NUEVAS GUIAS PARA LA EDUCACION EN ESPAÑA

El Gobierno obtuvo la aprobación del Congreso de la nueva ley de educación, llamada LOMLOE, aun sin finalizar la desescalada de la pandemia por el corona virus. Cuando la población se preguntaba cómo y cuando sería la vuelta al "cole", la ministra Isabel Celáa logró pasar la normas con grandes sesgos ideológicos.

Lo primero que se puede apreciar, es que se deja en manos de sus socios nacionalistas el porcentaje de horas de estudio del castellano. Sin que podemos explicarnos por qué, el texto acepta para más inri que el español es el idioma oficial del país. 

Si una escuela o colegio autonómico no deseara impartir el castellano será libre de no hacerlo pues Celaá ha asegurado que "no es función de la Alta Inspección entrar de manera ejecutiva en los centros educativos, son las inspecciones de las comunidades autónomas las que salvaguardan las normas". Tal como suena, el Estado no tiene voz ni voto.

La exigencia de rendimiento se asocia en esta ley al autoritarismo y la búsqueda de talento se ve como un hábito del pasado. Cuando la ministra habla entonces de "no dejar a ningún alumno atrás" intenta lograr su buenísimo objetivo haciendo que ningún alumno avance. No parece que estemos ante una ley inclusiva, ni igualitaria, pero sí ante una norma que aniquila la excelencia.

La ley aprobada por nuestros representantes en el legislativo se ha pasado sin diálogo ni consenso, con un Gobierno débil de minoría parlamentaria pírrica. Resulta, a juzgar por las palabras de muchos de los oradores en la sesión de ayer, de un revanchismo por su fracasada LOE hace 15 años.

Si se ha mostrado cierta premura en presentarla es para garantizar su imposición en el próximo curso escolar y evitar de paso un desmantelamiento posterior. En ella leeremos como se prioriza lo público sobre lo concertado, se quita peso a la religión, que estoy de acuerdo que no debe ser una asignatura escolar, da más facilidades a los alumnos para conseguir un título académico y desprotege la enseñanza del castellano.

Me permito recordar aquí el artículo 27 de la Constitución de 1978 que trazó los ejes del sistema educativo español, adaptado al nuevo entorno de la vida democrática, que se iniciaba. Este renglón fue polémico desde el nacimiento de la Carta Magna  para las grandes fuerzas políticas del momento, en alguna de las cuales pesaba una orientación continuista, que dejaba amplio margen a la escuela privada, predominantemente católica, y a la elección escolar. 

La constelación de los partidos situados a la izquierda del arco político entonces abogó por una ruptura más radical con los antiguos esquemas de la enseñanza, en la que podía apreciarse ecos de la Constitución Republicana de 1931 y el ideario socialista de escuela única, pública y no confesional. Que la LOMLOE aplica ahora.

No debería resultar extraño  que el Consejo Escolar del Estado apelara en los últimos años a la necesidad de considerar la educación como una política de Estado, un sólido anclaje para cualquier consenso básico, que han dicho algunos políticos.

Desde el año 2000, coincidiendo con la participación de España en el Programme for International Asessment (PISA), se han venido adoptando medidas legislativas más ténicas. Con la Ley de Calidad de la Educación del 2002 (que nunca llegó a aplicarse), cada vez que se ha propuesto una nueva ley de educación (con esta ocho desde 1978) se ha pedido la introducción  de resultados claramente mejorables de las anteriores.

La ley elaborada por el ministerio de Educación destierra toda posibilidad de evaluar a los alumnos de igual manera y sobre los mismos contenidos en toda España. El nuevo texto es casi identico al aprobado el 15 de febrero del 2019, cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales y truncó su tramitación parlamentaria. Por esta razón, la nueva ley no se ha sometido al Consejo de Estado.

Los alumnos podrán sacarse el título de Bachillerato aunque tengan una asignatura suspendida y obtener el título de ESO con simples "actividades personalizadas extraordinarias" de las asignaturas no aprobadas. Lo que se busca es que nadie repita curso, no importa lo formado que esté.

Desaparece la educación especial con la que se atiende a niños con una determinada discapacidad. En un plazo de diez años, según estiman las autoridades, esos alumnos quedaran disgregados en colegios ordinarios. Esto supone una gran tragedia para muchas familias, no solo porque se ignoran las necesidades específicas de sus hijos, sino porque se les niega el cuidado a los que muestran un cuadro complejo de deficiencias.

En Educación, hay muchas competencias transferidas a las autonomías, solo se comparte el 65% del curriculum. A estas diferencias se añade el componente lingüístico, introducido como lo más importante, por encima del idioma patrio. No se puede hablar entonces de un sistema educativo español sino de un 17+1.

La idea machacona de colocar en primer lugar la inclusividad supone poner el foco de la educación no en el talento y el mérito, sino precisamente en su ausencia. Los recursos para elevar el nivel de mediocridad, que invade al alumnado en este país, se desvían al objetivo prioritario y único de tratar lo que llaman diversidad. Pero esta diversidad, para los cerebros pensantes de LOMLOE, es la de los alumnos conflictivos o con dificultades de aprendizaje, que no llegan a mejorar o lo hacen en pocos casos sus horizontes, pero que todo indica son merecedores de mas atención que los luchadores.

La tendencia neoliberal de la llamada economía global, en el caso del sistema educativo español, da lugar a un sistema descentralizado en que cada una de las l7 Comunidades Autónomas, mas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, administra sus sistemas educativos con competencias no solo ejecutivas, sino legislativas.

Con cada cambio de partido político en el poder, la primera medida ha sido siempre anular la ley educativa del anterior gobierno, sin pensar siquiera en que tal vez solo habría que mejorarla. Cada uno acomete su particular visión de la educación, contenida en el texto constitucional, para imponer sus principios y dogmas.

La educación se trivializa por cada partido en el poder, convierte a los padres y alumnos en el objeto de su juego político, sea de la tendencia que sea, y devalúa el reconocimiento social de la escuela y de quienes trabajan en ella.

UNA LEY DE EDUCACIÓN MÁS PARA ESPAÑA.

La ley de educación aprobada por el Consejo de Ministros esta semana será la octava en mas de 40 años de democracia española. Las normas se sacaban adelante con prisas por los gobiernos sucesivos  para evitar su derogación antes de entrar en vigor como ocurrió en 2004.

La LOCE fue derogada por el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que implantó otra llamada LOE, aboliendo la aprobada por el Ejecutivo del Partido Popular de José María Aznar. La LOMLOE, que es la actual, podría entrar en vigor el próximo curso 2020/2021. 

La Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación anterior del gobierno del PP de Mariano Rajoy, es el producto del acecho a que la sometió el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dirigido por Isabel Celáa. Un hecho real es que a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos, una cuarta parte de los escolares españoles sigue  sin alcanzar el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Las comunidades autónomas con lengua propia seguirán teniendo más competencias para decidir el grado de la enseñanza del español. Esto tiene ya consecuencias en el currículo básico escolar, donde los idiomas regionales tienen más peso que el establecido por la Constitucion como oficial para todo el territorio.

