Trump cree que podrían haber otros encuentros con Corea del Norte

Por Mirta Balea

La desnuclearización de la península coreana y el fin de las sanciones internacionales contra el régimen de Pyongyang fueron los temas claves de los dos días de negociaciones en Hanoi entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte. El encuentro de hoy marcó el final del breve intercambio de manera abrupta, cuando el mundo esperaba una aproximación de las partes.

Cada delegación perseguía fines propios, en la mayor parte no coincidentes, que resulta ser la tónica de este tipo de conversaciones. Cuando tiene lugar una Cumbre, de antemano se sabe que no resolverá un problema enquistado en el tiempo. 

Kim Jong Um necesita con desesperación el levantamiento de las sanciones impuestas en 2017 por la comunidad internacional como castigo a la realización pruebas y que le impiden importar petróleo y exportar bienes lucrativos. El presidente norcoreano se habría conformado incluso con un levantamiento "parcial" con tal de aliviar un poco la situación económica en la que se halla el país.

Donald Trump aseguró a los medios de prensa que Kim estaba dispuesto a desmantelar la planta nuclear de Yongbyong y que pretendía el levantamiento "total" de las sanciones a cambio y este fue el quid para la ruptura, quizás temporal, de las negociaciones. La delegación norteamericana consideró imprescindible que Corea del Norte hablara también de sus otras instalaciones nucleares y los representante del régimen de Pyongyang se mostraron sorprendidos, como si desayunaran en ese momento con lo de que existían otras plantas similares a la colocada sobre la mesa de debate. 

Un vocero norteamericano había asegurado con antelación a la celebración del encuentro en Hanoi que los norcoreanos se comprometieron con destruir "todas" sus instalaciones de plutonio y uranio a cambio de medidas "no especificadas" por parte de Estados Unidos. Washington está exigiendo a Pyongyang el cumplimiento de tal promesa, al todas luces verbal, como paso para un relajamiento de todas las sanciones.

No se está hablando de cualquier planta. La de Yongbyong  sería la mayor del país en la producción de combustible nuclear. Algunos expertos han denunciado una supuesta prueba realizada en marzo de 1986 a partir de imágenes vía satélite en las que se aprecian cráteres junto al río Kuryong, que solo podrían ser el resultado de detonaciones experimentales de altos explosivos.

Yongbyong presenta una curiosa historia. Fue clausurada en julio del 2007 por un acuerdo de desarme a cambio de ayuda y un año después  derribó su torre de refrigeración, que, sin embargo, fue levantada de nuevo a tenor de lo cual se prohibió la entrada a los inspectores  del Organismo Internacional de la Energía Atómica en 2009 para comprobar la veracidad de todo esto. Un científico nuclear denunció además que las centrifugadoras estaban activas y podrían ser usadas para producir combustible destinado a una bomba de uranio altamente enriquecido. Tras otra prueba nuclear en 2013, las instalaciones volvieron a quedar inactivas, pero habían generado producto para una bomba al año.

La línea entre armas nucleares y convencionales nunca fue muy definida, pero se ha venido difuminando en las últimas décadas. La Historia nos previene sobre esto si recordamos que el bombardero B-29, portador del arma nuclear usada contra la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945, se suponía diseñado y construido para llevar únicamente misiles convencionales. 

Al menos nueve países poseen hoy armas nucleares, utilizables tanto para lanzar ojivas nucleares como misiles convencionales. Algunas de estas con rangos rangos cada vez más largos como el recientemente desplegado por Rusia: un crucero terrestre nominado 9M729 con una tirada superior a los 500 kilómetros. La reserva mundial de este tipo de armamento se había reducido en 1986 a su máximo histórico de 64 mil, pero entre las restantes hay algunas 300 veces más poderosas que la bomba lanzada sobre Hiroshima. 

Los gobiernos de las naciones con capacidad nuclear, aun conscientes de la ambigûedad sobre su verdadero propósito y el peligro asociado, nunca han mostrado interés en reducir los riesgos porque sería lo mismo que ponerse a sí mismos un bosal. En realidad, en lo que vienen trabajando es en aumentar el potencial armamentístico y esto puede darnos la idea de la necesidad de que se reanuden las conversaciones paralizadas hoy en Hanoi. 

Trump ha dejado la puerta abierta a futuros encuentros, pero no existen garantías de que esto se pueda cumplir, sobre todo si tenemos en cuenta que en octubre del pasado año anunció su intención de retirar a Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (en inglés INF)  firmado en 1987 por el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan y el secretario general del PCUS, Mijail Gorbachov. 

El INF entró en vigor el primero de enero de 1988 y logró eliminar dos mil 600 misiles. Por primera vez se reducían las existencias en lugar de establecer límites. En principio solo comprometía a norteamericanos y soviéticos, pero la caída de la URSS abrió el camino a otros interesados en participar como Bielorrusia, Kazijistán y Ucrania. Alemania, Hungría, Repúbica Checa y Eslovaquia decidieron destruir sus misiles de rango intermedio sin que mediara acuerdo alguno.

El Tratado de 1987 supuso un hito en la seguridad de Europa, donde las dos potencias tenían desplegados sus arsenales nucleares. Hoy es el único en vigor entre los firmados por Moscú y Washington durante la Guerra Fría. 

Rusia había sido acusada de violar el acuerdo por el ex-presidente Barack Obama al conocer las pruebas de su misil de crucero terrestre, pero optó por no retirarse de lo pactado en 1987 ante el riesgo de  iniciar una carrera armamentística, que es lo que todos temen con el anuncio de Trump, que recibió una aceptación tácita por parte del Kremlin. Lo que resta es pasar de una advertencia a los hechos.

Existen una serie de posibles escenarios bélicos en este mundo de inicios del siglo XXI en que tales misiles aumentarían la posibilidad de una guerra nuclear. Los expertos no se cansan de decir que hay una delgada línea roja entre las intenciones de un adversario en cuanto a elegir la respuesta nuclear a la mínima provocación. Y aunque nuestros líderes deberían estar especialmente dotados para lidiar con una contingencia así, sabemos que no es cierto, que en la mayoría de casos son sujetos mediocres.

Saber algo más de la planta  de Yongbyong  ayudaría quizás a entender mejor la evolución de una fenómeno como la nuclearización. La Unión Soviética completó en 1965 la supervisión de la planta destinada a enriquecer uranio de bajo grado "con fines científicos" y producir "isótopos médicos". Los soviéticos estuvieron hasta 1973 proveyendo a los norcoreanos de las barras de combustible para el reactor, pero el régimen de Pyongyang las usó para que el uranio fuera altamente enriquecido.

Como podemos inferir no se puede confiar siquiera en las garantías de una supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica para prevenir que la nuclearización se salga de madre porque el acceso a cualquier instalación quedaría sujeto a la aceptación de los gobiernos concernidos y la mayoría son renuentes a permitirlo.

La preocupación de los especialistas está en que Corea del Norte  produzca isótopos como el tritio. Unos pocos gramos de este material pueden ser incorporados a una ojiva nuclear para incrementar su eficiencia, permitiendo además el diseño de un misil más pequeño y ligero. La mayoría de analistas coincide en que Pyongyang, como señaló en la cumbre de Hanoi la delegación norteamericana, tiene al menos dos instalaciones más para enriquecer uranio, aun cuando decidiera librarse de la Yongbyong..

Los misiles de doble uso no son la única manera de confundir la utilización de este tipo de armas. Existen los sistemas de comunicación vía satélite, aparatos de comando y control nucleares, que ha utilizado ya Estados Unidos en apoyo de operaciones convencionales a fin de anticipar un ataque. En un eventual conflicto con participación de la OTAN, tales satélites se utilizarían para detectar misiles balísticos de corto alcance como primer paso para derribarlos, una estrategia que, de tener éxito, podría decidir a los rusos, por ejemplo, a atacar estos sistemas de alerta temprana.  El desarrolle de armas láser terrestres con iguales propósitos, como se ha filtrado que está haciendo Rusia, ha hecho sonar las alarmas en los cuarteles de la comunidad de inteligencia internacional.

