Cuba: nada es lo que parece en la ley migratoria

La Alta Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

Por Mary Simón

Nadie mejor que la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navi Pillah, para percatarse de que la reciente decisión del gobierno de Cuba de lanzar una nueva ley migratoria -a la que da la bienvenida- resulta insuficiente para eliminar las restricciones a la libertad de movimiento vigentes desde hace varias décadas.

La jefa de la ONU para Derechos Humanos ha hecho una valoración positiva de la decisión del gobierno de La Habana de levantar parcialmente las restricciones impuestas a los cubanos para viajar al exterior, pero se ha mostrado cautelosa en el entendido de que todavía existen “otros aspectos” que habría que mirar.

Navi Pillah está convencida de que “el levantamiento de cualquier tipo de restricciones es bienvenido porque supone un mayor respeto para los derechos de las personas”. Y, en esa dirección consideró que la reforma migratoria tiene aspectos positivos como “el levantamiento del requisito de autorización del gobierno para salir de Cuba, la extensión del derecho para permanecer fuera del país de 11 a 24 meses, y la eliminación de la carta de invitación”. Estas han sido en buena medida las regulaciones que durante varias décadas han marcado la imposibilidad del libre movimiento de los cubanos.

La Alta Comisionada fue una de las primeras autoridades internacionales en reaccionar a la reforma migratoria anunciada el 16 de octubre por Cuba. En su opinión, “tener un pasaporte cubano debería ser suficiente para viajar al extranjero”.

Sin embargo, la nueva regulación migratoria penaliza –como hasta ahora- a profesionales de alto nivel, en particular a los médicos, y ratifica principios aplicados hasta la fecha referidos a “la defensa y seguridad nacional”. Y como es de suponer en estas últimas acepciones y salvando las diferencias estarían ubicados opositores y disidentes, entre otros.

Que Cuba se abra al mundo

El Papa Juan Pablo II estuvo por primera vez en Cuba el 21 de enero de 1998, visita durante la cual acuño una frase que en el tiempo ha ido cobrando mayor fuerza: “Que el mundo se abra a Cuba, pero que también Cuba se abra al mundo” y, en estos momentos, cuando el régimen de Raul Castro intenta ofrecer una imagen de apertura, su reforma migratoria no parece encandilar los sentimientos de los más agudos expertos sobre la Isla.

La ONU, por boca de la Alta Comisionada Pillah, ha recogido esa expresión de que Cuba se abra al mundo cuando exhortó a las autoridades de La Habana a “abrir más el país” y que permitan una supervisión internacional.

Navi Pillah no ha escatimado precisiones. "Cuba sigue cerrada a la supervisión internacional sobre la promoción y protección de los derechos humanos". De ahí que la Alta Comisionada invocase la misiva de Juan Pablo II para que facilite la visita del relator especial sobre la tortura a fin de que pueda conocer sobre el terreno la situación.

Y en ese sentido, recordó que ese relator está esperando desde 2009 una fecha para hacer efectiva la invitación que le fuera cursada por el régimen, al tiempo que puntualizó que Cuba sigue sin ratificar las Convenciones Internacional sobre derechos civiles y pólíticos, así como sobre Derechos económicos, sociales y culturales.

Para quienes han seguido de cerca el caso cubano, es significativo que se haya escogido el 14 de enero de 2013 para la entrada en vigor de las nuevas regulaciones migratorias, justo una semana antes de que el Gobierno pase por segunda vez el Examen Periódico Universal, el mecanismo del que se ha dotado el Consejo de Derechos Humanos para conocer las situaciones de violaciones a los derechos humanos en todos los países que componen ese órgano político de Naciones Unidas.

En 2009, cuando Cuba se sometió al primer EPU, rechazó una buena parte de las recomendaciones formuladas por diversos países relativas al  acceso de organizaciones internacionales a prisiones, levantamiento de la pena de muerte y firma de los pactos internacionales sobre tortura, entre otros.

En esa ocasión la delegación cubana aceptó 60 de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, mientras que dejó pendientes para posterior análisis y respuesta otras 17, entre las cuales se incluyen las de cursar invitaciones a la brevedad a otros relatores especiales de la ONU, en particular los encargados de los defensores de derechos humanos, la libertad de opinión y expresión, la libertad de religión o de creencias y la independencia de abogados y magistrados.

Entre las recomendaciones pendientes de aceptación estaba precisamente la referida a la libertad de movimiento, tal cual consta en el punto 17 del informe del Grupo, además de la solicitud que se le hizo de “revocar el sistema de permisos para salir del territorio, y consecuentemente eliminar el delito de salida ilegal del territorio del Código Penal.

La reforma migratoria con la que el Gobierno de Raúl Castro busca lanzar una imagen de apertura, si bien da por terminada la humillante función que cubrían la “Carta de Invitación” y el“Permiso de Salida”, no constituye un reconocimiento al derecho que tiene cada ciudadano cubano de entrar y salir o de permanecer libremente en su país: Cuba.

