Por Mirta Balea
El presidente Donald Trump quedó exonerado de cualquier sospecha sobre un supuesto conciliábulo con Rusia para que sus hackers influyeran a su favor en las elecciones de 2016.
Un informe encargado y dado a conocer esta semana por el fiscal general William Barr, bajo la premisa de una denuncia del expresidente Barack Obama, antes de abandonar el cargo, concluye que ni el actual inquilino de la Casa Blanca, ni sus hombres de confianza, conspiraron con los rusos.
Barr presentó su resumen del documento elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, que destaca no haber hallado indicios de asociación indebida con Rusia de los miembros de la campaña de Trump para provocar la derrota de su opositora Hillary Clinton, ni en hackeos a dependencias demócratas en ese mismo período.
Respecto a la posible obstrucción a la justicia, derivada del despido en mayo del 2017 del entonces jefe del FBI, James Comey, quien se opuso a la línea marcada por Trump de marginar lo que se conoce como Rusiagate, las conclusiones no son tan rotundas. Siempre, según Barr, Mueller no concluye indicios de delito, pero tampoco exonera al mandatario.
A pesar de la euforia provocada por estas conclusiones en las filas republicanas - tras dos años de sospechas y de investigación-, los legisladores demócratas siguen en la brecha y demandan el acceso sin mediadores al informe. Barr ha argumentado para la no difusión de los puntos claves del documento el uso de "material sensible" sujeto a restricciones para su elaboración.
Puede que el fiscal general esté en lo cierto, pero no lo es menos que Obama aprovechó el preciso momento de su salida de la Casa Blanca para exponer públicamente otro informe inverso, hecho por los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, sobre la interferencia de Rusia en forma de ciberataques contra las filas demócratas y se amparó para desvelarlo en que debería ser de conocimiento de los estadounidenses. Incluso se vio obligado por esta razón a enmendar una orden ejecutiva del 2015.
Algunos congresistas republicanos exigieron mas pruebas para que las sospechas no se basaran en un mero informe corporativo de como podrían haberse realizado tales ataques. La prensa observó un intento de minar aun mas las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y poner en solfa la victoria de Trump, algo que a los demócratas les llevó mucho tiempo digerir.
Obama llevaba meses anunciando estas supuestas violaciones sin presentar pruebas hasta la divulgación del informe del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional cuando apenas le quedaba una afeitada en la Casa Blanca. El vocero Josh Earnest admitió que la Administración demócrata no estaba preparada para hacer pública la manera en que se obtuvo la información y protegería las fuentes, lo que es lo mismo que decir que no puede ponerse en duda dicho por el mandatario.
Obama impulsó en el Congreso una nueva batería de sanciones a Moscú y adoptó otras medidas desde la presidencia como considerar persona no grata a 35 diplomáticos, cerrar los consulados de Washington y California y dos edificios dependientes de la delegación diplomática del Kremlin poco antes de dejar el cargo.
El texto dado a conocer por el ex-presidente, base para iniciar la investigación de Mueller, dice que fueron dos grupos de los Servicios de Inteligencia rusos los encargados de los ciberataques. El primer grupo habría atacado al Partido Demócrata en el verano del 2015 y el segundo, en la primavera del año siguiente.
Este documento puesto en conocimiento del público norteamericano sería el resultado de una desclasificación bajo el argumento de la transparencia. Earnest, insistió en su "credibilidad" porque fue realizado "por agentes de Inteligencia, que han dedicado sus vidas a las protección y seguridad de Estados Unidos", con fondo de violines incluído. Una frase con el claro objetivo de tocar el sentimiento patriótico para su asimilación como auténtico.
El texto estaba lleno de verbos como "creemos", "consideramos", sin que se aportara una sola prueba, quizás por que se trataba de una open source, a la que se quita todo lo que sea clasificado y evade todo material sensible. Los patriotas del informe iban a por la campaña presidencial y a por Trump y quedaba claro en el documento.
Estados Unidos ha sido objeto de numerosos intentos de hackeo, algunos largos en el tiempo como los China y Corea del Norte. Cuando Obama dio a conocer su particular informe, se había conocido el robo por los chinos de un dron acuático y sus declaraciones que estaban dispuestos a devolverlo. La noticia pasó sin pena ni gloria hasta que Trump habló del incidente en su Twitter.
La devolución tendría lugar, como dicta el sentido común, después , por supuesto, que técnicos en ingeniería inversa se apoderaran de los secretos del aparato. ¿La situación habría sido la misma en que caso de robarlo Rusia o Irán? No creo. La gente suele olvidar que quienes están al mando en los Servicios de Inteligencia son cargos políticos al servicio del gobierno de turno y en el momento en que se batían alas contra Rusia no parecía conveniente hacerlo también contra China.
Sino recordemos cuando a George Busch le convino dar a conocer lo de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak para refrendar su vengativa invasión y resultó ser luego una mentira, sobre la que se dieron, eso sí, muchas explicaciones, sin que esto supusiera para el presidente un fiasco en lo que buscaba, derrocar a Saddam Hussein.
La Administración Obama ha sido la que más armas ha vendido desde la II Guerra Mundial y todo esto a pesar de ser laureado con el Premio Nobel de la Paz. Los acuerdos sobre venta de armas entre 2008 al 2015, según el Servicio de Investigaciones del Congreso, alcanzan la cifra de 265 mil 471 millones de dólares. La mayor, registrada en 2011 con el inicio del conflicto sirio: 56 mil 131 millones de dólares. Sobre Siria e Iraq, según la misma fuente, cayeron 26 mil bombas en 2016, fecha de salida de los demócratas del gobierno.