El documento "Revisión de la Postura Nuclear de Estados Unidos" publicado el año pasado nos acerca peligrosamente a la posibilidad de una guerra al amenazar "explícitamente" a cualquier país que ataque sus sistemas nucleares de control y mando sin importar si se han usado para esto las armas nucleares.

El tablero internacional muestra que los países con capacidad nuclear  no están interesados en debatir lo que podría menguar su poder de amenazar o de disuadir a un contrario. Y vemos de nuevo la importancia de la cumbre de Hanoi, segunda entre Corea del Norte y Estados Unidos. La primera tuvo lugar en Singapur en junio del 2018 y finalizó con una simple declaración de acuerdo para continuar los trabajos sobre desnuclearización de la península, pero ya entonces con pocos detalles de cómo se podría alcanzar esta aspiración mutua, que ni siquiera en este segundo encuentro ha merecido un memorando conjunto.

Desde la primera toma de contacto, el grupo de Inteligencia cercano a Trump advertían que los norcoreanos no terminaban de paralizar la producción de armas nucleares o de programas tecnológicos de misiles. Estos expertos temían, en vísperas de la cumbre de Hanoi, que el presidente norteamericano se dejara engatusar por los tweets que llegaban de todas partes a la Casa Blanca sobre cómo había manejado el asunto en Singapur, que concediera a Pyongyang la salida de las tropas norteamericanas de Corea del Sur para anotarse un nuevo éxito. Lo que parece haber quedado claro después de los encuentros entre Estados Unidos y Corea del Norte es que una y otra parte tiene un concepto diferente de lo que debe ser la desnuclearización.

 El comportamiento errático de los enigmáticos líderes de Pyongyang en décadas han enmascarado una mezcla de motivos simbólicos y pragmáticos, según se puede sacar en claro de la lectura de documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Kim Jong Il y su padre Kim Il Sung amenazaron a la región de formas muy similares a las utilizadas por Kim Jong Um desde su llegada al poder. El heredero del poder, como quienes se lo legaron, ha buscado un reconocimiento internacional a sus posturas y un afianzamiento de su prestigio doméstico.

Un recuento rápido nos muestra que Corea del Norte decidió anular de manera unilateral el armisticio de 1953 - que puso fin a la guerra con Estados Unidos-, puso en estado de guerra a toda la península, cerró el complejo industrial Kaesong, gestionado por Seúl y Pyongyang, previno sobre la posibilidad de una guerra a los gobiernos con embajadas en Corea del Norte para que cerraran las sedes, anunció la reanudación de actividades en sus instalaciones nucleares y realizó ensayos con misiles de alcance medio en la costa oriental de la península entre otras bravuconadas, que hicieron a muchos llevarse las manos a la cabeza..

Los encuentros adolecen de un punto, que los futuros, si llegaran a realizarse, deben tener en cuentas y es que cualquier diplomacia encaminada a poner fin al programa nuclear del régimen de Pyongyang deber contar con Corea del Sur, Japón y China. Algunos medios diplomáticos han pensado que tal vez la apertura en Estados Unidos y Corea del Norte de sendas sedes diplomáticas o de negocios, por primera vez en la historia, podrían hacer avanzar más los esfuerzos de desnuclearización de la Península. Que duda cabe que favorecería también el levantamiento, aunque solo fuera parcial, de las sanciones y por esto resulta de momento un quimera.

LA MOMIA DE FRANCO A DEBATE.

Por Mirta Balea

Es la primera vez en España que, de manera institucional, se plantea la ex-humación de la momia del dictador Francisco Franco, ubicada bajo una losa de granito de siete kilos en la Basílica de la Santa Cruz en el Valle de los Caídos, a unos 60 kilómetros de Madrid, y vaya que la iniciativa no ha traído cola.

Para empezar, el gobierno socialista de Pedro Sánchez lo decretó a mediados del pasado año sin un diálogo previo con la familia, así, de golpe y porrazo, y como era de esperar la parentela se rebeló.

El ex-vicepresidente Alfonso Guerra, miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español, durante una entrevista para el programa Más de Uno de la cadena radial Onda Cero, puso el dedo en la llaga hace unos días al comentar que no se ha tenido en cuenta que la familia respondería ante una decisión así y ahora para complicarlo más se han movilizado los franquistas.

Guerra evocó la época de los mandatos del también socialista José Luis Rodríguez Zapareero (entre 2004 y 2011) cuando se alertó de la necesidad de tener la conformidad de la familia porque, aún cuando un monumento a la gloria del dictador resulta inadecuado en democracia, en "política hay que tener sabiduría de ajedrez".

El gobierno de Sánchez dio la orden de exhumar el cadáver el pasado 15 de febrero como último paso del proceso administrativo de sí o sí a la salida. Pero esto podría no llevarse a cabo si ocupara la presidencia un gobierno de otro color nacido de las elecciones presidenciales del próximo 28 de abril.

Todo el procedimiento está basado en la Ley de Memoria Histórica (LMH) aprobada en 2007 durante el mandato de Zapatero considerada por algunos sectores nacionales como asignatura pendiente de la nueva etapa democrática del país. Esto abrió el camino para que muchos municipios empezaran a desmontar las estatuas de Franco en diversos lugares de España y cambiaran el nombre de plazas y calles de figuras relacionadas con la dictadura.


La LMH promete ayudar a la exhumación de las víctimas y prohíbe la exaltación del alzamiento militar - que condujo a la guerra civil, a la victoria franquista y a la consecuente represión- en cualquier espacio o edificio público, lo que incluye al Valle de los Caídos. El Partido Popular  se opuso en su momento a la norma argumentando que rompía la herencia de consenso en la que se construyó la transición democrática. El Congreso la aprobó con 324 votos a favor, 137, en contra y tres abstenciones. Todos los grupos dieron su apoyo excepto el Partido Popular y el partido soberanista catalán Esquerra Republicana.


La tumba de Franco, junto a la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange, ha presidido el Altar Mayor de la Basílica en los últimos 43 años. Los restos de este último fueron traídos del Escorial un día antes de inaugurar el monumento en el que están enterradas también 34 mil personas relacionadas con las dos Españas enfrentadas durante la Guerra Civil.


Franco decidió, poco tiempo después de finalizada la guerra civil en 1940, la construcción de un gran monumento para honrar la "memoria de los caídos por Dios y por España" y eligió personalmente el lugar en el valle de Cuelgamuros, sierra de Guadarrama, para erigir la Basílica en lo que comenzó a conocerse por Valle de los Caídos.

En esto se invirtieron unos 20 años. La mano de obra estuvo a cargo de 20 mil presos politicos en siete de estos años a los que se ofrecieron acortar las penas por participar, una idea del jesuita Pérez del Pulgar mediante el Patronato para la Reducción de Penas. Se redimía un día por cada dos de trabajo.

Se sabe que murieron entre 14 y 18 personas, algunas por caer de los andamios, aunque la mayoría por la silicosis. A pesar de que se les entregaban máscaras para el trabajo, los obreros decidían no usarlas por resultar engorroso trabajar con ellas. El coste de las obras, al cambio actual, estaría en los seis y medio millones de euros.


España ha pasado por una guerra civil, culmen de otras cuantas anteriores, y por 40 años de dictadura, de manera que hay un pasado con el que todos los españoles están obligados a convivir. Una memoria del agravio, teniendo en cuenta tales antecedentes, podría ser adecuada si unos y otros dejaran de declararse víctimas. Lo que tienen las guerras es que tanto un bando como el otro mata al contrario en combate o de manera alevosa y la tortura no escasea.

Lo más controvertido para esta memoria del agravio se encuentra en los años de dictadura, en los que se reprimió salvajemente a una importante parte de la población y Franco rigió a su anchas sin oposición. 