El gobierno se ha escudado en la defensa  de la enseñanza pública como pilar de la sociedad: "Solo desde un sistema público fuerte se puede garantizar la equidad y la igualdad" en opinión de la portavoz María Jesús Montero. Pero una de las chinas en el zapato es dejar sin cobertura legal a la la lengua oficial y dejar de  lado a las escuelas concertadas (privadas integradas en la enseñanza pública). En ellas estudia un 25% del alumnado y ayudan a ensanchar las posibilidades de participar del sistema a amplias capas de la población.

Nos encontramos así con que el objetivo de este gobierno, sobre todo en lo que se refiere a Formación Profesional, de intentar controlar el fracaso escolar para que todos los estudiantes titulen, tengan las notas que tengan. La repetición del curso pasa a ser una "medida excepcional".

Otro objetivo, que se espera cumpla la LOMLOE, es acabar con el paro juvenil, de ahí que entre otros aspectos se pretenda recuperar parte del poder cedido a las Comunidades Autónomas sobre enseñanza con el establecimiento, como pretendía ya la LOE, que el gobierno central decida sobre el 55% de los contenidos curriculares en regiones con lengua co-oficial y el 65% en el resto, pero de momento esto no podrá ejecutarse.

Lo que ha supuesto para muchos padres un respiro es que la asignatura de religión no será obligatoria sino voluntaria y lo más importante: no contará para la nota media. Y aunque muchas asociaciones cristianas se rasguen las vestiduras, así es como debe ser. La religión es un tema de fe y no de la enseñanza básica, en la que todos los españoles participan con sus impuestos, así que debe relegarse al ámbito de las iglesias.

Celáa provocó un choque brutal con los padres al decirles descarnadamente hace unos dias  que "de ninguna manera puede decirse que el derecho de estos a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza", que era tanto como decirles que nada tienen que decir sobre la educación de sus hijos. Y esto es verdad,  de cierto modo, ya que el Estado tiene la hegemonía sobre sus ciudadanos -no así el gobierno- y conserva la patria potestad, que cede a los padres.

Todo este rifirrafe vino a tenor de una iniciativa de Vox, que se ha venido aplicando en Murcia, respecto a las actividades extracurriculares, en cuanto a dar o no permiso para que sus hijos asistan. Y pienso que en esto si tienen algo que decir los padres, porque si un profesor da una conferencia sobre relaciones sexuales, esto no puede de ninguna manera ser obligatorio porque no forma parte de la enseñanza básica.

Los dos principales sindicatos  y las asociaciones de profesionales españoles advierten de que algunos de los contenidos de la ley supondrán bajar la calidad y la exigencia, que resulta parcial, precipitada y sin consenso, muy a pesar de que la ministra Celáa hable de excelencia, dando la vuelta al significado de la palabra, que no es otro que procurar la mejora del alumno, no que se achante sabiendo que pasará de curso sí o sí.

Esta es una ley que nace con un mayor consenso que la LOMCE, pero siendo, como es, una cuestión de estado, deberían haber participado en su elaboración la mayoría de partidos representados en el Congreso para evitar que el día de mañana un cambio de gobierno nos sitúe de nuevo en la encrucijada de cambiar la norma porque al partido de turno no le guste.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho con claridad que parece imposible creer que PSOE y Podemos se apoyen en los nacionalistas excluyentes de ERC y PNV para decidir sobre la educación de todos los españoles y aboga por la creación de una subcomisión para recuperar el pacto de estado por la educación, a punto de salir adelante, cuando topó con la oposición socialista.

Los españoles siguen confiando en unos líderes que no siempre tienen en mente en sus acciones el interés de todos. Si nos tomamos a pie juntillas los sondeos de opinión, el paro, la escasez de prestaciones a los más vulnerables y las malas relaciones con Cataluña son los temas que realmente preocupan a todos. Carece de importancia si el Parlament catalán votó a favor de la separación de España, no es ni de lejos un estado dentro de otro.

La forma en que ha llegado al poder el actual Ejecutivo, asociándose con la extrema izquierda de Podemos, traza una línea de continuidad con la izquierda europea más rancia y levanta las sospechas de un futuro perturbador. Todos esperan un sablazo  fiscal, que no afectará a los ricos, sino a los autónomos y a las clases populares, iniciativa de Podemos, aun cuando desde el gobierno se habla de defender a los que menos tieneln.

Tenemos un claro ejemplo de estas diferencias, que van en la dirección de mantener a Pedro Sanchez en la presidencia con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas catalanes y del País Vasco. La manifestación protagonizada hace dos días frente al Congreso de Policías y Guardia Civiles con la exigencia de una equiparación salarial con quienes realizan la misma función en Cataluña y País Vasco, teniendo en cuenta que en todos los casos la caja del   es la misma: el Ministerio del Interior, es un claro ejemplo de lo anterior.

España tiene los peores resultados en el conjunto de países de la OCD, según indicadores de PISA, a pesar de ser uno de los que más invierte en Educación. Pero si el sistema no funciona de nada vale el dinero. De no lograrse una forma de control único del Estado o que se prescinda del adoctrinamiento político en las escuelas, como es el plan de Podemos, y sigan existiendo los 17 sistemas inconexos educativos en este país, no se avanzará en este tema y continuaremos a la cola de las naciones desarrolladas de Europa.

La sociedad española atraviesa un momento importante de su historia plagada de hitos trascendentes, entre otras razones, porque es la primera vez que se tiene un gobierno de coalición con participación de los comunistas. Los extremos, que durante años se han contenido, surgen rodeados de rencores y pases de cuenta extemporales, y los recientes pasos del Ejecutivo así lo demuestran. 

EL MILAGRO SANCHEZ

Por Mirta Balea


Se ha dado el caso en España que el poder legislativo sacó por primera vez al presidente para colocar a alguien no elegido en las urnas. La moción de confianza presentada ante el Congreso por el socialista Pedro Sánchez y que le catapultó al sillón del palacio de La Moncloa derrocó sin miramientos al representante del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Esto ha desencadenado una segunda crisis política en el sur de Europa y un desconcierto en los mercados financieros, afectados por la salida del gobierno italiano y sus intentos fallidos de formar otro fiable tres meses después de las elecciones nacionales.

La moción tiene como antecedente el escándalo de sobornos por contrato de la llamada trama Gurtel, que lleva un proceso de años y cuya sentencia se conoció recientemente. El PP resultó condenado en el proceso por corrupción y perdió el gobierno. Esta formación, duramente criticada, podría perder fuelle en las próximas elecciones locales y regionales frente a otra conservadora de derechas: Ciudadanos.

A diferencia de lo ocurrido en Italia, donde el problema fue el euro, en España ha sido la corrupción, que ha estimulado las peticiones para el derrocamiento del gobierno. El presidente Rajoy no ha estado entre los acusados, pero ha debido testificar en casos contra miembros de su partido y enfrenta la humillación de que el Tribunal duda de la veracidad de su testimonio y ha condenado a la formación de centro derecha a pagar una abultada multa por complicidad.

