedir un rescate de unos 60.000 millones de euros en razón de la lentitud en la toma de decisiones de Zapatero, pero si Rajoy ha decidido coger el toro por los cuernos tiene que hacerlo sin ambages ni justificaciones.



Las cifras cantan. España acumula una quinta parte de todos los parados de la Unión Europea y los jóvenes resultan los más afectados, porque en esto también tiene el registro mas alto. Y a nadie le importa si la canciller alemana Angela Merkel apoya las medidas.



En los PGE 2012, el paro, la deuda y las pensiones ingieren el 60% y el mayor ajuste se destina a pagar la deuda, que asciende a 592.090 millones de euros.  Por eso los recortes, si alguien se ha molestado en leer los datos publicados, dan prioridad a los gastos prescindibles o de escasa eficacia y esto se traduce en que habrá 17.000 funcionarios menos y los altos cargos se reducirán en un 16%.



Parece justo reconocer que la consolidación de 27.300 millones de euros, es decir, un 2.5% del Producto Interno Bruto, sin que tenga un mayor impacto sobre la actividad económica y la preservación de las políticas sociales, ha resultado un esfuerzo de marca mayor. De cada 100 euros que gaste el Estado en una economía en la bancarrota, 56.2 millones iran al gasto social, siendo el capitulo más importante la revalorización anual de las pensiones, y en esto se diferencia drásticamente de los presentados por Zapatero en 2011.



El ajuste, sin embargo, sigue siendo duro porque lo primero es reducir el déficit. La deuda aumentó en 2011 en  51.451 euros y esto ha resultado en un sobrecoste en la mayoría de bonos por la incertidumbre que ha creado en los mercados internacionales la visible falta de convergencia en la gobernanza de la Unión Europea, la quiebra de Grecia y el déficit de Italia, hasta hace poco una de las mayores economías y que hoy se encuentra en situación similar a la de España, aunque el primer ministro Mario Monti grite desde Roma que NO.

Enlazar con: http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/03/espana-reducir-el-deficit-toda-costa.html
http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/02/espana-una-reforma-laboral-deguello.html
http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/02/espana-con-el-cinturon-prieto.html
http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2012/01/espana-primer-peaje-del-2012.html
http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2011/12/espana-el-gobierno-mas-reducido-de-la_23.html

España: reducir el déficit a toda costa

Sarkozy, Merkel y Durao Barroso

Por Mirta Balea

Una tensión diaria y una movilización constante son los propósitos para marzo de los sindicatos españoles, apoyados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU), mientras el presidente Mariano Rajoy ha presentado ante Bruselas un ajuste presupuestario para el 2012 lo más cercano posible a las exigencias de la Unión Europea (UE) y, al propio tiempo, ha demandado iniciar un proceso de negociación porque "las circunstancias han cambiado".


El techo de gasto público y el cuadro macroeconómico, que en la práctica son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2012, suponen un recorte mayor que los 15.000 millones de euros menos aprobados en diciembre pasado, durante el primer Consejo de Ministros de la actual legislatura. Esta cantidad se desglosa en 9.000 millones  por ajustes del gasto y 6.000 millones por aumento de impuestos.


El objetivo es que España cumpla con sus compromisos, lo que constituirá su aval para las inversiones, y que estos sean creíbles dado que el país arrastra cuentas caducas, que necesariamente alteraran las previsiones de la Comisión Europea (CE). El próximo mayo, el órgano rector del Club de los 27, tendrá que presentar diagnósticos más acordes con los datos presentados por el equipo de Rajoy hasta el 2013.


Durante la reunión, la víspera, del Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas), se ha podido ver que España goza de simpatías por parte del presidente del grupo, Jean Claude Juncker, y algunos miembros de la CE. El titular del ramo de Holanda, Kees de Jager, amante de la ortodoxia en materia fiscal, se ha mostrado dispuesto a un debate interno de los 27 sobre la austeridad como única vía para salir de los apuros en que se halla el euro.