La familia Martínez Bordiú y Franco jamás autorizará ni colaborará con el gobierno en la exhumación -según el abogado de los descendientes Felipe Utrera Molina- por considerarlo un ultraje a la memoria de su abuelo. Lo que tiene de violento la iniciativa socialista es que se anunció por decreto. Los siete nietos desearían que no se perturbe la paz sepulcral de alguien a quien querían y pretenden que todo se quede como está.

El príncipe Felipe VI, actual monarca español, firmó el decreto de exhumación, pero fue el rey Juan Carlos I, su padre y predecesor, quien dispuso la última morada de Franco en el Valle de los Caídos. La muerte del dictador dio inicio a la libertad y poco importaba dónde estuviese enterrado. Todos veían entonces el pasado como algo finiquitado y la necesidad de pasar página, por decirlo de alguna manera, lo que contribuyó al posterior proceso de reconciliación nacional, que posibilitó el establecimiento de un régimen democrático. Transcurrió de esta manera durante los primeros veinte años de pos-dictadura hasta la llegada de una nueva generación.

Una comisión de expertos analizó en 2011, en la segunda legislatura de Zapatero, el destino del Valle de los Caidos,  monumento edificado por el dictador para dar cobijo a los combatientes muertos por "Dios y por España". Una vez concluidas las obras ordenó transferir también a ese sitio las tumbas de los del bando Republicano sin consultar con las familias. Este lugar es la última morada de los huesos de más de 32 mil muertos de la guerra civil, registrados como desconocidos. Debido al mal estado de los restos y de los columbarios no se les ha podido identificar. En su momento se trasladaron tumbas únicas, pero en su mayoría se trataba de cajas con huesos de varias personas.

La Comisión hizo varias recomendaciones al gobierno como sería la de reconvertir el Valle de los Caídos en un sitio para la "memoria reconciliada" dada la falta de alternativas. Para algunos resultaba el indicativo de que había algo que solucionar y que generó un conflicto inexistente hasta el momento en que no era un reclamo popular el cuestionamiento del proceso de reconciliación y ni siquiera habían empezado a funcionar las organizaciones derivadas de la LMH.

La reconciliación, como se desprende de algunos libros de historia sobre la guerra civil española, era una realidad presente unos años antes de morir Franco. Esto hace que muchos piensen que la norma de Zapatero ha creado y alimentado de manera calculada la confrontación en el seno de la sociedad civil. 

La Comisión barajó varias hipótesis de trabajo: dejar el asunto como estaba, destruir el monumento o darle una nueva connotación por lo que sus recomendaciones giraron en torno a la necesidad de reconvertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria de las victimas de las dos Españas, trasladar la tumba de Primo de Rivera para que no estuviera en lugar destacado y exhumar la momia de Franco. Aun entonces, algunos miembros de la Comisión creían que estas acciones servirían para separar, dividir y tensionar más a la sociedad española.

La LMH no contempla el tema del enterramiento, pero en el caso que nos ocupa queda sobrentendido que por razones de orden público no deben enaltecerse los valores del franquismo en España o a sus figuras, lo que impone sacar su momia del sitio visitado cada año por cientos de miles de personas, entre ellas turistas, pero también franquistas, nazis y ultraderechistas.

Ante la premura del gobierno de Sánchez por el traslado, la familia Martínez Bordiú y Franco dijo tener a su disposición una sepultura en propiedad en la cripta de la Catedral de Santa María de la Almudena, en el mismo centro de Madrid, y aportaron el título funerario de inhumación perpetua, dejando claro, además, que carecían de otra sepultura. Parecería normal que el dictador hubiera sido enterrado junto a su viuda Carmen Polo en los jardines del Palacio del Pardo, residencia de los reyes, pero esta fue erigida con fondos sociales y es un bien público del que los descendientes no pueden disponer.

Los herederos del dictador dejaron claro que de darse la posibilidad de re-ubicación debía llevarse a cabo con la fanfarria inherente a los honores de un jefe de Estado, con lo que estaría de acuerdo una buena parte de la sociedad española dado que Franco lo fue durante 40 años y así figura en la historia de este país. El gobierno modificó entonces la LMH para impedir que fuese enterrado en la Almudena y la vicepresidente Carmen Calvo viajó a buscar la anuencia del Vaticano.

Cuando el gobierno pasó a la última fase de los trámites legales para el traslado de la momia a otro lugar, dejó que claro que no requiere del permiso de la Iglesia para nada de esto, lo que de hecho contradice el viaje a Roma de Calvo, quien solo logró arrancar a la Sana Sede la aceptación de la exhumación del Valle de los Caídos conforme a Derecho.

La Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Madrid y el  Vaticano nada tienen contra la exhumación al día de hoy y lo han dejado claro, pero han exhortado también al gobierno a alcanzar un acuerdo con la familia que satisfaga a todos sin herir sensibilidades. Solo el prior de la Basílica, Santiago Catera, ha puesto peros a la salida de la momia del lugar donde ha sido custodiada todo este tiempo.

Arguye que el arzobispado de Madrid carece de competencia para influir en su decisión porque el monasterio - aunque parte de la diócesis de la capital española- pertenece a la abadía benedictina francesa de San Pedro de Solesmes, cuyos religiosos dependen de la congregación, no de los obispos, y mira tú por donde consideran todo este asunto algo interno de los españoles.


Catera goza de un pedigrí ideológico que pesa mucho en su interés por negarse a la exhumación e incumplir la ley. Antes de dedicarse a la vida eclesiástica, este buen católico figuró en las listas de las falanges en las elecciones al parlamento y municipales de 1994 y hasta donde se sabe nunca ha abjurado de sus ideales. La orden benedictina, que llegó al Valle de los Caídos en 1960, y a la que él representa, puede que entienda que su función es custodiar al dictador.

El Real Decreto para exhumar el cadáver de Franco salió adelante en el Congreso con 176 votos a favor, 165 abstenciones y dos en contra. El único intento de acercamiento a la familia por parte del gobierno ha sido comunicarles que será exhumado se opongan o no porque está en un monumento del Patrimonio Nacional. Esto, sin dudas, pone en evidencia una cierta arrogancia por parte del Ejecutivo presidido por Sánchez en un asunto que hiere sensibilidades y en el que quizás podrían haber actuado de otra manera.

La iniciativa no ha encontrado solo la oposición familiar - que apelará al Supremo y este podría paralizar de forma cautelar el proceso- sino que ha generado durante ocho meses una nueva división entre la clase política y la opinión pública. El protocolo de exhumación muestra muchas carencias, la principal, pasar por alto encontrar un consenso con la familia y dar alternativas para su re-inhumación, lo que hace a muchos suponer que en la intención del Ejecutivo solo está del interés por deshacerse de la momia, al margen de otras consideraciones.

EL MILAGRO SANCHEZ

Por Mirta Balea


Se ha dado el caso en España que el poder legislativo sacó por primera vez al presidente para colocar a alguien no elegido en las urnas. La moción de confianza presentada ante el Congreso por el socialista Pedro Sánchez y que le catapultó al sillón del palacio de La Moncloa derrocó sin miramientos al representante del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Esto ha desencadenado una segunda crisis política en el sur de Europa y un desconcierto en los mercados financieros, afectados por la salida del gobierno italiano y sus intentos fallidos de formar otro fiable tres meses después de las elecciones nacionales.

La moción tiene como antecedente el escándalo de sobornos por contrato de la llamada trama Gurtel, que lleva un proceso de años y cuya sentencia se conoció recientemente. El PP resultó condenado en el proceso por corrupción y perdió el gobierno. Esta formación, duramente criticada, podría perder fuelle en las próximas elecciones locales y regionales frente a otra conservadora de derechas: Ciudadanos.

A diferencia de lo ocurrido en Italia, donde el problema fue el euro, en España ha sido la corrupción, que ha estimulado las peticiones para el derrocamiento del gobierno. El presidente Rajoy no ha estado entre los acusados, pero ha debido testificar en casos contra miembros de su partido y enfrenta la humillación de que el Tribunal duda de la veracidad de su testimonio y ha condenado a la formación de centro derecha a pagar una abultada multa por complicidad.

