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| Alberto Núñez Feijó |
Por Mirta Balea
España abre hoy tres espacios en su situación política -tras 267 días de gobierno en funciones- con la pre-campaña electoral de las autonomías vasca y gallega, la posibilidad cada vez más cercana de unas terceras elecciones generales en menos de un año y la comparecencia ante el Congreso del ministro de Economía Luis de Guindos.
La posibilidad de nuevas elecciones generales tiene que ver con que los dos principales partidos de ámbito nacional siguen sin asumir sus respectivos roles en el resultado electoral del pasado 26 de junio.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sigue sin asumir que las urnas lo colocaron en la oposición, al igual que a su némesis: Unidos Podemos. Y no solo en junio pasado, sino también en las elecciones del 20 de diciembre del 2015. En ambos casos, el más votado, con diferencia, fue el Partido Popular (PP).
La primera fuerza política española tampoco ha sabido asumir que carece de mayoría absoluta y tiene que mostrar más voluntad de diálogo que nadie para que su candidato, Mariano Rajoy, llegue a gobernar. El fracaso en la investidura el 2 de septiembre nos coloca ante la certeza de que esta formación vive como su líder en un limbo político en el que nadie está dispuesto a echarles una mano y en el que todavía creen que puede ejercer su voluntad.
Cada día presenciamos en el PP pasos contrarios a mostrar voluntad política de diálogo y consenso. Tal es el caso de la reciente propuesta del exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para el cargo de Director Ejecutivo del Banco Mundial. Voces del PP se han levantado para echarle la culpa por la designación al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, y apartar así a Rajoy de las críticas generalizadas, que obligaron al Ejecutivo a pedirle al nominado su renuncia para evitar el vergonzoso paso de dar marcha atrás.
El Banco Mundial parece haber lanzado un alerta al Ejecutivo español sobre un candidato al que no le sería fácil pasar el escrutinio de la Junta de Gobernadores por sus mentiras a la prensa sobre su verdadero papel en la gestión de sociedades en paraísos fiscales. Rajoy intentó como otros restar importancia al tema, simulando que no era de su competencia. Pero aquí hay variables que no siempre alcanzan el debate público, como que es el encargado de guiar políticamente a su gobierno es él y el fallo de uno de sus ministros es el suyo propio.
Ahora De Guindos deberá comparecer ante el Congreso, bien en una Comisión, como desea al PP, o ante el Pleno, como exige la mayoría de fuerzas políticas parlamentarias. El Ejecutivo ha tenido al menos cinco casos antes de cargos a los que se le exigía esto último por otras razones y no han comparecido bajo el paraguas de que el gobierno está en funciones y no tiene por qué someterse a la Cámara. Siendo este el caso, bien podían no haber designado a Soria por su cuenta y riesgo, quizás tomando decisiones que no le correspondían o que podían haber consultado.
Las tres cuartas partes de la población no desearía nuevas elecciones. La ciudadanía abrió el 20 de diciembre un espacio político a otras fuerzas en el Parlamento, y comprende mejor que sus propios líderes el peligro que resultaría la incógnita de cómo gobernaría el PP: bajo control del parlamento, que es el caso en el que estamos, o con mayoría, cuando haría lo que le diera la gana, si es que nuevas elecciones se la otorga.
Los medios de comunicación españoles, en gran mayoría, creen que el resultado de las elecciones vascas y gallegas el próximo día 25 podría inclinar la balanza a un desbloqueo del no al gobierno del PP. El candidato a lehendakari vasco Iñigo Urkullo ha dejado claro, sin embargo, que ni por activa ni por pasiva el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyará un gobierno de Rajoy.
El PNV, que ganará con certeza en el país vasco, ni siquiera daría su voto a Rajoy aunque requiera de los báculos de PP y PSOE para gobernar en la Autonomía. Esta formación vasca ha tenido sus casos de corrupción, como otros grupos políticos, pero nunca ha sido vista como una asociación para delinquir como ha sido el caso de la Generalitat de Cataluña, por muchos años, en las manos de Jordi Pujol, el líder más corrupto de toda la Unión Europea.
Convergencia, ahora Partido Demócrata de Cataluña, se dedico por décadas al saqueo y ahora, para poder gobernar, se ha aliado con la CUP, un grupo antisistema y antidemocrático y de extrema izquierda, cuyas recetas no sirven a nadie.
El candidato del PP en Galicia, Alberto Nuñez Feijó, obtendrá una relativa mayoría para gobernar, frente a otros candidatos desconocidos en el territorio. Durante sus años de presidente de la Junta, ha hecho una gestión estable y adecuada, incluso llegó a rumorearse que podría sustituir a Rajoy. Ha ostentado cargos de relevancia y está bien asentado en la comunidad, y, lo más importante, no le salpican casos de corrupción como es la tónica en otros miembros del PP.
El candidato del PSOE, Pedro Sanchez, le dio por explorar las posibilidades de consenso entre las fuerzas para un gobierno de "regeneración democrática" tras el fracaso de Rajoy. Hay miembros destacados socialistas que abogan por una reunión del Comité Federal tras el nuevo cambio de escenario, pero esta es una circunstancia que no se dará antes de las elecciones vascas y gallegas.
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| Iñigo Urukullo |
Durante la celebración ayer de la Diada o Fiesta Nacional de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprovechó para presionar al gobierno por la realización de un referendo de autodeterminación antes de septiembre del 2017, alegando que el voto catalán es importante para la investidura de un gobierno.