 

De ahí que el día 16 de octubre de 2012, fecha en la que se dio a conocer oficialmente la nueva política migratoria inscrita en el Decreto-Ley No. 302, tal vez quedará grabada en la memoria de los cubanos como una jornada con sabor agri-dulce. Evidentemente, la noticia del levantamiento de las restricciones impuestas por varios decenios para permitir que un cubano pudiera viajar –las mencionadas carta de invitación y permiso de salida- causó un cierto impacto positivo tanto entre la población como en diversos medios en el exterior.

Sin embargo, a medida que se fue conociendo a fondo el contenido también restrictivo, limitante, de la nueva Ley, que modifica su predecesora ley migratoria No. 1312, del 20 de septiembre de 1976, el sentimiento de alegría fue nublándose para dar paso a un sentimiento de gran escepticismo, de irritación, porque ni la actual, ni la anterior reconocen el derecho de libertad de movimiento de cualquier ciudadano cubano residente en el país.

Durante más de 30 años, el ciudadano de a pie ha permanecido en la isla cual judío en un muy sui géneris campo de concentración, del que para poder librarse–aunque sólo fuese temporalmente- habría de tener algún familiar o amigo, o entidad social que desde el exterior se comprometiese con extenderle una invitación para dar paso a un proceso más político que burocrático para obtener un permiso de salir de la isla-campamento.

Luego de tantas expectativas en torno a declaraciones gubernamentales de que se estaba estudiando una nueva ley migratoria, el resultado deja mucho que desear toda vez que en sus enunciados está bien claro que se mantienen las restricciones y que los cubanos residentes en la isla no podrán todavía gozar del derecho a la tan ansiada libertad de movimiento.

En fin, que ahora se cambian las reglas. Si oficialmente en los últimos 36 años –desde la entrada en vigor de la ley 1312 de 1976─ el ciudadano de a pie pretendía viajar al exterior del país tenía que recurrir a que alguien, desde un familiar hasta un amigo -pasando por alguna que otra entidad social foránea-, le extendiese una carta de invitación, que a su vez debía presentarla a las autoridades, pagar en los consulados de Cuba por su legalización y luego hacer similar trámite ante las autoridades de Inmigración en la Isla para obtener la entonces todopoderosa Tarjeta Blanca (permiso de salida), ahora el papel clave lo detentará el pasaporte.

Las nuevas regulaciones podrían ser vistas como un cambio de mecanismo, de método, con algunos aspectos que pudieran ser considerados positivos pero que apuntan más a los que residen fuera de Cuba que a los que viven en ella. Al respecto, cabe destacar que la Ley Migratoria que entrará en vigor el próximo enero introduce la perspectiva de poder permanecer en el extranjero hasta 24 meses sin perder el estatuto de ciudadano residente en su país de origen.

Esta sería una de las “novedades” de la legislación que eliminará la restricción anterior de permanencia sólo por 11 meses, las categorías de “salida definitiva o temporal” y el llamado “Permiso de residencia en el exterior”, más conocido como PRE.

Eliminados la carta y el permiso, ahora todo el peso del control que ejerce el Estado sobre el ciudadano recaerá en el pasaporte. Y, el Gobierno previendo que se disparen las solicitudes de ese documento, ha duplicado su costo, que a partir de enero pasará de 55 CUC a 100 CUC, quizás para cubrir una parte de las pérdidas por la eliminación del permiso de salida y la carta de invitación

En el caso de Cuba, la cuestión clave es que el pasaporte (corriente) sintetizará desde el próximo 14 de enero toda la fuerza que las autoridades deseen imponer a alguno de sus conciudadanos, ya que para su obtención el proceso pinta no ser tan fácil como se cree. De hecho, desde la primera lectura del flamante Decreto-Ley salta a la vista que a partir de esa fecha, el pasaporte se convierte en el instrumento del Gobierno para decidir a quiénes y cuándo se les otorga o deniega. En el fondo, es como si el lobo da un pelo pero hace saber que el resto lo tiene en sus manos.

Según se expresa en el propio Decreto-Ley 302-firmado el 11 de octubre por Raúl Castro en su condición de presidente del Consejo de Estado, y con el que se modifica la Ley 1312 de 1976- “Todos los pasaportes actuales deben ser revalidados para determinar si su portador se adecua” a lo que establece el adicionado artículo 23.

De los nueve incisos con que cuenta ese artículo, tres, a saber el d), el f) y el h) definen las limitaciones a las que se seguirán enfrentando los cubanos residentes en el territorio nacional, y que legislativamente les impedirán obtener un pasaporte:

“d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.

f) Carecer de la autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial.

h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas.”

Esas tres disposiciones, a su vez, están confirmadas en el artículo 25, referido a las personas que no pueden salir del país, mientras estén comprendidas en los mencionados incisos, que se repiten en este artículo de la misma manera que en el art. 23.