Finlandia, Luxemburgo, Suecia y Francia se muestran contrarios a cualquier flexibilidad o relajación de los objetivos marcados por Alemania para la zona euro. Algo que queda reflejado en las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE realizada hoy en que se apunta que "los países bajo el escrutinio de los mercados" como es el caso de España e Italia "tienen que estar preparados por si necesitan seguir tomando más medidas de consolidación fiscal".


El comisario para la Competitividad de la UE, Joaquín Almunia, quien milita en el PSOE y recibió recientemente la visita de su secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dado al Eurogrupo un consejo en línea con la política de acoso y derribo del Partido Popular que siguen grupos radicales dentro de la sociedad española, espoleados por los sindicatos y organizaciones políticas.


Almunia ha dicho que España no solo debe explicar sus planes, sino contestar también a las "preguntas de la sociedad española sin esconder cartas bajo la mesa", tras el bulo que parece haber lanzado él mismo sobre los PGE 2012 en cuanto a que el Gobierno ocultaba cifras. En realidad, como se ha visto publicado en medios de prensa nacionales, fue el anterior Ejecutivo socialista, del que formaba parte Rubalcaba, el que calculó con una diferencia de dos puntos residuales el déficit, que tantos dolores de cabeza da para cuadrar las cuentas.


Los 91.344 millones de euros en números rojos del déficit del 2011 cubriría el 81.4% de las pensiones y tres años de la nómina del paro. La desviación de las cifras de la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, supone el 75% de los PGE. Las previsiones del Gobierno del PSOE hablan de un engaño respecto al déficit de 26,941 millones de euros. Es decir, de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) que ha pasado a ser un 8,51%.


Las Comunidades Autónomas (CCAA) son responsables de un 2,4% del dato del PIB. La Administración Central lo es de un 4,8 por ciento, donde hay que contemplar algunas inversiones del anterior Ejecutivo socialista, que nada aportaron a la solución de la crisis.


Los ministerios de Asuntos Exteriores e Igualdad y los Sindicatos se han llevado consigo una buena cantidad con inversiones como la mejora de la producción agrícola en las regiones de Cacheu, Bissora y Carnatab, mediante resolución de conlfictos con los hipopótamos, en Guinea Bissau, a un monto para España de 293,899 euros: o el mapa de inervación y excitación sexual en clítoris y labios menores, que se comió 26.000 euros; o los 128,4 millones de euros abonados a las centrales sindicales, que tiene con gran diferencia el mayor número de liberados (los que cobran solo por ser dirigentes obreros) de todo el panorama europeo.


Las dos mayores centrales sindicales del país: Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores verán menguar sus subvenciones en un 20% con la nueva reforma laboral, que les ha obligado, para proteger a los trabajadores, a convocar muchas manifestaciones y, tal vez, todo depende como caldeen la calle, a una huelga general.

Foto publicada por el The New York Times

Los sindicatos van desenfrenados a compulsar a la sociedad contra los ajustes y recortes de la etapa Rajoy con un ritmo inversamente proporcional al que aplicaron en la de Zapatero. El presidente ha dicho que no cambiará el paso y confía en que la sociedad entienda los que ha ido dando hasta ahora.


Entretanto Rubalcaba, cabeza del PSOE, lejos de practicar una oposición madura y responsable, como había anunciado hace apenas un mes, agita el espectro de los "comecuras" de la Guerra Civil y dice que él irá con los sindicatos como el PP hizo con los obispos. Ha reivindicado también el derecho de los españoles a manifestarse "libre y pacíficamente".


El The New York Times ha puesto ayer en portada una foto de las manifestaciones en Barcelona en la que un encapuchado amenaza con un cuchillo a un empleado de un banco. El diario más influyente de Estados Unidos, llamado la dama gris, ha publicado datos ominosos sobre España en los últimos dos años, que la visión de un vándalo bajo el disfraz de manifestante no parece propicio para la reputación de un país, según opiniones en la prensa española de destacadas personalidades diplomáticas.


Lo peor de todo es que los encapuchados quedaran impunes todos. Como los que aparecen en otros periódicos nacionales, en manifestación libre y pacífica, quemando contenedores, tirando adoquines al interior de las sucursales en horas laborables o rompiendo cajeros y de paso llevándose el dinero, todos sin mostrar el rostro como les indicaron los convocantes mediante las redes sociales.


