EL CASO MARLASKA.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debió sumergirse en la absoluta desolación -en la sesión del Congreso del pasado martes, aunque no estaba solo, desde su bancada lo abrazaban los aplausos. En todo caso, se le vio dudar, según qué paso iba a dar, porque cada uno suponía descender más a un campo de minas.

Hay que reconocerle que intentó discutir racionalmente con sus adversarios, pero estos repetían machaconamente: ¿Por qué cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos?, refiriéndose a las verdaderas razones. Debió pensar: eres un profesional,¿ de qué tienes miedo? Venga ya, tío.

Y así se sometió al escrutinio brutal de un Congreso, en que los hipercríticos se ubicaban en el bando con la mitad de los votos del electorado, aunque el dato resulta irrelevante para las autoridades. Así que decidió moverse con cuidado.

Los reproches tenían que ver con un tema, que viene dando coletazos desde el pasado 25 de mayo. En esa fecha, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, propuso al secretario de Estado de Seguridad el cese del coronel Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia (de este cuerpo) en Madrid, por razones muy claras: pérdida de confianza por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones en respuesta a peticiones de la jueza


Grande-Marlaska alegó que se trataba de una remodelación del cuerpo y en el Senado lo negó todo. Hace solo dos días, fuentes oficiales aafirmaron que la petición irregular obedecía solo a los efectos del conocimiento no para saber el contenido de la investigación. La aclaración parecía pertinente para evitar que los involucrados pasaran por vulnerar la separación de poderes, protegida por la Constitución.

La carta de Gámez no se habría conocido si no la hubiese publicado el diario El Confidencial. que puntualizaba las razones para el fulminante cese; la negativa a revelar las investigaciones judiciales, bajo secreto del sumario, en las que colaboró el cuerpo para aclarar las responsabilidades por la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo, cuando ya se sabía la magnitud de la pandemia. En todo el territorio, se celebraron diferentes encuentros en los que participaron 130 mil personas. Posteriormente, varias de las participantes más célebres se contagiaron.

El cese implicó también la dimisión el 26 de mayo del teniente coronel Laurentino Ceña. como director adjunto operativo de la Guardia Civil, adelantando unos días su relevo, previsto para el 2 de junio. Esa misma semana se relevó al teniente general Fernando Santafé del Mando de Operaciones. 

Marlaska nombró al teniente coronel David Blanes, jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid. Pero esta no era la única opción del ministro, hubo otras diez proposiciones, rechazadas por los solicitados. Este mando era responsable del Aeropuerto de Baraja de la capital cuando el caso de Ábalos y su intervención en el viaje de una horas de la segunda del presidente Nicolas Maduro, Dalcy Rodríguez.

Este caso no ha sido dilucidado aún y recientemente, algunos empleados descontentos de la embajada venezolana en Madrid, revelaron que las maletas con oro, que portaba la señora Rodríguez, estaban en esa sede diplomática. El gobierno y Abalos negaron la existencia de tal equipaje. Según las fuentes citadas, llevaba dinero u oro para comprar voluntades en PSOE, Podemos y grupos afines para que ayudaran a introducir el comunismo en España.

Aparte de esto, lo que quedó claro en esa ocasión es que violando el acuerdo de Schengen, en el que la Unión Europea prohibía el paso de cualquier agente de Maduro por el espacio europeo, ella pisó suelo español al llegar al aeropuerto, pasar a una sala y conversar con Abalos y luego tomar de nuevo el avión turco, que la trasladaba a Venezuela.

Lo que dejó al descubierto la publicación de un documento reservado de la directora de la Guardia Civil por  El Confidencial es que el ministro mintió ante los diputados, a la prensa y en la rueda de prensa al afirmar que el cese era por una remodelación y no por no cooperar con el gobierno en saber sobre la investigación en curso y por la que fue citado como imputado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. 

En la tribuna parlamentaria había dicho el 27 de mayo que todo se debía "a un cambio de equipos. Un proceso natural de sustitución basado en la confianza...En los últimos tiempos se han realizado distintos cambios, que se han visto paralizados como consecuencia de la pandemia".

La jueza Carmen Rodríguez-Medel tiene abiertas diligencias contra Franco por un supuesto delito de prevaricación al no haber prohibido la susodicha manifestación del 8 de marzo y otras concentraciones y actos multitudinarios en los primeros días de marzo pese al conocimiento del Gobierno sobre la peligrosidad del Covid-19 y su grado de expansión en aquel momento.

Grande-Marlaska, como quien se sacude la pelusilla del traje, dijo ayer en el Congreso que el no cesó al coronel. Esto-dijo- fue obra del secretario de Interior a propuesta de la directora de la Guardia Civil, lo que, de acuerdo al documento disponible, es cierto. Sin embargo, uno se pregunta: ¿de quién depende este secretario?

El día anterior en el Senado, el ministro apuntó a que se había pedido una indicación sobre lo ocurrido con las investigaciones, preguntando por qué se ocultó a la cadena de mando. Como ex-juez, debía haber reconocido que rozaba peligrosamente la interferencia en una investigación, que requería la participación de los agentes.  

La destitución coincidió con la decisión de la jueza de avanzar el procedimiento contra Franco. De fuentes jurídicas ha trascendido la advertencia de Rodriguez-Medel que si el cese resulta ser una intromisión en una investigación en curso, tomará medidas. 

La magistrada ordenó a los agentes involucrados que le reportaran solo a ella. El atestado de 80 páginas, según su opinión, es resultado de una "magnífica investigación", a la que se agregó ayer un vídeo grabado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la televisión vasca en el que confirma el conocimiento por el gobierno de la gravedad del coronavirus, por lo que algunos países habían tomado ya "medidas superdrásticas", pero que desde luego "ella no iba a decirlo"..

El ministro defendió ayer ante el Congreso su derecho a conocer los temas en los que trabaja la Guardia Civil, para estar al tanto, en un intento de justificar las acusaciones de la oposición de intromisión en el Poder Judicial. Ninguno de los diputados, que participaron en las preguntas al titular de Interior, aceptó la excusa de que solo quería conocer de manera general lo que estaba haciendo Pérez de los Cobos sin intención de conocer el "contenido" de las investigaciones.

La interpelación que más tiempo ocupó y que resultó particularmente relevante fue la de Ciudadanos, cuyo representante, Edmundo Bal Fracnés, llegó a decir al ministro que las excusas para ajustar la cúpula de Interior lo colocan prácticamente como investigado en la causa.

Grande-Marlaska, en su afán de sacudirse toda responsabilidad, llegó a decir que el cese se debía a una filtración del informe del 8-M, añadiendo que si no lo había dicho antes fue por respeto a la carrera de Pérez de los Cobos, algo muy parecido a lo que ha venido diciendo en estos días el viepresidente Pablo Iglesias. En cuanto al presidente, Pedro Sanchez, hablo ayer en sede parlamentaria de que el ministro estaría destapando al la "mal llamada policía patriótica".

La Guardia Civil es la quinta institución mejor valorada por los ciudadanos.

La Abogacía del Estado, asumiendo la función de abogado del ministro, se posicionó en contra del informe "por falta de veracidad en sus conclusiones". Muchas asociaciones de jueces y fiscales y los principales sindicatos de los guardia civiles han pedido explicaciones a Interior sobre el cese de Pérez de los Cobos y demandan conocer claramente las razones para esa falta de confianza alegada. 


