Sanchez o como crear un MacGauffin.

Como podría haber imaginado Hitchcock que el presidente español Pedro Sánchez se sacaría de la manga un MacGauffin para justificar su empeño en hacer pasar sus acciones por lo que no son? Aquí no se trata de una distracción narrativa debida a la maestría del rey del suspenso. Hablamos de distracción política.

La excusa argumental de Sánchez , junto a otros miembros de su Ejecutivo, es que las más recientes y polémicas  leyes venían dadas en su discurso de investidura, que siempre ha resultado muy genérico en boca de cada mandatario en 40 años de democracia española y en el caso del actual fue más de lo mismo. El vocero Patxi López, primero en sacar de la manga la fórmula diversionista, nos quiere hacer creer que todo lo que está ocurriendo ( con el único fin de lograr la aprobación de la presupuestos generales del estado) había quedado definido desde entonces. 

Sánchez  siempre ha tenido ante si la posibilidad de diálogo con la oposición para poder prescindir de decretos ( pasando a la historia como el que más ha abusado de esta potestad) y de leyes controvertidas como el enmascaramiento de la modificación del Código Penal con la eliminación del delito de sedición para convertirlo en desorden público y la reducción de las penas en el delito de malversación de caudales públicos y la diferencia entre quien se embolsa el dinero a modo de lucro personal y el que lo utiliza para favorecer una causa como la independencia de Cataluña para citar un caso directo en cuestión.

Para el Ejecutivo, todas sus leyes y decretos son urgentes. La prueba más reciente son estos cambios acometidos en menos de una semana a pesar de ser un tema de calado, que requeriría como mínimo un debate profundo entre las fuerzas políticas e incluso una consulta popular si nos ponemos estupendos. El presidente ha ignorado el diálogo durante sus años de gobierno y cuando lo intentó por presiones de la Unión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial pretendió de una manera burda imponer durante las reuniones a sus candidatos para obtener una mayoría favorable. Cuando el PP no acepto la coyunda del gobierno, que constituía una manipulación  de la Justicia, como era de esperar las conversaciones pararon y el Ejecutivo culpó al PP por negarse a aceptar a los  propuestos. El diálogo pasó a un papel secundario en un giro MacGauffin.

La sentencia sobre la corrupción de Gurtel no era firme en el momento de la moción el 31 de mayo del 2018. El escrito de la Audiencia Nacional NO condenó al gobierno de Rajoy, ni al presidente en lo personal (la moción era contra él), ni a ninguno de sus ministros, ni a ningún militante del PP, NO recogió por tanto condena penal contra este partido entonces en el gobierno. Fue la moción fraguada por De Prada la que catapultó a Sánchez al poder sin pasar por las urnas, y pretendían que el PP aceptará su candidatura para el CGPJ. 

Ya no hay delito de sedición, el de malversación no resulta tan grave. Las penas, que antes oscilaban entre 8 o 12 años pasan a 4 años o seis meses porque el Gobierno cree que no es lo mismo embolsarse el dinero público a que se lo des a tus amigos para realizar un referendo ilegal e inconstitucional. Si declaras la independencia en el Parlamento catalán, siendo el presidente de la Generalitat y según la ley representas al estado español, ahora no se te juzgaría por sedición sino por desorden público. 

Lo mismo ha ocurrido con  la ley del sí  es sí bajo el supuesto de proteger a la mujer. La práctica de la norma ha permitido la rebaja de las penas y con la aplicación  del carácter retroactivo de la legislacion española ha puesto en la calle a  40 violadores, algunos de ellos pedófilos, y siguen las revisiones de otros 100 casos. Se habla entonces de aspectos más positivos de la ley, pero estos,  ojo, requerirán en muchos casos dinero como la habilitación de juzgados para agilizar los casos de violencia de género y no hay dinero para esto ni otros aspectos de la ley. Una distracción política más sobre lo importante: la salida en masa de los violadores.

Dice el presidente que hay tranquilidad en Cataluña, como logro personal, y que lo legislado sobre sedición y malversacion daba cumplimiento a la supuesta promesa en su investidura, con ese carácter genérico. Esto es una nueva distracción política para minimizar el hecho de que si le das a los soberanistas todo lo que iba en su pliego de demandas ellos te dejarán hacer y te apoyaran porque España no es su preocupación. 

Eso explica el entusiasmo de ERC por las modificaciones introducidas o  a punto de hacerse en el Código Penal. Una portavoz declaró que las aspiraciones ahora son las de un referendo independentista apoyado por el Gobierno. Se les ha dado a los sediciosos la inmunidad y a partir del 2024 el líder de una facción separatista podrá presentarse a unas elecciones. La conclusión es que los catalanes han cumplido hasta el momento su hoja ruta, incluido el posible  referendo disfrazado de legalidad, los catalanes seguirán tranquilos e intentarán por cualquier medio que Sánchez siga en el poder.

La pregunta pivotea sobre la legitimidad del presidente, cuyo partido fue el más votado en las últimas elecciones, si bien no resultó suficiente como para no aliarse con otra formación como UPodemos, representativa de la ultra izquierda, o con los interesados en romper España , pasos decisivos para no caer y mantenerse en Moncloa. Y digo esto porque he observado a algunos periodistas en debates recientes justificar al gobierno en sus concesiones y en sus constantes metiduras de pata, subestimando o despreciando a quienes sacan a la luz los errores garrafales. Es el caso de un reciente manifiesto de exministros socialistas clamando por la rectificación  de los cambios introducidos por la puerta de atrás en el Código  Penal. Algunos de estos socialistas respondones son figuras muy conocidas y respetadas como el ex alcalde de Madrid Joaquín Leguina, quien gobernó por tres periodos y ha sido el único candidato socialista que logró  hacerlo. Sánchez le arrebató la militancia por participar en un mitin  de la alcaldesa Isabel Díaz Ayuso. 