Los principales organismos internacionales preven que España saldrá de la recesión en el 2013, que es cuando se verá la luz al final del tunel, con un crecimiento moderado aún, apenas para crear empleo. Las pensiones y el paro absorberán más recursos, aparte de tener que tapar un "hueco" de más de 600 millones de euros en las cuentas de la Seguridad Social, utilizadas por los socialistas para abrir Institutos Cervantes y otros proyectos.


Aunque Rubalcaba apueste por las movilizaciones y la huelga para situarse junto a los trabajadores, como ha dicho, lo cierto es que su pertenencia a los dos gobiernos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, le carga con la responsabilidad del aumento del gasto por encima del crecimiento del PIB, que es de lo que va este déficit. Como en una casa, si entran 1.000 euros no se pueden gastar l.200. En tales circunstancias, las deudas crecen.


Cuando Rajoy y su equipo comenzaron a abir los cajones, resulta que comprendieron que todo lo que se había dicho y hasta el pase habitual de las carteras de un gobierno a otro no eran más que colosales mentiras. Ahora el PSOE es uno de los que se suma a la calle contra las reformas, al grito de "todos somos responsables", para disolver su propia responsabilidad política.


La herencia que ha dejado el gobierno de Zapatero resulta demasiado evidente para ocultarla con nuevas mentiras. Fue decisión de ese equipo dinamitar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001, una forma de regular el tope de gastos para no pasar por lo que ahora ocurre, pero que le resultaba una camisa de fuerza y había sido aprobado por el Ejecutivo de José María Aznar. El derroche se ha producido en 10 autonomías, regidas hasta marzo del 2011 por el PSOE, como Castilla- La Mancha y Extremadura, que son, con diferencia, las que más han despilfarrado y en las que había estado en el poder durante los últimos 30 años.


Incluso cuando la agencia calificadora de la deuda Fitch rebajó en enero pasado la nota de solvencia de España en dos escalones, asumió que era real la cifra dada por Salgado y que el déficit era en torno a un 6% y no un 8,51% como ha resultado. Cumplir ahora con el 4,4% de tope acordado con Bruselas  supondría recortar 43.000 millones más en un país con 5,3 millones de parados y en el que casi un 22%, es decir, 11 millones de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza, y otro 30% tiene dificultades para llegar a fin de mes.


España lo que necesita ahora son estímulos a la inversión y de crédito a la economía real para impulsar el consumo y el empleo, aunque suponga aumentar la inflación y ampliar los plazos y objetivos del déficit con el consiguiente enfrentamiento con Berlín, que tiembla cuando le hablan de todo esto. Los pasos a dar como meter en cintura a las autonomías y corregir el desvío fiscal tendrán que darse de manera sensata y cambiando el orden de prioridades, incluso en Europa.


A pesar de esto, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, España cumplirá sus compromisos con Bruselas, teniendo en cuenta que el cuadro deberá completarse en los próximos meses con las negociaciones dentro del club europeo.

Enlazar con: http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com/2012/02/espana-una-reforma-laboral-deguello.html

España: una reforma laboral a degüello

Los líderes sindicales de CCOO y UGT

Por Mirta Balea

La hibernación que produjo el anterior gobierno socialista en los sindicatos parece haber llegado a su fin, quizá porque los ciclos políticos son cortos y las prioridades se imponen. El Ejecutivo de Mariano Rajoy había prometido en campaña no subir los impuestos ni abaratar el despido y ha protagonizado en un tiempo record sus propios desmentidos.




Primero fue el alza del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), que nos cuelan en las nóminas cada mes, y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que ha fomentado la incertidumbre social en si podría hacerse extensivo al Impuesto del Valor Añadido (IVA) a productos y servicios. De ser ese el caso, el saco de la compra y las partidas de electricidad, alquiler, gas y otras, que llegan cada mes como un cobrador del frac temible y oscuro, llegaría a resultar imposible de mover, habida cuenta que todo sube menos los salarios.