La Fiscalía de Madrid presentará a partir de hoy un informe sobre esta causa. Puede que -según algunas fuentes- esté sopesando si pedir el cierre de la investigación o esperar a la declaración de Franco para evaluar su postura. La Asociación de Fiscales ha considerado que lo ocurrido en este caso resulta una intromisión ilegítima del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil y sienta un inquietante precedente y supone un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad de que la Guardia Civil siempre ha hecho gala.

OK Diario ha revelado hoy que un funcionario adscrito a la delegación del Gobierno en Madrid, diplomado en Enfermería, confesó a la GC que había un plan del gobierno para "no alarmar" a la población por la expansión del virus para permitir la manifestación del 8 de marzo, pese a que la enfermedad estaba ya desbocada. Eso se suma a las declaraciones de dos médicas de la misma institución que aseguraron que el contagio aumentó tras esta falta de aviso a la población en los eventos anteriores y de la propia celebración del Día de la Mujer.. 

Con todo esto girando a su alrededor, la juez mantiene abierta la causa y realiza nuevos interrogatorios para esclarecer los hechos y puede incluso que saque una pieza aparte si el coronel no hizo más que negarse a dar información al gobierno sobre las pesquisas, lo que, según la ley, las autoridades no pueden exigirle.

Desparece en Europa cualquier pizca de humanidad hacia los refugiados

Por Mirta Balea

La Unión Europea (UE) intenta frenar la ola de refugiados encerrándolos en Turquía. Los países miembros acordaron darle 6 mil millones de euros y otorgarle algunas importantes concesiones históricas a Ankara a cambio de mantener dentro de sus fronteras un problema al que no desean enfrentarse.

Todos los emigrantes llegados a suelo europeo a partir de la firma de este acuerdo serán devueltos a Turquía, independientemente del país del que procedan y de si tienen derecho a asilo. Y esto es lo que genera muchas dudas, sobre todo en Amnistía Internacional y ACNUR, porque incluye a los sirios, que según las leyes europeas, tienen derecho de asilo al huir de un país en guerra.

Estamos presenciando la mayor hipocresía de la que son capaces los líderes de una Europa con "raíces cristianas", humanitaria, solidaria, un argumento que les ha servido para impedir precisamente la entrada de Turquía en su distinguido club. Además del dinero por taponar la frontera, Ankara ha logrado eliminar el visado para sus ciudadanos a Europa y acelerar las negociaciones estancadas sobre su eventual adhesión a la UE.

En una noche de insomnio, se han cargado de un plumazo todo el acerbo en materia de asilo, entre ellos la Convención del Estatuto del Refugiado, de 1941, pactada cuando tenían en la retina la II Guerra Mundial. Y lo mismo ocurre con la Carta de los Derechos Fundamentales. Los europeos tienen directivas en las que ha quedado establecido el asilo individual, caso por caso, y las expulsiones masivas están prohibidas.

El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, intentó explicar que en esas disposiciones figura la salvedad en cuanto a que si un país es considerado seguro para realizar la expulsión, que no es el caso de Turquía. El gobierno turco ha incumplido requisitos mínimos, como es proporcionar un estatuto de protección internacional a los refugiados, que suman millones en su territorio.

Dentro de poco el camino de estos emigrantes será de ida y vuelta, sean refugiados o simples emigrantes, se devolverán a territorio turco. Por cada refugiado que Turquía reciba de vuelta desde Grecia, otro será enviado desde Turquía a la UE de forma "legal", uno por otro. El que se arriesgue a coger una barca - según Juncker- será devuelto y colocado al final de la lista de reasentamiento, es decir, que se les castigará severamente.

Los líderes no tocaron siguiera de pasada la coordinación de una política de asilo en la que cada estado asuma una cuota de responsabilidad y deber cívico. Se ha preferido pasar por alto las cuotas asignadas  previamente a los estados y echar tierra sobre la ruta de los Balcanes. En estas, España tendría que haber asumido a unos 17 mil refugiados, pero de momento solo ha tenido capacidad para 18.

La UE pretende justificar la devolución masiva de refugiados a Turquía porque "apuesta por las vías legales", aunque todo lo acordado viola frontalmente su propia legislación, asumida cuando pretendían proteger a sus nacionales de los efectos de una devastadora guerra. Acogerán a ciudadanos sirios, pero solo a los traídos desde territorio turco. 

Cuatro pateras, llegadas esta mañana a la isla griega de Lesbos, de momento, se han salvado del acuerdo y Grecia les ha dado cobijo. El gobierno de Atenas está construyendo 15 centros, insuficientes para las 36 mil personas atrapadas en territorio heleno. Las opciones son solo dos, ir a Turquía o permanecer en el campamento. Las ONG han denunciado que el 70% de los niños está enfermo.

Naciones Unidas ha advertido que la decisión de expulsar a los emigrantes es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y hace notar que mientras exista un estado de guerra en Siria la entrada de la gente no podrá detenerse.

En tanto en los despachos deciden su suerte, los huídos esperan en condiciones infrahumanas, cada vez más duras, la oportunidad de seguir su camino en la frontera entre Grecia y Macedonia. Hay unas 16.000  personas agolpadas en el puesto fronterizo de Idomeni, algunas durmiendo al raso desde hace 14 días. Los servicios médicos y las medicinas son insuficientes y para conseguir un diminuto bocadillo deben hacer horas de cola. De eso se aprovechan las mafias para venderles comida por precios exorbitantes y la policía no lo impide. 

El campamento carece de tiendas de campaña, salvo que las hayan traído los propios refugiados, que solo cuentan con lonas para protegerse de las inclemencias del tiempo. Carecen de luz y anoche, bajo un aguacero torrencial, cundió el pánico en Idomeni cuando los padres buscaban a sus hijos en medio de las tinieblas. Se sabe que un niño murió en esas horas. 

El objetivo de la mayoría es avanzar hacia Alemania y soportan todo lo que les echen. Pagando a Turquía, Europa se ha deshecho, si cabe, de su última pizca de humanidad en favor de una ultraderecha cada vez más reaccionaria, ante la que claudican los partidos para no perder las próximas elecciones. Hay temor, sin dudas, en las poblaciones de esos países a la oleada de gente diferente y a que puedan colarse terroristas y esto bloquea la mente de la gente y las hace presa de las políticas más descabelladas, como el pacto alcanzado hoy.

Los medios españoles recordaron que en el pasado siglo cientos de sus parientes tuvieron que huir a otros países por las mismas razones que los sirios y otros pueblos lo hacen hoy: la guerra. La respuesta de Europa ha sido hacinarlos y que se queden en Turquía, que a fin de cuentas todavía no es suelo Europeo y con eso se curan en salud.

El ministro de Justicia quiere amordazar a la prensa española pero no le salen las cuentas

Por Mirta Balea

Como elemento novedoso en su afán de impartir justicia, el ministro Rafael Catalá ha sugerido como algo viable en democracia sancionar a los medios de prensa que se atrevan a publicar informes sobre filtraciones en caso de investigación judicial.