Resulta un MacGauffin preguntar si  nos satisface la tranquilidad de Cataluña y que los vascos estén también contentos después del dinero que han recibido en detrimento de otras Comunidades y lo de la liberación de los presos tanto los que fueron encarcelados por proclamar la independencia en el Parlamento catalán o los ex terroristas de ETA, sin existir siquiera un arrepentimiento previo por estos sujetos. 

Otros gobiernos como el de Aznar liberaron presos vascos, pero con arrepentimiento previo. Sánchez los ha liberado casi a todos, quedan pocos y a otros los ha acercado a su zona de confort sin haberse arrepentido de sus crímenes. La trampa sería si es bueno para España la tranquilidad de catalanes y vascos o  la aprobación de los presupuestos generales con los votos de todos estos grupos después de  muchas concesiones en detrimento de la territorialidad.

Crisis en Cuba.

 Cuba está viviendo el momento más crítico y decisivo en 62 años de dictadura comunista, un momento único en la historia más reciente, en el que ocurra lo que ocurra nada volvera a ser como antes.

Habrá un antes y un después de este julio del 2021, quiera o no el régimen.

Un régimen que importa esbirros venezolanos, bien porque sus fuerzas represoras no resultan suficientes para contener el clamor o porque, según divulgan en redes sociales, los uniformados, en algunos casos, se niegan a apuntar con sus armas al pueblo o dejan pasar libremente las manifestaciones.

Con todo, la cifra conocida hoy, tras una semana de protestas, es de 35 muertos, entre estos, niños.

La solución no pasa por mantener al régimen, como pretende el longevo Buro Político. El sistema se ha mostrado inútil, inoperante, incapaz de sacar adelante la economía y de satisfacer las necesidades sociales mínimas.

El sistema de poder establecido desde hace 62 años no es la solucion sino el problema. La solución es abrir vías democráticas, que este régimen  no tiene interés en hacer, lo que obliga al pueblo ha coger la sartén por el mango. 

El presidente Díaz Canel, en s u mentalidad totalitaria, ha preferido llamar a filas a los pro_regimen para enfrentarlos a los manifestantes. Ha decidido  abiertamente llamar a una guerra civil.

Puede la actual situación sofocarse? Los mecanismos del poder son fuertes, muchos y variados y la pelea no está igualada. Pero a lo largo de la historia humana muchas situaciones de este tipo se resolvieron porque los gobiernos se acobardaron ante la ira popular, que es un arma poderosa.

Lo que queda claro es que la calle ha dejado de ser el feudo de "revolucionarios retrógrados" y pasado a manos del pueblo sencillo y sufrido.

La ONU dice que" vigila de cerca los acontecimientos" No me fio. Ellos no acabaron con Saddam Hussein, ni Gaddafi u otros dictadores de la historia. En esto tienen un currículo más bien débil. La OEA ha aprovechado para recordar a mundo todo el daño que ha hecho el régimen y lo califica de dictadura, frente a gobiernos e instituciones cobrados, que proclaman la posibilidad de que el régimen controle el descontento.

Estos elementos no tienen en cuenta que Fidel Castro obtuvo el poder ayudado por comandos callejeros armados cn bombas y los miles de víctimas dejadas como rastro en su contienda contra el gobierno de Batista. Los que salen a la calle hoy, en Cuba, no usan armas ni explosivos, sólo su voz para reclamar derechos y no impulsados por ninguna potencia interesada en meter mano a Cuba. El silencio clamoroso sobre lo que está ocurriendo del Vaticano, la ONU, la Unión Europea, y EEUU entre otros señala la falta de interés de algunos para que el estado de cosas siga inamovible. Resulta imperdonable esta falta de imaginación. 

Hasta ahora el discurso de la dictadura se ha logrado imponer al del pueblo. Cualquier disidencia  como acción política no ha abierto canales para un ejercicio significativo de la libertad. La burocracia comunista reduce siempre el dominio público.

En su nihilismo exacerbado, el régimen confunde delito con irregularidad y su confusión, producto de una política que no va a tono con los tiempos,  actúa con represalias cada vez más sanguinarias para negar el futuro a los hijos de la patria que buscan una salida. 

La solución mágica del Buro Política de permitir de ahora hasta diciembre traer medicinas y otros productos del exterior, es decir, aceptar la ayuda humanitaria, que le habían ofrecido gobiernos y organizaciones internacionales, no es lo que buscan los manifestantes y ni siquiera creo que el propio aparato del PCC lo vea viable. Sin mencionar lo que quieren los militantes, que forman parte del pueblo y sufre, en la mayoría de casos, sus mismas necesidades.

Lo que pasa en Cuba, puede que derive en una referencia de frustracion política. Pero puede también, que esas fuerzas populares, que luchan en las calles, lleguen con arrojó hasta el final. Como hicieron antes nuestros más célebres y valientes antepasados.

UNA LEY DE EDUCACIÓN MÁS PARA ESPAÑA.

La ley de educación aprobada por el Consejo de Ministros esta semana será la octava en mas de 40 años de democracia española. Las normas se sacaban adelante con prisas por los gobiernos sucesivos  para evitar su derogación antes de entrar en vigor como ocurrió en 2004.

La LOCE fue derogada por el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que implantó otra llamada LOE, aboliendo la aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular de José María Aznar. La LOMLOE, que es la actual, podría entrar en vigor el próximo curso 2020/2021. 

La Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación anterior del gobierno del PP de Mariano Rajoy, es el producto del acecho a que la sometió el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigido por Isabel Celáa. Un hecho real es que a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, una cuarta parte de los escolares españoles sigue  sin alcanzar el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las comunidades autónomas con lengua propia seguirán teniendo más competencias para decidir el grado de la enseñanza del español. Esto tiene ya consecuencias en el currículo básico escolar, donde los idiomas regionales tienen más peso que el establecido por la Constitucion como oficial para todo el territorio.

El gobierno se ha escudado en la defensa  de la enseñanza pública como pilar de la sociedad: "Solo desde un sistema público fuerte se puede garantizar la equidad y la igualdad" en opinión de la portavoz María Jesús Montero. Pero una de las chinas en el zapato es dejar sin cobertura legal a la la lengua oficial y dejar de  lado a las escuelas concertadas (privadas integradas en la enseñanza pública). En ellas estudia un 25% del alumnado y ayudan a ensanchar las posibilidades de participar del sistema a amplias capas de la población.

Nos encontramos así con que el objetivo de este gobierno, sobre todo en lo que se refiere a Formación Profesional, de intentar controlar el fracaso escolar para que todos los estudiantes titulen, tengan las notas que tengan. La repetición del curso pasa a ser una "medida excepcional".

Otro objetivo, que se espera cumpla la LOMLOE, es acabar con el paro juvenil, de ahí que entre otros aspectos se pretenda recuperar parte del poder cedido a las Comunidades Autónomas sobre enseñanza con el establecimiento, como pretendía ya la LOE, que el gobierno central decida sobre el 55% de los contenidos curriculares en regiones con lengua co-oficial y el 65% en el resto, pero de momento esto no podrá ejecutarse.

Lo que ha supuesto para muchos padres un respiro es que la asignatura de religión no será obligatoria sino voluntaria y lo más importante: no contará para la nota media. Y aunque muchas asociaciones cristianas se rasguen las vestiduras, así es como debe ser. La religión es un tema de fe y no de la enseñanza básica, en la que todos los españoles participan con sus impuestos, así que debe relegarse al ámbito de las iglesias.

Celáa provocó un choque brutal con los padres al decirles descarnadamente hace unos dias  que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de estos a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza", que era tanto como decirles que nada tienen que decir sobre la educación de sus hijos. Y esto es verdad,  de cierto modo, ya que el Estado tiene la hegemonía sobre sus ciudadanos -no así el gobierno- y conserva la patria potestad, que cede a los padres.

Todo este rifirrafe vino a tenor de una iniciativa de Vox, que se ha venido aplicando en Murcia, respecto a las actividades extracurriculares, en cuanto a dar o no permiso para que sus hijos asistan. Y pienso que en esto si tienen algo que decir los padres, porque si un profesor da una conferencia sobre relaciones sexuales, esto no puede de ninguna manera ser obligatorio porque no forma parte de la enseñanza básica.

Los dos principales sindicatos  y las asociaciones de profesionales españoles advierten de que algunos de los contenidos de la ley supondrán bajar la calidad y la exigencia, que resulta parcial, precipitada y sin consenso, muy a pesar de que la ministra Celáa hable de excelencia, dando la vuelta al significado de la palabra, que no es otro que procurar la mejora del alumno, no que se achante sabiendo que pasará de curso sí o sí.

Esta es una ley que nace con un mayor consenso que la LOMCE, pero siendo, como es, una cuestión de estado, deberían haber participado en su elaboración la mayoría de partidos representados en el Congreso para evitar que el día de mañana un cambio de gobierno nos sitúe de nuevo en la encrucijada de cambiar la norma porque al partido de turno no le guste.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho con claridad que parece imposible creer que PSOE y Podemos se apoyen en los nacionalistas excluyentes de ERC y PNV para decidir sobre la educación de todos los españoles y aboga por la creación de una subcomisión para recuperar el pacto de estado por la educación, a punto de salir adelante, cuando topó con la oposición socialista.

Los españoles siguen confiando en unos líderes que no siempre tienen en mente en sus acciones el interés de todos. Si nos tomamos a pie juntillas los sondeos de opinión, el paro, la escasez de prestaciones a los más vulnerables y las malas relaciones con Cataluña son los temas que realmente preocupan a todos. Carece de importancia si el Parlament catalán votó a favor de la separación de España, no es ni de lejos un estado dentro de otro.

La forma en que ha llegado al poder el actual Ejecutivo, asociándose con la extrema izquierda de Podemos, traza una línea de continuidad con la izquierda europea más rancia y levanta las sospechas de un futuro perturbador. Todos esperan un sablazo  fiscal, que no afectará a los ricos, sino a los autónomos y a las clases populares, iniciativa de Podemos, aun cuando desde el gobierno se habla de defender a los que menos tieneln.

Tenemos un claro ejemplo de estas diferencias, que van en la dirección de mantener a Pedro Sanchez en la presidencia con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas catalanes y del País Vasco. La manifestación protagonizada hace dos días frente al Congreso de Policías y Guardia Civiles con la exigencia de una equiparación salarial con quienes realizan la misma función en Cataluña y País Vasco, teniendo en cuenta que en todos los casos la caja del   es la misma: el Ministerio del Interior, es un claro ejemplo de lo anterior.

España tiene los peores resultados en el conjunto de países de la OCD, según indicadores de PISA, a pesar de ser uno de los que más invierte en Educación. Pero si el sistema no funciona de nada vale el dinero. De no lograrse una forma de control único del Estado o que se prescinda del adoctrinamiento político en las escuelas, como es el plan de Podemos, y sigan existiendo los 17 sistemas inconexos educativos en este país, no se avanzará en este tema y continuaremos a la cola de las naciones desarrolladas de Europa.