El Real Decreto sobre la Reforma Laboral a nadie debería haber tomado por sorpresa y aún así ha sido recibido con una mezcla de indignación y decepción. En este último caso, porque Rajoy había prometido en campaña no abaratar el despido y es precisamente lo que ha hecho. No parece previsible que un trabajador entienda que si prescinden de él o le pagan menos de forma express y sin cortapisas es por su bien.




Las dos mayores centrales sindicales: Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT), y la oposición mayoritaria, representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se han revuelto contra la nueva normativa laboral, aprobada el 10 de este mes. El secretario general de la agrupación política, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que presentara un texto alternativo a lo aprobado por el Gobierno, aparte de una enmienda a la totalidad de la ley ante el Congreso,  en el debate del próximo 8 de marzo.




La contrarreforma que presentará el PSOE contemplará lo acordado a finales de enero entre la patronal y los sindicatos en materia de salarios, negociación colectiva y flexibilidad laboral, que ha resultado ignorado por el Gobierno, según de nuncia de los agentes sociales, porque aunque dio pábulo a la reunión de los bandos se ha regido por sus propias estrategias a la hora de elaborar la ley.




Lo que resulta innegable es que la reforma del mercado laboral del Ejecutivo de Rajoy invita a movimientos, como las manifestaciones convocadas para hoy y la realización de un paro general el 29 de marzo, si los sindicatos encuentran apoyo en los próximos días cuando tomen el pulso a la sociedad.




Las reformas laborales no están concebidas para crear empleo, para esto se necesitan otros mecanismos ad hoc, pero desregularizar el ámbito laboral para facilitar el despido, sin tener en cuenta derechos adquiridos a lo largo de muchos años, no harán decrecer las cifras del paro y pueden creer una revuelta social de consecuencias imprevisibles.




Los derechos del llamado Bienestar Social en Europa, desarrollados tras la II Guerra Mundial en el siglo XX, tuvieron como abanderados a Suecia y Reino Unido, gobernados por regímenes socialdemócratas.




El  fascismo y el nazismo cayeron por efecto de la guerra y el comunismo lo hizo al tomar conciencia de su propio fracaso como sistema y todo esto a lo largo del pasado siglo. La democracia, como sistema de organización social, se fue afianzando y haciéndose fuerte, pero todos los sociólogos convienen que solo podrá imponerse definitivamente si demuestra ser más justo y más eficaz que cualquier otra alternativa.


A veces decimos que todos los caminos conducen a Roma sin percatarnos del alcance de la frase. Los dos únicos intentos de democracia en la antigüedad: el de Grecia y luego el de Roma, terminaron en imperios.




El fracaso en gobernar un territorio que venía aumentando desde la etapa de la Roma democrática debido a la incapacidad de los senadores de mover el trasero del hemiciclo y de tomar decisiones rápidas, había dado pábulo a los ambiciosos de turno, que coparon el poder y pretendieron quedárselo para siempre. Traducido al lenguaje de la era moderna, todo ocurrió por no tener los pies en la tierra ni escuchar los aullidos de la calle.




Una vez realizado un durísimo ajuste, en el tiempo record de un mes desde la llegada al poder a fines de noviembre último del equipo de Rajoy, el estado social ha quedado reducido a mínimos, como los salarios, ahora dependientes de una productividad decreciente en la mayoría de las empresas. La idea lanzada por el presidente francés Nicolás Sarkozy que de esta crisis saldría un mundo mejor se ha esfumado por completo.




La gente no cree en los políticos porque éstos se han ganado a pulso la desconfianza y porque los que llegan al Gobierno realizan la misma política económica que incide en la política social. Esto es así porque las condiciones socioeconómicas, que hicieron posible en su momento la creación de un Estado del Bienestar Social en Europa, han desaparecido y terminado con el mito de la socialdemocracia como eje impulsor de cambios favorables a los trabajadores, que dependen siempre y únicamente de como vaya la economía en cada país.




Los líderes sindicales de CCOO y UGT, reunidos con Rubalcaba, han pretendido recobrar la sinergia entre el otrora movimiento obrero, que ha dejado también de existir, y el partido que en teoría defendería su causa. No se dan las condiciones de grandes unidades productivas con miles de trabajadores con un puesto de por vida que proporcionaba una conciencia de clase sobre la que se levantaban esas masas, según el catedrático de sociología Ignacio Sotelo.