El PP y su gobierno no tendrán tiempo de cerrar carpetas ni destruir ordenadores porque Sánchez está dando pasos acelerados para ocupar su espacio en La Moncloa y se ha apresurado a presentar ante el rey a su gabinete, que ayer juró lealtad. Rajoy ha condenado a su partido a morir en la hoguera al no renunciar ante la inminencia de la moción de censura. Dimitir habría posibilitado a su Ejecutivo a mantenerse de manera provisional en funciones, cerrar el paso a los añejos deseos de Sánchez de ser presidente a cualquier precio y controlar desde el gobierno la convocatoria de nuevas elecciones.

Los alfas del PP tampoco le han obligado a hacerlo, pero ahora Rajoy deberá intentar controlar las pasiones desatadas dentro para que abandone la presidencia y deje paso a otra figura. El PNV (nacionalistas vascos )contribuyó con su voto, muy importante, junto a los independentistas catalanes y Podemos y a los proetarras de Bildu, a colocar a Sánchez en la presidencia. Una semana antes, el PNV habría dado un voto de confianza al PP al apoyar los presupuestos generales del estado, lo que salvó al gobierno de una convocatoria anticipada de elecciones, pero después "por el bien del pueblo vasco" lo arrojó al pie de los leones.

José Luis Avalos, ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE ha dicho que las políticas sociales ocuparan un importante espacio en la agenda de Sánchez, pero esta no será una tarea fácil con 84 diputados de 350, el cuestionado apoyo del independentismo catalán, sin la presidencia del Congreso, en manos del PP, en minoría en las mesas de las dos Cámaras y con mayoría absoluta de los populares en el Senado. Al no aceptar las demandas de Podemos de formar parte del Ejecutivo, encontrará en el grupo morado un feroz opositor, dolido en su pretensión de tener alguna cuota de poder aunque sea tangencial.


Sánchez no estaba seguro de que este fuera el momento político adecuado para la moción contra Rajoy. Lo había repetido varias veces en el Congreso y de ahí que en su momento propusiera al presidente la renuncia. Al final, le pudieron sus propias ansias y las de sus más allegados por gobernar antes que optar por el agotamiento de la legislatura. Las fuerzas que apoyaron a Sánchez, más que mostrar su confianza en el nuevo presidente como garante de una estabilidad nacional, lo hicieron porque todos eran uno para sacar al PP de la Moncloa en una oportunidad de oro que podría no repetirse.

Sánchez dispone ahora de seis meses a dos años para convocar las elecciones generales, pero la celeridad en nombrar a su gabinete y mudarse a la Moncloa son indicativos de que no tiene prisas por hacerlo y que poco o nada le importa la repercusión en sus filas de la elección próxima de los líderes regionales.

En 2016, fue destituido como secretario general del PSOE por lo que entregó su acta de diputado para no verse obligado a votar a Rajoy como presidente del gobierno y decidió liarse la manta a la cabeza, desaparecer de la escena política para salir por carretera a mezclarse con los militantes y viajó a Washington para apoyar a Hillary Clinton frente a Donald Trump.

Como máximo representante de los socialistas, cargó con la culpa de los peores resultados de la historia de su partido en las elecciones de diciembre del 2015 con 90 diputados de 350 e incluso hizo el ridículo buscando alianzas para gobernar, llegó hasta firmar un pacto con una formación de centro derechas como Ciudadanos, así de desesperado estaba, pero fracasó. Al no llegarse a un consenso legislativo, se convocaron nuevas elecciones en junio del 2016 de las que salió aún más esquilmado, con solo 84 diputados, fue cuando renuncio al acta y salió a recorrer pueblos y ciudades de España.

Los viejos pericos del partido le echaron de la secretaría general, pero un giro del destino lo llevó de nuevo al cargo de la manera más deseable, por el voto de la militancia, deseosa de darle una nueva oportunidad y olvidarse de todos estos fracasos, como si en vez de estar optando por lo mismo, estuvieran ante el hombre nuevo. Un caso como el del PP con Rajoy al que nadie le estornudaba a pesar de negarse a ofrecer disculpas a los españoles por la corrupción destapada en su partido o simplemente dimitir ante la moción de censura.

El artículo 155 de la Constitución, aplicado en Cataluña por Rajoy, ha dejado de tener vigencia cuando el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió cesar en sus intentos de incluir en el gabinete a personajes políticos en prisión o sujetos a procesos por incumplir la ley sin que ni una vez se haya renunciado a la vía independentista. El objetivo es entablar un diálogo cuanto antes con el nuevo gobierno, que no le exigirá, como habría hecho el PP, su renuncia a separarse de España.

Cataluña: el tercer día

Por Mirta Balea

La intervención del gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Cataluña otorga a la ciudadanía una cierta normalidad, solo interrumpida por el goteo informativo generado por las distintas acciones de sus principales protagonistas en un drama que convulsiona al país y promete alargarse en el tiempo.

El presidente Mariano Rajoy anunció el pasado día 27 la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución como única manera de volver al estado de derecho en ese territorio. Cesó a todo el gobierno, empezando por el presidente Carles Puigdemont y su segundo, Oriol Junqueras, y a sus siete consejeros, disolvió el parlamento y convocó elecciones en el plazo legal de 54 días para el 21 de diciembre.

Ese mismo día los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas y secesionistas habían declarado la independencia unilateral de España y el Senado en Madrid dio luz verde a la aplicación del 155. A penas tres días después, estas mismas fuerzas, que han calificado de ilegítima la convocatoria, han mostrado su disposición a participar en ella.

El artículo 155 señala que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones emanadas de la Constitución y sus leyes o actuara de manera que atente contra el interés general de España, el gobierno estará autorizado a intervenir para obligarla al cumplimiento forzoso de tales obligaciones. Incumplir con la legislación vigente y atentar contra los intereses de todo el país es lo que se ha venido haciendo desde hace algunos años en Cataluña, pero muy en especial, en los últimos 18 meses.

La votación de la independencia por un grupo de parlamentarios catalanes sorprendió por su secretismo. Los que dieron este paso justificaron que era en prevención de alguna acción legal de parte de la Fiscalía. Los que han seguido el desarrollo de los acontecimientos pueden inferir quién votó qué, porque para empezar, se marcharon del hemiciclo los tres principales partidos nacionales: Partido Popular, la representación en Cataluña del Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos para evitar una complicidad, aunque fuera solo tangencial.

Las propias leyes catalanas requerían del voto afirmativo de un mínimo de 90 diputados, pero la declaración salió adelante con solo 72. Los que votaron afirmativamente fueron la coalición gubernamental Junts Pel Si, que integra a dos formaciones tan disímiles, la derecha soberanista del Partido Demócrata Catalán y la izquierdista republicana  Ezquerra Republicana per Cataluña, además de la CUP, una Confederación por la Unidad Popular con tintes anti-sistema, comunista y secesionista.

Entre los síes computados, uno al menos hubo que leerlo dos veces, puesto que la palabra aparecía en un rincón de la boleta con letra pequeña y en un principio se había dado como voto en blanco. De estos votos quedaron al final dos. De esto se deduce sin mucho trabajo que Cataluña Si Que Es Pot, cuyos 8 diputados habían decidido participar en la votación diciendo no, se encontró con una ruptura de la disciplina porque  dos votaron en blanco y uno dijo sí.

Este último es sin dudas el representate de Podemos en la coalición CSQEP, Alvaro Dante Fachin, que a poco de saberse que los independentistas aceptaban de facto las reglas del juego democrático y entrarían en las elecciones, ha hecho saber públicamente que estaría dispuesto a participar como parte de Ezquerra Republicana.

El referendo realizado el primero de octubre careció de censo y de garantías, el gobierno central movilizó a la policía nacional y la guardia civil para impedir la votación, vetada ya por los tribunales competentes. El resultado fue que los independentistas se empeñaron en votar hasta en plena calle y como se ha visto en videos colgados en You Tube hasta cuatro veces la misma persona.