La sociedad española atraviesa un momento importante de su historia plagada de hitos trascendentes, entre otras razones, porque es la primera vez que se tiene un gobierno de coalición con participación de los comunistas. Los extremos, que durante años se han contenido, surgen rodeados de rencores y pases de cuenta extemporales, y los recientes pasos del Ejecutivo así lo demuestran. 

LA TENSION SUBE EN EL GOLFO.

Restos del dron denunciado por Irán

Por Mirta Balea

España se ha resistido a verse arrastrada por Estados Unidos a un enfrentamiento con Irán. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha ordenado la salida de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln en el estrecho de Ormuz, a la entrada del Golfo Pérsico.

Robles reafirmó que España es un socio "serio y fiable", pero sus Fuerzas Armadas solo están vinculadas a los acuerdos con la Unión Europea y la OTAN. La integración del barco español al grupo de combate norteamericano, en el que por cierto no participa ningún otro navío no estadounidense, se planeó hace un año con el objetivo único de mejorar la operatividad y el adiestramiento conjunto durante seis meses, hasta el 31 de octubre.

El Pentágono ha presumido en las últimas semanas de haber reforzado sus efectivos en la zona con el envío del buque USS Arlington, aprovisionado de fuerzas de desembarco, una batería de antimisiles Patriot, junto al despliegue de bombaderos B-52 en Qatar, todo esto porque Estados Unidos dijo haber detectado indicios de una "mayor disposición" de Irán a realizar operaciones "ofensivas". Puede que todo esto solo tenga un fin disuasorio.

El pasado 12 de mayo, cuatro buques petroleros: dos sauditas, uno noruego y otro emiratí sufrieron atentados en el Golfo Pérsico. Fuentes gubernamentales de Riad, Abu Dabi y Washington hablaron de sabotaje y culparon a la Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo terrorista de las fuerzas armadas de Iran. El gobierno de este país dice que tal operación se realizó bajo una bandera falsa para culpar a Teheran. 

Para los que ponen en duda la versión iraní, está el argumento de que resultaría inviable bloquear el Estrecho porque se estaría ante la posibilidad insalvable de una guerra propiamente dicha. Resulta más eficiente y menos costoso sabotear o dañar a cargueros de petróleo. Sobre todo si el ataque tiene lugar en aguas cercanas el oleoducto Habshan-Fujairaj, construido por Abu Dabi para transportar el crudo de los siete estados miembros de los EAU. El oleoducto no solo está encaminado a proteger la exportación sino que blinda de los repuntes de las letras del seguro en caso de conflicto. 


A principios de mayo, el gobierno iraní anunció que incumpliría sus acuerdos con las grandes potencias, firmado en 2015, como respuesta a la decisión unilateral del presidente Donald Trump de retirarse del pacto y lanzó contra el país chiíta una nueva lista de sanciones estratégicas. La Unión Europea se ha desmarcado de tales acciones e insiste en intentar salvar el acuerdo, firmado durante la presidencia de Barack Obama.

El incumplimiento supone, según los términos del pacto, dejar de limitar las actividades con agua pesada y uranio enriquecido, claves para fabricar la bomba. Teheran dijo además que limitaría el uso del estrecho de Ormuz,  de 55 kilómetros de ancho, por donde pasa un 30% del comercio del crudo mundial, cerrándolo probablemente con minas navales en su parte más estrecha de 34 kilómetros, frente a Omán. Aparte de la posibilidad real de un conflicto, el riesgo geopolítico gira por lo tanto en torno al paso de Ormuz.

Siendo uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo, que conecta a los productores de Medio Oriente con los mercados claves en Asia, Pacífico, Europa y América del Norte, sus dos vías marítimas alcanzan apenas los 3 kilómetros.

Del miedo a que esto ocurra, surgieron nuevas sanciones y la amenaza de castigo por parte de Estados Unidos a los países que sigan comerciando con el petróleo iraní y el compromiso de vender a los sauditas armamento avanzado inteligente, en especial munición para bombas guiadas, sin tener el apoyo del Congreso. Trump argumentó que la situación era crítica y meritaba medidas urgentes.

Como no resulta fácil pasar de un proveedor a otro de la noche a la mañana, Japón, Corea del Sur, Turquía y China siguen sus negocios habituales con Irán. Solo han decidido "tirar la toalla" Grecia, Italia y Taiwan.

A este incremento de la tensión se añaden las confusas noticias sobre ataques y sabotajes a petroleros sauditas y buques comerciales cerca de los Emiratos Árabes, donde según el portal Military Estados Unidos mantiene una base. Tras la intervención militar norteamericana en Irak en el 2003 han crecido estos complejos militares en los países ribereños del Golfo Pérsico.

The Wall Street Journal dio a conocer recientemente que el rearme en la zona se ha completado con la construcción en secreto de un radar antimisiles en Qatar, crucial en el sistema de intercepción de cohetes. Israel dispone de un dispositivo similar con el mismo propósito: prever un ataque iraní.

Irán ha venido rearmándose también en el Golfo con misiles antibuque Silkworm de fabricación china y torpedos de alta velocidad rusos. Moscú ha dado su apoyo a Teheran en esta escalada de tensiones. Los iraníes tienen claro que no pueden ganar en un combate naval convencional por lo que podrían poner en marcha un táctica de colmena con centenares de lanchas ligeras, que se abalanzarían sobre sus objetivos, replegándose de inmediato y volviendo poco después a la carga.

El derribo de un dron no tripulado por la Guardia Revolucionaria Islámica parece haber sido una advertencia de que son capaces de contrarrestar cualquier agresión. En una declaración del pasado jueves, se dice que la nación "no quiere una guerra con ningún país", pero está lista para cualquier contingencia, un lenguaje que disgusto mucho a Trump, quien tuiteó: "Irán ha cometido un gran errror", tras lo cual se preparó un ataque de respuesta, que en el último momento fue cancelado.