El PP y su gobierno no tendrán tiempo de cerrar carpetas ni destruir ordenadores porque Sánchez está dando pasos acelerados para ocupar su espacio en La Moncloa y se ha apresurado a presentar ante el rey a su gabinete, que ayer juró lealtad. Rajoy ha condenado a su partido a morir en la hoguera al no renunciar ante la inminencia de la moción de censura. Dimitir habría posibilitado a su Ejecutivo a mantenerse de manera provisional en funciones, cerrar el paso a los añejos deseos de Sánchez de ser presidente a cualquier precio y controlar desde el gobierno la convocatoria de nuevas elecciones.

Los alfas del PP tampoco le han obligado a hacerlo, pero ahora Rajoy deberá intentar controlar las pasiones desatadas dentro para que abandone la presidencia y deje paso a otra figura. El PNV (nacionalistas vascos )contribuyó con su voto, muy importante, junto a los independentistas catalanes y Podemos y a los proetarras de Bildu, a colocar a Sánchez en la presidencia. Una semana antes, el PNV habría dado un voto de confianza al PP al apoyar los presupuestos generales del estado, lo que salvó al gobierno de una convocatoria anticipada de elecciones, pero después "por el bien del pueblo vasco" lo arrojó al pie de los leones.

José Luis Avalos, ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE ha dicho que las políticas sociales ocuparan un importante espacio en la agenda de Sánchez, pero esta no será una tarea fácil con 84 diputados de 350, el cuestionado apoyo del independentismo catalán, sin la presidencia del Congreso, en manos del PP, en minoría en las mesas de las dos Cámaras y con mayoría absoluta de los populares en el Senado. Al no aceptar las demandas de Podemos de formar parte del Ejecutivo, encontrará en el grupo morado un feroz opositor, dolido en su pretensión de tener alguna cuota de poder aunque sea tangencial.


Sánchez no estaba seguro de que este fuera el momento político adecuado para la moción contra Rajoy. Lo había repetido varias veces en el Congreso y de ahí que en su momento propusiera al presidente la renuncia. Al final, le pudieron sus propias ansias y las de sus más allegados por gobernar antes que optar por el agotamiento de la legislatura. Las fuerzas que apoyaron a Sánchez, más que mostrar su confianza en el nuevo presidente como garante de una estabilidad nacional, lo hicieron porque todos eran uno para sacar al PP de la Moncloa en una oportunidad de oro que podría no repetirse.

Sánchez dispone ahora de seis meses a dos años para convocar las elecciones generales, pero la celeridad en nombrar a su gabinete y mudarse a la Moncloa son indicativos de que no tiene prisas por hacerlo y que poco o nada le importa la repercusión en sus filas de la elección próxima de los líderes regionales.

En 2016, fue destituido como secretario general del PSOE por lo que entregó su acta de diputado para no verse obligado a votar a Rajoy como presidente del gobierno y decidió liarse la manta a la cabeza, desaparecer de la escena política para salir por carretera a mezclarse con los militantes y viajó a Washington para apoyar a Hillary Clinton frente a Donald Trump.

Como máximo representante de los socialistas, cargó con la culpa de los peores resultados de la historia de su partido en las elecciones de diciembre del 2015 con 90 diputados de 350 e incluso hizo el ridículo buscando alianzas para gobernar, llegó hasta firmar un pacto con una formación de centro derechas como Ciudadanos, así de desesperado estaba, pero fracasó. Al no llegarse a un consenso legislativo, se convocaron nuevas elecciones en junio del 2016 de las que salió aún más esquilmado, con solo 84 diputados, fue cuando renuncio al acta y salió a recorrer pueblos y ciudades de España.

Los viejos pericos del partido le echaron de la secretaría general, pero un giro del destino lo llevó de nuevo al cargo de la manera más deseable, por el voto de la militancia, deseosa de darle una nueva oportunidad y olvidarse de todos estos fracasos, como si en vez de estar optando por lo mismo, estuvieran ante el hombre nuevo. Un caso como el del PP con Rajoy al que nadie le estornudaba a pesar de negarse a ofrecer disculpas a los españoles por la corrupción destapada en su partido o simplemente dimitir ante la moción de censura.

El artículo 155 de la Constitución, aplicado en Cataluña por Rajoy, ha dejado de tener vigencia cuando el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió cesar en sus intentos de incluir en el gabinete a personajes políticos en prisión o sujetos a procesos por incumplir la ley sin que ni una vez se haya renunciado a la vía independentista. El objetivo es entablar un diálogo cuanto antes con el nuevo gobierno, que no le exigirá, como habría hecho el PP, su renuncia a separarse de España.

Cataluña: el tercer día

Por Mirta Balea

La intervención del gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Cataluña otorga a la ciudadanía una cierta normalidad, solo interrumpida por el goteo informativo generado por las distintas acciones de sus principales protagonistas en un drama que convulsiona al país y promete alargarse en el tiempo.

El presidente Mariano Rajoy anunció el pasado día 27 la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución como única manera de volver al estado de derecho en ese territorio. Cesó a todo el gobierno, empezando por el presidente Carles Puigdemont y su segundo, Oriol Junqueras, y a sus siete consejeros, disolvió el parlamento y convocó elecciones en el plazo legal de 54 días para el 21 de diciembre.

Ese mismo día los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas y secesionistas habían declarado la independencia unilateral de España y el Senado en Madrid dio luz verde a la aplicación del 155. A penas tres días después, estas mismas fuerzas, que han calificado de ilegítima la convocatoria, han mostrado su disposición a participar en ella.

El artículo 155 señala que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones emanadas de la Constitución y sus leyes o actuara de manera que atente contra el interés general de España, el gobierno estará autorizado a intervenir para obligarla al cumplimiento forzoso de tales obligaciones. Incumplir con la legislación vigente y atentar contra los intereses de todo el país es lo que se ha venido haciendo desde hace algunos años en Cataluña, pero muy en especial, en los últimos 18 meses.

La votación de la independencia por un grupo de parlamentarios catalanes sorprendió por su secretismo. Los que dieron este paso justificaron que era en prevención de alguna acción legal de parte de la Fiscalía. Los que han seguido el desarrollo de los acontecimientos pueden inferir quién votó qué, porque para empezar, se marcharon del hemiciclo los tres principales partidos nacionales: Partido Popular, la representación en Cataluña del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos para evitar una complicidad, aunque fuera solo tangencial.

Las propias leyes catalanas requerían del voto afirmativo de un mínimo de 90 diputados, pero la declaración salió adelante con solo 72. Los que votaron afirmativamente fueron la coalición gubernamental Junts Pel Si, que integra a dos formaciones tan disímiles, la derecha soberanista del Partido Demócrata Catalán y la izquierdista republicana  Ezquerra Republicana per Cataluña, además de la CUP, una Confederación por la Unidad Popular con tintes anti-sistema, comunista y secesionista.

Entre los síes computados, uno al menos hubo que leerlo dos veces, puesto que la palabra aparecía en un rincón de la boleta con letra pequeña y en un principio se había dado como voto en blanco. De estos votos quedaron al final dos. De esto se deduce sin mucho trabajo que Cataluña Si Que Es Pot, cuyos 8 diputados habían decidido participar en la votación diciendo no, se encontró con una ruptura de la disciplina porque  dos votaron en blanco y uno dijo sí.