Incluso la votación del propio referendo el día 27 de septiembre fue de una excentricidad inadmisible en un parlamento que se respete. Los nacionalistas cambiaron a última hora el orden del día del pleno y cuando el resto de fuerzas no independentistas pretendieron protestar por la irregularidad se les impidió hablar por la presidenta de la Cámara, Carmá Forcadell, que por este y otros asuntos forma parte de una querella presentada por la Fiscalía. Sobre el referendo y la declaración unilateral de independencia se pronunciaron el secretario del parlamento y el principal asesor jurídico para advertir de la inconstitucionalidad de ambos actos.

La Generalitat ni el parlamento autonómicos estaban legitimados por ley a proponer o siquiera tomar una decisión de este calibre solo porque lo deseara una mayoría independentista. El pasado día 26 la mayoría de la ciudadanía esperaba que el presidente Carles Puigdemont evitara la aplicación del 155 disolviendo la Cámara y convocando elecciones autonómicas anticipadas, porque se había comprometido a hacerlo tras varias conversaciones con algunos intermediarios como Miquel Isceta, del Partido Socialista Catalán, el jefe del gobierno vasco Iñigo Urkullo, y algunos destacados empresarios. Las presiones en la red de parte de los pichones del independentismo y del propio vice-presidente Oriol Junqueras parecen haber sido la causa de que prefiriera inmolar a Cataluña a hacerlo él mismo dando un paso atrás en lo pactado.

Desde la proclamación del 155 hay una calma tensa en la Comunidad Autónoma porque la gente tiene miedo de lo que pueda pasar, a pesar de que Rajoy eliminó con su decisión cualquier argumento de los independentistas de que el gobierno reprimiría a la gente, que no habría tal transitoriedad y que la intervención duraría quizás años y ni siquiera convocaría elecciones.

Algunos grupos como la CUP llamaron a la rebelión de la sociedad civil para que los funcionarios fueran a la huelga y no acataran ninguna decisión que no emanara de la Generalitat, pero esta arenga fracasó. Antes de hacer algo así, deberían haberse preguntado si tenían suficiente moral cuando ellos mismos  votaron en secreto la independencia para evitar acciones judiciales. ¿Cómo podían pedir entonces a otros que se inmolaran por la causa?

Ha sido tal la propaganda desplegada por los grupos independentistas en los últimos años, que una parte importante de Cataluña compró la idea de que la República era posible. Para que algo tenga efecto lo primero sería que respetara el marco constitucional vigente y permitiera votar a todos los españoles. De arriesgarse a hacerlo contra todas las banderas, de manera unilateral, debían contar al menos con la seguridad de controlar sus fronteras, de tener instituciones propias capaz de gestionar el día a día, de disponer de dinero propio y no el proveniente del gobierno central y de haberse garantizado previamente un reconocimiento internacional. Junqueras llegó a decir que las empresas se pelearían por venir a Cataluña y resulta que en los últimos 15 días se ha producido un éxodo de 1,800 empresas, grandes y medianas, entre ellas dos importantes bancos, que han preferido sacar sus sedes de ese territorio.

Las elecciones del próximo 21 de diciembre no resolverán el problema de Cataluña ni repararan en un futuro inmediato el daño perpetrado contra la sociedad civil, dividida a sangre y fuego por los soberanistas, que prometieron la Arcadia. Puede que haya una recuperación económica, aunque lenta, incluso que algunas de las empresas en fuga regresen y que el gobierno nacido de las urnas proporcione una estabilidad inmediata, pero lo que será muy difícil recuperar, al menos no en un futuro inmediato, es el respeto del resto de las Españas. El problema catalán carece de respuesta binaria entre los ciudadanos.

A muchos les parece difusa la definición de nación, incluso el sonsonete de que España es plurinacional, pero el caso catalán es, sin lugar a dudas, un asunto nacional, tanto si hablamos de voluntad política de independencia como si lo hacemos desde el punto de vista cultural, de gente que comparte lengua y tradición. De ahí que muchos pensemos que la ensoñación independentista, que obnubiló a tantos catalanes y sigue haciéndolo, no terminará con las elecciones de diciembre próximo.

Esta identidad de grupo apartada del resto de España es lo que viene condicionando una deformación de la realidad para quienes se han creído las mentiras de los secesionistas, que incluso han sembrado en una buena parte de la sociedad catalana el victimismo de que se les explota en favor de otras autonomías, algo que no encuentra encaje en las cifras comparativas. Esto y que el Partido Popular, de derechas, español hasta la médula y en el gobierno haya olvidado durante tanto tiempo el discurso de la pluralidad y se haya negado sistemáticamente a revisar el modelo de estado. Ha permitido así que la alternativa para muchos catalanes sea separarse o que todo siga igual.

Hace apenas unos años, las encuestas definían claramente que un porcentaje menor de la población era independentista, pero ha tenido lugar un desmoralización de la población ante la negativa del gobierno central de desatender sus necesidades específicas. Así que entre los que votaron independencia -ese grupo nada fiable en el que se apoyó el gobierno catalán para declararla unilateralmente esgrimiendo como batuta un mandato popular inexistente,- podrían hallarse tanto los movidos por sentimientos patrióticos y de pertenencia y aquellos que lo único que buscaban era tener la libertad de votar como revulsivo de la actual situación.

Se ha venido jugando con la legalidad, diciendo mentiras a sabiendas de que eran mentiras, sin establecer una diferencia entre querer la independencia y el derecho a decidir. Resulta como mínimo pueril creer que de quien te quieres separar de forma ilegal, respondiendo solo a tus emociones y necesidades, va a permitirte hacerlo sin oponer resistencia. Con todo esto en contra y previo a a la aplicación del 155 el diálogo resultaba inviable.

El hecho de que los actores sociales defiendan modelos de estado diferentes para Cataluña es un añadido en el logro de la conciliación de un modelo de país en el marco de la independencia. Tenemos a Ezquerra Republicana, dispuesta a pactar siempre para mantenerse en el candelero, pero que defiende el modelo de República  por encima de todo, o la CUP, que lo que quiere es hacer una revolución social, con sus jóvenes anticapitalistas y comunistas, que comparan al gobierno español con el falangismo anterior a 1978, o el Partido Democrático de Cataluña, que no persigue estos objetivos ni mucho menos. A propósito de las comparaciones de la CUP entre la actual España y la franquista, muchos de los que lucharon entonces contra la dictadura han salido en las televisiones para hacerles saber la diferencia de lo que tienen hoy a lo que había antes de la proclamación de la Constitución. 

Los soberanistas tienen ante sí la ardua tarea de unificar a las fuerzas independentistas en una lista unitaria con la mirada puesta en las elecciones próximas, porque los partidos constitucionalistas, ya lo han dicho, van a salir a ganarlas y están dispuestos a crear alianzas para poder desbancarlos del poder. La últimas elecciones autonómicas mostraron que no cuentan siquiera con la mitad del total de votos.

Los independentistas deberían haber comprendido a estas alturas que no cuentan con apoyo internacional y mucho menos con el de la Unión Europea, donde el presidente del Consejo, Jean Claude Junker, se ha encargado de dejar claro que no quieren una Cataluña independiente porque detrás vendrán otros. Y es que lo que llaman el próces resulta una espada de Damocles sobre la unidad europea.

Puigdemont había trasladado el pulso parlamentario a la calle desde el pasado 27 de septiembre, convocando de manera transversal manifestaciones, algunas violentas, en las que se impedía hablar a los no nacionalistas dentro de una sociedad plural como es la catalana. Ahora se ha ido a Bruselas, con cinco de sus consejeros, para desde allí guiar el gobierno y forzar a Europa a intervenir a su favor. Estos seis catalanes evadirán enfrentarse a la justicia española por la ilegalidades cometidas.

Desde hace más de una semana, los transgresores favorables a mantenerse en España han salido también a la calle a defender la unidad, casi un millón el pasado sábado, como resultaba evidente a vuelo de pájaro. No es necesario contarlos uno a uno para calcularlo. Si los secesionistas han querido dar la impresión de que hay una única opción posible, esta gente, con banderas catalanas y españolas, en Barcelona, recorriendo las calles, agrupadas frente al Palacio de Gobierno, puede que sea la gota que colme el vaso.