El presidente norteamericano no puede evadir el hecho de que está atrapado entre los republicanos, que empujan a una respuesta contundente por el derribo de un avión no tripulado, y los demócratas, con la advertencia de que Estados Unidos podría perder el control de la situación y entrar en una guerra evitable.

Quizás Trump suspendió abruptamente los ataques militares previstos contra Iran en represalia por lo del dron argumentando en un tuit "no habría proporcionalidad entre causar tantas bajas y el derribo de un avión no tripulado".

De actuar contra Teheran, Estados Unidos contaría con el respaldo de Israel, Arabia Saudita y EAU, pero no hallaría muchos más apoyos entre las potencias occidentales porque el acuerdo roto unilateral por la Administración norteamericano no es del agrado de la UE y le resta adeptos para su causa, como Francia o Alemania.

TRUMP NO CONSPIRO CON RUSIA DURANTE SU CAMPAÑA..

Por Mirta Balea


El presidente Donald Trump quedó exonerado de cualquier sospecha sobre un supuesto conciliábulo con Rusia para que sus hackers influyeran a su favor en las elecciones de 2016.

Un informe encargado y dado a conocer esta semana por el fiscal general William Barr, bajo la premisa de una denuncia del expresidente Barack Obama, antes de abandonar el cargo, concluye que ni el actual inquilino de la Casa Blanca, ni sus hombres de confianza, conspiraron con los rusos.

Barr presentó su resumen del documento elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, que destaca no haber hallado indicios de asociación indebida con Rusia de los miembros de la campaña de Trump para provocar la derrota de su opositora Hillary Clinton, ni en hackeos a dependencias demócratas en ese mismo período. 

Respecto a la posible obstrucción a la justicia, derivada del despido en mayo del 2017 del entonces jefe del FBI, James Comey, quien se opuso a la línea marcada por Trump de marginar lo que se conoce como Rusiagate, las conclusiones no son tan rotundas. Siempre, según Barr, Mueller no concluye indicios de delito, pero tampoco exonera al mandatario.

A pesar de la euforia provocada por estas conclusiones en las filas republicanas - tras dos años de sospechas y de investigación-, los legisladores demócratas siguen en la brecha y demandan el acceso sin mediadores al informe. Barr ha argumentado para la no difusión de los puntos claves del documento el uso de "material sensible" sujeto a restricciones para su elaboración.

Puede que el fiscal general esté en lo cierto, pero no lo es menos que Obama aprovechó el preciso momento de su salida de la Casa Blanca para exponer públicamente otro informe inverso, hecho por los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, sobre la interferencia de Rusia en forma de ciberataques contra las filas demócratas y se amparó para desvelarlo en que debería ser de conocimiento de los estadounidenses. Incluso se vio obligado por esta razón a enmendar una orden ejecutiva del 2015. 

Algunos congresistas republicanos exigieron mas pruebas para que las sospechas no se basaran en un mero informe corporativo de como podrían haberse realizado tales ataques. La prensa observó un intento de minar aun mas las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y poner en solfa la victoria de Trump, algo que a los demócratas les llevó mucho tiempo digerir.

Obama llevaba meses anunciando estas supuestas violaciones sin presentar pruebas hasta la divulgación del informe del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional cuando apenas le quedaba una afeitada en la Casa Blanca. El vocero Josh Earnest admitió que la Administración demócrata no estaba preparada para hacer pública la manera en que se obtuvo la información y protegería las fuentes, lo que es lo mismo que decir que no puede ponerse en duda dicho por el mandatario.

Obama impulsó en el Congreso una nueva batería de sanciones a Moscú y adoptó otras medidas desde la presidencia como considerar persona no grata a 35 diplomáticos, cerrar los consulados de Washington y California y dos edificios dependientes de la delegación diplomática del Kremlin poco antes de dejar el cargo. 


El texto dado a conocer por el ex-presidente, base para iniciar la investigación de Mueller, dice que fueron dos grupos de los Servicios de Inteligencia rusos los encargados de los ciberataques. El primer grupo habría atacado al Partido Demócrata en el verano del 2015 y el segundo, en la primavera del año siguiente.

Este documento puesto en conocimiento del público norteamericano sería el resultado de una desclasificación bajo el argumento de la transparencia. Earnest, insistió en su "credibilidad" porque fue realizado "por agentes de Inteligencia, que han dedicado sus vidas a las protección y seguridad de Estados Unidos", con fondo de violines incluído. Una frase con el claro objetivo de tocar el sentimiento patriótico para su asimilación como auténtico.


El texto estaba lleno de verbos como "creemos", "consideramos", sin que se aportara una sola prueba, quizás por que se trataba de una open source, a la que se quita todo lo que sea clasificado y evade todo material sensible. Los patriotas del informe iban a por la campaña presidencial y a por Trump y quedaba claro en el documento.


Estados Unidos ha sido objeto de numerosos intentos de hackeo, algunos largos en el tiempo como los China y Corea del Norte. Cuando Obama dio a conocer su particular informe, se había conocido el robo por los chinos de un dron acuático y sus declaraciones que estaban dispuestos a devolverlo. La noticia pasó sin pena ni gloria hasta que Trump habló del incidente en su Twitter.

La devolución tendría lugar, como dicta el sentido común, después , por supuesto, que técnicos en ingeniería inversa se apoderaran de los secretos del aparato. ¿La situación habría sido la misma en que caso de robarlo Rusia o Irán? No creo. La gente suele olvidar que quienes están al mando en los Servicios de Inteligencia son cargos políticos al servicio del gobierno de turno y en el momento en que se batían alas contra Rusia no parecía conveniente hacerlo también contra China.