Este último es sin dudas el representate de Podemos en la coalición CSQEP, Alvaro Dante Fachin, que a poco de saberse que los independentistas aceptaban de facto las reglas del juego democrático y entrarían en las elecciones, ha hecho saber públicamente que estaría dispuesto a participar como parte de Ezquerra Republicana.

El referendo realizado el primero de octubre careció de censo y de garantías, el gobierno central movilizó a la policía nacional y la guardia civil para impedir la votación, vetada ya por los tribunales competentes. El resultado fue que los independentistas se empeñaron en votar hasta en plena calle y como se ha visto en videos colgados en You Tube hasta cuatro veces la misma persona.

Incluso la votación del propio referendo el día 27 de septiembre fue de una excentricidad inadmisible en un parlamento que se respete. Los nacionalistas cambiaron a última hora el orden del día del pleno y cuando el resto de fuerzas no independentistas pretendieron protestar por la irregularidad se les impidió hablar por la presidenta de la Cámara, Carmá Forcadell, que por este y otros asuntos forma parte de una querella presentada por la Fiscalía. Sobre el referendo y la declaración unilateral de independencia se pronunciaron el secretario del parlamento y el principal asesor jurídico para advertir de la inconstitucionalidad de ambos actos.

La Generalitat ni el parlamento autonómicos estaban legitimados por ley a proponer o siquiera tomar una decisión de este calibre solo porque lo deseara una mayoría independentista. El pasado día 26 la mayoría de la ciudadanía esperaba que el presidente Carles Puigdemont evitara la aplicación del 155 disolviendo la Cámara y convocando elecciones autonómicas anticipadas, porque se había comprometido a hacerlo tras varias conversaciones con algunos intermediarios como Miquel Isceta, del Partido Socialista Catalán, el jefe del gobierno vasco Iñigo Urkullo, y algunos destacados empresarios. Las presiones en la red de parte de los pichones del independentismo y del propio vice-presidente Oriol Junqueras parecen haber sido la causa de que prefiriera inmolar a Cataluña a hacerlo él mismo dando un paso atrás en lo pactado.

Desde la proclamación del 155 hay una calma tensa en la Comunidad Autónoma porque la gente tiene miedo de lo que pueda pasar, a pesar de que Rajoy eliminó con su decisión cualquier argumento de los independentistas de que el gobierno reprimiría a la gente, que no habría tal transitoriedad y que la intervención duraría quizás años y ni siquiera convocaría elecciones.

Algunos grupos como la CUP llamaron a la rebelión de la sociedad civil para que los funcionarios fueran a la huelga y no acataran ninguna decisión que no emanara de la Generalitat, pero esta arenga fracasó. Antes de hacer algo así, deberían haberse preguntado si tenían suficiente moral cuando ellos mismos  votaron en secreto la independencia para evitar acciones judiciales. ¿Cómo podían pedir entonces a otros que se inmolaran por la causa?

Ha sido tal la propaganda desplegada por los grupos independentistas en los últimos años, que una parte importante de Cataluña compró la idea de que la República era posible. Para que algo tenga efecto lo primero sería que respetara el marco constitucional vigente y permitiera votar a todos los españoles. De arriesgarse a hacerlo contra todas las banderas, de manera unilateral, debían contar al menos con la seguridad de controlar sus fronteras, de tener instituciones propias capaz de gestionar el día a día, de disponer de dinero propio y no el proveniente del gobierno central y de haberse garantizado previamente un reconocimiento internacional. Junqueras llegó a decir que las empresas se pelearían por venir a Cataluña y resulta que en los últimos 15 días se ha producido un éxodo de 1,800 empresas, grandes y medianas, entre ellas dos importantes bancos, que han preferido sacar sus sedes de ese territorio.

Las elecciones del próximo 21 de diciembre no resolverán el problema de Cataluña ni repararan en un futuro inmediato el daño perpetrado contra la sociedad civil, dividida a sangre y fuego por los soberanistas, que prometieron la Arcadia. Puede que haya una recuperación económica, aunque lenta, incluso que algunas de las empresas en fuga regresen y que el gobierno nacido de las urnas proporcione una estabilidad inmediata, pero lo que será muy difícil recuperar, al menos no en un futuro inmediato, es el respeto del resto de las Españas. El problema catalán carece de respuesta binaria entre los ciudadanos.

A muchos les parece difusa la definición de nación, incluso el sonsonete de que España es plurinacional, pero el caso catalán es, sin lugar a dudas, un asunto nacional, tanto si hablamos de voluntad política de independencia como si lo hacemos desde el punto de vista cultural, de gente que comparte lengua y tradición. De ahí que muchos pensemos que la ensoñación independentista, que obnubiló a tantos catalanes y sigue haciéndolo, no terminará con las elecciones de diciembre próximo.

Esta identidad de grupo apartada del resto de España es lo que viene condicionando una deformación de la realidad para quienes se han creído las mentiras de los secesionistas, que incluso han sembrado en una buena parte de la sociedad catalana el victimismo de que se les explota en favor de otras autonomías, algo que no encuentra encaje en las cifras comparativas. Esto y que el Partido Popular, de derechas, español hasta la médula y en el gobierno haya olvidado durante tanto tiempo el discurso de la pluralidad y se haya negado sistemáticamente a revisar el modelo de estado. Ha permitido así que la alternativa para muchos catalanes sea separarse o que todo siga igual.

Hace apenas unos años, las encuestas definían claramente que un porcentaje menor de la población era independentista, pero ha tenido lugar un desmoralización de la población ante la negativa del gobierno central de desatender sus necesidades específicas. Así que entre los que votaron independencia -ese grupo nada fiable en el que se apoyó el gobierno catalán para declararla unilateralmente esgrimiendo como batuta un mandato popular inexistente,- podrían hallarse tanto los movidos por sentimientos patrióticos y de pertenencia y aquellos que lo único que buscaban era tener la libertad de votar como revulsivo de la actual situación.

Se ha venido jugando con la legalidad, diciendo mentiras a sabiendas de que eran mentiras, sin establecer una diferencia entre querer la independencia y el derecho a decidir. Resulta como mínimo pueril creer que de quien te quieres separar de forma ilegal, respondiendo solo a tus emociones y necesidades, va a permitirte hacerlo sin oponer resistencia. Con todo esto en contra y previo a a la aplicación del 155 el diálogo resultaba inviable.

El hecho de que los actores sociales defiendan modelos de estado diferentes para Cataluña es un añadido en el logro de la conciliación de un modelo de país en el marco de la independencia. Tenemos a Ezquerra Republicana, dispuesta a pactar siempre para mantenerse en el candelero, pero que defiende el modelo de República  por encima de todo, o la CUP, que lo que quiere es hacer una revolución social, con sus jóvenes anticapitalistas y comunistas, que comparan al gobierno español con el falangismo anterior a 1978, o el Partido Democrático de Cataluña, que no persigue estos objetivos ni mucho menos. A propósito de las comparaciones de la CUP entre la actual España y la franquista, muchos de los que lucharon entonces contra la dictadura han salido en las televisiones para hacerles saber la diferencia de lo que tienen hoy a lo que había antes de la proclamación de la Constitución. 