No sé si sería aventurado decir que los sindicatos no solo han hecho la ola todos estos años, sino que en realidad la han procesado ante la convicción de que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero era "de los nuestros" y ahora hacen lo mismo con Rubalcaba. Con la nueva reforma laboral, perderán la tutela sobre los trabajadores y en su momento, también, las subvenciones, que en las anteriores legislaturas llegaron a ser cuantiosas. Esa es la razon que los mueve.




El éxito de un país como China, una mezcla de liberalismo económico con un dirigismo político, debería encender las alarmas. Aunque, por otra parte, que la democracia se haya asentado en Brasil con el socialista Ignacio Da Silva (LULA), que se movió a favor de los vulnerables durante su mandato y permitió a muchos conglomerados salir de la pobreza, resulta reconfortante y nos devuelve la fe en el sistema.




Lo que mueve a Rubalcaba queda de manifiesto en los eternos métodos de la socialdemocracia de intentar derribar al rival, no por las vías democráticas que quitaron al PSOE de en medio, sino por los bulos que quedan siempre y hacen mucho daño y no aportan soluciones verdaderas a los problemas de la gente.




La mano del PSOE, a través de Joaquín Almunia, comisario de la Competitividad en la Unión Europea, estuvo tras el guante negro lanzado contra Rajoy de que había inflado artificalmente las cifras del déficit para presentar mejores resultados en 2012. Lo divulgó Reuters esta semana. La respuesta de Bruselas resultó tibia al tratarlo como una "especulación prematura", ante las voces de un indignado presidente español que exigía un desmentido total, que probablemente llegue después, tardíamente, cuando el bulo se haya convertido en una bola de nieve.




Todo viene porque el nuevo Ejecutivo ha dejado claro que el gabinete saliente se quedó corto en documentos sobre el verdadero problema económico de España, que está en números rojos desde hace años con los que tienen que lidiar ahora los sucesores, a cada paso presas de las sorpresas. Rubalcaba ha formado parte de ese Gobierno y pretende hacer creer ahora que tiene la fórmula mágica contra la reforma laboral, que habría tenido que aplicar Zapatero, le gustara o no, de haber continuado al frente del país.




Para Alemania, el panzer de la austeridad y la reforma laboral más liberal que se haya conocido en Europa durante décadas, son lo primero, aunque arrasen con el Estado de Bienestar. ¿Quién puede recordar hoy que en 2005 tenía el mayor índice de paro del continente? El que tienen ahora sus socios de la periferia, pero del que la canciller Angela Merkel no quiere ni hablar.




En el sur se halla también Francia, donde los candidatos se enfrentan en estos días a la campaña previa a las elecciones presidenciales y que en sus programas no presentan grandes diferencias de diagnóstico sobre como enfrentar la crisis, con márgenes de maniobra tan estrechos como el de Grecia, que está que arde, o de Portugal, que ya se quema, o de España, a la que los mercados toman la temperatura, como a Italia, casi diariamente.




Muchos quieren recuperar la cartografía política tradicional de derecha e izquierda en Europa, pero a estas alturas de la película, cualquier teoría no puede ser la Teoría. La única manera de que las cosas salgan bien es si los gobiernos, al margen de los mercados, sopesan el riesgo y la oposición, en el caso español, la del PSOE, se deja de marullerías y de esgrimir las bazas populistas, que de nada le valieron en la campaña presidencial de octubre pasado, y coge al toro por los cuernos, dedicándose a dar ideas productivas. Veremos cómo será la contrarreforma anunciada por Rubalcaba.

España: con el cinturón prieto

Por Mirta Balea

España es un buen ejemplo de que tan difícil de manejar resulta la prosperidad como la austeridad. Con el cinturón prieto y la crisis respirándole en la nuca, los ciudadanos emprenden un camino plagado de recortes, utilizando el sentido que te permite andar sin pensar que tienes que dar un paso y luego otro, acompasadamente, en lo que los japoneses llaman muga.