Por supuesto que en los incisos d) y h) sobre todo la Administración tendrá de antemano en su poder una suerte de “lista negra”, detallada en la que es casi seguro estarán incluidos los opositores, disidentes, periodistas independientes, dirigentes defensores de los derechos humanos, entre otros, mientras que en el flamante f) se oficializa la política de impedir viajar libremente a la fuerza de trabajo calificada, en especial los médicos en activo, informáticos de alto nivel, científicos…

El Estado cubano continúa arrogándose el derecho de "privilegiar" a quienes entren o salgan del país, en luar de dejarles ejercer su libre derecho de movimiento, aun cuando el nuevo texyo simplifigue los trámites a tales efectos.

Más aún, de la lectura de tantos preceptos legales, se puede interpretar que a tenor de las modificaciones, además de las limitantes expuestas en el Decreto-Ley 302, habrá que sumar las enumeradas en el art.1 del Decreto 306, del Consejo de Ministros, también publicado en la Gaceta Oficial del 16 de octubre, que afecta directamente a quienes estén desarrollando “actividades vitales” para el desarrollo económico, social o científico, entre otros. Estos tendrán que dotarse de un permiso adicional…

Resumiendo que para los cubanos todavía está lejos el poder viajar a donde les plazca, irse de vacaciones o visitar a un familiar, como normalmente hace hoy en día cualquier otro ciudadano de cualquiera de los más de 205 países de los cinco continentes.

Las primeras reacciones

Las primeras reacciones han estado marcadas por una mezcla de aceptación o rechazo. A tenor de las declaraciones hechas a nivel internacional como en medios opositores prima la reserva, el escepticismo, el aquello de que habrá que ver cómo se aplican las modificaciones, aún cuando en algunas instancias se reconozca la importancia de eliminar o modificar algunas restricciones a los cubanos.

La Alta Representantes de Política Exterior de la Union Europea, Catherine Ashton, ha calificado la nueva política migratoria como “un paso importante para la libertad de los ciudadanos cubanos, algo que la UE ve como un derecho humano fundamental”. En sus primeras declaraciones, manifestó su esperanza de que la nueva ley "sea ampliamente implementada”.

Roberta Jacobson, subsecretaria norteamericana de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, fue muy cautelosa al comentar la nueva política migratoria anunciada en Cuba. Puntualizó que “ahora que no se necesitará un permiso de salida, pero se requerirá revalidar el pasaporte y la pregunta clave será si todos los cubanos obtendrán su pasaporte y libertad para viajar, o si se mantendrán los controles.”

La subsecretaria se mantuvo prudente al hacer estimados sobre si Washington deberá o no ampliar su personal en La Habana porque no saben cuál será el nivel de demanda de visas para viajar a Estados Unidos una vez que la ley entre en vigor.
 

La presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, tuvo una reacción más crítica. La republicana cubanoamericana  afirmó ante medios estadounidenses que “las llamadas reformas no son más que los esfuerzos desesperados de Raúl Castro para engañar al mundo de que Cuba está cambiando”.

El enfoque hecho por el Observatorio de Derechos Humanos, con sede en Madrid se centra en la eliminación de la carta de invitación y el permiso de salida. En una nota, advierte que “el Gobierno cubano sigue teniendo en sus manos un amplio margen de discrecionalidad y considerando el derecho de entrada y salida del país como un privilegio otorgado por el Estado y no como un derecho (en sí mismo)”.

Para el Observatorio no cabe duda de que la nueva ley migratoria como la anterior sigue estando "muy alejada de los estándares internacionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y de regresar a su país".

Entre opositores y disidentes, tanto dentro como fuera  de la isla, las críticas han sido la constante tras conocerse la reforma migratoria, calificada por la disidente Yoani Sánchez como “demasiado limitada, demasiado estrecha”…“esta no es la nueva ley de migración que estábamos aguardando”… pero al menos ha quedado por escrito una legalidad a partir de la cual ahora empezaremos a exigir, protestar, denunciar”.

Yoani Sánchez obtuvo el premio español Ortega y Gasset de Periodismo Digital (2008), la mención del Maria Moors Cabot de la norteamericana Universidad de Columbia (2009), y el Premio Sajarov de la Unión Europea (2010).

En el exilio, la Plataforma Cuba Democracia ¡YA! tildó de inmediato la reforma migratoria de “insuficiente” y de “trampa”,denunciado que ahora los cubanos residentes en el extranjero “tendremos que pasar el filtro migratorio que supone la renovación del pasaporte corriente y mantendremos este “estatus quo”.

La Plataforma ha rechazado de plano la reforma en el entendido de que carece de cambios sustanciales respecto a la anterior ley migratoria, y porque no garantiza el derecho a la libre circulación de los cubanos. Asimismo, consideran que demuestra falta de voluntad de llevar a cabo reformas serias para promover cambios “que mejoren las condiciones de vida del pueblo cubano y le devuelvan los derechos arrebatados desde hace más de 50 años”.

Como es habitual en el espectro político del exilio cubano no hay una voz única. De las agudas críticas, a expresiones hasta conciliadoras, cada cual ha ido exponiendo sus puntos de vista. Eso sí, en plena libertad.



En  Estados Unidos, los grupos que respaldan una flexibilización del embargo han expresado optimismo ante esta nueva ley, que ya había sido anunciada en diciembre pasado por el presidente-general Raúl Castro durante la clausura del octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.