Sino recordemos cuando a George Busch le convino dar a conocer lo de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak para refrendar su vengativa invasión y resultó ser luego una mentira, sobre la que se dieron, eso sí, muchas explicaciones, sin que esto supusiera para el presidente un fiasco en lo que buscaba, derrocar a Saddam Hussein.

La Administración Obama ha sido la que más armas ha vendido desde la II Guerra Mundial y todo esto a pesar de ser laureado con el Premio Nobel de la Paz. Los acuerdos sobre venta de armas entre 2008 al 2015, según el Servicio de Investigaciones del Congreso, alcanzan la cifra de 265 mil 471 millones de dólares. La mayor, registrada en 2011 con el inicio del conflicto sirio: 56 mil 131 millones de dólares. Sobre Siria e Iraq, según la misma fuente, cayeron 26 mil bombas en 2016, fecha de salida de los demócratas del gobierno.

La contabilidad en ocho años de gestión de Obama resulta en un interés directo en cambiar a regímenes que no gustaban, el caso sirio, por ejemplo, con el uso de revoluciones de un solo color y vendiendo armas a los terroristas, en un juego geo-político del que se habla más bien poco.

Todos tenemos el terrorismo siempre presente, somos conscientes de esta nueva era de violencia, pero lo que debería quitar el sueño a la sociedad norteamericana son los ataques cibernéticos de los adversarios y no me estoy refiriendo al confuso documento expedido por el expresidente sobre Rusia. El nivel de sofisticación alcanzado en los últimos cinco años debería preparar a todos para el próximo decenio.

Tras el 11 de septiembre de 2001, todo el dinero se ha dedicado, según fuentes del Pentágono, a Inteligencia y Contra-Inteligencia, y a un único objetivo: el terrorismo, lo que ha hecho vulnerable al país en otros terrenos, como el tecnológico, el científico, el financiero, entre otros.

La sociedad mundial se ha desmonetizado, mucha gente no lleva efectivo y nuestro dinero está cautivo de manera numérica, no en papel, en unos pocos nódulos de encapsulado. Un ataque contra todo esto tendría consecuencias muy peligrosas, tan peligrosas como el robo de secretos científicos, tecnológicos y otros.

Si ha habido un significado internacional en el triunfo de Trump es que el proceso de globalización -tal y como estaba montado- se ha visto de cierto modo ralentizado. Los más tambaleantes son los chinos, que apostaron todo a esa cesta. Su economía atraviesa por serios problemas porque su paradoja está en ser una dictadura comunista sobre una base capitalista.

Mientras los "trumpistas" se frotaban las manos con lo declarado por Barr, el presidente del comité judicial de la Cámara tuiteó sus intenciones de llamar a declarar al fiscal general sobre "las preocupantes discrepancias" en la decisión final del Departamento de Justicia. Habría que verlo como un llamado de atención a su negativa a no tomar en consideración una eventual obstrucción de la justicia por parte del presidente.

Barr habría destacado que Rusia realizó operaciones para influir en las elecciones del 2016, mediante desinformación y uso de redes sociales, y recordó la infiltración de piratas informáticos en el correo electrónico de la candidata Hillary Clinton y su campaña, en lo que puso al descubierto su ingenuidad como figura política internacional, que se expuso innecesariamente al ciberataque. Resulta difícil creer que las acciones de esta funcionaria de alto nivel, que desestimó su necesidad de protegerse, no se hallan castigado como sería de rigor.

Media docena de colaboradores de Trump han sido imputados y condenados por delitos cometidos durante la campaña, entre los que destacan conspiración o mentir a los investigadores. Unos 25 funcionarios de la inteligencia rusa o expertos en el manejo de las redes sociales fueron también inculpados por Barr. 

Entre los condenados en este proceso de dos años, figuran el exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, y el número dos Rick Gates, los abogados vinculados al presidente o a su entorno Michael Cohen y Alex van der Zwaan, los asesores en política exterior George Papadopoulos y de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y el programador informático Richard Pinedo.

Los condenados confesaron varios delitos como evasión fiscal, estafa, violación de las leyes de financiación de campañas, mentir al FBI sobre contactos con Moscú y venta de identidades falsas a los rusos.

Otros acusados, aunque no incriminados, son Robert Stone, asesor de campaña y de negocios de Trump, quien supuestamente mintió al Congreso, Konstantin Kilimnik, antiguo asesor de Manafort, por obstrucción a la justicia, 12 funcionarios rusos del GRU por pirateo a los demócratas y 13 ciudadanos rusos vinculados a la Agencia de Investigación de Internet por conspirar contra Estados Unidos. Resultaron exonerados Donald Trump hijo, el yerno del presidente Jared Kushner y el fiscal general hasta noviembre del 2018, Jeff Sessions.

El fiscal general ha dicho que su determinación de descartar la obstrucción a la justicia del presidente tiene en cuenta consideraciones constitucionales alrededor de la acusación o imputación criminal de un presidente en ejercicio, lo que traducido apunta a que habrá que tratar el asunto en otro foro o debate. Aquí entramos en el impeachment, que viene sobrevolando la cabeza de Trump desde que despidiera de manera abrupta a Comey. Este venía encargándose de investigar si el Kremlin se había infiltrado en los comicios.

El impeachment es un juicio político a un alto cargo público con riesgo de ser destituido. La figura está recogida en el Artículo Primero de la Constitución. Para iniciarlo se requiere una mayoría de la Cámara de representantes (238 de 435). El juicio tiene lugar en el Senado, bajo la presidencia de la Corte Suprema.

El Senado tiene la última palabra con una mayoría de dos tercios para decidir si se absuelve o no al acusado. La Constitución prevé el uso de esta figura jurídica en caso de traición, soborno u otros delitos muy graves, por lo que podría no ser inmediata su aplicación sobre el actual inquilino de la Casa Blanca.