Ante la élite del Círculo Ecuestre de Barcelona, Catalá ha disfrazado su temor a la prensa y su interés por controlarla  (algo esbozado de forma tangencial en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía, Cristóbal Montoro), en que es necesario evitar que se formen "juicios paralelos" sobre personajes públicos imputados en casos de corrupción y fraude fiscal.

El ministro ha abogado abierta y claramente por "abrir un debate" sobre si deben fijarse límites a la información y algunos periodistas han recordado que este es el método por excelencia de los dictadores para cubrir sus propias pestilencias.

La preocupación del ministro surge a raíz de que en los últimos días la prensa se ocupara en especial de Rodrigo Rato, un insigne miembro del Partido Popular (PP) (en el gobierno), investigado en relación con delitos de cohecho y fraude fiscal. Las pruebas se han venido acumulando en su contra de manera que ha herido la sensibilidad de la gente de a pie, a la que la prensa ha pedido opinión.

Este personaje fue vicepresidente Económico del primer gobierno del PP a finales de los 90 presidido por José María Aznar, luego pasó a director general del Fondo Monetario Internacional y su regreso a España presidió el grupo bancario Bankia, al que saco a bolsa de manera fraudulenta y falsificando informes, según actas divulgadas por la prensa.

Este es quizás el mas sonante y reciente caso de corrupción del PP, pero ha habido otros, algunos en investigación durante los últimos seis años, como la trama Gurtel, o el de las cuentas B, ilegales, que se atribuyen al PP por su propio ex tesorero Luis Bárcenas, en la actualidad en prisión por otro delito.

El caso Gurtel, por ejemplo, fue filtrado a la prensa por miembros del propio PP, que entonces querían deshacerse de algunos de sus pesos pesados en la comunidad valenciana afines a Azanar, quien fuera presidente del gobierno y del partido.

Las conductas mediante el delito de revelación de secretos están tipificadas en el código penal español con sanciones para aquellos agentes de Fiscalía, Hacienda o jueces que filtren información de sumarios cerrados.

Ningún miembro de los sucesivos gobiernos españoles en democracia ni altos cargos de partidos representados en el Congreso se había atrevido hasta este miércoles a sostener que tales sanciones debían recaer también sobre los medios de prensa para evitar la publicación de artículos referidos a estos temas.

Lo más significativo de lo dicho por Catalá estaría escondido en su concepto personal sobre lo que es un gobierno y lo que es el Estado o sobre la importancia de la Ley de Leyes. De ahí que algunos altos cargos del PP y elementos cercanos al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, se hayan distanciado del ministro de Justicia y sus tésis.

Algo, sin embargo, tiene que haberse hablado en los últimos consejos de ministros, donde Catalá debió sacar el tema y no contó con los apoyos suficientes, porque en la misma comparecencia en la que soltó la "bomba" de la sanciones a los medios de prensa por informar, dijo que, de momento", no se había tenido el "arrojo" de colocar la mordaza a los periodistas para evitar a los políticos quedar expuestos ante la opinión pública. Porque de esto va todo el rollo.

En cambio insistió en la conveniencia de hacer una "reflexión" sobre el tema y hasta quizá que hubiera un debate, que la propia Constitución evitaría per se si nos atenemos a las libertades recogidas en ella como la de información y expresión, entre otras.

Ha dicho incluso que un político NO debería abandonar su carrera por el solo hecho de estar imputado en una causa.

Esto calza muy bien con las enmiendas a la ley en las que está enfrascado el gobierno del PP para eliminar el concepto de imputado y sustituirlo por el de investigado hasta que el juez decida en la causa si tiene delito, cuando pasaría a llamarse encausado.

Matices aparte estamos en presencia de un pensamiento institucional en materia de aplicación de la justicia cuando afecta a los políticos. Envuelto en tantos escándalos,  el gobierno del PP intenta preservar algo que será agua de borrajas en la medida en que las causas abiertas comiencen a cerrarse, porque también, entre las enmiendas, está acortar los términos de las investigaciones para que no sobrepasen los tres años.

Algunas de estas pueden muy bien calificarse de macrocausas por el volumen de información recogida durante años desde la punta de la madeja hasta poder llegar al meollo de la putrefacción.

El tiempo es lo que ha permitido en estas macrocausas que una información lleve a otra y esta a otra y la lista de imputados o de "investigados" alcance cifras astronómicas y haya dejado al descubierto a políticos conchabados para estafar al fisco y burlarse de los contribuyentes. En esto, como siempre, los destapes de la prensa han jugado su papel.

El peligro de tesis como las del ministro Catalá es que no solo son plausibles, sino que se proponen adormecer el sentido común.

Con esto quiero decir que, lo que en principio solo es una idea, se convierte en un hecho y finaliza así el carácter puramente especulativo de lo que se desea imponer.

Esta clase de ideas puede llevarnos a creer que tenemos una comprensión de los acontecimientos y de cómo se desarrollaran estos en el futuro  y nos olvidamos que los acontecimientos son hechos que interrumpen nuestra rutina y las proyecciones que se hacen -como la idea de Catalá- sería probable si los hombres no actuaran.

Cada acción -para bien o para mal-destruye todas las predicciones e incluso aquellas premisas de la prueba. 

Así que, si al ministro Catalá -al que su propio partido le ha dado varapalos por no haberle informado a tiempo de lo que se avecinaba- considera que la prensa estorba, será mejor que renuncie y deje a otro con más paciencia en su cargo porque esto solo acaba de empezar.

“Rechazo absoluto” de la Federación de la Prensa

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" contra la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "someter a debate y reflexión" si se debe sancionar a los medios de comunicación por publicar informaciones judiciales sobre casos bajo secreto de sumario.

"No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".

La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.

Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado", ha indicado.

Por último, ha incidido en que la FAPE cuenta con una comisión de arbitraje y quejas que contó con el apoyo del
anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recogido en una misiva.

Rusia se pone en marcha y Yanukovic dice que es el legítimo presidente

Por Mirta Balea

El presidente ruso Vladimir Putin ha puesto en alerta máxima -como si fuera a estallar la III Guerra Mundial- a las tropas de tierra y aire en los distritos del Oeste y Centro del país.

La comunidad internacional, sentada en su cómodo puesto de observación, se ha movido inquieta por la coincidencia de esas maniobras con el asentamiento en Kiev de un gobierno de transición al que Moscú insiste en desconocer.

A pesar de la explicación oficial de que se trata de la continuación de "verificaciones y controles sobre la preparación del Ejército", Occidente lo ve como un gesto de sacar músculo tras la pérdida de su estrecha alianza con el depuesto gobierno de Victor Yanukovic.

Los ejércitos rusos fronterizos con Ucrania son dos, con sede en San Petersburgo, y han sido movilizados unos 150,000 efectivos para ejercicios que deberían terminar mañana.

La demostración de fuerza parece innegable por parte de una poderosa nación que desde la huída de Yanukovic proclama la ilegitimidad del gobierno de unidad nacional y ha considerado el cambio en Kiev como una suerte de golpe de Estado de un grupo de "usurpadores".

Yanukovic, ante la negativa de Moscú a admitir el cambio, ha sacado pecho para decir que sigue siendo el presidente "legítimo" y rechaza a los usurpadores del Parlamento, a pesar de que siguen actuando los mismos diputados.

Rusia tiene en la península de Crimea su flota del Mar Negro. La base en Sebastopol se mantiene por un contrato arrendatario que Yanukovic extendió hasta el 2042 hace tres años.