No pasó inadvertida cierta bajada en sus pretensiones porque dijo que nunca celebraría un referendo si no fuera vinculante y viable, frase muy ambigua para otros, lo que resulta imposible dada la ilegalidad intrínseca de esta acción, que solo podría estar consensuada para que participen todos los españoles y no solo los catalanes.
La Diada conmemora la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión Española de 1714. Esto llevó a la abolición de las instituciones catalanas. El Parlamento catalán la declaró Fiesta Nacional en 1980 tras la transición a la democracia.
Este año la participación en las celebraciones descentralizadas, focalizadas por el parlamento en cuatro lugares específicos, alcanzó poco más de las 800 mil personas. El PP y Ciudadanos promovieron actos aparte para restar importanci al carácter reivindicativo de la fecha. La mayor cantidad de participantes a estos festejos tuvo lugar en 2014 con un millón 800 personas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría consideró hoy que Puigdemont rebajó sus demandas por oportunismo.
Las reivindicaciones independentistas alejan a los catalanes de sus problemas reales como son la falta de financiación y de recursos en una Autonomía que es la que más recortes ha hecho en cuestiones sociales y en la que sus cargos institucionales son los que más cobran en todo el país.
Toda esta vorágine nacionalista surge en 2004 con el plan del lendakari vasco Juan Ibarretxe, que trajo como "boomerang" la equiparación de competencias entre los territorios de vía lenta y vía rápida, a lo que se opusieron vascos y catalanes, que dijeron: ¡Oye. Es que no somos iguales, nosotros somos más!.
Hasta que el modelo territorial del Estado no ponga fin a esta asimetría, España irá de mal en peor. La Educación y la Sanidad deberían ser competencias del Estado central, para empezar por su importancia, pero los socialistas vascos, en línea con el PNV, quieren introducir una modificación a los acuerdos previos con el Estado para que ese territorio sea considerado una nación.
El conjunto de españoles y sus líderes no deberían perder la perspectiva de que los nacionalistas son minoría, con derecho a expresar sus opiniones, pero no con derecho a dirigir las políticas nacionales o evitar que el resto de españoles ejerzan los mismos derechos.
Un error atribuible a los firmantes del acurdo de la transición fue dar por bueno que la unidad psico-linguística de un territorio resultara ser un valor superior al de la igualdad y la justicia para la generalidad de la ciudadanía. De este concepto vienen los estatutos de Cataluña y País Vasco para dar satisfacción a ambas identidades. El PP y el PSOE se han dedicado en los últimos años a hacer callar a aquellos entre sus filas que llaman a la integración nacional y ahora observan como sus propios líderes los han convertido en formaciones residuales en el País Vasco y Cataluña.
Hay corrientes inmovilistas renuentes a considerar siquiera la importancia del tema catalán y la necesidad de darle una solución por vías legales y democráticas y otras que apoyan el referendo, como Unidos Podemos, pero ninguna interesada con fuerza en buscar un punto de intersección para el diálogo.
Una Cámara multipartidista, como la que se ha originado a partir de las elecciones del 20 de diciembre, impone el diálogo entre todos los grupos políticos, que deberían acercar posiciones entre sus militantes y sus votantes y entre ellos mismos. El PSOE lleva tiempo hablando de con quien no se pacta, sin plantear en qué beneficia a los españoles esta posición, y pide altura de miras a otros partidos en momento en que Sanchez le interesa hallar un consenso frente al PP.
Sánchez ha obtenido los dos peores resultados de la historia de esta formación en las dos últimas elecciones y las encuestas parecen indicar que no mejorará, ni siquiera en las vascas y gallegas. La dinámica de competencia impuesta por Podemos, ha obligado al líder socialista a apostar por acciones que nunca han estado en la voluntad de ese partido, que ha gobernado la mayor parte del tiempo en España, desde la Transición.
El debate interno transcurre por esto con más encono entre quienes saben cómo se gobierna un país y cuándo hay que ceder y los que se enrocan porque nada saben de estas lides, pero llevan la voz cantante. La lealtad se ha confundido con batir palmas al líder.
Con todo lo que está pasando, la unidad nacional se ve cada día más erosionada. El ministro de Relaciones Exteriores, José María Garcia Margallo, ha puesto el dedo en la llaga hoy al señalar, sin pelos en la lengua, que "de una crisis económica se sale; un ataque terrorista se puede superar, pero la disolución de España será irreversible".
A poco de que cierna sobre los cielos españoles la posibilidad siquiera de que un territorio se declare de manera unilateral Estado soberano, los líderes constitucionalistas deberían encontrar una razón más que suficiente para prescindir de las diferencias y buscar los puntos en común. Si Sánchez no puede formar el ansiado gobierno "del cambio" de que habla Unidos Podemos, al menos debería dejar a Rajoy intentarlo de nuevo.
Hay que tener en cuenta que el quid de la reforma constitucional, tal y como la propone el grupo de Sánchez, entraría en el bucle de darle la razón a los nacionalistas, que sobreviven por la debilidad del gobierno central. El nacionalismo crece cuando no hay un proyecto que ilusione a la mayoría o que al menos le convenza que se puede alcanzar una meta mejor; tampoco hay proyecto si tienes una negativa constante por delante.
Hay muchos países de gobiernos descentralizados, pero ninguno con las características sui generis del estado de las Autonomías en España, que ni es federal, ni regional, con la mencionada asimetría. Esto último crea territorios de primera y de segunda, en un país cuyos recursos deberían ser repartidos a partes iguales para formar el todo.