La conclusión es que a pesar de que los republicanos consideran una victoria el informe de Mueller -conocido en los términos dados a conocer por Barr-, las dudas persisten. La Cámara -de mayoría demócrata- sigue sus pesquisas.

TRUMP Y CUBA

Por Mirta Balea

Cuando Barack Obama fue sucedido por Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, reconoció que persistían las diferencias de interpretación  de la democracia y los derechos humanos con Cuba, pero confiaba que la "interacción bilateral" terminaría por solucionarlo. La ratificación de la Constitución Cubana en febrero pasado, sin variaciones en la esencia de ejercer el poder, no parece estar en la línea de la distensión buscada por el ex-mandatario demócrata. 

Lo que el presidente saliente no contó al público sobre las consecuencias de su política aperturista hacia La Habana, fue que el nuevo inquilino de la Casa Blanca se daría de bruces con el tema de los prisioneros políticos en la Isla y la compensación por bienes estadounidenses confiscados a partir de 1959, y Cuba, por su parte, le entregaría una larga lista de reclamaciones entre las que figuraría, de manera relevante, el pago de un mínimo de 833 mil millones de dólares como indemnización "por el daño humano y económico" ocasionado por el embargo de medio siglo de vigencia.

Lo que aspiraba a ser una hoja de ruta para Trump a los ojos de Obama a partir de los cambios institucionales introducidos por él en la tradicional política norteamericana hacia Cuba, se ha encontrado en el camino con el polvorín venezolano y el interés de responsabilizar al régimen por la opresión y los abusos de los derechos humanos como viene ocurriendo desde los años 60 del pasado siglo. La Administración norteamericana ha acusado a Cuba de la crisis en Venezuela, donde dice que militares de la Isla controlan a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Trump considera a Cuba parte de una troika tiránica, que se retroalimenta, de la que formarían parte también Venezuela y Nicaragua. La ratificación de la Constitución en un país que hace una década actuó de revulsivo en América Latina y el Caribe para la creación de una plataforma de naciones aliadas dentro del llamado socialismo del siglo XXI, tiene ahora otra lectura con la salida del grupo de dos colosos: Argentina y Brasil. 

Obama puso en marcha dos decisiones migratorias de peso justo antes de poner fin a su mandato y después de visitar La Habana y  haberse entrevistado cuatro veces con Raul Castro tras el reinicio de las relaciones el 14 de diciembre de 2014. Con estas directivas, el demócrata eliminó la política migratoria de "pies mojados/ pies secos" agregada por Clinton a la Ley sobre Ajuste Cubano, que venía a decir que los cubanos interceptados en el mar con intención de alcanzar las costas de Estados Unidos serían devueltos a no ser que pusieran pie en tierra, en cuyo caso obtendrían un permiso de trabajo, ayudas iniciales, y tras un año, podrían solicitar la residencia.

El pánico se hizo patente entres los cubanos deseosos de marcharse ante la sospecha de que se fuera al traste toda la Ley de Ajuste Cubano, nacida tras el éxodo masivo de balseros a mediados de los años 90 a finales del siglo XX. La emigración aumentó con la utilización de América Latina como puente. Nicaragua, aliado del régimen cubano, cerró sus fronteras aduciendo riesgos de seguridad y soberanía y transfirió a Panamá y Costa Rica la atención de los  impedidos de seguir viaje a Estados Unidos.

La segunda decisión migratoria tenía que ver con la eliminación del programa conocido como Parole para los médicos cubanos, puesto en marcha en 2006 por el republicano George W. Bush, que permitía a estos profesionales en misión en terceros países pedir asilo en cualquier embajada norteamericana. El fallecido Fidel Castro lo denunció como "un robo de cerebros, algo de lo que podría acusarse a la mayoría de países del mundo. 

Uno de los que más condenó las decisiones de última hora de Obama fue el congresista cubano-americano Mario Diaz Balart, argumentando que eran concesiones al régimen de La Habana y una traición del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos. El presidente llevo adelante el programa a pesar de las reticencias del Congreso en cuanto a la normalización de las relaciones con Cuba. 

La política de Trump desde su toma de posesión ha consistido en reafirmar el embargo y de oposición a las convocatorias para levantarlo de la ONU u otros foros internacionales. Con sus colaboradores, ha reanudado los informes periódicos sobre el progreso de Cuba en materia de libertades políticas y económicas.


Las directivas migratorias de Obama fueron publicitadas como una forma de consolidar los supuestos avances en el "deshielo" para lo cual las convirtió en irreversibles. La Habana, como era de esperar, dijo que aceptaría la repatriación de los cubanos expulsados de Estados Unidos  como había venido haciendo lo que puso al descubierto el doble rasero de los mandamases  de Washington.

Las medidas sirvieron también para definir los intereses del expresidente demócrata en asunto tan peliagudo, como serían la expansión del comercio bilateral y el impulso a reformas económicas, sin que se mencionara la apertura cubana a un sistema democrático, requisito fundamental para todos los gobiernos anteriores. Las directivas presidenciales llegaron después de  nominar al primer embajador en La Habana tras medio siglo de  ruptura.

Trump advirtió durante su campaña que revertiría todas las concesiones a Cuba "hasta que fueran restablecidas las libertades", aunque todos sabían que se metería en un proceso farragoso, largo y complicado para él mismo. Antes había afirmado estar a buenas con el proceso de normalización de relaciones, pero no hay que rasgarse las vestiduras por esto. El presidente tiene acostumbrada a la gente a enviar mensajes contradictorios y si uno se fija en su propia trayectoria ve que ha sido su modo de actuar desde que fuera un empresario de éxito, al que atraía la política.