Los soberanistas tienen ante sí la ardua tarea de unificar a las fuerzas independentistas en una lista unitaria con la mirada puesta en las elecciones próximas, porque los partidos constitucionalistas, ya lo han dicho, van a salir a ganarlas y están dispuestos a crear alianzas para poder desbancarlos del poder. La últimas elecciones autonómicas mostraron que no cuentan siquiera con la mitad del total de votos.

Los independentistas deberían haber comprendido a estas alturas que no cuentan con apoyo internacional y mucho menos con el de la Unión Europea, donde el presidente del Consejo, Jean Claude Junker, se ha encargado de dejar claro que no quieren una Cataluña independiente porque detrás vendrán otros. Y es que lo que llaman el próces resulta una espada de Damocles sobre la unidad europea.

Puigdemont había trasladado el pulso parlamentario a la calle desde el pasado 27 de septiembre, convocando de manera transversal manifestaciones, algunas violentas, en las que se impedía hablar a los no nacionalistas dentro de una sociedad plural como es la catalana. Ahora se ha ido a Bruselas, con cinco de sus consejeros, para desde allí guiar el gobierno y forzar a Europa a intervenir a su favor. Estos seis catalanes evadirán enfrentarse a la justicia española por la ilegalidades cometidas.

Desde hace más de una semana, los transgresores favorables a mantenerse en España han salido también a la calle a defender la unidad, casi un millón el pasado sábado, como resultaba evidente a vuelo de pájaro. No es necesario contarlos uno a uno para calcularlo. Si los secesionistas han querido dar la impresión de que hay una única opción posible, esta gente, con banderas catalanas y españolas, en Barcelona, recorriendo las calles, agrupadas frente al Palacio de Gobierno, puede que sea la gota que colme el vaso.

PUIGDEMONT NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA

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Por Mirta Balea


Para el gobierno de la coalición Junts pel Si de Cataluña, la cita en Bruselas esta semana del presidente autonómico Carlés Puigdemont no ha cumplido con las expectativas ni los objetivos por los que fue trazada. Pero esto lo rumian solos, para el público dan la cara del éxito.

La conferencia del líder catalán en una sala reservada por sus acólitos en el parlamento europeo pretendía tener un eco mayor en Europa so propósito de poder explicar y adherir gente al proceso de ruptura con España.

La sala estaba llena, pero había pocos euro-diputados y los que fueron no resultan representativos, pues pertenecen a grupos minoritarios de independentistas de Bélgica y el norte de Europa.

El pulso continúa entre los gobiernos autonómico y central, pero el independentismo pasa por malos momentos. Los sondeos indican que no solo pierde fuelle el proceso en el campo nacional sino que nada tiene que decir al resto de los europeos.

El momento escogido para la conferencia tampoco fue acertado ante la incertidumbre generada entre las autoridades europeas la futura salida del Reino Unido de la comunidad.

El gobierno catalán había metido dinero en los grandes periódicos de Francia, Reino Unido e Italia, que sepamos, para promover el encuentro en Bruselas, pero ni así los medios de prensa internacionales han reflejado la cuestión como esperaban los independentistas. Ha pasado en realidad inadvertida.

El hecho de que en fecha reciente se negara a asistir a una reunión con los demás presidentes autonómicos y aprovechara para anunciar a voces que sí es sí y que tendría lugar un referendo para la ruptura -aun cuando se viole ley-, ha sido objeto de un debate en la reunión de control parlamentario en Cataluña este miércoles, aparte de los resultados de Bruselas.

Puigdemont se ha abstenido de desvelar el coste del viaje para los contribuyentes, pero la oposición lo ha cifrado en 120.000 euros. Tanto el gasto, la oportunidad y el quorum han centrado las discusiones parlamentarias. Resulta inexplicable que los quirófanos catalanes no funcionen el fin de semana por falta de presupuesto y se realice un desembolso tan inútil. Pero este es un ejemplo de que la ideología manda.

La finalidad de la conferencia, según Roger Torrent, portavoz de la coalición Junts pel Sí, era "avisar" al Partido Popular Europeo de que su homólogo en el gobierno de España busca dinamitar la libertad de expresión de los catalanes y eliminar su derecho a decidir.

El presidente de la Comunidad Autonómica de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, acudió al día siguiente a Bruselas y fue recibido por varios Comisarios. El propósito de la visita era hablar sobre el sector artesanal, que tiene mucho peso en su región, y buscar la protección en la piratería industrial del sector de la cuchillería, que mueve muchos puestos de trabajo.

En este recibimiento protocolario a un presidente autonómico español vemos la diferencia con el catalán: la Unión Europea acepta el sistema de Autonomías y censura a los secesionistas. Se tratara o no de una visita oficial, a Puigdemont no le recibe nadie.

No es que siquiera recibiera luz de gas, es que en contraste también tenemos otra visita, la de Susana Díaz, presidenta de Andalucía, recibida por el entonces presidente del Parlamento europeo Martin Schultz y varios Comisarios. Ella acudió con el respaldo de los partidos socialistas europeos, como lo hizo también García Page.

Esto parece un elemento clave en el panorama político catalán porque podría obligar a fijar posiciones a la díscola rama federal catalana del Partido Socialista Obrero Español, bajo la dirección de Miquel Iceta. Vaya por delante que el PSC no ha denunciado el viaje, pero en cambio ha pedido a Puigdemont, que negocie la financiación económica con el gobierno central, uno de los temas a tratar en la reunión de presidentes autonómicos a la que no asistió. 

La coalición de gobierno en Cataluña está en una carrera contra reloj para llegar a septiembre y no tener que convocar elecciones. Las fuerzas conjuntas del Partido Democrático de Cataluña, Ezquerra Republicana per Catalunya y la CUP (antisistemas) han entrado en el síndrome del plato en blanco con los sondeos.

Ahora mismo, el PDC y ERC se miran de soslayo porque las encuestas le dan un fuerte impulso a este último y para más inri, Puigdemont ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones. Esto se conforma en un escenario inédito en medio de la hoja de ruta del proyecto de ruptura, pero puede que en la mente del president esté una escapada definitiva de España.

Puigdemont nada tiene que perder, pero pretende preservar su imagen de comprometido con el referendo y se propone llegar hasta el final de esa hoja de ruta. Oriol Junqueras, de ERC, se lleva muy bien con la vice-presidenta Soraya Sanz de Santamaría - aunque no suponga una operación de diálogo fructífero-, pero al menos-como el mismo ha dicho-permite tender puentes. Se trata de marcar etapas en la maratón.

Ciudadanos cree que la foto de este martes en Bruselas es la de un gobierno sin apoyo internacional y que ha hecho el ridículo apostando por un camino inviable. El Partido Popular lo vio también como una falta de apoyos flagrante y destaca el aislamiento en que se hayan los independentistas catalanes en Europa.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtió que la misma ley que ampara a Puigdemont, protege la soberanía nacional y le impide realizar el referendo. "Estoy convencido-señalo previo al viaje del catalán a Bruselas- que Europa no admitirá la ruptura unilateral de una parte del territorio español".