El gobierno de Putin ha dejado claro que ve los cambios de los últimos días como "una amenaza real" para la vida y salud de los rusos en Ucrania.

El ministro de Defensa ha puesto su granito de arena en este afanoso patrioterismo para señalar que el ejército garantizará "la seguridad de sus instalaciones y arsenales", horas antes de iniciarse las maniobras, en teoría una continuación de las del pasado año.

La mitad al menos de los dos millones de habitantes de Crimea tiene nacionalidad rusa como parte de una política continuada de Moscú para mantener la otrora esfera de influencia de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Otras ex-repúblicas soviéticas están en el mismo caso.

La decisión reciente del Parlamento en Kiev de rebajar el estatuto del idioma ruso en el país, ha provocado el rechazo de grupos anexionistas, no solo en Crimea, sino en otras regiones del este y sur del país


En Semferopol, capital de la región, se han registrado esta misma semana enfrentamientos entre los partidarios del gobierno interino y favorables a la estabilidad nacional, y los llamados independentistas de la península, interesados en una anexión a Rusia.


Los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sí que se han tomado muy en serio las maniobras rusas y al término de una reunión en Bruselas reiteraron que "continuarán apoyando la independencia y soberanía de Ucrania y su integridad territorial, desarrollo democrático y principio de inviolabilidad de sus fronteras".

Estos postulados para los "otanistas" son claves para el mantenimiento de la estabilidad y seguridad en el este y centro de Europa y en todo el continente.

Estados Unidos, a través de su secretario de Estado John Kerry, fue más allá y advirtió directamente a Moscú que mantenga su palabra de no inmiscuirse en Ucrania.

La integridad de Ucrania debería estar garantizada por los acuerdos de Helsinki y por tratados firmados a mediados de los 90 del pasado siglo por Rusia, Ucrania y Estados Unidos a propósito de la caida del comunismo en Europa del Este.

Existe, sin embargo, una inminente amenaza de separatismo instigada desde Moscú, que sangra por la herida de haber perdido su control sobre Ucrania y anhela que la situación revierta, a poder ser con un golpe de Estado de los grupos prorrusos.

La tensión separatista en Crimea ralentiza al gobierno interino de Kiev en sus esfuerzos de unidad nacional.

El Parlamento no solo determinó bajar la calificación del idioma ruso en el país, sino que disolvió a las Aguilas Doradas (Berkut), unas fuerzas especiales del régimen de Yanukovic, responsables de los 82 muertos y cientos de heridos dejados por las revueltas populares.

La prensa dio a conocer hace unos días la imagen de un grupo de las Berkut en Lvov que pidió públicamente perdón por sus desmanes con toda probabilidad para salvar sus propias vidas. La cuestión es que los valores no sea crean por mucho que te arrodilles y clames por la tolerancia de aquellos a los que dañaste. 

El Parlamento  pareció romper ahora, en momentos tan decisivos, con el pasado comunista del país al retirar la estrella dorada, que se mantenía en el mástil del edificio de la cámara desde la época en que Ucrania formaba parte de la URSS. Fueron destruidas, asimismo, en todo el país más de 70 estatuas de Lenin.

Si alguien cree que Rusia no estaría dispuesta a intervenir militarmente en Ucrania, cuando Putin se revuelve en su cubil por haber visto fluir como el agua entre sus dedos la alianza alcanzada con Yanukovic, no tiene más que repasar la historia más reciente.

Durante la guerra de Georgia en 2008, los rusos invadieron Abjasia y Osetia del Sur con la excusa de "proteger a sus nacionales residentes en esos territorios", antes parte de la URSS.

Ucrania corre en estos momentos el peligro emanado de su división en dos sistemas diferentes, que han convivido con dificultades desde que se proclamara República en 1991 tras la desaparición de la URSS: el nacionalismo ucraniano, de corte europeísta, y el paneslavo prosoviético, que no ve con buenos ojos el acercamiento a Bruselas en detrimento de Moscú.

Este último - no hay que olvidarlo - tiene un pedigrí de largo y comprometido romance con el nacionalsocialismo alemán durante la II Guerra Mundial y de ayuda en los progroms contra los judíos.

Putin es un viejo zorro en política y puede que en esta ocasión se abstenga de dar en Ucrania un paso como el de 2008 en Georgia esgrimiendo la misma excusa de entonces. Es probable que sopese el peligro que traería a los intereses rusos en el Mar Negro y lo costoso que resultaría, además de que a la OTAN le resultaría imposible ignorar este tipo de acciones.

Con 82 muertos sobre sus hombros, Yanukovic está en capilla ardiente de enfrentar algún tipo de justicia internacional, como la creada en 1998 con el Tribunal Internacional Penal (TPI), en La Haya, para juzgar crímenes de genocidio, guerra y  lesa humanidad durante los conflictos de la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Si Rusia le da asilo al derrocado presidente -que es lo que todos esperan-, resultará difícil que el TPI pueda juzgarlo. Nadie conoce su paradero desde que volara la semana pasada a Crimea, pero tampoco se descarta que podría estar en territorio ruso.

El Parlamento en Kiev había aprobado el pasado día 25 una petición para que el huido presidente y sus más estrechos colaboradores fueran juzgados por el TPI. Con la caída del anterior gobierno, sus compatriotas y el mundo han sabido de la riqueza que ha amasado en todos estos años Yanukovic, junto a sus amigos, y sus vínculos con la oligarquía nacional, a la que colmó de prebendas.

Lo mejor sería, sin embargo, que lo juzgaran los propios ucranianos en sus tribunales. La ley debe imponerse también en el caso de los uniformados que participaron en la represión violenta de las manifestaciones, cuando su deber era cuidar a la población en vez de masacrarla.

Enlazar con: http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2014/02/ucrania-el-presidente-yanukovic-cede.html

España: la ley antiaborto española salta su primer escollo.

El ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardon

Por Mirta Balea

El Partido Popular (PP) - que gobierna España- ha encontrado el eslabón perdido a fin de que su ley anti-aborto siga el trámite de consultas en el Congreso. 

Con el 52% de la Cámara Baja a favor de seguir adelante, la norma habrá pasado el Rubicón después de las elecciones europeas el próximo 25 de mayo. Los resultados dirán al partido gobernante cómo están las apuestas y puede que, si no le son favorables, se replantee retirar la ley.


Los populares presentaron un frente unido ante los intentos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de provocar "la retirada inmediata del proyecto que autoriza el aborto tan solo en casos de violación o de peligro para la salud de la madre".

De 340 diputados en el hemiciclo, 183 (178 de estos del PP) votaron contra esta posibilidad. Los votos adicionales le vinieron del partido navarro UPN y del catalán Unió.

Una minoría de 153 diputados votó por la retirada del proyecto y seis se abstuvieron. Los que acompañaron al PSOE fueron los gallegos del BNG, los catalanes de ERC y CIU, los vascos de Amaiur y PNV y los nacionales de Unión del Pueblo y Democracia e Izquierda Unida.

La ley aprobada en 2010, basada en plazos y no en supuestos como la que sigue su curso en el Congreso, quedará derogada. Con esta se podía interrumpir el embarazo de forma voluntaria hasta las 14 semanas y en caso de malformación del feto, el plazo se ampliaba a 22.