Formó parte de las filas demócratas hasta 1987 cuando se pasó a las republicanas durante dos años. Transitó por breve tiempo por el Partido de la Reforma y en 2001 regresó a los bazos del Partido Demócrata, que pudo retenerlo hasta que decidió renovarse con el Partido Republicano y presentarse a las elecciones del 2016. Se puede decir que es el primer presidente en la Casa Blanca sin experiencia política ni en procesos electivos y aún así ganó. 

Los cambios constantes en un individuo se consideran en psicología expresión de alguna fuente de malestar, aunque otra motivación podría ser el simple deseo de cambiar. La gente -al contrario de lo que pueda pensarse- no cambia en un sentido estricto del término, así que dar bandazos de un Partido a otro tenía el objetivo de encontrar el hueco que más beneficiara a su vida e intereses. Los rasgos de la personalidad, en cambio, no varían, y por esto hablamos de un presidente que retiene la forma de expresarse del empresario, actuando con cierto histrionismo, mostrando un lado narcisista y que en muchas ocasiones da la impresión de actuar por impulso. Como hombre de negocios, invirtió años en crearse un personaje como seña de identidad y esto es lo que subyace en su mandato.


John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, un hombre de momento de toda su confianza, llegó a decir, en 2002, que Cuba era una factoría de armas biológicas y este parece ser el encargado de trazar su política en esa dirección. Ha denunciado recientemente a Caracas por su ayuda financiera a Cuba y Nicaragua, que  han estado adquiriendo petróleo a precios preferenciales, tal y como había hecho La Habana antes con la Unión Soviética hasta que Gorbachov le cerró el grifo.

La diplomacia petrolera se fue al garate con el hundimiento de los precios en 2014, lo que ha reducido sensiblemente la compra de Cuba. En la actualidad, recibe 50 mil barriles al dia, pero hasta hace muy poco la cantidad era de 115 mil, con los que cubría una gran parte de su consumo. A cambio,  enviaba al régimen venezolano médicos y expertos en áreas claves como Seguridad e Inteligencia. Cuando Trump decidió apoyar explícitamente a Juan Guaidó  se colocó en la línea de derrocar a  Nicolás Maduro.

Empezó por cortar todo acceso al dinero por la venta de petróleo en suelo norteamericano de la estatal PDVSA, que obtiene el 90% de sus ganancias de ese mercado. Impedir el acceso a los fondos venezolanos ha provocado que el país no pueda importar bienes ni revertir una producción petrolera en declive. Ha complicado también los pagos de la deuda pública. Los números hablan: la PDVSA producía casi tres millones de barriles diarios en 2014 y en enero de este año, apenas extrajo 1,1 millón de barriles, en una nación con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.


Trump decidió dar con el zapato en la mesa hace unos días reduciendo el tiempo de validez, de cinco años a tres meses, de la visa B2 para turismo y visitas a familiares. Cuba reaccionó diciendo que esto constituye un obstáculo adicional para que los cubanos visiten a sus allegados y se suma al cierre de los servicios consulares en La Habana y a la interrupción del otorgamiento de visados, obligando a los isleños a viajar a terceros países.

Washington suspendió la concesión de visados cuando evacuó al 60% del personal de su embajada por unos presuntos "ataques sónicos" a sus diplomáticos. Digo presuntos porque la mayoría de periodistas se pregunta qué ganaría La Habana -si tuviera medios para hacerlo- con tales provocaciones en un momento en que se tambalea el aperturismo de Obama, por no decir que ha ido desapareciendo. Todo indica que los médicos diagnosticaron pérdida de audición y edema cerebral a partir de fuertes dolores de cabeza y otros deterioros cognitivos en las víctimas. El Departamento de Estado acusó al gobierno cubano de no garantizar debidamente la seguridad de la delegación.

Todas las decisiones de Trump van dirigidas siempre a su masa de votantes, muchos de los cuales se muestran contrarios a continuar la política de normalizar relaciones con Cuba.  El 9 de septiembre del 2017, extendió por otro año el embargo como represalia a que los cubanos urgieran a Asamblea General de la ONU a instar a Estados Unidos a levantarlo. La extensión estará vigente hasta el 14 de septiembre de este año, según memorando firmado por el presidente, amparado en la Ley regulatoria de Comercio con el Enemigo (The Trading With The Enemy Act).

El presidente acortó a 45 días los seis meses previstos hasta ahora para que los nacionales afectados por las expropiaciones en 1960 de Fidel Castro pudieran reclamar sus antiguas propiedades. La suspensión en enero de este año atañe a la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática, aprobada por Bill Clinton en 1996 en cuanto a los títulos III y IV de la norma conocida también popularmente como Ley Helms-Burton.

Desde Clinton, todos los gobiernos han dejado sin efecto esta parte de la norma. Las agencias de noticias han señalado en más de una ocasión que podrían llegar a los 200 mil pleitos. La suspensión entrará en vigor el próximo día 19  y concluirá el 17 de abril, según informó el Departamento de Estado. Las firmas extranjeras quedarían exentas, pero no aquellas de la lista "negra" por estar asociadas al régimen, la mayoría dependientes de estamentos de las Fuerzas Armadas y del ministerio del Interior, junto además de hoteles en La Habana, Santiago de Cuba y Varadero. 

Este tipo de política pretende canalizar las actividades económicas fuera del ámbito militar, incluyendo las transacciones relacionadas con viajes, con el objetivo de presionar al régimen a permitir la expansión del sector privado en Cuba. Los gobiernos norteamericanos han considerado el control militar sobre todos los sectores rentables de la nación caribeña el principal obstáculo para su prosperidad y libertad económica.