EL MUNDO CONTRA TRUMP

Por Mirta Balea

Apenas seca la tinta, los
líderes europeos se han pronunciado contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a refugiados e inmigrantes.

Quizás sea ésta la primera vez que los jefes de estado y/o gobierno de varios países de la Unión Europea unen sus voces contra Estados Unidos. La medida, adoptada el pasado viernes, ha resultado muy polémica y ha provocado manifestaciones multitudinarias en varias ciudades y aeropuertos del propio país. 

No solo veta la entrada de ciudadanos de Libia, Somalia, Sudán, Irak, Irán, Yemen y Siria, sino a quienes gocen de doble nacionalidad si una de ellas está relacionada con las naciones vetadas. Esta última parte de la orden tardó media jornada en ser confirmada por la Casa Blanca, lo que provocó caos y desconcierto en más de un aeropuerto internacional.

Si los afectados por la medida estuvieran en ese momento fuera del país tendrían que solicitar para regresar una exención de visado, independiente de los años de residencia en Estados Unidos. Las restricciones afectarán también a aquellos individuos con pasaporte de otros países, pero oriundos de una de la siete naciones implicadas en la medida.

Cerca de medio millón de personas, venidas de Oriente Medio y Africa, recibieron la residencia permanente en los últimos 10 años. El primer efecto de la puesta en vigor ha sido la deportación y/o detención de personas en viaje de regreso a territorio estadounidense, tras visitar a sus familias, o con la promesa en el bolsillo de que serían admitidas como refugiadas.

Otro aspecto conflictivo atañe a las plantillas de las compañías aéreas, cuya gran mayoría tiene bajo contrato a extranjeros nacionalizados. Para la Agencia Internacional de Transporte Aéreo o IATA, supondrá un tremendo reajuste del personal de las aerolíneas, con un coste aún por estimar, para que tales personas no pisen territorio estadounidense.

Aunque la mayoría de las medidas sobre refugiados e inmigración parecen tener un carácter temporal, a nadie se le escapa que la política anunciada por Trump en campaña tenderá a convertirse en indefinida o permanente. En la práctica, tal situación supone un veto formal a la inmigración musulmana y así se ha interpretado en todo el mundo.

El decreto suspende por cuatro meses las concesiones de asilo y/o refugio, con lo que se paraliza el Programa de Admisión de Refugiados, basado en gran parte en el contenido de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras legislaciones internacionales, e impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de los países mencionados. Fija además en 50.000 la cuota máxima de personas a recibir con esos estatutos en 2017, menos de la mitad de los 117.000 aceptados el año anterior.

La primera ministra británica Theresa May convocó este domingo a sus ministros de Exterior e Interior -a poco de regresar de su visita oficial a Washington- para que contactaran con sus colegas norteamericanos a fin de proteger de la aplicación de la medida a los ciudadanos británicos con doble nacionalidad.

En Reino Unido se han recogido millón y medio de firmas para obligar al Parlamento a impedir a Trump visitar el país en respuesta a una invitación cursada por May. Los periódicos británicos amanecieron este sábado con titulares tales como "Trump no eres bienvenido".

No habrá que asombrarse de esto, porque durante la campaña del ahora presidente de Estados Unidos, la mayoría de medios de comunicación europeos le hacían la ola a su rival Hillary Clinton y se llevaron una enorme decepción con el triunfo del magnate de la construcción.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, primer musulmán en ocupar el cargo, ha dejado constancia en su página de Facebook que "las medidas de la Casa Blanca son contrarias a los valores de tolerancia y libertad sobre los que se construyó Estados Unidos". Esto toca de lleno las raíces del propio presidente, hijo de inmigrantes alemanes y escoceses. Pero en castellano hay un viejo dicho de que "no hay peor cuña que la del mismo palo".

El presidente francés Francois Hollande instó al resto de socios comunitarios europeos a ofrecer "una respuesta firme y unida". El gobierno español se ha mostrado claramente contrario a levantar barreras entre los pueblos y un portavoz de la canciller alemana Angela Merkel -a quien Trump cuestionó por su programa de puertas abiertas a la inmigración-ha significado que "la lucha contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una determinada confesión o un pasado específico". 

La reacción de la Comisión Europea ha sido una de las más moderadas al informar que estudiara "cualquier potencial consecuencia para los ciudadanos de la UE", pero se esperan pasos como una cita del Euro-parlamento, previa a la cumbre de este viernes. Hay que mencionar que el presidente Jean-Claude Juncker, durante su rendición de cuentas en 2015, admitió errores  del pasado europeo como distinciones entre judíos, cristianos y musulmanes y prometió que en esta etapa no se actuará de la misma manera.

El primer ministro italiano Paolo Gentinioli reivindicó, en su cuenta de twitter, una "sociedad abierta, con identidad plural y sin discriminaciones" como pilares fundamentales de los valores de la Europa moderna.

Para la Administración Trump, la confusión, división y batalla legal provocada por la orden ejecutiva de este viernes sería "un pequeño precio a pagar para ganar en seguridad", según expresó la ex-jefa de campaña y asesora presidencial Kellyanne Conway. La argumentación resulta como mínimo endeble porque desde el 11/S/01 Estados Unidos no ha sufrido ningún otro ataque terrorista de envergadura en su territorio, nada que ver con los que tuvieron lugar el pasado año en capitales europeas como Bruselas, Berlín y París.

Los fiscales generales de al menos 16 estados de la Unión americana emitieron una declaración en la que condenan la directriz presidencial y aseguran que como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros realizarán un trabajo conjunto para garantizar la constitucionalidad de cada paso del gobierno federal, el respeto a la historia nacional y a la liberad religiosa.

Las críticas y condenas al portazo de Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de parte de sus aliados y las expresadas por miembros distinguidos de los Partidos Demócrata y Republicano , en este último caso, las de John McCain y Lindsay Graham, no parecen haber dado en la diana. Trump mantiene su tono y tras las manifestaciones dentro y fuera del país reiteró en twitter su postulado de que el país " necesita ahora fronteras fuertes y exámenes exigentes de entrada".

El presidente se ha encargado de hacer pública su enemistad con los medios de comunicación, en especial los nacionales, y ha sentado una nueva forma de comunicar sus decisiones, opiniones y hasta para dilucidar temas internacionales mediante twitter. Dos mensajes en los últimos 10 días dieron al traste en horas con la visita programada del presidente mejicano Enrique Peña Nieto, sin que mediara encuentro personal alguno en un tema de tanto calado.

El director del Washington Post, Martin Baron, con cuatro premios Pulitzer a sus espaldas y la dirección del Boston Globe cuando se destapó el escándalo de pederastía de los sacerdotes católicos, cree que Trump hace peligrar la libertad de expresión, aunque ha matizado que habrá que esperar un poco más ya que está en los primeros días de su mandato.

Baron está preocupado por un sector de la población a su juicio interesado más en los hechos cuando estos cuadran con sus posiciones. Trump, por cierto, se abstuvo de utilizar la palabra democracia en su discurso de investidura, lo que resulta muy extraño si sabemos que sus antecesores sí lo hicieron y mucho.

Quién se dedica en estos días a hablar de democracia es el ex-presidente Barack Obama, advirtiendo a los norteamericanos que no se la pueda dar por sentada. No resulta un tema baladí, pero merece la pena recordar que durante su mandato fueron deportados dos millones de inmigrantes sin papeles y la dotación militar fuera de las fronteras superó con creces a cualquier otra Administración. Cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz, se esperaba que redujera el arsenal nuclear, pero estos pasos siguen sin darse.

Un alto cargo de la Casa Blanca, Stephen Miller, amenazó a los alcaldes díscolos- a quienes el presidente en represalia no suministrará fondos federales- y a las autoridades del Departamento de Estado, de la Policía de Fronteras y Aduanas y al Departamento de Seguridad Nacional que no se permitirá a nadie incumplir la orden porque Trump no cederá ante sus críticos.