La contabilidad en ocho años de gestión de Obama resulta en un interés directo en cambiar a regímenes que no gustaban, el caso sirio, por ejemplo, con el uso de revoluciones de un solo color y vendiendo armas a los terroristas, en un juego geo-político del que se habla más bien poco.
Todos tenemos el terrorismo siempre presente, somos conscientes de esta nueva era de violencia, pero lo que debería quitar el sueño a la sociedad norteamericana son los ataques cibernéticos de los adversarios y no me estoy refiriendo al confuso documento expedido por el expresidente sobre Rusia. El nivel de sofisticación alcanzado en los últimos cinco años debería preparar a todos para el próximo decenio.
Tras el 11 de septiembre de 2001, todo el dinero se ha dedicado, según fuentes del Pentágono, a Inteligencia y Contra-Inteligencia, y a un único objetivo: el terrorismo, lo que ha hecho vulnerable al país en otros terrenos, como el tecnológico, el científico, el financiero, entre otros.
La sociedad mundial se ha desmonetizado, mucha gente no lleva efectivo y nuestro dinero está cautivo de manera numérica, no en papel, en unos pocos nódulos de encapsulado. Un ataque contra todo esto tendría consecuencias muy peligrosas, tan peligrosas como el robo de secretos científicos, tecnológicos y otros.
Si ha habido un significado internacional en el triunfo de Trump es que el proceso de globalización -tal y como estaba montado- se ha visto de cierto modo ralentizado. Los más tambaleantes son los chinos, que apostaron todo a esa cesta. Su economía atraviesa por serios problemas porque su paradoja está en ser una dictadura comunista sobre una base capitalista.
Mientras los "trumpistas" se frotaban las manos con lo declarado por Barr, el presidente del comité judicial de la Cámara tuiteó sus intenciones de llamar a declarar al fiscal general sobre "las preocupantes discrepancias" en la decisión final del Departamento de Justicia. Habría que verlo como un llamado de atención a su negativa a no tomar en consideración una eventual obstrucción de la justicia por parte del presidente.
Barr habría destacado que Rusia realizó operaciones para influir en las elecciones del 2016, mediante desinformación y uso de redes sociales, y recordó la infiltración de piratas informáticos en el correo electrónico de la candidata Hillary Clinton y su campaña, en lo que puso al descubierto su ingenuidad como figura política internacional, que se expuso innecesariamente al ciberataque. Resulta difícil creer que las acciones de esta funcionaria de alto nivel, que desestimó su necesidad de protegerse, no se hallan castigado como sería de rigor.
Media docena de colaboradores de Trump han sido imputados y condenados por delitos cometidos durante la campaña, entre los que destacan conspiración o mentir a los investigadores. Unos 25 funcionarios de la inteligencia rusa o expertos en el manejo de las redes sociales fueron también inculpados por Barr.
Entre los condenados en este proceso de dos años, figuran el exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, y el número dos Rick Gates, los abogados vinculados al presidente o a su entorno Michael Cohen y Alex van der Zwaan, los asesores en política exterior George Papadopoulos y de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y el programador informático Richard Pinedo.
Los condenados confesaron varios delitos como evasión fiscal, estafa, violación de las leyes de financiación de campañas, mentir al FBI sobre contactos con Moscú y venta de identidades falsas a los rusos.
Otros acusados, aunque no incriminados, son Robert Stone, asesor de campaña y de negocios de Trump, quien supuestamente mintió al Congreso, Konstantin Kilimnik, antiguo asesor de Manafort, por obstrucción a la justicia, 12 funcionarios rusos del GRU por pirateo a los demócratas y 13 ciudadanos rusos vinculados a la Agencia de Investigación de Internet por conspirar contra Estados Unidos. Resultaron exonerados Donald Trump hijo, el yerno del presidente Jared Kushner y el fiscal general hasta noviembre del 2018, Jeff Sessions.
El fiscal general ha dicho que su determinación de descartar la obstrucción a la justicia del presidente tiene en cuenta consideraciones constitucionales alrededor de la acusación o imputación criminal de un presidente en ejercicio, lo que traducido apunta a que habrá que tratar el asunto en otro foro o debate. Aquí entramos en el impeachment, que viene sobrevolando la cabeza de Trump desde que despidiera de manera abrupta a Comey. Este venía encargándose de investigar si el Kremlin se había infiltrado en los comicios.
El impeachment es un juicio político a un alto cargo público con riesgo de ser destituido. La figura está recogida en el Artículo Primero de la Constitución. Para iniciarlo se requiere una mayoría de la Cámara de representantes (238 de 435). El juicio tiene lugar en el Senado, bajo la presidencia de la Corte Suprema.
El Senado tiene la última palabra con una mayoría de dos tercios para decidir si se absuelve o no al acusado. La Constitución prevé el uso de esta figura jurídica en caso de traición, soborno u otros delitos muy graves, por lo que podría no ser inmediata su aplicación sobre el actual inquilino de la Casa Blanca.
La conclusión es que a pesar de que los republicanos consideran una victoria el informe de Mueller -conocido en los términos dados a conocer por Barr-, las dudas persisten. La Cámara -de mayoría demócrata- sigue sus pesquisas.