Tras el 38 Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el anterior fin de semana en Sevilla, los ciudadanos esperan que se hagan realidad las palabras de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que constituirán una oposición responsable al gobierno del Partido Popular (PP). Hacen buena falta grandes dosis de sensatez para llevar adelante ese compromiso.


De momento parece cumplirse lo sentenciado por la población apta para votar al otorgar al PP la cantidad suficiente de votos para gobernar con mayoría absoluta en la esperanza de facilitarle los pasos para sacar al país de la ruina. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes refleja  que la sociedad ha dado un notable al Gobierno porque contaba con que se adoptarían duras medidas como las signadas por el Ejecutivo el 30 de diciembre último, a solo un mes de haber ganado lo comicios.


El sondeo del CIS se realizó en los primeros quince días de enero, cuando se sabía que entre las medidas se hallaban el aumento del Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF), con que se machaca la nómina cada mes, y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aunque el presidente Mariano Rajoy había dicho en la precampaña que no incrementaría los gravámenes.


Los sindicatos han convocado una huelga para el próximo 29 de febrero porque sienten que el gobierno de los populares ha decidido legislar una reforma laboral, aprobada este viernes por el Consejo de Ministros, con elementos adicionales no concertados por estas agrupaciones con la patronal cuando alcanzaron un acuerdo a principios de este mes en tres aspectos fundamentales: moderación salarial, estructura de la negociación colectiva y flexibilidad interna.


El acuerdo de los agentes sociales tenía una clara finalidad defensiva a la vista de las amenazas de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, de que el Gobierno actuaría por su cuenta si no se alcanzaba un consenso. Desde el punto de vista empresarial y de los sindicatos, de lo que se trataba era evitar precisamente la intervención del legislador. Ningún pacto bilateral puede, no obstante, evadir la acción oficial, que siempre maneja sus propias estrategias.


Las reformas laborales no crean empleo por sí solas, pues tienen que ir acompañadas de otras medidas estructurales económicas y financieras, que solo el Gobierno puede manejar en su conjunto. Como prueba tenemos a 5.821 empresas  en suspensión de pagos en 2011, un incremento de un 16.7% respecto al año anterior, y la confirmación del lastre que suponen para la economía nacional los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria, que en años de bonanza resultaban el motor impulsor.




El Gobierno aprobó una reforma laboral "completa", en opinión de Báñez, suponemos que teniendo en cuenta las garantías de la Unión Europea (UE) de que parte de los fondos estructurales del club iran a atajar el desempleo juvenil en España, de los más altos del continente, y que alcanza a un 45% de este grupo social en edad laboral. Uno de los nuevos elementos incluidos son los llamados minijobs, al estilo alemán, trabajos por horas que pueden compatibilizarse con los estudios por 400 euros de sueldo mensual.


Este asunto del paro, que alcanza a casi un 24 por ciento de la fuerza económicamente activa, remedo de lo que ocurriera en la etapa final del gobierno del socialista Felipe González en 1996, nos lleva a otra decisión oficial de parte del ministerio de Economía de reducir el coste social de los desahucios. Encontrar soluciones a la tragedia de los embargos, se halla entre las prioridades del Ejecutivo desde la precampaña electoral.


El ministro  Luis de Guindos se comprometió el pasado 7 de febrero en el Congreso a "hablar con el sector bancario para intentar, con todas las seguridades jurídicas, minimizar este coste que está siendo importante para la sociedad". Con este fin, creará una comisión de expertos de la que formaran parte las patronales bancarias de la AEB, de las cajas de ahorro CECA y de las cooperativas de crédito UNACC.


Los desahucios aparecen como la cara más amarga de la crisis por su masividad. Miembros del 15-M, el grupo de protesta español acantonado en la céntrica Plaza del Sol, han intentado impedir en varias ocasiones o al menos retrasar la ejecución de algunos y esto ha traido el resurgimiento del movimiento OKUPA en diversas ciudades españolas. Se trata de grupos de personas que se instalan, a coste cero, en inmuebles en ruinas o sin alquilar.

