España: Estrasburgo desestima la doctrina Parot

Ines del Río  ante la Audiencia Nacional.

Por Mirta Balea


La razón por la cual los españoles han asistido perplejos a los crímenes de ETA en todos estos años ha sido que los valores humanos son incognoscibles para la banda terrorista vasca, a no ser que estén en función de sus propias necesidades.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha abierto las puertas recientemente a la excarcelación de terroristas etarras, al igual que a violadores y asesinos múltiples. La Gran Sala de Estrasburgo ha sentenciado que España violó los derechos de la ciudadana Inés del Río ( con 26 asesinatos directos a sus espaldas) al aplicarle en 2008 la llamada doctrina Parot.


Esta fórmula ideada a nivel penitenciario para compensar de algún modo las carencias del Código Penal permitió que los sujetos del disparo en la nuca, el secuestro y la extorsión cumplieran íntegras sus penas para evitar nuevas desgracias si salían antes de tiempo. Estas fueron elevadas en 1995 de 30 a 40 años.


A partir de la sentencia europea, 30 recursos en Estrasburgo tendrán la misma aplicación, pero afectará también a unos 130 casos en tres años.


Del Rio fue liberada ayer de forma inmediata por la Audiencia Nacional siguiendo a la sentencia del TEDH. La decisión resulta vinculante para el Estado y no cabe recurso, según han revelado fuentes el ministerio de Justicia.


Los jueces europeos consideran que la terrorista no podía prever que el Tribunal Supremo español modificaría su jurisprudencia en 2006 en cuanto a  los beneficios penitenciarios para que los asesinos implicados en atentados y otras muertes cumplieran de forma efectiva 40 años con la Parot.


De los 17 magistrados europeos, 15 votaron a favor, entre ellos el español Luis López Guerra, en cuanto a que España violó el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al entender porque aplicó de forma retroactiva el alcance de la ejecución de la pena y no solo su modalidad.


El Gobierno avisa que no permitirá que los "etarras sean recibidos como héroes" y se dispone el viernes, en el Consejo de Ministros, a aprobar el Estatuto de la Víctima para reforzar los derechos procesales y de otro tipo y darle a ésta mayor protagonismo en las causas.


La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) convocó para el domingo una manifestación, a la que asistirá la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, contra la sentencia de Estrasburgo y ha exigido al Gobierno del Partido Popular (PP) que no acate el fallo.


Del Rio actuó, junto a otros miembros del Comando Madrid, sin compasión y nunca se ha arrepentido de sus crímenes. Son los jueces de Estrasburgo quienes han hecho el trabajo de exonerarla.


De cumplirse con la doctrina Parot, Del Río habría finalizado su condena en 2017, pero el TEDH atendió su recurso y decidió que saliera de inmediato de la cárcel.


La etarra había sido condenada a más de 3,000 años de cárcel, de los que 2,232 correspondían a sus actividades en el Comando, a las órdenes del huido Ignacio de Juana Chaos.


El TEDH se ha inmiscuido de lleno en la interpretación de una fórmula penitenciaria de rango inferior a la legislación preexistente, según algunos juristas. Esta podría ser una de las razones por las que la AVT y la mayoría de españoles no comprenden esta inclinación del Alto Tribunal al juicio moral.


A muchos asombra la velocidad del Gobierno en cumplir la sentencia, que otros estados europeos en situaciones similares no han acatado, y que contradice su propia actitud de no acometer una sentencia anterior del mismo tribunal para desmantelar las fachadas electorales de ETA. Ni los socialistas en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ni los populares en la actualidad, se han atrevido a entrarle a esta tarea con la manga al codo.


La banda ha comenzado a celebrar la aplicación de una ley franquista de 1973 y luego habrá quien diga que la historia no tiene su guasa.

Tribunal de Estrasburgo.

Las acciones del Comando sembraron de víctimas las calles de Madrid. Según algunos medios, los años 80 de la democracia fueron los peores, y resultó ser uno de los más sanguinarios entre todos los grupos etarras.


López Guerra, el magistrado español de Estrasburgo, no puede alegar ignorancia sobre el tema juzgado y aun así aprobó la sentencia, un explícito desprecio a la necesaria equidad del reproche penal.


¿No se habrán dejado llevar los jueces por el aforismo de "entender es perdonar" porque en una empatía distorsionada piensan que alguien "debe tener" alguna razón para hacer algo horrible?