El presidente Mariano Rajoy habló de mano tendida a Cataluña y se atrevió a decir que algunos responsables políticos de la Autonomía ven esto con buenos ojos. Refiriéndose a la coalición de gobierno advirtió que les iría mejor si buscaran esa mano tendida en lugar de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por los extremismos.

" En España se cumplirá la ley -aseguró-tanto como decir que se cumplirá la voluntad de los españoles" e invitó a quien quiera cambiar la Constitución a utilizar los mecanismos legales existentes.

Cataluña figura entre las Comunidades Autónomas que más empresas perdieron en 2016, unas 271, el triple que Navarra, que le sigue en el rating. De 531 recién instaladas en territorio catalán, que sumaban a las previamente establecidos, se dieron a la fuga 831.

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane, afirmó que los dirigentes institucionales catalanes están instalados en el modo de no cumplir con la ley y ante esto los empresarios huyen como de la peste.

LOS PRESIDENTE AUTONOMICOS Y EL GOBIERNO SE PONEN DE ACUERDO SOBRE COMO GOBERNAR ESPAÑA

Por Mirta Balea

La Sexta Conferencia de las Autonomías españolas ha tenido lugar en un clima muy diferente a las anteriores. La voluntad de diálogo hoy es más necesaria que nunca y de momento se han logrado poner de acuerdo con el gobierno del Partido Popular (PP) en al menos 10 puntos esenciales.

Desde hacía 8 años ni siquiera se mencionaba la financiación autonómica, no digamos ya el sacrosanto estatuto de las autonomías -del que por cierto no hablaro-, pero desde ayer hay una revisión en marcha porque todos los participantes en la gobernanza de España están obligados a entenderse, tengan el color político que tengan.

El sistema de financiación determina la manera en que se distribuye el dinero de los impuestos estatales y cuánto a de corresponder a cada autonomía para cubrir gastos esenciales, entre los que figuran la Educación y la Sanidad.

Desde que se reformó su funcionamiento en 2009, sigue sin estar claro qué concepto tendrá más peso en la financiación, si el número de población o la dimensión del territorio. Hay una brecha entre las comunidades con menos recursos y las que disponen de más e insatisfacción entre las que aportan más de lo que reciben y al contrario, aquellas que reciben más de lo que aportan.

Los acuerdos alcanzados este martes llegarán también a vascos y catalanes, los grandes ausentes, aunque sus banderas estuvieron presentes durante toda la conferencia. La última tuvo lugar en octubre del 2012, cuando gobernaban en Cataluña (Convergencia y Unió) Artur Mas y en País Vasco (Partido Socialista Obrero Español) Patxi Lopez, ambos aliados entonces del presidente Mariano Rajoy.

La vice-presidenta Soraya Saenz de Santamaría observó que quienes descartaron venir a la Conferencia han fallado porque los temas a tratar como sanidad, educacion, pensiones y otros son de interés prioritario para la población de esas comunidades. Resulta curiosa la ausencia del Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en Euskadi, porque se estima que será parte importante en la aprobación de los presupuestos para este año.

El nuevo modelo de financiación afectará a casi todo, desde servicios y prestaciones por la ley de dependencia hasta cuánto habrá que pagar por el impuesto de sucesión, donaciones y patrimonio. Rajoy advirtió -previo a la conferencia- que si bien ha habido una recuperación desde el 2012, siguen existiendo brechas en la recaudación y dio cifras: actualmente faltan 20 mil millones de euros en relación al 2007.

Los presidentes de las Comunidades Autónomas asistentes venían con el trabajo adelantado en esta ocasión y los técnicos serán los encargados de terminar lo que decidieron los políticos. Ahora empieza el camino de las negociaciones sobre los detalles concretos de los temas, que afectan a todos los españoles porque lo que está en juego es el estado de bienestar.

Otros temas acordados están referidos a una tarjeta única de la seguridad social para que todos los españoles puedan acceder a esos servicios al margen de donde residan, un plan de movilidad para los funcionarios con el fin de que puedan trabajar en todas las regiones independiente de dónde hayan adquirido su plaza. Habrá también medidas contra la desplobación de pequeños pueblos por la marcha de los jóvenes y se ha dejado constancia de la voluntad de alcanzar un pacto para mejorar la educación.

Todo esto y la financiación de las autonomías forma parte de la nueva manera impuesta en los últimos dos años de entender la relación entre las Administraciones del Estado.

Los socialistas españoles intentarán posibilitar el gobierno del Partido Popular

Javier Fernández

Por Mirta Balea

Ponernos a analizar aquí lo que digan los políticos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sería como mínimo una pérdida de tiempo, porque de lo que digan a lo que hagan va un gran trecho. La palabra nunca en política significa "ya veremos" y si se dice en campaña electoral, no es más que un "teatrillo".

Parece lógico que los diputados del PSOE y la Gestora, reunidos este martes, descartaran el NO a un gobierno del Partido Popular y de su candidato Mariano Rajoy, la lista más votada en las últimas elecciones de junio. Ahora que se ha fijado la fecha de la reunión del Comité Federal -el máximo órgano entre Congresos- para el domingo 23 veremos lo que decide: se va a terceras elecciones o se abstienen para posibilitar la investidura.

El país ha demostrado que sigue creciendo y generando empleo a pesar de tener un gobierno en funciones desde diciembre último. Como ciudadana lo que más noto es la ausencia de leyes. Siempre he creído que las que tenemos son suficientes si se cumplen al pie de letra, hacer demasiadas solo conculca el espacio de las libertades ciudadanas. Estaríamos, sin embargo, haciendo un análisis pueril, si por lo anterior viéramos como innecesario un gobierno.

Hay que aprobar presupuestos, hay que fijar un techo de gastos y dar a las Comunidades Autónomas el dinero que necesitan para trabajar. La Gestora y los diputados socialista al reunirse tenían en mente lo que sería mejor para el PSOE, más que para España. Y aún así es de agradecer, porque el obstinado no en que se enfrascó el partido en los últimos meses respondía solo al interés individual de su secretario general Pedro Sánchez de ser presidente a todo costa y que renunció cuando vio truncados sus sueños.

Para pensar en decir NO, hay que tener una mentalidad muy particular. ¿A quién quería engañar Sánchez con lo del gobierno alternativo? Pues el propósito era que el votante se escandalizara ante la perspectiva de que gobernara la lista más votada, el PP, porque se corría el riesgo de que el elector medio se fuera a Podemos. Los socialistas interiorizaron tanto esta posibilidad que establecieron un cordón sanitario con el que se perdió de vista el papel que ha tenido en la gobernanza nacional desde la instauración de la democracia en 1976 porque en varias ocasiones han gobernado por la abstención de otros.

Javier Fernández, presidente de la Gestora, puso el dedo en la llaga cuando dijo que el PSOE se había "podemizado" demasiado. Ninguno de los sostenedores de Sánchez y su NO es NO a Rajoy percibieron como advertencia la pérdida de votos sufrida en los últimos años o que pasar a la oposición, donde les situó el electorado, les permitiría con holgura reconstruir la organización y pelear en igualdad de condiciones en próximas elecciones.