Los lídres sindicales

Nadie tiene dudas de que resulta un paso importante normar algún mecanismo de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable porque los españoles no se caracterizan por este tipo de impagos.  A pesar de la escalada del desempleo hasta más de cinco millones de personas, la morosidad hipotecaria ha sido solo de un 2.63%. Como dato relevante para la preocupación en la protección de uno de los aspectos de vulnerabilidad social ante la crisis, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dan cuenta que la Banca llevó a cabo 15.894 desahucios en el tercer trimestre del 2011.


La actual crisis económica puede derivar en social y política -si vemos el ejemplo de efervescencia  ante las reformas en Grecia, uno de los países intervenidos por la UE- y la propia convocatoria de huelga de las dos principales centrales sindicales españolas: UGT y CCOO.


Y es que el principal problema económico de España es el paro, sin dudas, ni la Banca ni el déficit público. Por esto el Gobierno pretende gestionar una ley para simplificar la burocracia ligada a la apertura de los pequeños comercios, con lo cual considera que se fomentaría la inversión y se crearía tejido productivo.  Este plan dispondrá también de una nueva línea de dinero del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para estas compañías.


Los ayuntamientos se beneficiarán también de la nueva política del ICO para pagar sus facturas atrasadas con la condición de que cumplan los planes de ajuste en el objetivo de superar el déficit. Como la mayoría de estas instituciones está en manos del PP desde las elecciones municipales de marzo del 2011, no parece arbitrario considerar que resultará la línea a seguir en los próximos tres años.


El presidente Rajoy describió un escenario de recesión, con más paro en 2012 -algo que ya se sabía por los informes públicos del Fondo Monetario Internacional (FMI)-y con fusiones de Cajas que hasta ahora no han funcionado. El diario británico Financial Times  ha considerado que "si Europa llega alguna vez a sanear su sistema financiero, podría ser gracias a que España ha mostrado el camino".



En un primer tanteo con la oposición socialista, el Gobierno ha dicho que ha recibido con "gran preocupación" la decisión de Rubalcaba de rechazar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La reforma constitucional que desarrolla esta norma resultó aprobada in extremis en septiembre del pasado año por el Ejecutivo  socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del PP,  para que la UE supiera que el país va en serio en su compromiso con el déficit cero y con la regla fiscal.


Rajoy podría haber convertido su discurso ante el Parlamento el pasado martes en una historia chocarrera o, peor aún, sensiblera, en busca del apoyo fácil o la corrección política, en su lugar, ha realizado una pirueta inesperada, dosificando audacias formales, aunque algo romas, y el resultado ha sido un discurso bastante sincero, para perdonarle lo improbable de sus conclusiones.


Se dice que los cinco primeros minutos de película bastan para saber si detrás hay un cineasta a la altura o un impostor. El equipo economico de Rajoy preveía dos trimestres muy duros en 2012, antes de tomar posesión el nuevo Gobierno, pero aquellos cálculos han debido rendirse a la evidencia que la mayoría de las fusiones bancarias aprobadas son inviables y el déficit estará por encima de un 8 por ciento, a pesar de que Zapatero se comprometió a reducirlo en tres puntos y esto quedó en uno.


Rajoy resumió la situación: economía en recesión, record de desempleo, incumplimiento de los objetivos de déficit público, caída del crédito, altos niveles de endeudamiento y deterioro del entorno internacional. En cuanto a esto último, se había comprometido con los empresarios, en una reunión días antes, a promover la marca España en el exterior. El ministro Guindos, con esto en mente, realizará una gira por Europa, Asia y América para abrir puertas a la inversión.


El presidente concluyó que los pasos realizados o por realizar daran frutos si " desterramos las improvisaciones, evitamos los bandazos y somos tenaces en la aplicación de las medidas, sin desmayar, hasta lograr lo que deseamos" y aprovechó para llamar a la unidad por la recuperación y el empleo.


Un final para un tending topic, pero que no tiene en cuenta el oxímoron institucional, a los anti-sistemas sistémicos y el underground guevariano reaparecido desde el momento en que Grecia se declaró en quiebra. Rajoy podría convertirse en el gato "sobre el tejado de zinc caliente" si no elabora un plan que contrarreste a quienes luchan lícitamente por no desaparecer como opción política, pero con maneras a modo de las barricadas descritas por la historia de la Revolución Francesa, que todos sabemos el final que tuvo.

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