Lopez fue catapultado a Estrasburgo durante el gobierno de Zapatero por sus vínculos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el único fin de que cuando Del Río presentara su recurso, apoyara el voto contra la doctrina Parot e influyera en el resto de los magistrados.


Cuando fue nombrado, la Asociación Profesional de la Magistratura impugnó la propuesta porque había sido designado únicamente por su afinidad con el PSOE,  sin transparencia respecto a méritos y capacidad.



Esto formaba parte de los acuerdos entre representantes del PSOE, ya bajo la batuta de Zapatero, y de ETA, muy en secreto porque estaba vigente el Pacto Anti-terrorista suscrito con el PP y gobernaba entonces con José María Aznar en el cargo Ejecutivo.



Lo único que se pretendía al iniciar los acercamientos era promover la caída del PP e impedirle volver a gobernar. Fue la etapa de los atentados a los trenes en la terminal de Atocha en Madrid, en los que murieron unas 200 personas y que supuso un vuelco en la intención de voto ciudadano, lo que dio una victoria sorpresiva al PSOE.


El juicio que siguió a la matanza en Atocha estuvo plagado de preguntas más que de respuestas. Aún así fueron sentenciados musulmanes, ninguno con currículo de radical. Uno de ellos incluso confidente de la Policía.


Ni siquiera se pudo establecer que tipo de explosivo fue utilizado en los atentados y muchas pruebas desaparecieron, para aparecer después, algunas resultaron adulteradas o vulnerada la cadena de custodia y todo esto tuvo lugar con técnicos de gran experiencia afines a los socialistas como se ha sabido posteriormente.


En las dos ocasiones en que ha gobernado, contando la última etapa de Aznar y la actual de Mariano Rajoy, el PP ha tenido mayoría absoluta, en tanto que el PSOE, ni siquiera en medio de los atentados, ha vuelto a lograrla desde1993.



Las actas de esas negociaciones las conserva la Institución Henri Dunant de Ginebra y no se han hecho públicas. A la banda llegaron a ofrecérsele indultos al final del proceso y medidas de gracia para todos los delitos de sangre, paralizar las detenciones de etarras y aceptar a Batasuna, su brazo político entonces, en la vida pública. 


Al PSOE, según declaró el secretario de Organización, Oscar López, "le repugnan las consecuencias de la sentencia" de Estrasburgo. La izquierda vasca nacionalista ha difundido un comunicado presentándola  como un triunfo "arrancado" al Estado español, que ha sido "vapuleado".


Los gobernantes sucesivos de la democracia, cuando los muertos se les acumulaban, no pudieron o no quisieron corregir el Código de 1973, que se quedaba corto para los crímenes terroristas, y dejaron estar las cosas con la mayor incompetencia.


No se pensó que los beneficios penitenciarios previstos por esta ley estaban pensados para crímenes menores. La única forma hallada por los jueces españoles para contrarrestar la situación fue la doctrina Parot, que Estrasburgo acaba de tirar al basurero de la historia.


La insensibilidad de los asesinos se nutre siempre de la anestesia política y así se puede alcanzar el cénit del despropósito. Quienes en la sociedad vasca aplauden la sentencia pasan conscientemente por alto que "su heroína" ha cometido múltiples asesinatos.


Ahora una red de ex-presos prepara el regreso de sus "compañeros" y dice que "la sociedad está en deuda con ellos" y les conmina incluso a pedir ayudas sociales para facilitar su reinserción. Es decir, aprovechar al Estado que ellos mismos rechazan públicamente.


Da la impresión de que hay quienes están dispuestos a revestir de un mensaje de exoneración a lo que no es más que una descripción concreta de falta de humanidad.


Las víctimas, y con ellas una mayoría de la población, dejan asomar una indignación comprensible y piensan que la democracia ha sido derrotada porque los políticos han cedido ante los terroristas.



Esa indignación no debería desbordarse porque la sociedad debe basarse en los Derechos Humanos y no puede emular la sucia conciencia del criminal. Algo así constituiría la victoria del odio y su gemela, la venganza.


Hay leyes y penas para dar cumplida venganza social a los crímenes, pero todos sabemos que la Justicia es solo retributiva y nunca puede borrar los asesinatos, ni compensar en buena ley a las víctimas. Hay una gran distancia moral entre quienes hacen daño a otros y quienes jamás lo harían.