El gobierno alternativo a que aspiraba Sánchez en su obsesión por alcanzar la presidencia debería contar con Podemos y Ciudadanos. Ambas formaciones dejaron claro desde el principio que las separan incompatibilidades irresolubles y, sin embargo, el PSOE siguió insistiendo como si estuviera clara esta tercera vía. Bajo mano, y con el presidente de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, fraguaban un acuerdo con los nacionalistas catalanes, y resulta más que probable que hicieran un intento similar con los vasos.

Alertados en el Comité Federal de estos amaños, varios de sus miembros renunciaron para precipitar la caída del secretario general. Fernandez ha comparado al PSOE con un edificio en reconstrucción, que no ha perdido el dominio de su suelo.

La caída en una senda autodestructiva viene desde el gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero, y el primer aviso público se dio con el sucesor Alfredo Pérez Rubalcaba al perder más de 40 diputados y quedarse en 110, lo que le obligó a renunciar. Algo que debía haber hecho también Sánchez en diciembre cuando solo quedaron 90 y con mucha más urgencia en junio, cuando alcanzaron solo 85 escaños.


En Alsasua, Navarra, ciudad cuna de ETA, la formación terrorista vasca, el PSOE se ha alineado con los partidos independentistas vascos de la localidad, para firmar una declaración en la que consideran a la Guardia Civil un peligro para "la convivencia social" y piden su salida. Esto representa un apoyo a las tesis de la agrupación pro-etarra Ospa Eguna, la máxima expresión del extremismo abertzale en la ciudad, y también es una muestra de hasta donde puede caer un partido político, que ha sido vertebral en España.

Traducido del euskera, la frase es "Día de la huída". Integran la agrupación navarra varios colectivos independentistas, sucesores de organizaciones vinculadas probadamente a ETA como Ernai, heredera a su vez de Jarrai y Segui, con igual perfil ideológico.

La declaración ha venido a colación del apoyo del ayuntamiento a un grupo de 50 atacantes a dos guardias civiles y sus parejas, que pasaban una velada tranquila en una taberna de la calle García Ximénez. Un dispositivo para evitar más incidentes pudo dar con dos de los autores del linchamiento, que pasaron por el juzgado al día siguiente. El juez les dejó libres con cargos y un grupo de 20 simpatizantes se manifestó en la calle con carteles de que todo era un "montaje de la policía".

Uno de los jóvenes atacados tuvo que ser sometido a una operación de tobillo, destrozado a patadas por uno de los energúmenos, y el resto fue atendido por heridas y magulladuras de diversos carácter. No tiene pinta de montaje, a mi modo de ver, responde al sentir de muchos sobre lo que llaman "la ocupación" española.

Hay que aclarar, ya que citamos el ataque, que fue coordinado. Uno reconoció al guardia civil que le había rescatado, junto a otros compañeros del cuerpo, cuando había quedado apresado dentro de un autobus por una fuerte nevada, en compañía de ex-presos etarras, que iban a una sidrería. Al reconocerlo, cogió su móvil y llamó más amigos para atacarlos en la taberna. A estas alturas de la historia, se preguntarán quién llamó a los servicios de urgencia, pues uno de los agredidos, porque los presentes no movieron un dedo para hacerlo.

Lo ocurrido en Alsasua es  reflejo del miedo que atenaza a la gente, impedida de expresar con libertad su ideología o de llevar una vida normal. Pero también de la mentira sostenida por Zapatero y aceptada por todos los partidos políticos de España de que ETA fue derrotada, cuando lo único que ocurre es que está en perfil bajo, con actuaciones puntuales de violencia, como la de este fin de semana.

A sus cachorros no  se les puede aplicar la ley anti-terrorista desde que  Jesús Eguiguren, el hombre de Zapatero en las conversaciones con ETA, acordara la claudicación, hacer triquiñuelas legales para liberarlos. Ahora, jóvenes de ciertas agrupaciones creen  que sus mayores se han rendido y están de brazos cruzados y que ellos deben relevarlos en la violencia para imponer sus ideas.

Cuando el Comité Federal se reuna este domingo el quid estará -según me han informado fuentes fiables- en si habrá una abstención total o una limitada a unos 11 a 15 diputados, que es lo que necesitaría Rajoy para la investidura. Los "sanchistas" como Cesar Luena, Antonio Hernando o Sara Sánchez han comenzado a aceptar de que si el voto mayoritario es la abstención, ellos seguirán la disciplina de voto, como se ha hecho tradicionalmente en la organización.

Fernandez ha advertido, no sin cierta ironía, que si se abstienen van a ser "la casta", en alusión a las feroces críticas de Podemos, muy cómodo al parecer en su figurado papel de vanguardia de la "izquierda". Y si decimos no- ha agregado- nos haremos responsables de unas terceras elecciones, que salvo al PP, no se auguran buenas para ninguna formación nacional presente en el Congreso.

Algunos partidarios del NO es NO a Rajoy, como Margarita Robles, consideran que el PSOE tiene un proyecto para "cambiar España", emulando lo que dice Podemos sobre ellos mismos. Ninguna de las dos formaciones especifica cómo se conforma ese proyecto y lo deja todo a la imaginación del votante. Pero la pregunta es ¿en qué dirección y en qué se quiere cambiar?

LAS DOCE HORAS QUE CONVULSIONARON AL PSOE.

Por Mirta Balea

Hoy la paz ha vuelto de momento a las filas de la socialdemocracia española, la prensa mantendrá viva la noticia del año esta semana hasta la realización de la reunión del Comité Federal el próximo fin de semana para decidir la posición ante la gobernabilidad del país.

Pedro Sanchez hizo pública la víspera su dimisión como secretario general del PSOE ante los medios, después de 12 desgarradoras horas de luchas entre sus críticos y sus sostenedores. Había perdido ante el CF su proposición de realizar primarias para elegir un nuevo líder y, después, un Congreso urgente en un plazo de menos de dos meses. Este se hará, porque es lo que dice el reglamento, pero con sosiego.

En su comparecencia, dio muestras de su arte para lavarse las manos con gracia y honor, para dejar caer con sutileza que ha sido condenado, pero que esto no mengua para nada su honor como persona y como socialista. Por eso aprovechó para alabar a los medios y decir también que será "leal", ahora en su papel de soldado raso, a la gestora nombrada por el CF para ocuparse del día a día del partido y convocar el Congreso.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, explicó que su propuesta iba encaminada a dirimir dos cuestiones: el liderazgo y la investidura. "Yo no quería votar a Mariano Rajoy...quería formar un gobierno alternativo...como dije, si no prosperaba mi propuesta no podría administrar una decisión que no compartía. Desgraciadamente no ha salido vencedora mi propuesta y dimito". ´Dejó claro para la posteridad y por si se presenta de nuevo a primarias, que quienes votaron en su contra lo hicieron para facilitar el gobierno de Rajoy. ¿Cómo no?, recordó que está orgulloso de "militar en el PSOE". Como el otro bando, amigo.