El programa no solo ha provocado la ira de la izquierda y otros grupos nacionales y europeos desde su aprobación por el consejo de ministros a fines de diciembre, sino que ha despertado fuertes reticencias en el seno de la propia derecha. Dos varones del PP, al menos, han abogado en público por el voto en contra y varios diputados, también.

La disciplina de voto impuesta por las más altas instancias del PP cerró cualquier fisura interna que comprometiera la marcha de la norma. El diario El País supone que al partido gobernante "le pudo más el rechazo a la presión del PSOE que el malestar que despierta el texto".

Esto resultó corroborado por una de las diputadas díscola, Celia Villalobos, quien confesó que votó en contra de la moción socialista más por rechazo al PSOE que por el contenido de la misma.

La segunda autoridad del PSOE, Elena Valenciano, candidata a las elecciones europeas, dijo que el gobierno debía retirar la ley antes de esconderse tras los comicios del europarlamento para evitar el desgaste que le supone una iniciativa semejante.

La propia Valenciano, antes de la votación, instó a sus colegas del PP que "no voten como diputadas, lo que no votarían como mujeres".

Entre los grupos que votaron a favor de la moción de retirada de la ley, se escucharon calificaciones como "norma retrógrada", "brecha en igualdad social femenina", "paternalista", "insulto a las mujeres y al estado laico".


El proyecto de ley, que acaba de soslayar un escollo importante, ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presente a última hora en la votación. 

La letra deja de manifiesto que se le niega a la mujer la posibilidad de emancipación para decidir si quiere o no ser madre y se le sustrae de su autonomía al obviar de que todo el proceso, desde la concepción, pasando por el embarazo y por último el nacimiento, se desarrolla en exclusiva en el cuerpo femenino.

Algo como lo que sufren las creyentes en el ámbito religioso, en el que son marginadas, se las considera inferiores, solo dotadas para dar vida y sin capacidad social o argumental para cambiar las cosas.

Esta es suficiente razón para preguntarse por qué un gobierno debe legislar sobre el tema del aborto en un estado no confesional, cuando la ciencia se ha pronunciado sobre las limitaciones clínicas. 

La ley de Ruiz Gallardón pone de relieve que la mujer carece de derecho alguno a disponer libremente de su cuerpo y de la vida del nasciturus. Al tiempo que- en total contradicción con lo anterior- afirma que "protege la libertad de la gestante".

Las numerosas manifestaciones desarrolladas en Madrid y en una decena de ciudades españolas, como Barcelona, Cádiz y Santander, asi como las realizadas en Londres, Dublin o Lisboa, se han encargado de demostrar que el arraigo social resulta como mínimo cuestionable.

Muchos de los carteles portados por los manifestantes recordaban que obligar a una mujer a tener un hijo en un país donde el mercado laboral es precario, se han quitado numerosas e importantes ayudas sociales a la familia,  hay subempleo y se sustituye a trabajadores estables por otros más baratos, parece un ejercicio de cinismo.

No podemos olvidar, sin embargo, que vivimos en un mundo en el que las ideas sobre la aparición del ser humano basculan entre creacionistas y defensores de un diseño inteligente de origen divino y en el que el mapa del conocimiento tiene todavía mucha tela por donde cortar.

Un antiabortista rechazará el diagnóstico de malformación del feto como supuesto para el aborto, al igual que lo hace la Iglesia católica, o que una mujer violada debe, para proteger la vida, parir al fruto de su desgracia.

Los periódicos tienen sus opiniones también, pero antes de leerlas sería bueno saber la corriente ideológica a la que responden para valorar con justicia lo que dicen. Aquí les dejo un link con el periódico español La Razón en defensa de la ley.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/5472530/sociedad/el-pp-supera-la-votacion-secreta-y-cierra-filas-con-la-reforma-del-aborto#.Uvuw52J5NbE

La ley que se pretende derogar no está hecha sobre supuestos como la lanzada por Ruiz Gallardón, sino sobre plazos, según las recomendaciones aceptadas por la Medicina moderna, tal y como ocurre en Suiza, por poner un ejemplo.

Los suizos aprobaron en 2002 una ley por la que una mujer puede decidir sobre interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas a cargo del seguro médico obligatorio.

La Iglesia católica suiza nunca se ha ocupado de lo que legislan los civiles, tanto si es una norma sobre el aborto o el permiso al matrimonio entre homosexuales, porque esto no les incumbe. Lo que en realidad sí entra en su campo es persuadir a la gente a no abortar mediante los púlpitos en los templos o en conversaciones personales con sus feligreses o con aquel que desee escuchar otro punto de vista.

En España, se dispone de un sistema político que presenta un conflicto: la función pública resulta la oportunidad de sacar ventajas ideológicas y económicas y por eso la mayoría de leyes no se forjan bajo el sistema del consenso.

Manifestación contra la ley del PP en la plaza de Neptuno, en Maddid.

Los gobiernos se eligen en democracia para tomar decisiones que nos afectan a todos. En cambio, ha habido en la repercusión nacional de la ley una mediatización tal que hace pensar en que las agendas privadas imponen sus criterios por encima de cualquier otra consideración.

El gobierno dijo que había "presión social para cambiarla" y mintió, porque tal presión venía de la Conferencia Episcopal, a la que tampoco, por cierto, le gusta la propuesta de Ruiz Gallardón.

La Iglesia no admite siquiera la mera presunción de abortar, así que lo que quiere y por lo que aboga es por la prohibición tácita, sin plazos o supuestos.

La revista científica Lancit publicó el pasado año un estudio en el que dejaba constancia de las perniciosas consecuencias de una ley restrictiva. Observaba ademas que esto se vería agravado si no se disponía de una política sexual, de la que carecen España y otros países y a lo que se opone también la Iglesia católica.

La mujer debería poder actuar en conciencia y enfrentar sus propios dilemas como embarazada dentro de sus propias creencias y no las de otros. Y el estado no debería tener cátedra en la decisión de abortar porque es ella la que afrontará las consecuencias cualesquiera que sean, tanto si aborta como si da a luz.

La ley debe proteger ante todo a la mujer, un ser social y jurídico, y no una quimera biológica. A nadie se le ocurre pensar que un feto es más que algo en las fronteras inciertas del viente femenino.

Solo la madre, admiten los psicólogos, puede conectar con el feto, son las más concernidas, y, en cambio, toda vez que se plantea una ley sobre el aborto, su visión y sus opciones son ignoradas.

La norma impulsada por el ministro español de Justicia es una postura moral, abanderada solo por un sesgo social opuesto siempre a un consenso sobre el tema.

En una sociedad, no todas las personas comparten las mismas opiniones o intereses, no todos profesan la misma religión, algunas personas ni siquiera son creyentes, y no por eso dejan de tener derechos o sus opciones carecen de valor o se las puede presentar como asesinos de bebés (hablando del nonato), algo que repitieron muchos católicos en encuestas periodísticas al juzgar a quienes se oponían a la ley.

El relato sobre la vida que hace el gobierno español no se sostiene. El aborto no es algo que pueda limitarse al discurso sobre el derecho del feto a la vida, porque esta es una batalla que trata también de la libertad reproductiva y de las condiciones futuras del mismo en cuanto a alcanzar condiciones de vida dignas.