Usando su expresión favorita, "you're fired", cesó a la fiscal general en funciones, Sally Yates, cuando esta anunció que el Departamento de Justicia no defendería en los tribunales la aplicación de la orden ejecutiva. Dentro del gabinete hay voces quejosas de que el presidente no les tiene en cuenta para nada y solo escucha a un grupo estrecho de asesores, encabezados por el conocido racista Steve Bannon y el yerno del mandatario Jared Kushner.

Yates es herencia de Obama y la Casa Blanca ha arremetido contra ella de forma excesivamente agresiva acusándola de traición. La cesada fiscal declaró que "no estaba segura" de que la orden se ajustara a Derecho, pero que ni aún así estaría dispuesta a aplicarla porque no perseguía los objetivos de justicia de su Departamento.

Trump nombró en su lugar a la fiscal del Distrito Este de Virginia, comprometida con su causa y que aplicará y defenderá el decreto.

Los fiscales lo han advertido y hasta los jueces de Nueva York, Seattle y Boston, entre otros, han bloqueado el cumplimiento del decreto presidencial, así que la firmeza de Trump podría encontrar serios escollos y resultar insuficiente. Es probable que estemos incluso ante el preámbulo de una batalla legal en la que podría entrar en cuestión la propia constitucionalidad de la medida. Resulta evidente para muchos que está apuntando directamente a una confesión, el islam, y está afectando a personas con residencia legal permanente en Estados Unidos, poniendo en solfa algunas decisiones adoptadas por otras Administraciones.

El caos provocado no tiene visos de desaparecer. Algunos creen que el presidente, en su afán obsesivo por tramitar cuanto antes todo lo prometido en campaña, podría haber aprobado esta normativa sin prever sus implicaciones. La prueba para ellos radica en las diversas explicaciones en cuanto a la forma de instrumentarla, lo que muestra la falta de programación y arroja dudas.

Para los cánones europeos, Trump y su gobierno, en su mayoría formado por ex-directivos de Goldman Sachs, se colocan en la ultra-derecha más reaccionaria, de la que intenta huir la UE. Pero lo han votado los estadounidenses, y no solo a él, sino a su programa, que está cumpliendo a pie juntillas y con gran entusiasmo.

TRUMP HACE OFICIAL SU BELIGERANCIA PERSONAL CONTRA MEXICO

Por Mirta Balea

México y Estados Unidos acaban de iniciar una nueva era en sus relaciones: la de la confrontación política. El presidente norteamericano Donald Trump ha puesto en blanco y negro lo que venía anunciando durante su campaña y su colega Enrique Peña Nieto se ha visto obligado a suspender una visita oficial fijada para el 31 de este mes.

La diplomacia mejicana se ve acosada por uno de los pilares de la campaña de Trump: completar el muro de 3.000 kilómetros en la frontera común a expensas de aumentar en un 20% los aranceles a las importaciones del vecino, con esto le haría pagar el coste de una decisión tomada de manera unilateral por la Casa Blanca.

México exporta el 80% de sus productos a Estados Unidos. El portavoz presidencial norteamericano Sean Spencer dijo que "si gravas con un 20% los 50.000 millones de dólares de importaciones, se recuperan 10.000 millones al año para pagar el muro".

Todo comenzó cuando Trump, en medio de su campaña presidencial, lanzó la idea de completar el muro porque los mejicanos que atravesaban la frontera eran "violadores, asesinos y drogadictos", poniendo en cuestión a la mayoría, que cruza en busca de mejores condiciones de trabajo o, incluso, por reagrupamiento familiar.

Los secretarios de Exteriores y de Economía de México, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, habían viajado este martes a Washington para conformar la agenda de la visita de Peña Nieto y no se marcharon hasta agotar el día, en la esperanza de lograr un guión mínimo para entablar negociaciones sobre asuntos de interés común.

Entre ellos figuraría la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que participa Canadá, conocido como Nafta o TLCAN en inglés. Canadá decidió retirarse una semana antes de la ahora suspendida visita del presidente mejicano, vista como el pistoletazo de salida de las negociaciones comerciales bilaterales, bajo un nuevo esquema.

Las exportaciones canadienses a Estados Unidos, como ocurre con México, están entre el 70  y el 80%. La diferencia es que la economía canadiense está más diversificada y su mercado interno es mucho más maduro.

Con el peso mejicano muy debilitado frente al dólar y el resto de divisas internacionales, el país sufre un fuerte incremento de la inflación, con toque de máximos históricos en enero. Esto ha creado incertidumbre sobre la inversión extranjera directa, elemento de medición del desempeño de una economía abierta como la del país latinoamericano.

Los economistas de Bloomberg se dieron a la tarea de analizar el fenómeno de los twitters de Trump sobre elevar aranceles al sector automovilístico norteamericano y establecieron una tabla en la que queda reflejada su relación directa con la depreciación de la moneda mejicana..  

El presidente norteamericano dio la patada a México estando aún en Washington los negociadores de la agenda de la visita al anunciar para el día siguiente la firma de una orden directiva para la construcción del tramo de muro restante, dejando claro su menosprecio sobre cualquier posibilidad negociadora.


El muro comenzó a construirse en 1994 bajo la Administración Demócrata de Bill Clinton y desde entonces se edificaron mil 100 kilómetros de los 3.000 de frontera común, obligando a los inmigrantes sin papeles a adentrarse en zonas desérticas. Por el paso oficial, cruzan a diario unos 300 mil vehículos y un millón de personas, trabajadores o residentes en uno y otro lado del límite.

Como parte del paquete migratorio, se ha previsto contratar a 5.000 agentes adicionales para la vigilancia de la frontera a la caza de los sin papeles y, al amparo de la seguridad nacional, se adoptarán medidas para reducir en al menos tres millones la cantidad de residentes ilegales.

Se ha puesto también un veto temporal - hasta la aprobación de restricciones más severas- a la mayoría de refugiados. De ahí la suspensión de visados a ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia y Yemen, excepto en casos de persecución de minorías religiosas.

Durante la campaña a la presidencia, Trump había propuesto prohibir la entrada a musulmanes, al menos temporalmente, "para proteger al país de ataques yihadistas". Focalizar el veto en una religión en concreto habría rayado la inconstitucionalidad. Poco después, cambió el disco y puntualizó que solo restringiría la entrada de ciudadanos de países que "suponen una amenaza para los norteamericanos, al margen de la religión del individuo", que es lo que acaba de firmar.

Si algo no puede decirse del mandatario norteamericano es que no cumple sus promesas electorales y habría que añadir su disposición a echar por tierra el tan cacareado legado de Obama.

Dentro de sus primeros cinco días, firmó sus órdenes ejecutivas para flexibilizar la regulación sobre la reforma sanitaria, conocida como Obamacare, dio carpetazo al Tratado comercial de la cuenca del Pacífico o TPP, apuesta personal del anterior presidente (enfrentado incluso a sus propios correligionarios demócratas) y ha reactivado dos oleoductos, entre ellos el de Keystone, vetado por el plan ecologista de la anterior Administración.

En asuntos medioambientales, Trump dejó muy claro durante su campaña que aplicaría una política diferente a la de Obama, quien había ratificado recientemente el Pacto de Paris contra el Cambio Climático. El nuevo presidente  cree que debe dar más facilidades a las industrias del petróleo y el carbón y ha llegado a tachar el calentamiento global de bulo fabricado en China para poner cortapisas reguladoras a la competitividad de las empresas estadounidenses.

El presidente republicano se alinea con la filosofía del partido favorable a los oleoductos, pero establece un marcaje al poner como condición la producción nacional del proyecto, en línea con sus giros proteccionistas, que rompen con el credo conservador.

La ruptura con la línea tradicional republicana de mantener grandes acuerdos sobre libre comercio, que alcanzó consensos con los demócratas, ha provocado disidencias en las propias filas del Partido, entre ellas la de John McCain. Sabemos que Trump no quiere el TPP, pero ignoramos lo que pondrá en su lugar y, con este vacío creado, hay varios países proclives a aprovecharlo para sus intereses, como es China en este último caso. 