Hay también una actitud psicopática en la ausencia total de sentimiento de culpa por parte de los etarras, una completa insensibilidad ante sus víctimas y un enorme egocentrismo, cuya excusa es la sublimación de un supuesto espíritu nacional que hay que defender frente al de afuera.


El poder más fuerte es el que se tiene sobre la vida y la muerte, así que, bajo la amenaza de perder esta superioridad, ETA siguió matando en la democracia como una forma de reafirmación. Y si la clave del perdón social se muestra siempre como la comprensión, aquí no puede haberla.


El estilo de ver el mundo bajo un sistema de creencias que interpreta la realidad solo a través de consignas, elementos esenciales del fanatismo, les ha llevado a perpetrar crímenes que suman casi mil cadáveres y un número similar de lisiados mental y físicamente.



A Del Río, junto a Dolores Peñalba, aún en prisión y miembro también del Comando Madrid, se las considera las más aventajadas alumnas del terror. Su liberación y la de otros etarras en el futuro despierta incertidumbre e inquietud, pero las leyes españolas no contemplan la cadena perpetua, ni son retroactivas, solo miran a la reinserción y Estrasburgo, al parecer, se los ha recordado.

España: el abuso de los bancos

Por Mirta Balea


Uno nunca puede explicarse exactamente de dónde viene la tristeza, si del corazón de la gente o de la tragedia que a veces nos rodea. Tal vez poco puede hacerse para conjurarla, salvo que ese tumultuoso y gargantuesco dolor pueda compartirse con los demás si los otros penan también por lo mismo, en una suerte de duelo común.


Recuerdo a una manifestante en Atenas gritando "esto no es democracia, no nos dejan ni protestar, esto es una dictadura". En el mundo global en que vivimos, priman los mercados ergo no manda el gobierno y eso enluta el alma de los ciudadanos, quienes pensaban que la democracia se había ido imponiendo, no solo por la convicción racional de que resultaba un buen sistema de organización social, sino porque se hacía evidente que era el más fuerte. Donde parece más consolidada, sin embargo, afloran sus limitaciones.


Europa entera ha sufrido el vapuleo histórico de la crisis de las hipotecas y de la deuda. La realidad es que no solo los panzer de la austeridad arrasan con el estado de bienestar, tanto si los vemos actuar de manera local o en lo global. En España, la crisis moral del sistema muestra un espolón importante, el mismo que ha dejado al desnudo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE) hace apenas unos días.


El alto tribunal continental ha confirmado que la regulación procesal española desprotege al consumidor en el contrato hipotecario frente a los bancos voraces, al permitir que pierda la propiedad y se vea en la calle antes de que puede ejercitar una acción por daños y perjuicios. Es decir, como si un enfermero empezara a hacerte el boca a boca y de repente lo dejara porque piensa que vas a morir de todas maneras.


La sentencia ha puesto en manos de los jueces los útiles para paralizar los desahucios en tanto se estudia la letra pequeña de los contratos. Después, el procedimiento seguirá su curso. Hasta el momento, el gobierno ha impedido a los jueces tomar medidas cautelares y paralizar el embargo, lo que, según el tribunal, contraviene una norma de la Unión Europea de obligado cumplimiento.


Los bancos se han aprovechado del impago para imponer un 20% de interés por la deuda y se quedan además con la casa, con lo que jamás terminas de pagarla. Un juicio supondría una indemnización en caso de ganarlo, pero no la devolución del inmueble. Ningún gobierno español ha querido nunca plantar cara a los bancos en este tema.


El parlamento europeo han censurado también a la legislación española en un tema tan delicado. Su presidente Martin Schultz ha dejado claro que Europa debe proteger a los ciudadanos de los efectos de la crisis y anunció que habrá una nueva ley de Hipotecas de la UE que podría votarse en mayo próximo.

Los desahucios ejecutados por las entidades bancarias y financieras en España han provocado una gran rebelión social, quizá más efectiva y dinámica que las manifestaciones contra la reforma laboral, sucedidas a lo largo del 2012. Se han dado incluso casos puntuales de suicidios de los embargados, a punto de ser expulsados manu militari de su vivienda.