No hay en España, ni ha habido, un imperativo social para cambiar la ley del 2010. Es solo la complacencia de un gobierno para con la Iglesia católica, opuesta radicalmente a la anterior, que permitía contemplar las condiciones de prosperidad del nonato y sus posibilidades y viabilidad.

El gobierno ha desconocido a sabiendas a la enorme masa femenina opuesta a la ley, lo que habría salido a la luz con un simple referendo. Ahora habrá que esperar al verano donde podríamos encontrarnos con un hágase la luz o su contrario.

Grecia: los pronazis no pueden formar parte de la democracia

El pueblo griego contra Aurora Dorada

Por Mirta Balea


El proceso iniciado hoy en Atenas contra miembros de Amanecer Dorado (AD) podría convertirse en el primer paso para la eliminación de un partido ultraderechista pro-nazi, que tiene en su haber al menos 10 asesinatos, según la Fiscalía del Estado, blanqueo de dinero, otros delitos fiscales y trata de personas.


La Fiscalía ha pensado también en restar a la organización las ayudas que recibe de las arcas públicas habida cuenta de su currículo criminal.


El líder de AD, Nikolaos Mijaloliakos, resultó apresado también en la redada hace dos días para cumplir con 38 órdenes de arresto de la Fiscalía, que han puesto entre rejas hasta el momento a una treintena de militantes ultraderechistas y pro-nazis.


Mijaloliakos, ex-paracaidista del ejército griego, se ha declarado, como el resto de los miembros de AD, nacionalista y racista. Sus discursos xenófobos durante la precampaña electoral de 2012 mostraban su lado más oscuro, por si alguien tenía dudas. 


Los fundadores de AD en 1980 se veían a sí mismos como los herederos de Hitler y Mussolini. En su mayoría habían formado parte de los cuerpos militares creados en la posguerra por el gobierno intervencionista británico para impedir el ascenso del comunismo en el país y simpatizaban con el derrocado régimen de Los Coroneles.



El movimiento -aupado por el desempleo y la pobreza agravados por la crisis económica mundial- se hizo en las elecciones de junio de 2012 con 18 de 300 escaños parlamentarios. Haberles permitido entrar en la contienda electoral parece ahora un craso error teniendo en cuenta que ya entonces se les investigaba por participar en actos violentos.




Sobre todo su retórica anti-emigración, que inundó la campaña electoral, resultó cautivadora para jóvenes, muchos de los cuales no son nazis aunque le votaran, pero se hallan desesperados ante la carencia de futuro por el desastre económico en el que navega el país y tienen necesidad de culpar a los inmigrantes de su mala suerte.




El ministro de Orden Público lanzó un haz de esperanza a la comunidad internacional y en especial a la Unión Europea sobre el equilibrio y normalidad del gobierno de Atenas. Dijo que en Grecia no hay lugar para las organizaciones criminales, aun cuando tengan la apariencia de partido político.

El líder de AD

 El pasado día 18 un miembro de AD, Yorgos Rupakias, asesinó a puñaladas al rapero antifascista Pavlos Fissas tras una discusión en el suburbio ateniense de Keratsimi.


Este hecho nos sitúa en la realidad de que cualquiera de los miembros de la organización -en su mayoría en edades entre 18 y 35 años- tiene ya un currículo de episodios de violencia antirracista y xenófoba, llevados a cabo con impunidad en muchas ciudades donde la policía mira hacia otro lado.


Los griegos se volvieron contra el asesinato de Fissas y marcharon el pasado miércoles hacia las oficinas de AD. La ola de ira envolvió a Atenas contra un partido conocido desde siempre por su filiación nazi y que hasta ahora había sido inmune a las acusaciones de brutalidad y de violencia.



Lo cierto es que Grecia ha conocido pocos momentos de ejercicio real de la democracia desde finales de la II Guerra Mundial porque según los acuerdos de Yalta entre las potencias del eje, Gran Bretaña y Estados Unidos tendrían como zona de influencia a al país heleno y la Unión Soviética la tendría en Bulgaria y Rumania en la zona de los Balcanes.


Fue el momento del reparto realizado poco antes de finalizar el conflicto y que muchos ingenuos creen aún que es una leyenda.


El Ejercito de Liberación Popular Griego (ELAS), que trajo en jaque a los alemanes durante toda la guerra, tuvo no solo que enfrentar a los nazis, sino también a los colaboradores ultraderechistas, primero de las Bandas Z, lideradas por el soldado chipriota Georgius Grivas, apoyado por el servicio secreto británico.


El primer ministro Winston Churchill temía que los comunistas, o la izquierda en general, pudiera apropiarse del gobierno de posguerra y que la Unión Soviética captara a Grecia como uno más de sus estados satélites.


En esta lucha por impedir al ELAS llegar al poder, siendo la mayor guerrilla griega, con gran arraigo popular y que plantó cara a los nazis, a fines de 1944 los británicos formaron un nuevo ejército bajo el acrónimo de LOK, un grupo de asalto a las órdenes del Mariscal de Campo Alexander Papagos, para combatirla. 

 

Los gobiernos de derecha que se sucedieron tras las primeras elecciones de 1947, en la que la izquierda -cometiendo un error estratégico- no quiso participar porque los británicos seguían como fuerza intrusiva en el país, resultaron en la práctica, como esperaba Churchill, un instrumento en la posguerra de las fuerzas que lideraron la guerra. Ninguno de los países involucrados tenía en mente perder los territorios de influencia repartidos en Yalta.

 

 

El gobierno de la Unión de Centro (UC), de Georgius Papandreu, que limpiamente ganó las elecciones en 1963, duró solo cuatro años, antes de que la CIA orquestara un golpe de estado, coordinado por su jefe de estación en Atenas, Jack Maury, junto al Rey, el ejército y los servicios secretos griegos.

 

 

Con esto se evitó una nueva victoria de la UC en 1967 y se dio paso a la dictadura más despiadada conocida como de Los Coroneles. Para entonces, el partido era bicéfalo, con el hijo de Papandreu, Andreas, quien después constituyó el PSOK, caído a consecuencia de la actual crisis.

 

 

Manifestación de AD en 2010

 

 

Los griegos se despertaron con el Ejército controlándolo todo y al coronel Georgios Papadopoulus, jefe de la Junta, declarando que habían tomado el poder para proteger la democracia, la libertad y la felicidad. Once artículos de la Constitución resultaron suspendidos y la gente podía ser arrestada en el acto sin garantías y llevada ante tribunales militares.

 

 

Se prohibieron las manifestaciones y las huelgas y se congelaron las cuentas bancarias. La Junta de los Coroneles consolidó su poder con un régimen de encarcelación y tortura como no se había visto en Europa desde la II Guerra Mundial.

 

 

Comunistas, socialistas, artistas, académicos, periodistas, estudiantes, mujeres con actividad política y sacerdotes, incluidos amigos y familiares de todos ellos, fueron torturados de la manera más vil. 

 

Este es el régimen por el que suspira AD. Así cobran importancia las palabras del ministro de Orden Público y del propio primer ministro Antonis Samara, líder de Nueva Democracia, de que no habrá elecciones anticipadas, el gabinete y el parlamento continuarán su funcionamiento normal y la justicia se encargará del resto.