Resulta significativo la elección de Scott Pruitt para el puesto de director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. Este fiscal de Oklahoma, un estado con fuertes intereses en ambas industrias, bloqueó varias regulaciones de Obama. 

A los ejecutivos de los grupos automovilísticos de General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler, les ha prometido incentivos fiscales y una rebaja de la carga de regulaciones a cambio de que potencien la producción nacional de vehículos destinados al mercado doméstico.

Previo a la investidura, mediante su vía favorita twitter, advirtió que impondría aranceles de un 35% a los vehículos fabricados en México y traídos a Estados Unidos. Varias corporaciones anunciaron de inmediato su intención de invertir en territorio nacional. Esto no es óbice para que algunas, como General Motors, hayan decidido mantener su proyecto en el país vecino. La consejera delegada de la empresa ha dicho que se mantendrá el plan inversionista 2014-2018 con 5 mil millones de dólares a invertir en el vecino latino. 

Todas estas órdenes ejecutivas a velocidad crucero, demuestran que cumple sus promesas, pero también que es consciente de que en la pelea dentro del Partido Republicano -con algunos nada entusiastas cuando salió su candidatura- podría encontrarse con que se trate de embridar sus excesos. Este miércoles, intencionadamente, antes de la visita de Peña Nieto, le tocó el turno al paquete migratorio.

Fiel a su estilo y a su imagen desea marcar territorio como uno de los escasos políticos cumplidores de su programa electoral. Es como si hubiera dicho "aquí estoy y esto es lo que soy y no me van a atemperar". A Estados Unidos le ha costado lo suyo liderar el mundo con su divisa de reserva y el estatuto del dólar podría quedar seriamente cuestionado este año con todas estas disposiciones proteccionistas.

PUIGDEMONT NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA

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Por Mirta Balea


Para el gobierno de la coalición Junts pel Si de Cataluña, la cita en Bruselas esta semana del presidente autonómico Carlés Puigdemont no ha cumplido con las expectativas ni los objetivos por los que fue trazada. Pero esto lo rumian solos, para el público dan la cara del éxito.

La conferencia del líder catalán en una sala reservada por sus acólitos en el parlamento europeo pretendía tener un eco mayor en Europa so propósito de poder explicar y adherir gente al proceso de ruptura con España.

La sala estaba llena, pero había pocos euro-diputados y los que fueron no resultan representativos, pues pertenecen a grupos minoritarios de independentistas de Bélgica y el norte de Europa.

El pulso continúa entre los gobiernos autonómico y central, pero el independentismo pasa por malos momentos. Los sondeos indican que no solo pierde fuelle el proceso en el campo nacional sino que nada tiene que decir al resto de los europeos.

El momento escogido para la conferencia tampoco fue acertado ante la incertidumbre generada entre las autoridades europeas la futura salida del Reino Unido de la comunidad.

El gobierno catalán había metido dinero en los grandes periódicos de Francia, Reino Unido e Italia, que sepamos, para promover el encuentro en Bruselas, pero ni así los medios de prensa internacionales han reflejado la cuestión como esperaban los independentistas. Ha pasado en realidad inadvertida.

El hecho de que en fecha reciente se negara a asistir a una reunión con los demás presidentes autonómicos y aprovechara para anunciar a voces que sí es sí y que tendría lugar un referendo para la ruptura -aun cuando se viole ley-, ha sido objeto de un debate en la reunión de control parlamentario en Cataluña este miércoles, aparte de los resultados de Bruselas.

Puigdemont se ha abstenido de desvelar el coste del viaje para los contribuyentes, pero la oposición lo ha cifrado en 120.000 euros. Tanto el gasto, la oportunidad y el quorum han centrado las discusiones parlamentarias. Resulta inexplicable que los quirófanos catalanes no funcionen el fin de semana por falta de presupuesto y se realice un desembolso tan inútil. Pero este es un ejemplo de que la ideología manda.

La finalidad de la conferencia, según Roger Torrent, portavoz de la coalición Junts pel Sí, era "avisar" al Partido Popular Europeo de que su homólogo en el gobierno de España busca dinamitar la libertad de expresión de los catalanes y eliminar su derecho a decidir.

El presidente de la Comunidad Autonómica de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, acudió al día siguiente a Bruselas y fue recibido por varios Comisarios. El propósito de la visita era hablar sobre el sector artesanal, que tiene mucho peso en su región, y buscar la protección en la piratería industrial del sector de la cuchillería, que mueve muchos puestos de trabajo.

En este recibimiento protocolario a un presidente autonómico español vemos la diferencia con el catalán: la Unión Europea acepta el sistema de Autonomías y censura a los secesionistas. Se tratara o no de una visita oficial, a Puigdemont no le recibe nadie.

No es que siquiera recibiera luz de gas, es que en contraste también tenemos otra visita, la de Susana Díaz, presidenta de Andalucía, recibida por el entonces presidente del Parlamento europeo Martin Schultz y varios Comisarios. Ella acudió con el respaldo de los partidos socialistas europeos, como lo hizo también García Page.

Esto parece un elemento clave en el panorama político catalán porque podría obligar a fijar posiciones a la díscola rama federal catalana del Partido Socialista Obrero Español, bajo la dirección de Miquel Iceta. Vaya por delante que el PSC no ha denunciado el viaje, pero en cambio ha pedido a Puigdemont, que negocie la financiación económica con el gobierno central, uno de los temas a tratar en la reunión de presidentes autonómicos a la que no asistió. 

La coalición de gobierno en Cataluña está en una carrera contra reloj para llegar a septiembre y no tener que convocar elecciones. Las fuerzas conjuntas del Partido Democrático de Cataluña, Ezquerra Republicana per Catalunya y la CUP (antisistemas) han entrado en el síndrome del plato en blanco con los sondeos.

Ahora mismo, el PDC y ERC se miran de soslayo porque las encuestas le dan un fuerte impulso a este último y para más inri, Puigdemont ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones. Esto se conforma en un escenario inédito en medio de la hoja de ruta del proyecto de ruptura, pero puede que en la mente del president esté una escapada definitiva de España.

Puigdemont nada tiene que perder, pero pretende preservar su imagen de comprometido con el referendo y se propone llegar hasta el final de esa hoja de ruta. Oriol Junqueras, de ERC, se lleva muy bien con la vice-presidenta Soraya Sanz de Santamaría - aunque no suponga una operación de diálogo fructífero-, pero al menos-como el mismo ha dicho-permite tender puentes. Se trata de marcar etapas en la maratón.

Ciudadanos cree que la foto de este martes en Bruselas es la de un gobierno sin apoyo internacional y que ha hecho el ridículo apostando por un camino inviable. El Partido Popular lo vio también como una falta de apoyos flagrante y destaca el aislamiento en que se hayan los independentistas catalanes en Europa.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtió que la misma ley que ampara a Puigdemont, protege la soberanía nacional y le impide realizar el referendo. "Estoy convencido-señalo previo al viaje del catalán a Bruselas- que Europa no admitirá la ruptura unilateral de una parte del territorio español".

El presidente Mariano Rajoy habló de mano tendida a Cataluña y se atrevió a decir que algunos responsables políticos de la Autonomía ven esto con buenos ojos. Refiriéndose a la coalición de gobierno advirtió que les iría mejor si buscaran esa mano tendida en lugar de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por los extremismos.

" En España se cumplirá la ley -aseguró-tanto como decir que se cumplirá la voluntad de los españoles" e invitó a quien quiera cambiar la Constitución a utilizar los mecanismos legales existentes.

Cataluña figura entre las Comunidades Autónomas que más empresas perdieron en 2016, unas 271, el triple que Navarra, que le sigue en el rating. De 531 recién instaladas en territorio catalán, que sumaban a las previamente establecidos, se dieron a la fuga 831.

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane, afirmó que los dirigentes institucionales catalanes están instalados en el modo de no cumplir con la ley y ante esto los empresarios huyen como de la peste.