Estos ciudadanos crearon una Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH), que recogió millón y medio de firmas y presentó el pasado día 4 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aceptada a trámite, y que cuenta también con el respaldo de jueces y funcionarios judiciales, testigos impotentes de los desahucios.

 

 



Amaia Egaña en su viaje al tanatorio

Una mujer de 53 años llamada Amaia Egaña dejó abierta la puerta de su casa para evitar la llamada al timbre de una comisión judicial encargada de su embargo. Ella no esperó a que entrara en el domicilio la fuerza policial. Se encaramó en una silla y se lanzó desde un cuarto piso y no sobrevivió a la caída. Y esto ocurría en el mismo mes de noviembre del 2012, en que el gobierno de Mariano Rajoy aprobaba un Código de Buenas Prácticas, que, sospechosamente, la banca asumió de manera masiva y que tenía como objetivo evitar que las familias más vulnerables perdieran sus casas. 

 

 

El resultado no fue el esperado y se conoció de otro suicidio, el de un matrimonio. Los bancos seguían ejecutando los embargos y la sociedad se enfurecía cada vez más, a tal punto, que la banca se asustó y lo mismo, los políticos. Era un puño de acero demasiado cerca de sus caras, así que la patronal de bancos y cajas anunció la suspensión de los desahucios.



Los activistas de la PAH han conseguido desbloquear expedientos en los bancos. La última manifestación con este fin tuvo lugar en Barcelona, frente a las oficinas del Banco Popular a mediados de este mes. Ya lo dijo Platón, la mejor noche es la que transcurre sin sueños.


La decisión del TJE pesará en las iniciativas en manos del Congreso: una muy discreta del gobierno y la ILP. La abogada general del alto tribunal, Juliane Kokott, estableció que si se vulneran los derechos de defensa del desahuciado, este tiene el caso perdido de antemano, puesto que lo sacan de inmediato de su casa y ésta sale a subasta antes de que pueda apelar.


Los ciudadanos deben tener, según la sentencia del TJE, un recurso legal eficaz para demostrar que las características del préstamos podrían ser abusivas y detener la ejecución el embargo hasta una resolución judicial.


Las reivindicaciones de la PAH consisten en la dación de pago con carácter retroactivo, paralización de todos los desahucios en marcha y la creación de un parque de alquiler de viviendas sociales a precio razonable. Los bancos han respondido que, de aprobarse todo esto, las condiciones de los préstamos para las hipotecas serían más duras.


Representantes de los bancos y registradores de la propiedad cruzaron espadas poco antes de que fuera presentada la ILP. Los primeros consideran que la presencia de un fedatario público, encargado de velar por las cláusulas contractuales, debería ser garantía suficiente para el deudor. Pero resulta que ese control por parte del Registro quedó abolido en 2007 por la Ley Hipotecaria aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo del resto de los partidos.


El gobierno de Rajoy se ha apresurado a informar, tras la sentencia del TJE, que procerá con celeridad a introducir los cambios para adaptar la ley a la norma europea, que venía infringiéndose. Es decir, las reglas del juego podrían cambiar en favor del consumidor. Para saberlo, habrá que esperar a la sesión parlamentaria en la que se aprueben las nuevas normas.

 

España y Argentina: espadas en alto

C.F. asume su segundo mandato presidencial

Por Mirta Balea

Hay noticias que tienen fecha de caducidad, como los yogures, pero el anuncio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de confiscar tan solo la parte de la compañía petrolera española Repsol en la YPF gaucha promete figurar entre las informaciones de larga y conflictiva duración y ha hecho que ambas partes se den el meñique.


La reacción bursátil ha resultado en una fuerte caída de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nacida en Buenos Aires en 1922. La petrolera se hundió en un 19% al poco de conocerse la noticia en Nueva York, donde cotiza por medio de la American Depositary Receipts, un instrumento financiero necesario a las entidades para inscribir sus acciones en la Bolsa norteamericana. El abaratamiento de la cotización actuará, sin embargo, a favor del Gobierno argentino en la toma de control de la compañía.

La presidenta arguye - en su proyecto de expropiación presentado al órgano legislativo de la nación- la falta de inversiones de Repsol en Argentina, algo que rechaza la empresa española, porque de ser así -dice- se habría generado un déficit de la balanza energética en una nación con el consumo de carburante subvencionado. Para algunos de sus directivos, la medida supone una venganza por el descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en la Patagonia, con unas previsiones de 22.897 millones de barriles, equivalentes a tres veces las reservas del país.