 

 

El caso está en manos del sistema judicial- dijo Samara para alzarse sobre las voces que claman ahora por la Constitución en cuanto a que un diputado no pierde su condición si no existe una sentencia judicial previa.

 

 

 

Pocas veces en la historia de la República Helena se ha dado el caso de que la democracia triunfe, pero desde finales de los 80 del pasado siglo viene haciéndolo, aunque con muchas dificultades.

 

 

España: puede que haya habido algunos pecadillos, pero ¿qué mas da?

Por Mirta Balea



En tiempos de los faraones egipcios, si un escriba pensaba (o el propio soberano) que el texto al que daba forma podía mejorarse o embellecerse añadiendo, omitiendo o modificando algo, lo hacía a su guisa. No hace mucho, los copistas demostraban su talento transformando también el texto en el que trabajaban. Y no digo que con esto nació el secreto, pero creo que se institucionalizó.


El secreto tiene vida propia y siempre quiere escaparse. Cuanto más grave, más cuesta guardarlo, y así nace el deseo de compartirlo con alguien y luego uno se lamenta de haber hablado, pero es tarde y hay que pagar.


Hay en España turbadoras semejanzas entre todos los casos de corrupción que pasan por los tribunales en estos días: están involucrados por igual políticos, sindicalistas y hasta la familia Real y todos, sin excepción, han tenido poder en un momento dado para hacer lo que hicieron y ahora no quieren -cuando se les ha descubierto- pagar por esto.


Pienso que la mayoría de sistemas de justicia criminal no pretenden condenar a los políticos, aun cuando sean culpables, sino dar a los jueces artillería para salvar su propia cara en caso de que deban dejarlos salir airosos. Espero que no llegue el día en que donde menos peligro corra nuestra libertad sea en prisión, me dijo hace unos días un amigo.


La comparecencia del presidente Mariano Rajoy ante el Parlamento el pasado primero de agosto me ha permitido observar al hombre y sus gestos: el cuerpo echado hacia delante para mostrar interés en el problema, las manos bajo la mesa o sobre el regazo para ocultar información y, en los momentos cumbres de su intervención, movimientos verticales de la cabeza para dar fuerza y consistencia a lo que decía. El control del tono es lo que a veces hace que falle lo anterior y te delates.


El jefe de gobierno se ha visto obligado por la presión de la calle, de los medios de comunicación y de la oposición a comparecer ante la Cámara para abordar la implicación del Partido Popular (PP) en el caso Luis Bárcenas, un proceso de corrupción en el que se haya involucrado el ex-tesorero de la organización y varios miembros de la cúpula, entre ellos el propio Rajoy.


Este ha dicho que su intención al hablar ante los legisladores era "frenar la erosión", como si resultara suficiente poner la mano ante la montaña y evitar que ésta te caiga encima.


El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tuvo una oportunidad de oro durante esa comparecencia para hacer realidad su amenaza de que presentaría una moción de censura y la dejó pasar. Habría contado con los votos de la mayoría de la oposición parlamentaria, que pedía la dimisión del Gobierno prácticamente a gritos, a excepción de los catalanes de CIU.



Y la dejó pasar por que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, según las encuestas, no sería el mejor candidato a la presidencia de convocarse elecciones anticipadas y en el resto de la oposición tampoco se vislumbra una figura que proporcione confianza a los votantes.

Como tantos otros políticos, ha luchado a brazo partido por llegar a la cúpula de su organización y se resiste ceder la poltrona a otro, desea ser presidente de España, como Rajoy, que, cuando perdió las elecciones del 2004 y todos pensaban que renunciaría, no lo hizo. Quería mantenerse en las quinielas. Ambos lo han querido siempre.


Rajoy con la barbilla elevada, que denota altanería y soberbía porque cree estar en posesión de la verdad, le espetó al final de su discurso al Rubalcaba que no lo amenazara (refiriéndose a la moción de censura).


La falta de explicaciones y transparencia en el caso Bárcenas ha causado al menos dos bajas en el PP: Jesús Escudero y Pedro Hernández, concejales, que abandonaron la organización el pasado marzo, no si antes desmarcarse de la política de la alta jerarquía sobre Bárcenas, al que se le mantenía -en componenda con Rajoy- un despacho en la sede del PP en la calle Génova, una secretaria y un chófer, lo que no impidió al ex-tesorero burlar la confianza de hasta entonces su amigo y cargar con dos cajas de documentos.


A Bárcenas se le ocurrió tirar de la manta cuando percibió que el PP dejaba de apoyarlo al pedirle, la número dos de la organización, María Dolores de Cospedal, que también tiene sus pecadillos en este proceso, que abandonara el cargo. La prensa se encargó de azuzarlo y luego el ex-senador se enteró de algunos comentarios del presidente, que intentaba quitarse de encima los mechones muertos del rapado a que se había sometido a su amigo en los últimos meses.


Barcenás pasó de gerente a tesorero del PP por orden de Rajoy, así que no le quedaba otra al presidente que reconocer su error. "Me equivoqué", dijo, para agregar que "carecía de razones para desconfiar de él", lo que se asemeja mucho a un cuento para niños.


El ex-senador del PP estaba siendo acusado desde el año 2009 y se intentaba desnudarlo de su aforamiento como miembro del Congreso para juzgarlo por otro caso de corrupción, el llamado Gurtel, y Rajoy seguía sin creérselo. Ni siquiera tomó la decisión preventiva de apartarlo del cargo de gerente sino que lo nombró tesorero para más inri. Más adelante porque todavía no sabía lo de los 42 millones de euros mal habidos en cuentas suizas.


Rubalcaba le recordó que después de conocerse este hecho, Rajoy mantuvo amistosos correos con el ex-tesorero y reiteró lo que la mayoría de voceros de los partidos dijeron en el hemiciclo, que " no es creíble que el señor Bárcenas falsificara durante 20 años la contabilidad de la organización" y nadie lo supiera.


Con esto último, hacía alusión a que la contabilidad B de Bárcenas, llevada al margen de la oficial y en la que destacan sobresueldos y otras prebendas a personajes del partido y empresarios amigos, resultó conocida a través de los diarios El País, primero en informar de estos hechos, y El Mundo, en el transcurso de este años. Ambos publicaron diversos documentos probatorios de lo denunciado en cada ocasión.


Rajoy tuvo más de una oportunidad para aceptar que el PP habría podido beneficiarse de financiación irregular y de prometer una investigación en toda regla para tomar medidas de prevención de hechos similares en el futuro.


Ante los legisladores no le quedó otra que admitir que el PP  pagaba sueldos y remuneraciones complementarias "como en toda partes", pero para elevar un poco la moral de sus filas agregó que todo eso se hizo en blanco y se declaró a la Hacienda Pública, lo que para nada se ha demostrado hasta el momento.


La Tesorería del Estado anda con la lengua afuera buscando tales declaraciones y no las ha encontrado. El presidente, al afirmarse en lo de que Hacienda somos todos, lo hizo con una rigidez en el rostro, mostrando una total falta de empatía sobre lo que hablaba.



"Si todo lo que aparece en los papeles de Bárcenas es tan cierto como en lo que a mí se refiere, estamos ante una asombrosa colección de falsedades que la Justicia aclarará", un tema que le sirvió para reafirmar que no dimitirá por mucho que los legisladores y la calle se lo pidan y que esperará para dar cualquier paso a que la Justicia se pronuncie.