La mitad más uno de la Ejecutiva Federal que renunció el pasado miércoles, no lo hizo para que haya nuevas elecciones, que darían con seguridad la mayoría absoluta al Partido Popular o la rozaría, ni para ser subalternos de la derecha, tampoco para aprobar con un voto a favor un gobierno de Rajoy, ni conformar un gobierno de coalición con PP y Ciudadanos.

Si se ha llegado al punto de dar un paso traumático ha sido para privar a Sánchez de autoridad e impedir que siga gestionando por su cuenta y riesgo la política nacional del PSOE. En todo caso, el reproche sería por qué no se hizo esto en diciembre último, cuando de 110 diputado se quedaron en 89 o en junio de este año, que bajaron hasta 84. Costará más a la socialdemocracia recuperarse de esta fractura, que tuvo una escenificación planeada, controlada y dirigida por elementos en muchos casos ajenos a la formación roja.

Querer hacer ver que el PP ha recibido el mayor rédito de la situación que ha presenciado toda la ciudadanía ayer en el Comité Federal, es querer tapar el sol con un dedo. Este partido necesita tener de su parte para un gobierno fuerte o al menos para gobernar por sí mismo a la segunda mayor fuerza política del país, ni a Podemos ni a Ciudadanos. Esto a quien beneficia netamente es a Unidos Podemos y si alguien tiene dudas, repasemos lo acontecido.

UPodemos ha sido el único partido en el arco político nacional que ha entrado de frente en el debate como si se tratara de un votante o un militante más del PSOE, en un esfuerzo, no siempre solapado, de barrer para su casa. Ha movilizado a las redes sociales, que es su fuerte, en el proceso de captación, disfrazandose de elemento preocupado por la "izquierda española" y acuñando que la dimisión de Sánchez es un "triunfo de la derecha".

Esto de la derecha lo había insinuado Sánchez antes de su conferencia de prensa cuando dividió al PSOE, en una entrevista radial, en bandos: los suyos, que son el NO a Rajoy y por lo tanto los más puros baluartes del socialismo, y los abstencionistas para dejar gobernar al PP.

Unidos Podemos no solo tomó partido mediático, sino que lo hizo físicamente, instalando a su gente frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz desde muy temprano en la mañana de ayer hasta casi las tres de la tarde con pancartas a favor de Sánchez y sobre todo con el NO a Rajoy. Algunas hablaban de castas, un lenguaje propio de Podemos. Así llegaron a agrupar entre militantes suyos y del PSOE, posiblemente los menos porque la Ejecutiva había llamado a la calma el día anterior, y de Izquierda Unida, a unas 100 a 200 personas en las horas señaladas.

Izquierda Unida, que pasó como formación política con una historia en democracia a la irrelevancia más absoluta al resultar fagocitada en noviembre del pasado año por Podemos, alcanzó su mayor sentido del ridículo al publicar en su cuenta oficial de twiter una llamada a los insatisfechos con el PSOE a pasar a engrosar sus filas. Como si la socialdemocracia hubiera nacido del comunismo y no al revés. La diferencia la marcó hace cien años Rosa de Luxemburgo: "La libertad es el derecho a disentir".

El tiempo se ha encargado de reducir el esfuerzo evangelizador de Podemos en estos dos años, sobre todo en aquellos sitios, como se ha visto este domingo en Galicia, donde ha gobernado por un tiempo y la gente no le ha vuelto a votar. Esto es algo parecido a lo de convertir el marxismo en un régimen político de Estado y ver después su desplome total en Europa del Este en el pasado siglo. El resultado más allá de toda duda razonable es que los países del antes llamado campo soviético no quieren oír hablar de la izquierda ni en broma.

Lo que ha pasado con Sánchez es que en el momento de la verdad ha preferido socializar su decisión y convocar primarias y Congreso con una premura injustificada para tener un aval pero sin dar tiempo a sus eventuales rivales a preparar una candidatura en forma, dejándole a él invicto. Los militantes, es importante recordarlo, solo representan un 3% del electorado y cuando fue elegido por las bases, con el apoyo de diversas federaciones socialistas, sobre todo las de Andalucía y Extremadura (hoy entre sus mayores críticos) se hizo para frenar a Podemos, que es el mayor enemigo del PSOE.

Durante el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero en 2008 (que logró por cierto más de 8 millones de votos, en tanto Sanchez algo más de 5), el suelo de Podemos era de un 7%, hoy se haya en un 20%. Sanchez ha engañado a la militancia y a la votantes con la posibilidad de un gobierno alternativo que no es más que una quimera y a esto había que ponerle coto.

Podemos y Ciudadanos le han dicho que no formarían parte juntos de una coalición con el PSOE por que son el agua y el aceite. De manera que solo quedarían para alcanzar la quimera los independentistas catalanes y vascos, que quieren separarse de España. El Comité Federal se había reiterado en julio pasado en su línea de no pactar con estos elementos e incluso ni siquiera con Unidos Podemos si mantenía la posición de apoyar el referendo en Cataluña.

Si algo han tenido claro desde un principio los críticos de Sánchez es que ha llevado adelante en el último año y medio, al margen del resultado electoral, una política personal y unilateral, quitando gente allí donde quería poner a los suyos, aplicando el rodillo a dirigentes votados como él por las bases y rompiendo amarras con los líderes provinciales y autonómicos, incluso con los que gobiernan en sus localidades y le dan votos, y con dirigentes históricos con experiencia en la gubernatura.

El ex-presidente español y ex-secretario general del PSOE, Felipe González, rompió la baraja al declarar hace unos días que Sánchez había hablado con él de la posibilidad de abstenerse en la segunda vuelta de investidura de Rajoy a principios de septiembre, habida cuenta que este disponía ya de 170 escaños de los 176 necesarios para gobernar. Ahora hemos sabido que no solo dijo esto a González sino que también a otros muchos mandos del PSOE e incluso lo dejó caer como posibilidad en una conferencia del Circulo de Economía.

Quienes se han dedicado a hincharle el ego en los últimos meses apoyándose en que ha sido el único secretario general elegido en primarias, como si el resto de sus críticos no tuviese legitimidad, le persuadieron de abandonar lo de la abstención y él se dejó mimar, al punto de que a pesar de la renuncia de la mitad más uno de la Ejecutiva Federal se agarró con uñas de gato al sillón de la secretaría general.

Llamar a votar a la militancia es lo correcto y, también, convocar un Congreso, lo que ya no parece tan idóneo es hacerlo con prisas para evitar la posibilidad de preparar otras candidaturas o hacer, lo que ocurrió ayer en el Comité Federal, que los adláteres de Sanchez instalaran in extremis, ante el inminente fracaso de la propuesta, una urna ad hoc oculta detrás de una tarima blanca para facilitar el voto a sus partidarios, sin mediar censo ni control de quien votaba.

A esto se opusieron sus críticos, que, como se ha hecho siempre en el Comité Federal, abogaban por una votación a mano alzada, no encubierta, por lo que recogieron en pocos minutos unas 130 firmas, que resultaría la mayoría suficiente para una moción de censura. Como no es igual que te echen a patadas a que renuncies, Sánchez optó por lo menos trágico cuando perdió con 133 votos en contra de su propuesta y 107 a favor.