Argentina tiene algo de razón en sentirse perjudicada. Repsol ocultó a las autoridades la existencia de ese yacimiento, del que se enteraron por un chivatazo de la Exxon. La presidenta ha nombrado a dos pesos pesados como interventores de la petrolera: el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el vice-titular de Economía, Axel Kicillof.

Unos breves perfiles de ambos nos muestran lo que hay detrás de la decisión de C.F.  Kicillof, con apenas 40 años, ha cautivado a la mandataria con sus ideas radicales, tan afines a las que ella misma profesara en los años 60 pasados cuando militaba en el ala más a la izquierda del peronismo. Es miembro de la Campona, la rama del justicialismo argentino que apoya firmemente a la jefa de Estado y se dice que no parará hasta que caigan Telefónica y Gas Natural, que, entre otras empresas, han contribuido a hacer de España el primer inversor en el país austral.

De Vido tiene un curriculo comunista. A su quehacer se debe el congelamiento de las tarifas energéticas y telefónica y la fijación del precio de exportación del barril de petróleo argentino en 70 dólares, dentro de la pinza lanzada por la Casa Rosada para ahogar las ganancias de Repsol.

Las empresas españolas, como de otros países, han realizado un importante movimiento inversor en América Latina con beneficios para ambas partes. Los receptores aceptaron la entrada de esos capitales ante su propia incapacidad para gestionar los servicios públicos esenciales. Para proteger estos intereses, se inventó el paraguas Protección y Promoción Recíproca de Inversiones o APPRIs y el Centro Internacional CIADI para limar las diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados.

Se pensaba que las políticas de nacionalización abrupta, como las que puso de moda Cuba en la década del 60 del pasado siglo, quedarían frustradas al poner en marcha un organismo arbitral, pero el surgimiento del club de naciones latinoamericanas conocido como ALBA, liderado entre otros por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha logrado impugnar este modelo de conciliación, que ayudó a resolver antes importantes diferendos.

Argentina figura entre los países que han incumplido con sus obligaciones derivadas de la APPRIs y ha sido demandada ante el CIADI y condenada en al menos 40 ocasiones, lo que refleja la oscuridad reinante en los laudos arbitrales, porque hasta ahora ha toreado todo esto.


Los problemas habían comenzado para la compañía española en 2004 con la llegada a la presidencia de Nestor Kirschner, el fallecido esposo de la actual jefa de Estado. Este se buscó un banquero llamado Enrique Eskenazi para argentinizar la gestión de la YPF y Repsol decidió darle un aval. Para entendernos, como si cualquiera de nosotros tuviera a su alcance la facilidad de que, por ejemplo, el banco Santander, uno de los tres más grandes de España, se decidiera a darte no solo un crédito sino el aval mismo.


Este tipo de buenas voluntades de las empresas o grupos financieros solo podrían ocurrir en un mundo paralelo, pero el presidente de Repsol, Antonio Brufau, decidió la pertinencia del aval y por ello cobró unos 3.000 millones de dólares. Da igual si hubiera traído a los chinos al seno de la compañía, nada justifica que cobre por una gestión que está en sus contenidos de trabajo y que ha demostrado ser equivocada ante los últimos acontecimientos.


La confiscación decretada por C.F. NO ha afectado al clan Eskenazi, que tiene un 25% de las acciones mediante la corporación Petersen, ni a los inversores que cotizan en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York; tan solo se ha pretendido afectar el 57% de la compañía española, que, según cifras, ha aportado a Argentina tres veces más dividendos que cualquier otra petrolera y ahora perderá "legalmente" el 51% del porcentaje mencionado .


Intentar hacer un thriller en el país sudamericano, como ha sido el escamoteo de la información sobre el yacimiento en Vaca Muerta, al que tendrá ahora acceso el Gobierno de C.F. con la expropiación, es como si alguien intentara en Rusia meter en cintura a la mafia política oficial, dependiente del propio Kremlin. La presidenta ha utilizado métodos argentinos, para conservar lo argentino en Argentina.