Esto último, teniendo en cuenta lo "rápido" que transcurren los juicios anticorrupción en España, podría muy bien suceder al final de su actual mandato, es decir, dos años más. Rajoy recordó que muchos políticos, incluido Rubalcaba, se han valido de esta fórmula en otras ocasiones cuando el asunto ha afectado a sus propias filas y en esto tiene razón.


Reiteró, lo que había dicho antes para negarse a comparecer, y es que no estaba obligado a dar explicaciones sobre estos hechos, aunque en eso se equivoca. Un presidente no puede tener sobre sí ni la más mínima sospecha de corrupción y demostrar el desinterés más absoluto, como aquel que dice ¿qué más da?, en explicarse ante los ciudadanos y sus iguales.


Aquí no hablamos de un verso suelto en un poema sino de una rima total en el caso Bárcenas y por simpatía en el caso Gurtel, procesos en los que PP está particularmente muy involucrado, le guste o no al presidente español. Es cierto que un acusado no tiene que demostrar su inocencia, sino los jueces su culpabilidad. En el caso de un mandatario va a ser que no funciona igual.

Ver: http://lasnoticiasdemirta.blogspot.com.es/2013_07_01_archive.html

 

España: el abuso de los bancos

Por Mirta Balea


Uno nunca puede explicarse exactamente de dónde viene la tristeza, si del corazón de la gente o de la tragedia que a veces nos rodea. Tal vez poco puede hacerse para conjurarla, salvo que ese tumultuoso y gargantuesco dolor pueda compartirse con los demás si los otros penan también por lo mismo, en una suerte de duelo común.


Recuerdo a una manifestante en Atenas gritando "esto no es democracia, no nos dejan ni protestar, esto es una dictadura". En el mundo global en que vivimos, priman los mercados ergo no manda el gobierno y eso enluta el alma de los ciudadanos, quienes pensaban que la democracia se había ido imponiendo, no solo por la convicción racional de que resultaba un buen sistema de organización social, sino porque se hacía evidente que era el más fuerte. Donde parece más consolidada, sin embargo, afloran sus limitaciones.


Europa entera ha sufrido el vapuleo histórico de la crisis de las hipotecas y de la deuda. La realidad es que no solo los panzer de la austeridad arrasan con el estado de bienestar, tanto si los vemos actuar de manera local o en lo global. En España, la crisis moral del sistema muestra un espolón importante, el mismo que ha dejado al desnudo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) hace apenas unos días.


El alto tribunal continental ha confirmado que la regulación procesal española desprotege al consumidor en el contrato hipotecario frente a los bancos voraces, al permitir que pierda la propiedad y se vea en la calle antes de que puede ejercitar una acción por daños y perjuicios. Es decir, como si un enfermero empezara a hacerte el boca a boca y de repente lo dejara porque piensa que vas a morir de todas maneras.


La sentencia ha puesto en manos de los jueces los útiles para paralizar los desahucios en tanto se estudia la letra pequeña de los contratos. Después, el procedimiento seguirá su curso. Hasta el momento, el gobierno ha impedido a los jueces tomar medidas cautelares y paralizar el embargo, lo que, según el tribunal, contraviene una norma de la Unión Europea de obligado cumplimiento.


Los bancos se han aprovechado del impago para imponer un 20% de interés por la deuda y se quedan además con la casa, con lo que jamás terminas de pagarla. Un juicio supondría una indemnización en caso de ganarlo, pero no la devolución del inmueble. Ningún gobierno español ha querido nunca plantar cara a los bancos en este tema.


El parlamento europeo han censurado también a la legislación española en un tema tan delicado. Su presidente Martin Schultz ha dejado claro que Europa debe proteger a los ciudadanos de los efectos de la crisis y anunció que habrá una nueva ley de Hipotecas de la UE que podría votarse en mayo próximo.

Los desahucios ejecutados por las entidades bancarias y financieras en España han provocado una gran rebelión social, quizá más efectiva y dinámica que las manifestaciones contra la reforma laboral, sucedidas a lo largo del 2012. Se han dado incluso casos puntuales de suicidios de los embargados, a punto de ser expulsados manu militari de su vivienda.


Estos ciudadanos crearon una Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH), que recogió millón y medio de firmas y presentó el pasado día 4 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aceptada a trámite, y que cuenta también con el respaldo de jueces y funcionarios judiciales, testigos impotentes de los desahucios.

 

 



Amaia Egaña en su viaje al tanatorio

Una mujer de 53 años llamada Amaia Egaña dejó abierta la puerta de su casa para evitar la llamada al timbre de una comisión judicial encargada de su embargo. Ella no esperó a que entrara en el domicilio la fuerza policial. Se encaramó en una silla y se lanzó desde un cuarto piso y no sobrevivió a la caída. Y esto ocurría en el mismo mes de noviembre del 2012, en que el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba un Código de Buenas Prácticas, que, sospechosamente, la banca asumió de manera masiva y que tenía como objetivo evitar que las familias más vulnerables perdieran sus casas. 

 

 

El resultado no fue el esperado y se conoció de otro suicidio, el de un matrimonio. Los bancos seguían ejecutando los embargos y la sociedad se enfurecía cada vez más, a tal punto, que la banca se asustó y lo mismo, los políticos. Era un puño de acero demasiado cerca de sus caras, así que la patronal de bancos y cajas anunció la suspensión de los desahucios.



Los activistas de la PAH han conseguido desbloquear expedientos en los bancos. La última manifestación con este fin tuvo lugar en Barcelona, frente a las oficinas del Banco Popular a mediados de este mes. Ya lo dijo Platón, la mejor noche es la que transcurre sin sueños.


La decisión del TJE pesará en las iniciativas en manos del Congreso: una muy discreta del gobierno y la ILP. La abogada general del alto tribunal, Juliane Kokott, estableció que si se vulneran los derechos de defensa del desahuciado, este tiene el caso perdido de antemano, puesto que lo sacan de inmediato de su casa y ésta sale a subasta antes de que pueda apelar.


Los ciudadanos deben tener, según la sentencia del TJE, un recurso legal eficaz para demostrar que las características del préstamos podrían ser abusivas y detener la ejecución el embargo hasta una resolución judicial.


Las reivindicaciones de la PAH consisten en la dación de pago con carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y la creación de un parque de alquiler de viviendas sociales a precio razonable. Los bancos han respondido que, de aprobarse todo esto, las condiciones de los préstamos para las hipotecas serían más duras.


Representantes de los bancos y registradores de la propiedad cruzaron espadas poco antes de que fuera presentada la ILP. Los primeros consideran que la presencia de un fedatario público, encargado de velar por las cláusulas contractuales, debería ser garantía suficiente para el deudor. Pero resulta que ese control por parte del Registro quedó abolido en 2007 por la Ley Hipotecaria aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del resto de los partidos.


El gobierno de Rajoy se ha apresurado a informar, tras la sentencia del TJE, que procerá con celeridad a introducir los cambios para adaptar la ley a la norma europea, que venía infringiéndose. Es decir, las reglas del juego podrían cambiar en favor del consumidor. Para saberlo, habrá que esperar a la sesión parlamentaria en la que se aprueben las nuevas normas.