La Casa Rosada en Buenos Aires

Hablamos de una montonera a la que no se le puede insinuar que el peronismo es una birria, sin que se ponga a cantar el himno nacional. Ella, que ha repetido mandato por el Partido Justicialista, le ha dejado claro al pueblo argentino que lo que ha llamado incorrectamente nacionalización significa "recuperar la soberanía hidrocarburífera" (mejor decir de la industria de los hicrocarbonos naturales). En la rueda de prensa, se pudo ver el innegable respaldo popular a corto plazo de la medida, que, le guste o no a la presidenta, tendrá efectos negativos para Argentina.


El pleito a cursarse ante el CIADI puede durar al menos 10 años entre dilataciones en el cumplimiento de obligaciones y demora en la ejecución de recursos de anulación de la medida y, luego, de la ejecución en el caso previsible de perderlo. Esto es lo que justifica que Repsol haya llamado a una acción decidida del Gobierno en Madrid y éste reclame el apoyo de la Unión Europea, a la que siempre se la espera, pero nunca llega.


La presión que puede ejercer el club de los 27 resultaría inestimable porque figura como el mayor inversor del mundo en Argentina con 44.000 millones de euros y el segundo mercado, solo detrás de Brasil y antes que China y Estados Unidos. Si la penuria económica ha aconsejado al Gobierno de Buenos Aires a realizar la confiscación, los beneficios pueden no compensar los riesgos y costes a medio y largo plazo.


Tan pronto hizo pública ayer su decisión en conferencia de prensa, C.F. ordenó sacar a "escobazos" a directivos y empleados españoles de la sede de Repsol-YPC casi con lo puesto. Suerte que aún no sopla el frío en "mi Buenos Aires, querido", porque de aquí a que lo vuelvan a ver pasará tiempo.


C.F. está en su derecho de acceder a las reservas de petróleo del país en propiedad de la filial de Repsol, pero deberá pagar el precio de mercado anterior a que se desataran los hechos, que han provocado su derrumbe en Bolsa. Esta empresa ha tenido hasta el momento bajo su control un 34% de la producción  de hidrocarburos y más del 50% de la capacidad de refino del producto en Argentina.


Para España, YPF es su buque insignia y supone más del 50% de la producción de la Repsol y una cifra superior a un 40% de sus reservas. La filial de Buenos Aires emplea a 46.000 personas de manera directa e indicrecta, dispone de 1.600 estaciones de servicio en el país, pero su fuerte está en la producción, que supera  los 530 mil barriles, según cifras del 2010.

El valor patrimonial del 57% de la YPF, en manos hasta ahora de Repsol, es de 4.112 millones de dólares y Eskenazi le debe a los españoles l.542 millones.

C.F. anunció que repartirá el 49% restante de la compañía entre las provincias petroleras, integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos, según el decreto presentado al Congreso para su aprobación. En Argentina, no se persigue la corrupción, como tampoco en España, donde se han imputado a 42 alcaldes y 40 han sido reelegidos por sus correligionarios. Los ejemplos más clamorosos el de Andalucía, feudo del Partido Socialista Obrero Español, y el de Valencia, del Partido Popular. Los colores son lo de menos.

Los gobernadores provinciales argentinos, rodeados de esa misma corrupción, manejan sus territorios al estilo feudal. Ellos han desgastado a la Repsol en el último mes al retirar las licencias y provocar la caida de las cotizaciones. La presidenta les resarce ahora por los servicios prestados. Con el abaratamiento en Bolsa de la acciones, podrá forzarse también un acuerdo de adquisición, a precios irrisorios, por grupos favorables a C.F.

La presidenta hace tiempo que sufre el acoso de los medios y de la oposición por su mala gestión, así que de vez en cuando da golpes de efecto, como este último, que estuvo precedido de otro en la Cumbre de las Américas, en Cartagena de Indias, donde se envolvió en la bandera patria para reclamar apoyo en su diferendo sobre las Malvinas con el Reino Unido.


Ante su fallido intento, decidió regresar abruptamente a Buenos Aires para enfrascarse con el tema de Repsol-YPF, sin tener en cuenta lo que puede deparar a Argentina este paso. Las multinacionales españolas como Telefónica, Endesa, Gas Natural, Abertis, OHL, Abengoa, las hoteleras NH y Sol Melía y las entidades financieras como BBVA y Santander, globalizan una inversión de 18.000 millones de dólares y se tambalean ante la falta de compromisos del Gobierno de C.F., como lo harán en el futuro los países que siguen en orden inversor a España, tal es el caso de Estados Unidos.